La situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia continúa siendo grave. En el período comprendido entre julio de 2007 y junio de 2008 se registró que por lo menos 1.492 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica [1] De ellas, 182 fueron desaparecidas forzadamente. En los casos en los que se conoce el presunto autor genérico de las violaciones (923 víctimas), el 82,01% de los casos se atribuyeron a la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 32,06% (296 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares el 49,94% (461 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría del 17,98% de los casos (166 víctimas) [2] La Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos reportó 535 casos de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública entre el1 enero de 2007 y el 30 de junio de 2008, es decir, un caso por día.
Sin embargo, frente al carácter sistemático y generalizado que han adquirido las ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, las cuales permanecen en la impunidad en la inmensa mayoría de los casos, el Gobierno Nacional ha optado por minimizar los casos o negar su ocurrencia. El Presidente Uribe recientemente declaró, contra toda evidencia, que “solo existen 22 casos comprobados” de falsos positivos, y que “la Fuerza Pública no se dejará acomplejar por centenares de falsas acusaciones”. Para el presidente Uribe las denuncias sobre estas graves violaciones a los derechos humanos se producen porque “mucha gente, amparada en el tema de ‘falsos positivos’, lo que ha hecho es crecer falsas acusaciones, para tratar de paralizar la acción de la Fuerza Pública contra los terroristas” [3]. Sin embargo, la propia Fiscalía General de la Nación reporta que la Unidad Nacional de Derechos Humanos tiene en sus manos 1.009 casos, en los que se comprenden 1.666 víctimas, de las cuales 1.507 son hombres; 108 mujeres y 51 menores de edad [4].
Por otra parte, los hechos conocidos de desaparición y posterior ejecución de cerca de 22 jóvenes ejecutados en el municipio de Ocaña y provenientes en su mayoría de barrios marginados de Soacha y el Sur de Bogotá, llevaron a la separación del cargo a 27 oficiales del Ejército Nacional y la renuncia del Comandante General del Ejército y la promulgación de algunas medidas que han llevado al Gobierno colombiano a decir que el problema de las Ejecuciones Extrajudiciales es un asunto superado. El Ministro de Defensa Juan Manuel Santos ha dicho que lo que hay es “un interés perverso de inflar las cifras” y que "a esa práctica acuden los enemigos del presidente Uribe, de la política de seguridad democrática y de la fuerza pública" [5] Según el Ministro Santos, “desde octubre del año pasado no se ha presentado ni un solo caso” [6]. Esta afirmación tampoco es cierta, pues a pesar de un cambio en las modalidades de las ejecuciones extrajudiciales que buscan invisibilizar su comi sión, han continuado apareciendo nuevas denuncias, que involucran directamente a miembros de la Fuerza Pública. Para mencionar solo un caso en el cual los propios organismos judiciales han desmentido esta afirmación, el 16 de diciembre pasado fue asesinado Edwin Legarda, activista del Consejo Regional Indígena del Cauca, esposo de Aída Quilcué, líder de la Minga indígena. Edwin Legarda fue asesinado en una emboscada del Ejército al vehículo en que se movilizaba, por miembros del Batallón José Hilario López, de la III Brigada del Ejército, caso en el cual un juez dictó medida de aseguramiento contra los siete uniformados, luego de que el fiscal del caso expresara que se trató de "un falso positivo planeado, en el que se violaron todos los protocolos establecidos para que la Fuerza Pública proteja la integridad de la ciudadanía" [7] Algunos otros casos se muestran en el Anexo 1.
Sin embargo, uno de los fenómenos que las organizaciones que hacen parte de la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos han denunciado es que el escándalo que se generó en el mes de octubre de 2008 por la magnitud que adquirieron las ejecuciones extrajudiciales en todo el país (denunciadas a partir de los hechos de Ocaña Soacha, pero que permitieron conocer de múltiples denuncias de casos similares en una gran cantidad de regiones del país), ha sido seguido de medidas contradictorias sobre el tratamiento de estas acciones criminales, así como la aparición de nuevas modalidades de comisión de las ejecuciones extrajudiciales que buscan adaptarse a los nuevos criterios y directivas emanadas del Ministerio de Defensa, y que buscan dar la sensación de que se estaría acatando la orden de poner fin a las ejecuciones, pero continuando la práctica de las mismas, solamente que ahora poniendo especial cuidado en que las nuevas ejecuciones no sean reportadas (públicamente) y los cadáveres sean diligentemente ocultados, para no dejar rastros de la responsabilidad de los autores de estos hechos ilegales. Como ejemplo de ello, el día 2 de abril Monseñor Francisco Antonio Nieto, Obispo Auxiliar de Ciudad Bolívar, denunció a Caracol Noticias TV, que cadáveres de 11 jóvenes asesinados en Ciudad Bolívar habían sido ocultados por personas que llegaron en camionetas para retirarlos del sector.
Entre las medidas contradictorias hay que mencionar la promulgación de directivas que de manera pública mandan a la Fuerza Pública evitar los homicidios en persona protegida, pero que conviven con directivas que, de manera secreta, ofrecen remuneración económica por la presentación de personas reportadas como muertas en combate. Quiere decir que frente a las ejecuciones extrajudiciales existe una estructura dual y ambigua de sanciones y beneficios que mientras anuncia públicamente sanciones si se producen, ofrece secretamente premios por producirlas. Consecuente con ello, lo que se ha venido observando en muchas regiones es que las acciones de privación del derecho a la vida de líderes sociales, opositores políticos y miembros de organizaciones sociales y sectores vulnerables han venido siendo adelantadas de manera prioritaria a través de acciones de desaparición forzada,como modalidad de ocultamiento de las ejecuciones extrajudiciales y, mediante la reanudación de los casos de ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad indirecta de la Fuerza Pública a través de la comisión de las mismas por parte de paramilitares que actúan con complicidad o aquiescencia de los uniformados. En la mayor parte de los casos, las desapariciones forzadas tienen siempre como finalidad una posterior ejecución extrajudicial, sólo que en los últimos meses las previsiones han estado orientadas a que cuando estas ejecuciones extrajudiciales suceden ya no se reporten (de manera pública) como “positivos” de guerra y que no se dejen rastros de los cadáveres. Esta modalidad ya había sido demostrada a partir de la detención, desaparición y ejecución del dirigente sindical Guillermo Rivera, del Sindicato de la Contraloría, detenido por la Fuerza Pública en Bogotá el 22 de abril de 2008 y enterrado, luego de su desaparición, en la ciudad de Ibagué, de manera anónima, sin reportar su detención ni mucho menos su ejecución como un “positivo” de la seguridad democrática, permaneciendo como un caso de desaparición forzada hasta que su cuerpo fue descubierto con señales de tortura el pasado 16.
[1] “En el mismo período, 1.007 personas murieron en combate”..
[2] Datos de la Comisión Colombiana de Juristas..
[3] “Uribe dice que solo existen comprobados 22 casos de ’falsos positivos’”. Caracol Radio. Marzo 23 de 2009. http://www.caracol.com.co/nota.aspx...
[4] “Fiscalía investiga más de mil casos de homicidios que involucran a militares”. El Espectador, 30 de abril de 2009. http://www.elespectador.com/falsosp... articulo138578fiscaliainvestigamasdemilcasosdehomicidiosinvolucranmilitar
[5] “Cifras sobre ‘falsos positivos’ han sido infladas, según Mindefensa”. En: El Espectador. 21 de Abril de 2009. http://www.caracoltv.com/noticias/p....
[6] “La esencia de la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas es el apego a la ley y el respeto absoluto a los DDHH, Ejército.mil.co, 22 de abril de 2009. http://www.ejercito.mil.co/?idcateg...
[7] “Muerte de indígena en Cauca fue un ’falso positivo’, asegura la Fiscalía”. El Tiempo. 2 de mayo de 2009. http://www.eltiempo.com/colombia/ju... 51143271
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