Recordemos que grandes extensiones de tierras ocupadas por las empresas de la Palma fueron arrebatadas violentamente por los paramilitares a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó que sufrieron masacres y desplazamientos forzosos. La Palma aceitera es materia prima para agrodiesel que se ha convertido, en el contexto de la crisis de los combustibles fósiles, en una alternativa del Imperio para mantener un consumo irracional y vergonzoso en los países del centro capitalista. Así, a paises como Colombia, se le asigna esta nueva tarea en la división internacional del trabajo y vemos que su gobierno la implementa a sangre y fuego.
Es vergonzoso que a 10 años de las primeras denuncias públicas reiteradas veces ignoradas y a un año del inicio del proceso 3856 no se haya producido ninguna decisión de fondo. Es más, visto el alto grado de impunidad de los crímenes en Colombia, podemos pensar que lo más probable es que sólo se toque a personas que fueron usadas como intermediarias en la apropiación ilegal por los empresarios, pero esto en el mejor de los casos, porque la lentitud de la fiscalía puede llevar a que se pasen los 24 meses de plazo para adelantar la instrucción y que la impunidad se materialice vía vencimiento de términos. Antes de leer el artículo recomendamos ver el siguiente vídeo de You Tube para entender de donde viene este proceso.
A continuación reproducimos el artículo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Publicado el lunes, 14 de enero de 2008 en la web de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, en entrevista publicada por el diario El Tiempo, el pasado 23 de diciembre indicó que dentro del proceso 3856, la Fiscalía 14 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abrió la instrucción (investigación formal) contra 23 empresarios antioqueños y comisionistas de tierras que se encuentran asentadas en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó en el Bajo Atrato Chocoano. Entre los delitos imputados se encuentran los de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedad en documento público y delitos contra el medio ambiente.
De acuerdo con la información suministrada por el periódico, la actuación empresarial se asocia con la presencia de estructuras paramilitares en la región desde 1996. En las declaraciones rendidas por el desmovilizado FREDY RENDON HERRERA alias “El Aleman” manifiesta que el control militar se realizó como parte de una operación de los hermanos CASTAÑO GIL, y que solamente hasta el año 2001, en la que se inició la siembra de la palma, esta fue entregada al control del bloque Elmer Cárdenas. El Fiscal General afirmó en la entrevista que: “los paramilitares no buscaron a nadie, sino que a ellos los buscaron”.
Según lo que se ha conocido, los representantes legales vinculados son GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, gerente y representante legal de la empresa Palmas de Curvaradó; RAUL ALBERTO PENAGOS, representante legal de la empresa Selva Húmeda; KATIA PATRICIA SANCHEZ MEJÍA, representante legal de la empresa Urapalma; ANTONIO ZUÑIGA CABALLERO, representante legal de la empresa Palmura; JAVIER DAZA PRETEL, ex representante legal de Urapalma; SOR ENID OSPINA RENDON, representante legal y accionista mayoritaria de la empresa Agropalma; CLAUDIO FREGNY OCHOA, representante legal de la empresa Inversiones Fregny Ochoa; GUILLERMO OCHOA PINO, representante legal de la empresa Agropecuaria Palmas de Bajirá; HECTOR DUQUE, representante legal de la empresa Palmadó; IVAN PATIÑO, representante legal de Palmas S.A; ORLANDO MORENO MORA.
Entre los comisionistas de tierras en la comunidad de El Guamo, territorio colectivo de Curvaradó; DANILO JOSE PACHECO DE LA HOZ, comisionista de tierras de la comunidad de Caño Claro Andalucía, territorio colectivo de Curvaradó; y.ERNÉN JOSE MUÑOZ GONZALEZ (sic), quien seria HERMEN JOSE MUÑOZ GONZALEZ. Este integrante de estructuras paramilitares se encuentra acusado en otro proceso penal, en el grado de coautor del delito de homicidio agravado en la persona de ORLANDO VALENCIA; CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ, asesor jurídico de la empresa Urapalma, quién de acuerdo con la información recaudad diseñó la telaraña jurídica para declarar la accesión de más de 17.000 hectáreas a 4 predios que en su conjunto no se extienden a más de 120 hectáreas, y la cadena de traspasos de propiedad utilizando la figura de asociaciones de colonos, para que finalmente las tierras usurpadas o acrecentadas llegaran a manos de las empresas palmicultoras.
Igualmente fueron vinculados, IVAN JOSE PALACIOS PALACIOS, JORGE LUIS SANTOS ORTEGA, JAVIER MORALES ESTRADA, MARIO LEON VILLA PACHECO, JOHN ALFREDO ZEA RESTREPO, REMBERTO MANUEL ALVAREZ BERTEL. MARIO ALBERTO VELEZ GIRALDO, VICTOR ANDRES ZAPATA CAICEDO.
Si bien el Fiscal General hace mención a la recepción de más de un centenar de testimonios, inspecciones judiciales a las sedes de las empresas cultivadoras de palma, en bancos, a notarias y a oficinas de registro de instrumentos públicos, no expresa el valor testimonial y el riesgo que padecen las víctimas que afirman integralmente sus derechos a la Vida y al Territorio.
Posibilidad de los derechos o espacio a la impunidad
Hasta ahora no existe ninguna decisión de fondo. Se ha pasado casi un año después de iniciado el proceso 3856, sin olvidar más de 10 años desde las primeras denuncias y constancias públicas sistemáticas desoídas permanentemente. La decisión es un avance que hoy se encuentra en posibilidad de llegar a lo estructural o quedarse en formalidades que toquen solo a personas que fueron usadas por los empresarios para la apropiación ilegal de las tierras y los consecuentes procesos fraudulentos de legalización.
Han sido excluidos mandos de estructuras armadas institucionales y parainstitucionales. Los autores materiales e intelectuales que diligenciaron los créditos públicos, y los responsables en instancias gubernamentales del nivel central en el otorgamiento de los créditos o en las licencias ambientales para la destrucción del territorio Colectivo pertenecientes a CODECHOCO y CORPOURABA o las redes de notarios que posibilitaron la falsificación de escrituras. No se ha identificado, ni individualizado a toda la estructura económica y criminal que cometió estas violaciones a derechos fundamentales y la ley penal. Esto a pesar de las pruebas aportadas y de todos los indicios de responsabilidad existentes.
No se ha establecido la responsabilidad de miembros de la fuerza pública y funcionario públicos, que participaron en la comisión de crímenes de Lesa Humanidad y en el despojo de tierras a los ocupantes legítimos y de buena fe de los territorios colectivos.
Por ejemplo, la responsabilidad del General RITO ALEJO DEL RIO en la masacre de Brisas de Curvaradó y de los sucesivos comandantes en las operaciones de tipo paramilitar y en su protección al sector empresarial en la comisión de los crímenes ambientales. O por la actuación realizada por el General PAUSELINO LA TORRE, ex comandante de la Brigada XVII que “intermedió” para que se legalizara el desplazamiento forzado y la venta fraudulenta de la que era victima el señor ENRIQUE PETRO.
La investigación no ha definido todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes ambientales. Parece tender a vincular solo a quienes compraron u ocuparon fraudulentamente predios individuales o colectivos. Se ha excluido a quiénes idearon, planificaron y se convirtieron en los mayores beneficiarios de estos Crímenes.
La Resolución de apertura de instrucción tampoco determina la suspensión del daño hecho a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, y que persiste hasta el momento. En virtud de lo expresado en la ley 600 de de 2000 se deberían adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión del delito, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible. Para el caso tal medida deberá ser, que se ordene y ejecute la suspensión de toda actividad productiva en los sembrados de palma de aceite.
El estado procesal actual solo permite inferir que las personas mencionadas declararan acompañados por un abogado para responder sobre los hechos que originaron su vinculación a la investigación, manifestándoles los delitos que se les imputan. Si se establece que existen razones para imponer medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en un establecimiento carcelario, se deberá privar de la libertad al indagado y definirle su situación jurídica. A la fecha no se conoce cuando los imputados serán indagados y tampoco se han practicado todas las pruebas conducentes solicitadas por la comunidad y sus abogados.
A la luz de la magnitud del caso, en relación con la sistematicidad en el ejercicio criminal, las pretensiones sobre la vida y el territorio, y la altísima probabilidad que los imputados desarrollen estrategias de retaliación contra las víctimas, entre ellas, nuevas judicializaciones y operaciones armadas, la investigación no ha contado con la eficacia requerida.
Igualmente, de la Fiscalía depende, que el plazo de 24 meses que tiene para adelantar la instrucción, no se convierta en una dilación de diligencias y actuaciones que conduzcan en un futuro a libertades por vencimiento de términos y la consecuente impunidad.
Entre la formalidad y la realidad
Hoy a pesar de esta decisión judicial, en conjunto con las resoluciones de la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, no existe voluntad del gobierno nacional en materializar el retorno de estas comunidades a sus parcelas, en plenas condiciones de dignidad, seguridad y garantía de derechos colectivos como son: vivienda, educación, salud y trabajo, a reparar el daño en su calidad de victimas.
La decisión de la Fiscalía General de la Nación es un primer paso, sin embargo, la misma no puede llevar a engaños y creer que se está accediendo a la Justicia. Se requiere no solo decisiones en la vía judicial, sino hechos en el mundo real, desmantelamiento de toda la empresa del delito que participó en la comisión de los hechos, sus beneficiarios políticos y económicos, la imposición de sanciones a quienes sean hallados responsables de estos crímenes, la devolución material de los territorios sembrados con palma de aceite, reparación integral de todos los daños sufridos por estas comunidades y garantía de que estos crímenes no se volverán a repetir.
Hoy los militares de la Brigada 15 continúan cohonestando y amparando las estructuras criminales empresariales, paraestatales sin que se adopten medidas de fondo desde el gobierno central. Las estructuras paramilitares continúan ordenando operaciones clandestinas, movilizándose y haciendo presentes con amenazas de muerte, retenes a la vista de todo el mundo, sin que la institucionalidad actúe.
Hoy continúa, insistimos, la extracción de fruto de la palma, su transporte en camiones hasta Mutatá en donde se encuentra la planta “Extractora Bajirá S.A”, hoy persiste la limpieza de los cultivos en más de 8000 hectáreas en plena producción, sin que haya autoridad judicial o administrativa; las amenazas contra los campesinos ENRIQUE PETRO y EUSTAQUIO POLO; las secuelas psicosociales por los atentados contra la vida a los hermanos HOYOS en septiembre pasado; hoy la actuación de ex militares y narcotraficantes en Caño Manso amenazando a los legítimos dueños del territorio en medio de la Brigada 15 persiste; la presencia de “Aguilas Negras” en Llano Rico y Pavarandocito; las operaciones militares orientadas a perseguir a lideres del Jiguamiandó; los hostigamientos a los testigos que han declarado en diversos procesos judiciales; además la continuación de la tala de bosques en el Jiguamiandó para la expansión del agronegocio y la extensión ganadera.
Esa actuación empresarial bárbara y contra derecho parece estar alentada en las palabras pronunciadas por Álvaro Uribe Vélez el pasado 12 de diciembre de 2007 en Medellín. En su alocución hala las orejas a los empresarios del banano, y seguramente, también de la palma aceitera, por no haber aprovechado los decretos gubernamentales relativos a las zonas francas. Y según el reporte oficial, expresó Uribe que sobre el tema de los biocombustibles, la idea es expandir la zona productora de palma africana en el sur de Urabá, ante la gran posibilidad que tiene la región para el desarrollo de proyectos de biodiesel. Es decir, se trataría de Bajo Atrato Chocoano, que en la avaricia y lógica empresarial es visto como una extensión del Urabá Antioqueño.
Si este mensaje fue escuchado por los empresarios de la palma que apropiaron las tierras a los mestizos y afrodescendientes, ¿tendrán acaso disposición, voluntad para acatar los contenidos de las resoluciones de Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, o en el llamado a indagatoria, la disposición a decir la Verdad, a asumir la sanción penal y disponerse a una reparación integral por los más de 113 crímenes, 15 desplazamientos forzados y destrucción de su territorio?¿Tendrán posibilidad real de restitución de los derechos territoriales de las comunidades con estos anuncios del más alto nivel?
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