Enero 27 de 2008Publicado en http://www.eltiempo.com (pincha aquí para ir al sitio)
La determinación del operador judicial también cobija al ex fiscal Leobardo Latorre, sobrino del oficial. Ambos están señalados de pertenecer a una organización que lavó $ 2 mil millones de la mafia.
Después de dos días en audiencias, la jueza de garantías consideró sorpresivamente la noche de este sábado que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes para mantener privados de la libertad al oficial retirado y al ex fiscal.
En la audiencia, los sindicados no aceptaron los cargos formulados. El general (r) - en la foto- era investigado por concierto para delinquir agravado por narcotráfico, mientras que el ex fiscal por concierto para delinquir y cohecho.
Los dos recobraron la libertad este mismo sábado por la noche. No obstante, ambos seguirán vinculados al proceso.
"Mi nombre creo que en este momento comienza a limpiarse -dijo el general este sábado por la noche al salir de la audiencia en la que se le imputaron los cargos-. Aunque creo que nunca ha estado mancillado".
Y agregó: "Le agradezco a mi familia, a mis dos abogados y a mi Ejército que nunca me desamparó. No tengo nada que ocultarle al país, nada que ocutarle a mi familia, nada que ocultarle al universo. Estaré cuantas veces la justicia me necesite".
La operación en que habían sido capturados el general y su sobrino fue adelantada por un fiscal de la Unidad Nacional Antinarcóticos (Unaim) y agentes de la División de Investigación Judicial (Dijín) de la Policía.
La investigación nació en julio del 2006 cuando agentes antidrogas de Estados Unidos le notificaron a la Fiscalía sobre la existencia de esta organización que tenía sus laboratorios en el sur de Bolívar y Norte de Santander.
La Fiscalía anunció que ya está trabajando para presentar de nuevo los argumentos y lograr otra vez su detención.
Durante la audiencia, la Procuraduría también había dicho que no existían méritos para que siguieran detenidos.
Durante los dos días de audiencia se presentaron 15 de las 24 personas capturadas en la operación de la Fiscalía y la Dijin.
De los 15, 12 aceptaron cargos y los otros tres, el general retirado, el ex fiscal y una persona identificada como Héctor Félix, quienes no aceptaron los cargos, quedaron libres.
Este es el segundo revés de la Fiscalía en menos de una semana ante un juez de garantías. El primero fue por el llamado 'rey del paseo millonario', José Cano Bayona, quien quedó libre por problemas en la legalidad de su captura.
El caso
Los negocios del general (r) y los de varias personas allegadas a él están bajo la lupa. Entre centenares de interceptaciones de la banda desmantelada hay 17 llamadas que, según los investigadores, demuestran que era asesor y testaferro de un narco emergente que trabajaba con las nuevas bandas en el Sur de Bolívar y la frontera con Venezuela.
Incluso hay una que, supuestamente, demostraría que intentó influir en un proceso de extinción de dominio. Esas pruebas, sin embargo, no fueron suficientes para convencer a la jueza de la responsabilidad del oficial.
Este hombre, experto en inteligencia, estuvo en las filas hasta el 2005 y pasó por varias de las unidades militares más importantes. Fue jefe de una de las primeras brigadas móviles del Ejército y comandante de la Brigada XVII en Urabá.
Allí lo recuerdan porque medió en los primeros acuerdos que legalizaron la irrupción de palmicultores y bananeros en tierras de las comunidades negras del Chocó, muchos de los cuales terminaron siendo declarados ilegales.
Fuentes de la Fiscalía explicaron que no presentaron todas las evidencias y pruebas porque no era la etapa procesal para mostrarlas, como son todas las grabaciones y seguimientos.
Consideran que deben ser llevadas ante el juez en la etapa de juicio.
Fiscalía investiga si infiltración llegó más lejos
Durante los últimos siete años, en la Fiscalía General de la Nación todo el mundo se acostumbró a decirle 'Profe' a Leobardo Latorre, quien anoche recobró la libertad después de haber sido capturado el jueves en una operación contra el narcotráfico.
No era gratis. El 'título' se lo ganó porque era uno de los fiscales que más conocían la Ley 906, que implantó en Colombia el nuevo sistema penal acusatorio. A diario lo consultaban sus colegas, defensores públicos y hasta abogados de personas capturadas.
Latorre, dicen algunos de sus compañeros, era un 'consentido' de las autoridades de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país se lo llevó varias veces para capacitarlo en el nuevo sistema, que empezó a regir durante la administración del fiscal Luis Camilo Osorio.
Desde hace más de tres años se movía por las Fiscalías de todo el país, enseñando lo que aprendió en E.U.
Y era tanta la confianza en él que el fiscal general, Mario Iguarán, le encargó que asesorara el caso que debía demostrar la efectividad del nuevo modelo: la masacre de 10 policías y un civil a manos de una patrulla del Ejército en Jamundí (Valle).
Veinte meses después del crimen de Jamundí, la etapa de juicio apenas se está cerrando. Los investigadores averiguan si Leobardo Latorre pudo haber interferido en la marcha del primer gran caso del sistema acusatorio.
A mediados del año pasado, Iguarán recibió un reporte que lo dejó perplejo: un fiscal de la Unidad Antinarcóticos que llevaba un caso originado en información de la DEA le informó que el 'Profe' aparecía en varias interceptaciones a una banda de narcos.
La decisión fue apartarlo del caso Jamundí. Latorre siguió hasta octubre con las capacitaciones, hasta cuando decidió renunciar al organismo.
"Dijo que estaba cansado de su trabajo y que quería litigar en el nuevo sistema, porque tenía bastante experiencia y no la quería desperdiciar", cuenta uno de sus colegas de Bogotá.
En el expediente aparece una llamada que cayó como un baldado de agua fría en la Fiscalía. En ella, el ex fiscal busca acercamientos con la contraparte, la misma a la que persiguió con la camiseta del ente acusador.
Fuentes que están manejando el caso dicen que Latorre se contactó con personas cercanas a los implicados en la masacre de Jamundí para ofrecer sus servicios. "Les dijo que ellos sabían que era el que mejor conocía el proceso", cuenta uno de los investigadores.
Con los nuevos hechos, la Fiscalía investiga si el ex fiscal utilizó de manera irregular la información reservada a la que tenía acceso. "Si terminó trabajando con una red de narcotraficantes, hay que descartar todas las posibilidades", señaló una fuente.
Las pruebas que hay en el expediente, que anoche una jueza de Garantías considero insuficientes, señalaban a Leobardo Latorre como el encargado de resolver los líos jurídicos de la banda de Carlos Aguirre Babativa.
La Fiscalía investiga una cuenta que, cree, tiene los datos de funcionarios públicos que recibieron sobornos de la mafia. Y no descarta que se encuentre con nuevas sorpresas.
Tras el revés de anoche, para la Fiscalía es lograr la captura del ex fiscal y de su tío Pauselino Latorre. Paralelamente realiza seguimiento a varios proceso de extinción de dominio y otros relacionados con narcotráfico en los que aparecen mencionados los miembros de la organización.
Edgar Torres, abogado del general en retiro Pauselino Latorre
¿Qué decisión tomó el juez de garantías el pasado sábado en la noche?
Lo que se decidió por parte del juez de garantías fue abstenerse de imponer medida de aseguramiento en contra del general, en razón a que la Fiscalía no presentó evidencias que justificaran la imposición de la medida.
¿Por qué no se presentaron pruebas después de tanto anuncio?
Hay dos versiones sobre el tema, la primera es el apresuramiento de saber que hay un general de la república y un fiscal involucrados en una acusación tan grave como esta motiva, evidentemente, pronunciamientos muy duros de parte del estamento gubernamental y la sociedad general, por supuesto.
Pero a la hora de presentarse el trámite de la audiencia donde debe hacerse el descubrimiento de las pruebas necesarias para la legitimación de la medida de aseguramiento, la Fiscalía no las pudo demostrar. Hizo muchas referencias a que existen grabaciones, seguimientos, documentos, informes, pero es que como si en la esquina de casa uno dijera: 'aquí hay', pero nunca saca lo que hay, a pesar de que la juez y la Procuraduría lo exigieron.
Pero, ¿qué pruebas se tenían?
Justamente esa es la situación, que no las mostró. (La Fiscalía) decía que tenía unas pruebas, interceptaciones o documentos pero nunca los sacó, nunca puso el audio, a pesar de que llevaba la tecnología suficiente para hacerlo.
En el momento que se dijo que expusieran esos medios de convicción, sencillamente dijeron que había problemas de custodia, que eran muchos CD, que no tenían la forma de ubicar el audio exacto que se necesitaba con rapidez y sencillamente no presentaron ningún medio de convicción y esa es la razón por la que la juez dice: 'si usted no muestra pruebas, pues sencillamente no puede haber medida de aseguramiento', porque no existe la inferencia mínima de autoría que se exige para poderla imponer.
¿En qué situación está el sobrino del general, el ex fiscal Leobardo Latorre?
La situación es la misma. Los dos se encuentran imputados. El general por concierto para delinquir agravado en concurso con lavado de activos y el ex fiscal Leobardo Latorre por concierto para delinquir en concurso con cohecho propio. Los dos como imputados enfrentarán la audiencia de formulación de acusación en estado de libertad, pero el proceso continúa y la investigación seguirá adelante.
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