EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE LA BRIGADA 27

INFORME 7

PUTUMAYO

Abusos de Autoridad en La Herradura, El Porvenir, Nueva Unión, Puerto Colombia.

URGENTE PROTECCION A ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES

“Líbranos de los perseguidores, del fondo de nuestras almas exigimos justicia, Escúchanos….Señor, son como leones listos a asaltarnos, nos van a despedazar sin que nadie nos salve. Salmo 7, 1 y 2

Los líderes campesinos HUGO ARMANDO TORRES y HEYNAR ALEXANDER GUERRERO PAREDES fueron ejecutados por efectivos de las unidades militares de la Brigada Móvil 13 en el caserío “Nueva Unión”, corregimiento de Teteyé, municipio de Puerto Asís, el pasado domingo 20 de enero. Sus cuerpos sin vida fueron presentados el lunes 21 de enero como de guerrilleros muertos en combate.

A través de la emisora del ejército los militares se refirieron a ellos como los alias de “Turbino” y “El Caleño”, respectivamente. Los campesinos fueron enterrados luego como N.N. El martes los restos de HUGO ARMANDO fueron exhumados y lograron ser recuperados por su familia. Hasta el día de hoy jueves se logró que los restos de HEYNAR fueran exhumados y entregados a su familia para una digna sepultura.

Estas dos ejecuciones se suman a las más de 17 que se han cometido en el último semestre en el departamento de Putumayo. Muchos de los casos se encuentran absolutamente silenciados y otros investigados por la Justicia Penal Militar.

A estos crímenes se suman los de GABRIEL RIOS ocurrido el 21 de enero y los de JUAN CARLOS CORTES ESTACIO, 30 años de edad, y JHON JAIMEN SILVA CORTES el 23 de enero

Los crímenes se realizan en medio de intimidaciones, amenazas de muerte, abusos de autoridad, y diversos atropellos contra los pobladores de caseríos entre otros de Bajo Lorenzo, Puerto Colombia, y las zonas rurales de Orito y La Hormiga. En algunas ocasiones, los mismos militares han anunciado la actuación de los “mochacabezas” y de las “Águilas Negras”. En los cascos urbanos de diversos municipios se constata la fuerte presencia de desmovilizados, ejerciendo actuaciones de control y cometiendo abusos sobre la población.

En medio de la ley del silencio, familiares de las víctimas y testigos han empezado a ejercer su derecho a la memoria y a la verdad. Las actuaciones contra insurgente financiadas en el marco del Plan Colombia están desconociendo los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y los compromisos en materia de Derechos Humanos de la cooperación de Estados Unidos con Colombia.

¿Cómo se puede entender que en el departamento más militarizado de Colombia, con una aplicación integral de la política de seguridad y “Estado Comunitario”, con absoluta militarización, removilización de estructuras paramilitares, pago de recompensas, presencia de asesores de USA, repliegue de la guerrilla, se puedan presentar la ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Militares? ¿Cómo se pueden presentar amenazas de muerte sobre testigos o denunciantes de los Crímenes de Estado vía fuerzas militares o estructuras paramilitares, intimidaciones y señalamientos, si hay consolidación de un Estado de Derecho?

¿Cómo se puede comprender que dichos crímenes y toda la estratagema de represión y de control se dirigen sobre la población, y no sobre estructuras criminales?

¿Cómo se puede entender que se legitime la protección y la seguridad de la inversión con la destrucción de la vida humana y de proyectos de vida comunitaria y colectiva, desconociendo el Derecho de Consulta, la participación de la población campesina y afrocolombiana, la destrucción ambiental y se estructure desde estos presupuestos la extracción permanente de recursos naturales, la implementación de agronegocios de palma por empresas privadas nacionales e internacionales, así como negocios de mafias vinculadas con el paramilitarismo?.

Si estos son los otros resultados del Plan Colombia, ¿cuáles serán los del Plan de Consolidación?

SOLICITUDES

A las organizaciones de los Estados Unidos por principios de humanidad y de solidaridad con las víctimas solicitamos realizar acciones en su país con el Senado y la Cámara de Representantes para:

° Intervenir inmediatamente sobre la Brigada Móvil 13 ante su evidente responsabilidad en la comisión de crímenes y de violaciones de derechos humanos, la suspensión temporal de los responsables en la Comandancia y la Dirección de la Brigada Móvil 13, hasta tanto no se modifiquen las conductas contra derecho de esta estructura militar, y sean sancionados los responsables intelectuales y materiales de los Crímenes.

.

° Exigir el conocimiento público de los nombres de cada una de los integrantes de las unidades militares de la Brigada Móvil 13 que actuaron en la comisión de los crímenes de los líderes HUGO ARMANDO TORRES y HEYNAR ALEXANDER TORRES y de las actuaciones contra REYNEL GUANGA VEGA, NEFTALI MORENO, MARCO ANTONIO RIASCOS, JHONIER JIMENEZ, WILMER GUANGA VEGA.

° La adopción de medidas de respeto a la vida e integridad personal de cada uno de los integrantes y organizaciones mestizas, indígenas, afrocolombianas que afirman su derecho a la Vida y al Territorio.

Ante las autoridades colombianas

1. FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República

Requerir a ALVARO URIBE VELEZ, a fin de que ordene una intervención sobre la Brigada 27

Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la memoria, el derecho a la justicia y ordenar a las unidades militares que operan en el Putumayo, abstenerse de realizar actuaciones contra la vida e integridad personal de los habitantes de Nueva Unión, Puerto Colombia, La Herradura, San Lorenzo y del Valle del Guamez.

2. A MARIO IGUARAN ARANA, Fiscal General de la Nación,

La realización de un debido proceso, eficaz e imparcial a DAVID JIMENEZ

Adjunto Constancia y Censura Ética

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Bogotá, D.C. Enero 24 de 2007