La RED CANARIA POR LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA ha mostrado su rechazo a la visita del mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez convocando una concentración urgente frente a la Delegación del Gobierno de Santa Cruz de Tfe el 23.01.08 a las 10:30 pm. Dicha Red, conformada por colectivos sociales canarios considera que el mandatario Alvaro Uribe debería ser juzgado por lo que definen como un proceso de legitimación y generalización de la impunidad de los crímenes del paramilitarismo, impulsado, segun el portavoz de la mencionada Red, Gonzalo Rodríguez, por el ejecutivo colombiano con el Decreto 128 de 2003 y la Ley 975 de 2005. Además, la citada Red, denuncia que el Gobierno presidido por Uribe ha apoyado y fortalecido las estructuras del paramilitarismo, por ejemplo, legitimando con el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) la apropiación violenta de tierras, o entregándole al paramilitarismo el control de organismos del Estado como el DAS, lo que se ha traducido en un aumento del 92 % de los asesinatos y desapariciones atribuibles a agentes directos del Estado durante el primer mandato de Uribe.
Gonzalo Rodríguez nos indica que, según informe de la Comisión Colombiana de Juristas, durante el primer mandato de Uribe fueron asesinadas o desaparecidas 11.292 personas en contexto ajeno a combate por violencia sociopolítica. Además, señala que de los casos en que existen datos sobre el autor o presunto autor, el 75,15 % es atribuible al Estado , por acción directa de agentes públicos y colaboración o tolerancia de los crímenes cometidos por paramilitares. Las víctimas del paramilitarismo son campesinos, sindicalistas, estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos u opositores políticos…, según nos indica el portavoz de la Red.
Por todo lo expresado, la Red muestra, también, su rechazo a la política exterior del gobierno español con el estado colombiano, que es considerado socio prioritario en América Latina sin recibir ninguna presión por parte del ejecutivo español para que garantice el derecho a la vida, la integridad física, la libertad sindical y muchos otros derechos humanos sistemáticamente vulnerados por el Estado. Nos comenta Gonzalo Rodríguez que fruto de esta errónea diplomacia hay multitud de empresas de capital español (Sanitas, BBVA, Telefónica, Iberdrola, Repsol, Fronpeca, ...) que se aprovenchan de los salarios míseros producto de la inexistente libertad sindical o de la falta de oposición de las comunidades a los megaproyectos por la violencia paramilitar, como es el caso de la entrada de Repsol en Capachos, zona donde existían comunidades indígenas y los paramilitares, años antes de la llegada de Repsol, perpetraron matanzas y desplazamientos.
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