La mencionada Red afirma que entre julio de 2002 y junio de 2007 en el país andino se reportaron 936 ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública, según el conjunto de organizaciones no gubernamentales que integran la Coordinación Colombia – Europa - Estados Unidos. Además añade que a las 936 ejecuciones extrajudiciales se le suman las 211 desapariciones forzadas por acción directa de agentes estatales. El portavoz de la Red, Tito Martín, indica que los informes muestran patrones de acción que se repiten: “tales como su ocurrencia en desarrollo de operaciones militares, la previa detención arbitraria de las víctimas, su posterior desaparición, la alteración de la escena del crimen por sus autores y la presentación de las víctimas como personas muertas en combate”.
La citada Red considera que la publicación de un documento secreto del Ministerio de Defensa por parte de la Plataforma Justicia para Colombia (un grupo de especialistas forenses, catedráticos y juristas de la U.E.) en el que se establece que los fondos para el pago de las recompensas por “guerrilleros” dados de baja en “combate” procederían del “Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional", da un peso tremendo a las denuncias hechas en diciembre de 2008 por Mauricio Valiente, abogado y Pte. de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), quien califica la práctica sistemática de las ejecuciones extrajudiciales de civiles como crímenes contra la humanidad que podrían estar financiándose con fondos de la cooperación internacional.
La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia reitera que el Gobierno de Zapatero debería suspender todos los fondos de cooperación dirigidos a Colombia, hasta que no se aclare suficientemente lo sucedido. Además, añade que la venta de armas a Colombia, siendo un país que vive una prolongada guerra civil, es inmoral.
A/A: Señor ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República de ColombiaBogotá, D.C.
Señor Presidente:
Expresamos la preocupación de nuestro colectivo en relación con las violaciones de los derechos humanos que vienen cometiendo las tropas del ejército nacional en la zona del Alto y Bajo Ariari.
Nos preocupa la desaparición de Alba Nelly Murillo en el municipio de El Castillo - Meta. Esta persona es Presidenta de la Junta de Accion Comunal de La Esmeralda y es defensora de los derechos humanos. Su paradero se pierde cuando llega a la zona del puente sobre el río Llamanes, bajo control del Ejército Nacional de Colombia. Dias antes, el mayor Baquero del Ejército colombiano recorría la region preguntando por ella en forma intimidatoria, por haber denunciado violaciones de los derechos humanos.
Conocemos la zona pues formamos parte de la Cuarta Comisión Asturiana de verificación de los Derechos Humanos que visitó el Alto Ariari en julio pasado. Allí son frecuentes los allanamientos ilegales, las amenazas de muerte proferidas por las tropas, los desplazamientos forzados..
Por lo anterior, pedimos Sr. Presidente, que:
1. Active los mecanismos de búsqueda de la Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Esmeralda ALBA NELLY MURILLO, del Municipio de el Castillo – Meta.
2. Investigue a los miembros del Ejército Nacional que se encontraban acampados a orillas de la vía que conduce de Miravalles a Caño Lindo, por donde transitaba ALBA NELLY, y si ellos la detuvieron.
3. Hacer las gestiones necesarias para que ALBA NELLY, sea devuelta a su familia sana y salva.
4. Cesar la persecución contra los campesinos de la parte alta del municipio de el Castillo – Meta y el hostigamiento contra la población civil en la región del Alto Ariari y les permitan a los campesinos continuar habitando su territorio y vivir con tranquilidad.
Atte.
SOLDEPAZ.Pachakuti
http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2008_2/ddhhcolombia.html
http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2008_2/co-4informe.html
Bajo los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe, amparados en sus uniformes y armas de dotación, miembros de las Fuerza Pública han asesinado cientos de civiles Para presentarlos como individuos abatidos en combate con el fin de mostrar éxitos militares y recibir beneficios. Esas ejecuciones, que son precedidas por desapariciones forzadas, tiene carácter sistemático y deben ser tipificadas como crímenes de lesa humanidad. Resulta de extrema gravedad que quienes deben defender la vida de los ciudadanos y velar por su seguridad, sean quienes se encargan de violar los derechos humanos en forma generalizada, y que esas prácticas criminales sean auspiciadas por la política de Seguridad Democrática.
Los llamados "falsos positivos" no pueden ser considerados como delitos de individuos desviados, casos aislados o como meros síntomas de corrupción dentro de las fuerzas militares. Estos hechos se han presentado en múltiples departamentos del país, en forma permanente y con la participación de oficiales, suboficiales y soldados rasos del Ejército Nacional. La directiva No. 029 de noviembre 17 de 2005 del Ministerio de Defensa de Colombia ofrece estímulos a cada soldado que demuestre haber abatido a miembros de grupos armados al margen de la ley.
Legalizar las ejecuciones perpetradas por miembros de la Fuerza Pública es una vieja modalidad criminal en Colombia. En septiembre de 2008, los "falsos positivos" se dieron a conocer al país cuando 19 jóvenes del municipio de Soacha que habían sido desaparecidos, fueron encontrados en fosas comunes en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. En años recientes, la plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos denunció más de 1.400 de estos casos. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha comenzado investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales que involucran a 763 agentes de la Fuerza Pública y que reconocen la existencia de por lo menos 1.137 víctimas.
Aunque el presidente Uribe, una vez se enteró de la gravedad de los hechos, ordenó la destitución de 27 militares, entre ellos tres generales, esta medida no ha sido suficiente. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha declarado que estos crímenes son cosa del pasado. Sin embargo, los medios de comunicación siguen registrando a diario denuncias que demuestran la persistencia de estas ejecuciones.
Para el 6 de marzo de 2009, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado convoca a la realización de una jornada contra las ejecuciones extrajudiciales, cuyo evento central será una reunión nacional de los familiares de las víctimas de "falsos positivos". Dicho evento debe contribuir a diseñar estrategias de verdad, justicia, reparación y no repetición en los casos de estos crímenes de lesa humanidad.
Agenda:
Puntos de encuentro:
Las marchas partirán hacia el Ministerio de Defensa (Avenida el Dorado con carrera 52 en el Can. Allí a las 10 AM se realizará un acto simbólico y a las 11:30 se partirá hacia el bunker de la Fiscalía General de la Nación. La caravana por la vida, llevará una bandera de Colombia de 3 kilómetros de largo en la que se colocaran fotos de las víctimas de los falsos positivos y también se entregaran fotografías de víctimas para que las personas marchen con una de estas en la mano.
Frente al bunker de la Fiscalía General de la Nación se realizará otro acto simbólico y se exigirá celeridad en las investigaciones, resultados de las mismas y que se reconozca que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de Estado, que además son promovidos por el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República y del Ministerio de Defensa. Igualmente se pedirá que se haga pública la resolución ministerial que ofrece pagos y bonificaciones a los miembros de la fuerza pública por asesinar guerrilleros, recuperar material de guerra, realizar delaciones, capturar y asesinar a miembros del secretariado de las FARC, etc.
Se recogerán en un pendón de 5 metros por tres, las firmas de los ciudadanos que consideren que los falsos positivos son crímenes de Estado, que condenen estás práctica y exijan la derogación inmediata de toda política de Estado que faculte a la fuerza pública a operar bajo la modalidad del sicariato persiguiendo ciudadanos, estigmatizando, realizando arrestos arbitrarios y acusando sin fundamentos a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Organizaciones Internacionales y Nacionales de Derechos Humanos, piden al Fiscal General Mario Iguarán, vincular al vicepresidente Francisco Santos Calderon a la investigación de la Masacre de 8 campesinos en San José de Apartadó en 2005
Descargar carta completa 29 organizaciones internacionales y 22 nacionalesUn día antes de cumplirse cuatro (4) años de La más reciente masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, un total de 29 organizaciones internacionales y 22 nacionales de derechos humanos, enviaron una carta al Fiscal General de la Nación Dr. Mario Iguaran Arana, en la que le piden, entre otros aspectos, investigar al vicepresidente de Colombia Francisco Santos Calderón, el ex Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe; el ex - Comandante de las Fuerzas Militares, Carlos Alberto Ospina Ovalle; por su responsabilidad en la obstrucción a la justicia en la investigación por la Masacre de 8 personas en San José de Apartado el 21 de febrero de 2005.
El sábado 21 de febrero de 2009 , se cumplen cuatro años de esta horrenda masacre que conmocionó al mundo. Si bien la Fiscalía General de la Nación ha llamado a juicio a 10 militares por su responsabilidad en los hechos, falto mucho para que la cadena de mando responda. “Con la decisión judicial fueron cobijados el coronel Orlando Espinoza Beltrán, el mayor José Fernando Castaño, los tenientes Alejandro Jaramillo y Édgar García y los suboficiales Ángel María Padilla, Sabaraín Cruz, Henry Agudelo, Guasamayán Ortega, Ricardo Bastidas y Darío José Brago. Asimismo, fue acusado el subteniente en retiro Jorge Humberto Milanés Vega. Según la declaración entregada por el capitán (r) Guillermo Armando Gordillo, quien se acogió a sentencia anticipada por este crimen, 50 paramilitares del bloque Héroes de Tolová patrullaron con más de un centenar de uniformados que pertenecían a dos batallones de la Brigada XVII.
Afirmó que el coronel Espinoza como el mayor Castaño coordinaron con las autodefensas para desarrollar la Operación Fénix , durante la cual fueron asesinados cinco adultos y tres niños en zona rural de San José de Apartadó (Antioquia) y de Tierralta (Córdoba). “Lo que se ha probado dentro de la investigación es que hubo acompañamiento de miembros de las autodefensas en ese momento”, sostuvo el jefe del ente acusador. Por este caso se acogieron a sentencia anticipada los ex ‘paras' Húber Darío Yáñez, alias Comandante 21; Joel José Vargas Flórez, alias Pirulo, y Jorge Luis Salgado David, alias Kiko.
En Mulatos Alto (Antioquia) fueron asesinados Luis Eduardo Guerra, su compañera Beyanira y su hijo Deyner Andrés, de 11 años de edad. En La Resbalosa (Córdoba) fueron masacrados Alfonso Bolívar Tuberquia y su esposa Sandra Muñoz. Sus hijos Natalia y Santiago, de 5 y 2 años respectivamente, fueron degollados. En diciembre pasado, la Procuraduría solicitó que estos uniformados fueran llamados a juicio. Recién ocurridos los hechos, las autoridades responsabilizaron a las Farc y el Ejército negó haber tenido cualquier participación en los asesinatos”(Tomado de elespectador.com).
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• Reportaje TVE sobre la Comunidad de Paz de San Jose ( http://www.youtube.com/watch?
EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADÓ
MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado)
Hemos venido dejando constancias de los diversos atropellos y atentados contra nuestra Comunidad de Paz, que en los últimos meses se han convertido en una cierta obsesión por exterminarnos definitivamente, si se toman en cuenta los numerosos mensajes que las patrullas militares y paramilitares que recorren la zona nos envían permanentemente y los esfuerzos que se hacen en la Brigada XVII por chantajear a pobladores e incluso a miembros de nuestra misma Comunidad para que colaboren en nuestra destrucción y se ganen por ello jugosas recompensas monetarias. En nuestros anteriores comunicados denunciamos el hostigamiento de que viene siendo víctima nuestro compañero REINALDO AREIZA, quien fue miembro de nuestro Consejo Interno en años pasados, ahora acosado de manera insistente por el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, Comandante del Batallón Voltígeros, quien le ha anunciado que si no colabora en la destrucción definitiva de la Comunidad de Paz, será judicializado como “financista del Frente 58 de las FARC” y como “traficante de droga”, para lo cual ya ha conseguido “testigos”, como lo ha venido haciendo la Brigada desde hace décadas, remunerando delincuentes para lograr sus objetivos criminales. Desde que Reinaldo y la Comunidad pusieron este chantaje en conocimiento de muchas autoridades y de la comunidad internacional, miembros del Ejército y paramilitares buscan a Reinaldo desesperadamente por la zona y le han manifestado su enorme enojo por haber denunciado el chantaje. No se trata de tácticas nuevas ni aisladas del Ejército: en estos mismos días, los militares acantonados en zona rural de Dabeiba vienen acosando a una joven campesina, anunciándole que si se niega a acostarse con ellos la van a judicializar como “guerrillera” o “miliciana”. También en 2003 chantajearon de igual manera a otro joven de nuestra Comunidad, diciéndole que si no declaraba en la Fiscalía que todos los líderes de la Comunidad de Paz eran guerrilleros, lo iban a judicializar a él como “miliciano”, para lo cual le mostraron una “lista” elaborada por ellos mismos y le aseguraron que ya tenían “testigos” para acusarlo. Numerosos casos similares hemos denunciado sin que las autoridades hagan algo para sancionar a quienes así proceden. Hasta donde sabemos, el Coronel Rojas continúa en su puesto, y aún más, se sabe que está preparando un montaje de mayores proporciones contra la Comunidad de Paz, aprovechándose de la desmovilización de alias “Samir”, comandante de una compañía de las FARC, a quien han mantenido más de tres meses ilegalmente en la Brigada “negociando” beneficios jurídicos a cambio de “contribuciones” para destruir la Comunidad de Paz.
* El martes 17 de febrero de 2009, hacia las 3 p.m., cuatro paramilitares que se presentaron como “Águilas Negras” y que venían de Nuevo Antioquia, vestidos de civil y con armas cortas, hicieron presencia en la vereda Naín, en las viviendas de dos familias de nuestra Comunidad de Paz. Allí estuvieron preguntando por los lugares de la comunidad y sobre cómo se mueven los líderes. Afirmaron que necesitan exterminar la comunidad como sea y conminaron a dichas familias a retirarse de la comunidad. Al no recibir respuestas de las familias amenazadas, se mostraron furiosos y se alejaron reconfirmando que acabarán con nuestra comunidad a toda costa.
* El domingo 22 de febrero de 2009, en la vereda Mulatos – Cabecera, hacia las 7 p.m. hombres armados preguntaron por un acompañante de nuestra Comunidad de Paz, insistiendo en que se les dijera dónde estaba, cómo se movilizaba y cuáles eran sus movimientos en esos días. El lunes 23 de febrero, en el filo conocido como Chontalito, varios hombres armados abordaron a los diversos grupos de personas que regresaban de las ceremonias de aniversario de la masacre del 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa, haciendo las mismas preguntas sobre el acompañante de nuestra Comunidad. Muy cerca de la zona por donde se movilizaban dichos hombres armados, había patrullas del Ejército.
* El lunes 23 de febrero de 2009, hacia las 8 :30 a.m., en la vereda la Resbalosa fue detenido en su propia casa, por espacio de una hora, un miembro de nuestra Comunidad de Paz e integrante de nuestro Consejo Interno. Los militares le decían que él era un guerrillero, como lo eran los integrantes de esa h.p. comunidad de paz, la cual tenía que ser exterminada. Los miembros del Ejército que ocuparon su finca le dañaron los sembrados de caña y fríjol que tenía.
* El martes 24 de febrero de 2009, hacia las 10 a.m., en la vereda las Nieves fue detenido ilegal y arbitrariamente por el Ejército un miembro de nuestra comunidad que se dirigía de la vereda la Esperanza a la vereda La Unión. El Ejército le preguntó por Reinaldo Areiza, a lo cual él respondió que no sabía dónde estaba. Ellos le dijeron que Reinaldo ya se había ganado la muerte; que le iba a ocurrir lo que le ocurrió a Arturo David, pues se había puesto a “abrir la boca” cuando se le había dado la oportunidad de vivir bien[1]. El miembro de nuestra Comunidad les respondió que se trataba de casos distintos, pues Arturo David, quien había pertenecido a nuestra Comunidad y se había retirado, había muerto en un combate, mientras que Reinaldo era un campesino que nada tenía que ver con grupos armados. Los militares le contestaron que en la zona todos los campesinos son guerrilleros y que así Reinaldo sea campesino, ya se ganó la muerte con ellos. Más tarde lo dejaron seguir su camino.
Nuevamente solicitamos a quienes siempre han sido solidarios con nuestra Comunidad de Paz exigir al Gobierno colombiano cesar tan cruel persecución y renunciar al plan criminal de exterminarnos.
Por nuestra parte. Continuamos firmes en nuestros principios y convencidos de que no debe imperar la estrategia del terror que el actual Gobierno ha impuesto. Nos anima siempre saber que los amantes de la Vida y de la Dignidad nos acompañan en nuestra lucha y están a nuestro lado para enfrentar planes tan criminales.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ
Marzo 3 de 2009
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos con responsabilidad del Estado colombiano han provocado fuertes movilizaciones en Colombia y sectores del Congreso de EE.UU. bloquearon la negociación del Tratado de Libre Comercio alegando estos motivos. Pero la Unión Europea no ha reparado en ello y se ha lanzado a negociar. Según analistas, Uribe en busca de recuperar legitimidad internacional ofrecerá a Europa una buena tajada del pastel colombiano, de esta manera también puede lograr que ciertos sectores del Congreso en EEUU se decidan a desbloquear las negociaciones del T.L.C. Con la consigna de alcanzar sendos TLC en el plazo más breve posible, 25 negociadores de la Unión Europea (UE) se reúnen entre el lunes y este viernes de forma separada con delegados de Colombia y Perú, luego de que en 2008 fracasó la iniciativa europea de un acuerdo de asociación bloque a bloque con la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
La negociación es confidencial, siguiendo el modelo estadounidense. Sólo el viernes 6 los delegados peruanos y colombianos conocieron la propuesta de la UE en medicamentos.
Colombia espera que el acuerdo esté listo antes de septiembre, luego de tres o cuatro rondas. Su ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, lo describe como "multipartito, ambicioso, exhaustivo y compatible con las disciplinas de la Organización Mundial del Comercio".
Las 14 mesas de negociación no abarcan la delicada cuestión migratoria, aunque sí compras públicas, servicios, acceso a mercados, agro, propiedad intelectual, inversión, obstáculos técnicos al comercio, solución de diferencias y normas técnicas, entre otras.
Las exportaciones de Colombia a la UE equivalieron a 11,82 por ciento del total de las ventas de este país entre enero y septiembre del año pasado y sumaron 3.830 millones de dólares, según el Ministerio de Comercio. Son, en su mayoría, productos primarios como café, carbón, ferroníquel y banano. Mientras, Colombia importa del área europea fundamentalmente maquinaria y equipos e industria básica y liviana.
Además, empresas europeas controlan en Colombia el comercio mayorista, el sistema financiero y los servicios públicos domiciliarios, y tienen fuerte influencia en el sector farmacéutico.
Como bloque, la UE está buscando más acceso al mercado de servicios latinoamericano, renglón en el que ya ocupa un lugar incluso más importante que Estados Unidos, según la organización no gubernamental Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca). Con estos TLC, la UE busca ante todo asegurar la propiedad intelectual europea, al tiempo que sus países miembros están promoviendo acuerdos bilaterales de seguridad inversionista en la región.
Para expertos reunidos el martes en Bogotá, este proceso entraña el fin de la CAN, el segundo bloque de integración más antiguo del continente americano que hasta 2005 estaba compuesto por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Este país se retiró de la CAN ante el efecto que podían ejercer sobre su producción nacional los TLC que Colombia y Perú pactaron en forma separada con Estados Unidos. La ratificación del TLC entre Colombia y Estados Unidos está congelada en el Congreso legislativo estadounidense por cuestionamientos a la política de derechos humanos de Bogotá, interpuestos por el bloque del Partido Demócrata, en respuesta a una intensa movilización social en Colombia.
El acuerdo de Perú y Estados Unidos se inauguró el 1 de febrero, cuando ingresó a ese país andino un contenedor repleto de manzanas del occidental estado estadounidense de California. Ahora, Bolivia se marginó de la negociación con la UE y Ecuador no define aún su participación. Ambos países han tenido un estatus preferencial en la CAN, debido a la relativa debilidad de sus economías.
En el proceso, los países de la CAN optaron por debilitar el marco legal comunitario. Renunciaron a adoptar un arancel externo común, mientras flexibilizan progresivamente la legislación andina en materia de propiedad intelectual, política agropecuaria, inversiones y mecanismos de solución de diferencias, para permitir el libre comercio.
Por el camino, no sólo cambió la CAN. También cambió Europa. A finales de 2005, la UE sostenía que el acuerdo sólo sería bloque a bloque y estaría sujeto a la plena vigencia de los derechos humanos en los países andinos, y enfatizaba su interés en el fortalecimiento institucional de la CAN, para tener un socio más fuerte.
Incluso apostaba a la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) y discutía sobre la necesidad de aplicar principios de asimetría o tratamiento preferencial, que en su propio proceso de integración le permitió catapultar las economías de países como Irlanda, España y Portugal.
Pero desde entonces se impusieron en el bloque de los 27 países europeos otros intereses que están imprimiendo celeridad a la actual negociación. La renuncia europea a esos principios muestra que ésta es "una negociación con transformistas", según el ex negociador comercial colombiano y ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Germán Umaña.
Mientras, Perú y Colombia se están alejando de una integración sudamericana, estimó Umaña en el foro "Tratados de libre comercio con la Unión Europea: Lo que no se ha dicho".
El foro, citado el martes en Bogotá por asociaciones campesinas e indígenas, centrales sindicales y plataformas que agrupan a miles de organizaciones de la sociedad civil de Colombia y a decenas de Europa, marcó el inicio de una campaña contra el TLC con la UE, que aspira a ser tan rápida como la negociación misma.
Luis Jorge Garay, doctor en economía del estadounidense Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y ex negociador de la deuda externa colombiana entre 1984 y 1991, apuntó en el foro que los mercados de Colombia y Perú no tienen ningún interés económico para la UE.
Pero los TLC con ambos países sientan un precedente geoestratégico y de economía política para la expansión de la UE, asegurando para sí la propiedad intelectual y regulando asuntos ambientales y laborales, aseveró Garay.
A su vez, los dos gobiernos andinos "están dispuestos a aceptar costos inaceptables para nuestras sociedades", indicó, si bien por la estructura productiva de Perú, el costo comercial y económico de su estrategia de acuerdos comerciales bilaterales "no es mayor" para ese país.
Mientras, para el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, este tratado "no tiene una significación prioritariamente económica sino política", pues su aprobación "en medio de la crisis humanitaria" generada por una guerra interna de casi medio siglo legitimaría ante la UE la cuestión de las persistentes violaciones a los derechos humanos, subrayó Garay.
En su opinión, compartida por otros panelistas, "si el gobierno (colombiano) logra negociar rápido con la UE, genera un precedente con Estados Unidos que haría que sectores del Congreso estadounidense vean con mejores ojos el TLC" pactado con la administración de George W. Bush (2001-2009).
Cuestionado en escenarios internacionales por su cercanía con grupos paramilitares de ultraderecha y por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto interno, Uribe ha tenido poco margen de negociación, señala el colectivo Recalca, también presente en el foro. Así, la estrategia del mandatario ha sido "comprar apoyo internacional con concesiones comerciales", según Recalca.
Con una opinión pública europea más sensible a cuestiones de derechos humanos, Uribe querrá "aceptar en forma rápida todas las imposiciones", y "bajo ninguna circunstancia podría, por ejemplo, levantarse de la mesa si las pretensiones europeas son inaceptables", opina Recalca.
Para Garay, "esto es básico para entender la lógica política de algunas cosas que ocurran en Colombia durante los seis meses en que va a ser negociado el tratado". (FIN/2009).
Una vez más el Gobierno colombiano, a través de la Brigada 17 del Ejército, anuncia que va a exterminar la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Durante los últimos 12 años ha repetido innumerables veces que hay dos formas de destruirla: o sometiendo a sus líderes e integrantes a montajes judiciales que les quiten su libertad y los pongan en prisión, o valiéndose de los grupos paramilitares para quitarles la vida o mantenerlos bajo permanentes amenazas de muerte. En los últimos años, ha recurrido también al soborno, valiéndose de dineros del programa de "Acción Social de la Presidencia de la República" para atraer y premiar a quienes se distancien de la Comunidad de Paz y se presten para atacarla y estigmatizarla.
El sábado 17 de enero de 2009, Reinaldo Areiza, miembro de nuestra Comunidad de Paz, recibió una llamada telefónica de Wilfer Higuita, un joven que habitaba antes en la vereda La Unión, quien le dijo que sabía que varios de los líderes y acompañantes de la Comunidad de Paz tenían problemas muy serios con la Fiscalía, pero que había una persona que podría ayudarles a solucionar esos problemas. Reinaldo le respondió que él no tenía ningún problema con la Fiscalía y que por lo tanto no necesitaba hablar con nadie. Menos de cinco minutos después, Reinaldo recibió una llamada del celular No. 312-7206117, de alguien que se identificó como un Coronel de la Brigada XVII, quien le dijo que quería conversar con él sobre problemas de la Comunidad. Como Reinaldo le respondió que no tenía nada que hablar con ellos y que la Comunidad no tenía problemas judiciales, el Coronel le manifestó que buscaban su ayuda para destruir la Comunidad de Paz, para lo cual le ofrecerían mucho dinero. También le pidió ayuda para la entrega de dos guerrilleras que quieren entregarse al Ejército, ofreciéndole dos millones de pesos por cada gestión. Frente a la solicitud de encontrarse para concretar las ofertas, Reinaldo se negó rotundamente a cualquier concertación.
En los últimos meses (diciembre de 2008 y enero de 2009) miembros y acompañantes de la Comunidad de Paz han recibido muchos mensajes de alerta por parte de personas que tienen contactos con funcionarios del Estado, a nivel local, departamental y nacional, quienes afirman que a raíz de la entrega del guerrillero alias "SAMIR", quien fuera comandante de una compañía del Quinto Frente de las FARC que ha operado en cercanías de San José de Apartadó, la Brigada XVII, en unidad de acción con la Fiscalía, prepara montajes de grandes proporciones contra líderes de la Comunidad de Paz y contra varios de sus acompañantes, como el Padre Javier Giraldo y la ex Alcaldesa de Apartadó, Dra. Gloria Cuartas. Al parecer, el hecho mismo de que la entrega de alias "SAMIR" se haya mantenido en secreto por parte de todos los medios de información durante más de dos meses, mientras dicho desmovilizado es mantenido ilegalmente en las instalaciones de la Brigada XVII en preparación del montaje, responde al plan de utilizarlo como "testigo" contra la Comunidad de Paz.
Las relaciones de alias "SAMIR" con la Comunidad de Paz fueron siempre conflictivas. La Comunidad le censuró públicamente el asesinato de varios campesinos que injustamente fueron acusados por él de ser paramilitares, mientras él censuró las posiciones de la Comunidad de no involucrarse en el apoyo logístico a ningún actor armado... (leer más)
Han pasado sólo diez días desde que dejamos constancia de nuevas tramoyas y montajes por parte de la Brigada XVII, y nuevamente, con la seguridad de quien se siente blindado para cometer todo tipo de delitos, oficiales de dicha Brigada se reconfirman en sus actos delictivos y cometen otros con total desparpajo, dejando cada vez más al descubierto sus planes criminales de exterminio de la Comunidad de Paz.El sábado 7 de febrero de 2009, a las 16 horas, fue detenido por el Ejército, por espacio de una hora, Reinaldo Areiza, en la finca donde suele trabajar en la vereda La Esperanza. Los militares se presentaron como integrantes del Batallón Voltigeros N. 46 y quien le habló se presentó como el TENIENTE DELGADO. Este oficial le reprochó a Reinaldo el que le hubiera contado "a esa h.p. comunidad" lo que le había propuesto otro oficial de la Brigada el pasado 17 de enero por teléfono, pues la Comunidad lo había denunciado. Este militar le insistió, además, que ellos podían hacer lo que les diera la gana y que si querían, lo podían dejar detenido; que "ellos sabían que él era el encargado de las finanzas del frente 58 de las FARC y que tenían varios reinsertados para probar esto"; que por lo tanto él no tenía otra opción que trabajar con ellos para arreglar ese problema y con ello ayudarlos a destruir la comunidad; que trabajaría sin que nadie se diera cuenta y ganaría mucho dinero. Enseguida el TENIENTE DELGADO le dijo a Reinaldo que lo iba a comunicar con el oficial que le había hablado por teléfono el pasado 17 de enero, como en efecto lo hizo mediante un aparato de radio. Le habló entonces una persona que se identificó como el CORONEL ROJAS quien le insistió en lo mismo: que tiene que presentarse en la Brigada para hablar con ellos y arreglar el problema; que ellos son los que "tienen el poder para arreglar todo o joderlo". Después de hablar con el Coronel, el Teniente Delgado le dijo a Reinaldo que lo iba a dejar para darle una oportunidad; que si no colabora y se presenta a la Brigada, lo llevarán a la cárcel. Le dejó un número de teléfono celular para que se comunique: el 320-6920412.
No es la primera vez que la Brigada XVII utiliza el chantaje, en sus formas más burdas e infames, para conseguir falsos testigos que le ayuden a destruir la Comunidad de Paz. En febrero de 2003 le hicieron el mismo chantaje a un joven de la vereda La Unión, miembro de la Comunidad de Paz, valiéndose de un primo suyo y luego de varios oficiales de la Brigada, para advertirle que si no acusaba a los líderes de la Comunidad de ser guerrilleros, le harían un proceso judicial como miliciano, para lo cual ya se habían conseguido "testigos". La cita se la pusieron directamente en la Fiscalía, lo que revelaba que había ya concertaciones entre Brigada y Fiscalía para perfeccionar el chantaje. En mayo de 2004 sacaron de su casa a una joven de 17 años con su hija de 9 meses y le arrebataron la niña afirmando que no la volvería a ver si no acusaba a quienes ellos le pedían acusar; para no perder su niña, ella firmó numerosos papeles que le presentaron, sin siquiera leerlos, donde numerosas personas eran acusadas de ser guerrilleras o milicianas. En muchos expedientes que obran hoy en fiscalías y juzgados, esos papeles son "pruebas válidas" que han sustentado numerosas penas de prisión. Otros muchos hechos similares han sido denunciados en estos 12 años sin que los poderes judicial y disciplinario tomen medida alguna contra la Brigada.
No hay necesidad de insistir en la perversidad y suciedad que todo esto revela, pero todas las denuncias y peticiones apremiantes que se le han hecho a este Gobierno para que le ponga fin a semejante putrefacción, han sido inútiles.
Tampoco es necesario elevar nuevos clamores ante las gentes honestas del mundo para que condenen y repudien a un Estado tan criminal y corrupto. Estamos seguros que tales actuaciones ilegitiman radicalmente al Gobierno frente a todos los parámetros de decencia que la comunidad mundial considera ineludibles.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Febrero 11 de 2009
