Declaración final de la Cumbre de los Pueblos "Enlazando Alternativas IV"

LA RED CANARIA POR LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA SE ADHIERE A LA DECLARACIÓN FINAL DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS, "ENLAZANDO ALTERNATIVAS IV"

Las redes, plataformas y organizaciones de Europa y América Latina y el Caribe, reunidas en Madrid del 14 al 18 de mayo, durante la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV, reivindicamos nuestro derecho a plantear alternativas al modelo neoliberal y a los tratados de libre comercio, y creemos en nuestra capacidad para construir un dialogo político y social entre los pueblos.

Estamos inmersos en una crisis civilizatoria que afecta a todo el planeta, donde son los grupos sociales más vulnerables y los pueblos del Sur los que están soportando la carga más pesada. Mientras millones de trabajadoras y trabajadores han perdido su trabajo, sumiendose en la pobreza y precariedad, el sistema financiero obtiene ganancias multibillonarias con el apoyo de los Estados del Norte.

La crisis económica mundial está lejos de ser resuelta y los planes de rescate se han dirigido a defender los intereses del gran capital, como lo demuestran las recientes medidas de ajuste estructural exigidas a Grecia por parte de la UE, y los anuncios en la misma dirección por parte de España y Portugal. La historia de América Latina y el Caribe demuestra el impacto devastador de estas políticas de recorte del gasto público, privatizaciones y desregulación económica.

Justo cuando se cumplen dos siglos del inicio de las luchas de independencia en varios países de América Latina y el Caribe, la UE propone una “alianza” estratégica que supone volver al pasado. La creación de una « Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global Interregional », sustentada en la aprobación de una serie de acuerdos de libre comercio para proteger los intereses de las multinacionales europeas en América Latina y el Caribe y cercenar las posibilidades de una integración regional y birregional sobre nuevas bases.
En América Latina y el Caribe han surgido varios gobiernos progresistas y de izquierda sensibles a las exigencias de los movimientos populares, que buscan caminos alternativos de desarrollo más acordes con sus realidades locales, y defienden su soberanía nacional. La derecha mundial, al tiempo que intenta desprestigiar y desestabilizar esos gobiernos, sigue predicando políticas de corte neoliberal que han sido promovidas por multinacionales europeas –en particular españolas dentro de América Latina y el Caribe–, y que cuentan con el apoyo de la UE. Estrategias como la “Europa Global : Competir en el Mundo” y “Europa 2020” van a seguir generando elevados costos sociales y agravando las desigualdades entre Estados y al interior de cada país.

En Europa, con el Tratado de Lisboa se ha reforzado un modelo de integración antidemocrático y capitalista. La privatización de los servicios públicos junto a la vulneración de los derechos sociales y laborales consolida la Europa Fortaleza, de carácter militar, represivo y excluyente, en detrimento de la Europa Social.

Imagen de la cumbre anterior.

Ante estas realidades la organización, la resistencia, la dignidad, la solidaridad y la movilización social son y serán factores esenciales para sostener los logros América Latina y el Caribeanzados, impedir una vuelta al pasado, y conquistar nuevos avances tanto en América Latina y el Caribe como en Europa. Nuestra estrategia de lucha y resistencia común se basa en la solidaridad entre nuestros pueblos, para la construcción de una sociedad en la cual los derechos económicos, políticos, laborales, sindicales, sociales, culturales y ambientales sean la prioridad y razón de ser de las políticas gubernamentales.

En este sentido :

1. Rechazamos enérgicamente los Tratados de Libre Comercio, los Acuerdos de Asociación (AdAs) y los tratados bilaterales de inversión (TBIs) –o Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs)– pactados entre algunos gobiernos latinoamericanos y europeos, que han sido negociados a espaldas y en contra de los intereses de nuestros pueblos. En particular, rechazamosel Acuerdo de Asociaciòn UE Cariforum, la firma de tratados con Colombia, Perú y Centroamérica y la reanudación de negociaciones con el Mercosur.

2. Rechazamos que la cooperación al desarrollo forme parte de estos acuerdos al servicio de intereses económicos privados. Queremos una cooperación que fortalezca la capacidad de los actores sociales y de los Estados para diseñar e implementar políticas que apunten a combatir la injusticia social.

3. Rechazamos la implementación de planes de ajuste estructural e intervención del FMI en los países de Europa y América Latina y el Caribe para hacer frente a la crisis económica. Reivindicamos la moratoria inmediata sobre el pago de la deuda publica y la realización de auditorias para la cancelación de deudas ilegitimas.

4. Continuaremos buscando soluciones reales a la crisis ambiental y climática, basadas en la justicia climática y en la necesidad de cambiar el sistema, que produce la destrucción del planeta. Para frenar el cambio climático es necesario que la UE reduzca sustancialmente sus emisiones de gases de efecto invernadero a nivel domestico. Reclamamos a los gobiernos europeos que paguen las deudas ecológicas que acumulan con los pueblos del sur, incluida América Latina y el Caribe, para el financiamiento de la mitigación y sobrevivencia al cambio climático. Ante el fracaso de la Cumbre sobre el Clima de Copenhague, nos comprometemos a implementar las propuestas acordadas en la “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra”, celebrada en Cochabamba en Abril 2010, como por ejemplo la creación de un tribunal de justicia climática.

5. Apoyamos a todas luchas de los movimientos campesinos de América Latina y el Caribe y Europa por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, la reforma agraria, contra los transgénicos y en defensa de sus territorios. La agricultura campesina, familiar y de pequeña escala alimenta a los pueblos y enfría el planeta.

6. Mantendremos nuestra lucha en favor de la democracia participativa, directa y plural, y nos opondremos a los intentos de coartarla. Apoyamos las luchas contra la impunidad y por la justicia para las víctimas de los genocidios. Rechazamos la criminalización de la protesta social.

7. Exigimos la ruptura de relaciones diplomáticas y financieras con el gobierno de Porfirio Lobo en Honduras, rechazado por varios gobiernos. Dicho Gobierno es proveniente de un golpe de Estado, elegido en condiciones antidemocráticas, sostenido a costa de la represión a los movimientos sociales y la violación de los derechos humanos. Apoyamos la lucha del frente de Resistencia Popular de Honduras y su lucha por una asamblea constituyente.

8. Rechazamos la militarización y la visiòn que desconoce la capacidad del pueblo haitiano para definir su propio destino, con el pretexto de la ayuda humanitaria. Exigimos el respeto a la soberanía del pueblo haitiano, la anulación de la deuda externa de ese país, y el pago de reparaciones.

8. Exigimos a la UE la derogación de la Posición Común contra Cuba.

9. Acusamos a la UE, a sus instituciones y a sus gobiernos de flagrante complicidad en la violación de los derechos humanos, por ejemplo en Colombia, Honduras, Perú, Guatemala y México, países donde dirigentes sociales son asesinados cotidianamente y la protesta social es reprimida.

10. Repudiamos las políticas que aplica la UE en materia de inmigración, porque amenazan gravemente la democracia y la paz entre nuestros pueblos al fomentar la xenofobia y el racismo. Participamos y apoyamos las luchas de los movimientos y redes de migrantes contra la Europa Fortaleza, con sus campos de internamiento para extranjeros (CIE) y su “Directiva del Retorno” justamente llamada “Directiva de la Vergüenza”. Esta política migratoria representa la otra cara de la Europa del Capital.

11. Denunciamos la militarización de nuestros continentes y, en particular, el carácter belicista del gobierno de Colombia. La instalación de 7 bases militares de los Estados Unidos en este país representa una amenaza a la paz y estabilidad de la región. Reiteramos nuestra condena a la política belicista de la UE en Afganistán bajo la egide de la OTAN, así como el uso de millonarios recursos para sostener una maquinaria de guerra que podrían emplearse para otras prioridades de carácter social.

12. Apoyamos la lucha del pueblo griego en la defensa de sus derechos, que representan los derechos de todos los pueblos europeos.

13. Nos comprometemos a trabajar para consolidar un espacio político de solidaridad -en la que participan una diversidad amplísima de movimientos sociales y políticos- que abogan por una integración social, económica, de género, política, ambiental y cultural, y que sea alternativa a la que propone la Unión Europea (UE) y varios de los gobiernos de América Latina y el Caribe.

14. Nos comprometemos a fortalecer y consolidar nuestras luchas frente al poder corporativo y a abrir una nueva etapa de trabajo de la Red Enlazando Alternativas hacia la constitución de un instrumento internacional vinculante para juzgar crímenes económicos. La sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), “La Union Europea y las Transnacionales en America Latina. Politicas Instrumentos y actores” ha contribuido a este propósito.

15. Apoyamos y formamos parte de las luchas que libran las comunidades afroddescendietnes, las mujeres, los jovenes y los excluidos de la Amèrica Latina y Europa, que estàn sufriendo los efectos de la crisis con mayor dureza.

16.Hacemos nuestras las luchas y reivindicaciones de los pueblos originarios y por el buen vivir, la creación de estados plurinacionales y el reconocimiento y defensa de los derechos de la madre tierra, que contribuyen a la necesidad de desarrollar modos de consumo y producción que son sostenibles, responsables y justos.

17. Saludamos los compromisos de los gobiernos de América Latina y el Caribe para romper con siglos de dependencia económica, el saqueo de los recursos naturales y la expoliación de los territorios.

18. Llamamos a los pueblos europeos a levantarse para construir otra Europa. Agradecemos a las y los integrantes de los colectivos del Estado español su esfuerzo y ayuda para la realización de nuestra Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV, y damos la bienvenida a las compañeras y compañeros que desde ya están dispuestos a iniciar los preparativos para la Quinta Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas a realizarse en 2012.

Dedicamos esta Cumbre de los Pueblos a la memoria de la activista indígena Betty Cariño, quien fue asesinada en Oaxaca (México), el 27 de abril, por su labor contra las transnacionales mineras. Hacemos este homenaje en representación de todas las personas asesinadas a causa de su lucha social y política, y a todas las vìctimas del modelo neoliberal injusto y excluyente en América Latina, el Caribe y Europa.

Madrid, 16 de mayo de 2010

Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV

Asco de justicia europea - Tribunal Europeo de Justicia acaba de negar la extradición a Colombia del coronel israelí Yair Klein

Larga es la mano del sionismo para proteger a sus chacales.

Javier Orozco Peñaranda/Colectivo de colombianos refugiados en Asturias

Lunes 5 de abril de 2010. Publicado por Prensa Rural.

El Tribunal Europeo de Justicia acaba de negar la extradición a Colombia del coronel israelí Yair Klein, copropietario de la empresa de seguridad Hod Halanit, capturado en Rusia casi siete años después de haber sido condenado en un juzgado colombiano por sus vínculos con los tenebrosos grupos paramilitares.

Klein tiene una larga trayectoria criminal. Vendió armas y asesoró al grupo Falange Cristiana responsable de las masacres contra los refugiados palestinos de Sabra y Shatila. Fue instructor y proveedor del Frente Revolucionario Unido que asoló por años a Sierra Leona donde miles de mujeres fueron violadas, sometidas a esclavitud sexual y miles de civiles fueron asesinados.

A Colombia Klein entró en 1988 en una operación encubierta por el Ejército Nacional, recomendado por ISREX, la empresa israelí asesora en seguridad y defensa que vendía armamento al Ministerio de la Defensa colombiano. Lo contrataron los latifundistas del Magdalena Medio y el cartel de Medellín que necesitaba mejorar sus escuelas de sicarios. Pero su principal proyecto era capacitar en técnicas de asalto a los grupos paramilitares que el Ejército Colombiano estaba conformando junto con la mafia del narcotráfico y algunos empresarios, para profundizar la guerra contrainsurgente y eliminar opositores civiles sin dañar la imagen democrática del país.

De su “escuela” salieron grupos narcoterroristas como “Los Tiznados”, “Los Masetos” y “Los Grillos”, graduados en masacres, autores de miles de descuartizamientos de personas con motosierra, asesinatos de sindicalistas, opositores políticos y defensores de los derechos humanos.

Y no es que en Colombia espere a Klein una justicia ávida de airear toda la verdad sobre la creación de los grupos paramilitares. No van a prender un ventilador que salpicaría muy alto las cúpulas de la burguesía, del gobierno y del generalato colombiano, tan demócratas todos ellos según el gobierno español.

Klein, para evitar la extradición, dijo que teme que en Colombia lo torturen. Le preocupa que le apliquen los métodos que él mismo enseñó como mercenario al servicio del sionismo y del terrorismo de Estado. Esto es un pésimo antecedente de cara al enjuiciamiento de otros criminales internacionales que aún no cuentan con la garantía de inmunidad que Estados Unidos hace firmar como pararrayos para sus mercenarios antes de que entren a dirigir matanzas en nuestro país.

Rabia e impotencia sentimos los familiares, compañeros y amigos de las decenas de miles víctimas de las enseñanzas de Klein, hoy protegido por una Europa celestina que presume de su lucha contra el terrorismo.

Aquí no cabe lo políticamente correcto. Rechazamos la decisión del Tribunal Europeo de “Justicia”. La impunidad como la doble moral, producen asco.

Colectivo de Colombianos Refugiados en Asturias.

Xixón, 4 de abril de 2010

50.000 DESAPARECIDOS EN 20 AÑOS. Iván Cepeda: “Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía y afronten la situación de Colombia”

Patricia Rivas y Juan Alberto Sánchez

Rebelión

Foto de acto en Oviedo con Ivan Cepeda - http://www.pachakuti.org

Nadar contra una fuerte corriente es lo que hace el Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado (MOVICE) en Colombia, donde las mayorías en Congreso y Cámara están alineadas con los dictámenes del presidente Álvaro Uribe, que ahora aspira a una segunda reelección, aunque en su empeño viole lo establecido por la Constitución. En casos tan graves como los miles de asesinatos de jóvenes pobres por parte de militares, que son presentados como guerrilleros y luego canjeados por reconocimientos y medallas, eufemísticamente llamados “falsos positivos”, la Fiscalía General de la Nación avanza a paso lento y sin ganas.

Instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, un estamento burocrático con el que Álvaro Uribe, en los tiempos remotos de la primera candidatura presidencial prometió acabar, ahora se mantiene como un apéndice aún más funcional y sometido. La Procuraduría General de la Nación, el “ente autónomo de control y vigilancia de la función pública de los empleados del Estado”, no sólo no controla ni vigila, sino que tampoco es autónomo, y al propio Procurador General, Alejandro Ordóñez, se le reconoce en el país como “el absolvedor”, pues desde su arribo a la institución se ha distinguido por la eficiencia para eximir de culpa a toda clase de militares y funcionarios uribistas vinculados con masacres y paramilitarismo.

En la otra orilla, una institución como la Corte Suprema de Justicia, que se ha negado a nombrar el nuevo Fiscal General de una terna presentada por el presidente, por considerar que los postulantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias para el cargo, ha sido objeto de toda clase de vituperios por parte del mandatario, de ataques descarados de sus funcionarios, e, incluso, de interceptaciones telefónicas o “chuzadas”, por parte del DAS, el organismo de inteligencia del Estado adscrito a Presidencia.

En la corriente desenfrenada y unidireccional del actual gobierno colombiano, que se lleva sin pudor los diques constitucionales y legales, y no digamos los morales y éticos que interpone cualquier institución, es donde el MOVICE actúa con empeño y tesón, a veces como un clamor solitario, pero también con una postura política clara. El Estado colombiano, como responsable por acción, confabulación, omisión o permisividad, tiene una evidente responsabilidad en muchos de los crímenes cometidos contra los propios colombianos. Del mismo modo, el Estado tiene la obligación de responder ante las víctimas, las familias, las organizaciones y ante toda la sociedad colombiana, garantizando el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral, y, sobre todo, la garantía de que no se repetirán esos crímenes.

Iván Cepeda Castro, además de escritor y periodista, es un destacado líder de los derechos humanos en Colombia y vocero del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), organización nacida en 2003 que agrupa a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y a algunas organizaciones que trabajan por los derechos humanos.

Iván Cepeda ha vivido en carne propia la violencia ejercida por el Estado colombiano, como hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1984, durante el genocidio llevado a cabo contra la Unión Patriótica, un partido político que fue víctima de una persecución intencional y sistemática que lo condujo al exterminio.

Conversamos con Iván Cepeda en Madrid, ciudad que ha sido escenario del lanzamiento de una campaña internacional de más de 30 organizaciones europeas de derechos humanos para llamar la atención sobre la persecución que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, por parte de las instancias estatales que deberían brindarles garantías.

Como vocero de las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, ¿qué sensación le produce llegar a Europa y percibir que el Gobierno colombiano se ve como un gobierno democrático, que cumple los requisitos mínimos para ser tratado con deferencia por la Unión Europea?

No me sorprende. En el caso de España, para decir las cosas por su nombre, hay importantes inversiones del capital transnacional en Colombia. Para citar sólo un caso: en estos días se debate en manos de quién quedará el tercer canal de la televisión, y el grupo PRISA tiene un importante interés en esta concurrencia. Entre las propiedades de este grupo, figura “El Tiempo”, el principal diario colombiano, dirigido por la familia Santos. Esa familia gobierna el país. Por lo menos, ha ocupado un lugar importante en ambos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. El vicepresidente del país, Francisco Santos, es uno de los principales accionistas de esa casa editorial, y el ex ministro de Defensa, que también es candidato para las próximas elecciones presidenciales, Juan Manuel Santos, también es accionista y dueño del periódico. No son, pues, sólo coaliciones o alianzas. Son verdaderos consorcios.

Así que el hecho de que se elogie al presidente Uribe, un gobierno que a duras penas puede sobrellevar un día sin un escándalo –lo que incluyen hechos criminales, como los llamados “falsos positivos” y situaciones aún más evidentes-, pues que un gobierno extranjero lo elogie, lo único que implica es que sus intereses deben ser protegidos. Pero cada día es menos posible ocultar esa situación. Es un gobierno que se ha venido mostrando en todas sus facetas de corrupción y criminalidad en los últimos años.

Y yo creo que sí, que hay quienes se esfuerzan por mantener ese tipo de coartadas, para ocultar una situación tan grave como la que hay en Colombia, pero también hay una conciencia creciente en la comunidad internacional sobre lo que el gobierno del presidente Uribe representa realmente. Para decirlo con claridad, uno de los aparatos criminales más mortíferos y destructivos que ha habido en los países de América Latina.

¿Alguna vez han tenido las víctimas en Colombia algún espacio de interlocución con el poder para incidir en lo que se llama allí la legislación “de paz” o en la política de construcción de la llamada “reconciliación”?

No. El Gobierno y el Poder Legislativo, en su gran mayoría, responden a los intereses del aparato criminal que ha producido tantas víctimas en Colombia. De ahí que no es un interlocutor, sino más bien un enemigo constante de estos procesos. Pero a pesar de que el Gobierno se ha empeñado, por todas las vías posibles, en que esos procesos no se puedan abrir paso, gracias a la acción de las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los abogados y los jueces dignos que tiene el país, en los últimos años se ha logrado producir un avance efectivo.

Ese avance se ve materializado en que más de cien funcionarios estatales, entre ellos un número significativo de congresistas, han sido llevados a las cárceles. Que muchos miembros de la Fuerza Pública han comenzado a ser llamados ante los tribunales y que el fenómeno de la llamada “parapolítica” y los crímenes cometidos por el paramilitarismo se ponen en evidencia. Y cuando se ha ido reconociendo la realidad de que en Colombia ha funcionado la criminalidad de Estado.

Pero eso no es gracias al gobierno ni a la interlocución con el gobierno, sino que es el resultado de una lucha tesonera, dada en condiciones muy desiguales y siempre peligrosas, que han llevado a cabo las víctimas en sus regiones: los campesinos, los indígenas, las mujeres, muchas asociaciones de personas que han logrado ir construyendo este camino hacia los derechos humanos en el país.

Cuando se habla de crímenes de Estado, son conocidas las víctimas de los casos argentino o chileno, pero Colombia es una caja negra: no hay conocimiento de cuál es la dimensión de las víctimas y cuál es la realidad que ustedes afrontan cuando deciden no callar y exigir justicia, verdad y reparación.

Bueno, las cifras son cada vez más completas y claras. Estamos hablando de cerca de 50.000 personas desaparecidas en Colombia en los últimos 20 años, una cifra que supera de largo a países como Argentina y Chile, y a algunos centroamericanos. Hablamos del 10% de la población desplazada, más de 4 millones de personas; más de 150.000 homicidios y una gran destrucción de las comunidades: 18 pueblos indígenas están al borde del exterminio en procesos que sin lugar a dudas se pueden catalogar como genocidios, y también de sectores como los sindicalistas y los defensores de derechos humanos, que han sido víctimas de crímenes continuos durante estos dos decenios.

En Colombia, estamos en presencia de una criminalidad del sistema, con múltiples expresiones, que tiene la connotación de no ser apenas la violencia que se presenta en un conflicto armado, sino una violencia que promueve el Estado para eliminar, anular, neutralizar a organizaciones enteras de activistas sociales. Y una violencia que además tiene la connotación de intentar presentar a sus víctimas simplemente como personajes encubiertos que actúan en nombre de la guerrilla.

Para entender mejor de qué estoy hablando, traigo a colación sólo un caso. Hace un año tenemos en la cárcel a Carmelo Agámez. Es el líder de los campesinos de San Onofre, un poblado al norte de Colombia que se convirtió en una especie de campo de concentración -y lo digo literalmente, no es una exageración- de los grupos paramilitares. En esa población de 50 .000 habitantes, las personas fueron sometidas durante años a un régimen de campo de concentración donde se les imponía un estricto régimen de vida: una hora para despertarse y acostarse, los paramilitares disponían de las mujeres, de las personas para esclavizarlas como peones en sus fincas… En fin, un régimen dantesco. Allí, Carmelo Agámez logró organizar al movimiento campesino y llevó a la cárcel, no solamente a los paramilitares, sino a sus aliados políticos, sus jefes políticos. Y una vez que se logró esto, Carmelo fue acusado de aliado de los paramilitares. Él, que toda la vida fue su víctima, terminó siendo acusado por ellos, como forma de venganza, para llevarlo a la cárcel. Hace un año que Carmelo está en prisión. Fui a visitarle hace unos meses. En la prisión hay 70 personas: 69 son paramilitares y políticos aliados de los paramilitares, y Carmelo vive en compañía de esta gente. Como puede entenderse, es una situación de inmensa peligrosidad, y, a pesar de eso, Carmelo sigue sosteniendo su lucha desde la cárcel.

La campaña electoral ya comenzó en Colombia, y la retórica belicista con respecto a Venezuela trata de rendir resultados en términos de apoyo al gobierno, o de solapamiento de otros problemas que tiene el país. ¿Cuál es la opción de las víctimas en este contexto, donde parece cada vez más difícil hablar de las situaciones de violación de derechos humanos y de lo que hay que reparar dentro del país?

Yo creo que nosotros estamos cada vez más cerca de una acción política directa. El movimiento de víctimas ha dado una lucha jurídica, una lucha por ganar espacios, pero eso se muestra cada vez más insuficiente. No basta con meter a los políticos a la cárcel: hay que ganar espacios políticos. Y creo que el movimiento social en Colombia ha comenzado una discusión sobre ese tema. Existen partidos políticos, es cierto, pero las víctimas y los movimientos sociales quieren tener poder, y quieren ejercer el poder.

Ahora, lo que está ocurriendo en Colombia en relación con Venezuela es una estrategia de largo alcance. Hay que recordar que, en los últimos años, se han ido produciendo, uno tras otro, varios golpes de Estado. Primero se dio un golpe de Estado al presidente Hugo Chávez, posteriormente se intentó dar un golpe al presidente Evo Morales, más recientemente en Honduras se ha producido el golpe impune del señor Micheletti. Aquí lo que hay es un plan claramente articulado para acabar con estos gobiernos, y, sobre todo, para acabar con el proceso de integración latinoamericana.

Aquí el objetivo esencial no es uno u otro gobierno, es la unión de los países latinoamericanos en torno a una nueva política, a una nueva economía, a un nuevo tipo de relaciones que puedan configurar una fuerza que se oponga con claridad a unas relaciones tradicionalmente coloniales e imperiales.

En este contexto, por supuesto, el gobierno del presidente Uribe es una pieza central. Algunos hablan ya de que Colombia es una especie de portaaviones de Estados Unidos en América Latina, y creo que no son palabras exageradas. Estamos asistiendo a un contexto en el cual se ha creado una plataforma para agredir de manera clara ese proceso de integración. Y en las elecciones que vienen ése va a ser un tema a discusión, por supuesto, y las víctimas vamos a tomar partido y a tomar opción por enfrentarnos a ese tipo de proyectos que quieren destruir la unidad latinoamericana.

¿Cuáles son las exigencias de las víctimas en Colombia hacia la Unión Europea y sus gobiernos en cuanto a la política exterior que deberían seguir con respecto al Estado colombiano?

Yo creo que los gobiernos colombianos han sido tratados con una extrema indulgencia, por decirlo de la manera más eufemística. Se ha tolerado durante años, a través de declaraciones supremamente tímidas, una situación que, de lejos, es la más grave en cuanto a derechos humanos en el hemisferio occidental.

Hablamos de un país que tiene una guerra de 50 años, el 10% de su población en la miseria por el desplazamiento forzado, un país en el que los crímenes de personalidades y de personas que defienden los derechos humanos son hechos cotidianos.

Y a todo esto se intenta poner siempre paños de agua tibia diciendo que son situaciones producto del terrorismo, producto de la lucha contra el narcotráfico.

Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía, afronten los hechos que suceden en Colombia con la gravedad que tienen y propongan salidas acordes. No digo que todos los gobiernos se comporten de esta forma, pero hay sectores y partidos políticos en Europa para los cuales es tolerable una situación que, vista de manera objetiva, no es otra cosa que un inmenso río de sangre. Una realidad totalmente antidemocrática y contra los derechos humanos.

EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA DEBE RESPONDER POR MASACRE DE BAGUA (PERÚ). NO A LA IMPUNIDAD (FOTOS)

Queremos llamar la atención sobre la manera en que los grupos mediáticos europeos dieron cobertura a esta noticias. Nosotros no recordamos ver en aquellos días estas crudas imágenes. La versión que más peso mediático tuvo fue la del gobierno de Alan García. Las violaciones a los derechos humanos cometidas por gobierno aliados de Europa y EE.UU. son minimizadas en los medios y en muchas ocasiones totalmente ignoradas.

Publicado en youtube el 9 de junio de 2009 en el canal Helpnativeindian.

Solidaricémonos con los nativos del amazonas que han sido masacrado por orden del gobierno de Alan García, que no es capaz de escuchar y dialogar, solo está pensando en vender todas nuestras riquezas a inversionistas extranjeros sin tener en cuenta que la selva peruana es el PULMON DEL MUNDO, ES UNA RESERVA QUE NO DEBE SER NEGOCIADA BAJO NINGUN CONCEPTO.

NO SE PUEDEN VENDER LOS PULMONES DEL MUNDO, los nativos de la selva están defendiendo su lugar de origen, que los dejen vivir en paz, cuidando nuestro ecosistema y sus hogares. La selva es de todos los peruanos por ello debemos defenderla.

Hoy el gobierno ha mandado a las fuerzas armadas a que exterminen a los dirigentes de estas comunidades, están apareciendo muertos en las carreteras y en otros lugares, están baleando a la población entera sin importar el derecho a la vida, niños están cayendo en esta masacre.

Informémonos más y hagamos una cadena de solidaridad, tiene que terminar esta lucha, hagamos algo por nuestro Perú envía este mensaje a todos tus contactos.

No consintamos que se venda la selva y que luego la talen la exploten y la dejen como un desierto, no permitamos que acaben con nuestra selva.

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEFIENDEN SUS TIERRAS

¿Y QUIEN LOS DEFIENDE A ELLOS?

¿QUIEN DEFIENDE A LOS PERUANOS?

FOTOS DE LA MATANZA DE BAGUA
5 de junio de 2009

NO PERMITAMOS QUE ESTAS MATANZAS QUEDEN IMPUNES POR ESO REENVÍA ESTE CORREO A TODOS TUS CONTACTOS.