Madre de un falso positivo.TeleSUR, 17 de julio de 2010
Las mil personas que fueron ejecutadas, según cifras de 2009 adelantadas por ONGs, las hicieron pasar por miembros de grupos rebeldes con el objetivo de beneficiarse con las recompensas ofrecidas por la directiva secreta de 2005, que define los criterios de pago como la continuación de labores de inteligencia y planeamiento de operaciones presuntamente para la lucha antisubversiva.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionó este viernes al Gobierno de Colombia sobre la vigencia de una directiva secreta de 2005, que ofrecía recompensas a colaboradores de la lucha contra grupos subversivos, que generó las ejecuciones extrajudiciales de al menos mil personas inocentes.
"Quiero saber si Colombia va a abandonar los incentivos económicos (...) y sacar las lecciones de los llamados 'falsos positivos', (...) , son muchos casos, la mayor parte en poblaciones pobres, ejecuciones sumarias que fueron camufladas a solo efecto de cobrar una recompensa", afirmó Fabian Salvioli, en nombre de los 18 expertos que componen este Comité.
Las recompensas autorizadas por esta directiva secreta de 2005, dio lugar al asesinato de unas mil personas inocentes, según cifras de 2009 adelantadas por varias ONG, y que no han sido desmentidas de forma oficial.
Estas personas fueron ejecutadas cuando las hicieron pasar por miembros de grupos rebeldes y de ese modo beneficiarse con las recompensas de la directiva.
Gráfica elaborada por la Comisión Colombiana de Juristas (estatus consultivo ante ONU)
La directiva secreta, fechada el 17 de noviembre de 2005, define los criterios "de pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones", si esa política produce "resultados positivos o permite contrarrestar acciones delictivas". Asimismo, dice que contribuye una "retribución en dinero o en especie, que se entrega a una persona",
Bajo este sentido, la delegación de Colombia aclaró en el debate en el Comité, encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tales recompensas "nunca se han pagado a miembros de la fuerza pública".
El Gobierno de Colombia señaló que otras dos directivas posteriores, de 2008 y 2009, han reemplazado a la de 2005, y que supuestamente la reglamentación había cambiado, aunque no mencionó si las nuevas normas son también secretas y cuál es exactamente el contenido de las mismas.
"Por testimonios de jóvenes del Ejército colombiano, sabemos que para contar muchas veces con permisos y ascensos, miembros de las Fuerzas Armadas exigen a mandos de rangos medios y bajos, altas cuotas de reclutamiento y un número determinado de bajas en combate", dijo Maricely Parada, de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc).
Concluyó que "para poder acceder a estos beneficios, los militares recurren con frecuencia a las batidas y a la retención de jóvenes, muchas veces apoyados por paramilitares, para asesinarlos y luego sumarlos a la cuota de bajas, que del 2002 al 2007, en información recogida en 2009, han dado 955 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos".
El próximo 30 de julio, el Comité emitirá un dictamen de recomendaciones al fin de esta sesión.
El ofrecimiento de recompensas por parte del Gobierno colombiano ha sido muy cuestionado en Colombia, luego que Pablo Montoya, alias "Rojas" entregara a las autoridades la mano derecha del secretariado de las FARC Iván Ríos, y luego su cuerpo mutilado, por lo que el Gobierno de Colombia decidió pagarle la recompensa de 5 millones de pesos, unos 2,6 millones de dólares, que había ofrecido. Algo que, a juicio del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, José Gregorio Hernández Galindo, contraría la Constitución colombiana y establecería de facto la pena de muerte en el país suramericano.
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa a las desapariciones forzadas o "falsos positivos" dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.
En Colombia, la Fundación de País Libre, da cuenta de 3 mil desaparecidos, mientras que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas arroja el desalentador número de 12 mil personas en esa situación.
En Colombia se denomina ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos a civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate.
El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó informe que denuncia varios tipos de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia de sindicalistas, periodistas, abogados, comunidades indígenas, afro - colombianos, entre otros.
Entre los delitos de lesa humanidad, la Alta Comisionada de la ONU mencionó asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Las llamadas chuzadas o espionaje contra periodistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe están también incluidas en la lista.
Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de falsos positivos como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en darle bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.
Para julio de 2009, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de falsos positivos sumaban 686 en la Procuraduría colombiana.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionó este viernes al Gobierno de Colombia sobre la vigencia de una directiva secreta de 2005, que ofrecía recompensas a colaboradores de la lucha contra grupos subversivos, que generó las ejecuciones extrajudiciales de al menos mil personas inocentes.
"Quiero saber si Colombia va a abandonar los incentivos económicos (...) y sacar las lecciones de los llamados 'falsos positivos', (...) , son muchos casos, la mayor parte en poblaciones pobres, ejecuciones sumarias que fueron camufladas a solo efecto de cobrar una recompensa", afirmó Fabian Salvioli, en nombre de los 18 expertos que componen este Comité.
Las recompensas autorizadas por esta directiva secreta de 2005, dio lugar al asesinato de unas mil personas inocentes, según cifras de 2009 adelantadas por varias ONG, y que no han sido desmentidas de forma oficial.
Estas personas fueron ejecutadas cuando las hicieron pasar por miembros de grupos rebeldes y de ese modo beneficiarse con las recompensas de la directiva.
Gráfica elaborada por la Comisión Colombiana de Juristas (estatus consultivo ante ONU)Bajo este sentido, la delegación de Colombia aclaró en el debate en el Comité, encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tales recompensas "nunca se han pagado a miembros de la fuerza pública".
El Gobierno de Colombia señaló que otras dos directivas posteriores, de 2008 y 2009, han reemplazado a la de 2005, y que supuestamente la reglamentación había cambiado, aunque no mencionó si las nuevas normas son también secretas y cuál es exactamente el contenido de las mismas.
"Por testimonios de jóvenes del Ejército colombiano, sabemos que para contar muchas veces con permisos y ascensos, miembros de las Fuerzas Armadas exigen a mandos de rangos medios y bajos, altas cuotas de reclutamiento y un número determinado de bajas en combate", dijo Maricely Parada, de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc).
Concluyó que "para poder acceder a estos beneficios, los militares recurren con frecuencia a las batidas y a la retención de jóvenes, muchas veces apoyados por paramilitares, para asesinarlos y luego sumarlos a la cuota de bajas, que del 2002 al 2007, en información recogida en 2009, han dado 955 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos".
El próximo 30 de julio, el Comité emitirá un dictamen de recomendaciones al fin de esta sesión.
El ofrecimiento de recompensas por parte del Gobierno colombiano ha sido muy cuestionado en Colombia, luego que Pablo Montoya, alias "Rojas" entregara a las autoridades la mano derecha del secretariado de las FARC Iván Ríos, y luego su cuerpo mutilado, por lo que el Gobierno de Colombia decidió pagarle la recompensa de 5 millones de pesos, unos 2,6 millones de dólares, que había ofrecido. Algo que, a juicio del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, José Gregorio Hernández Galindo, contraría la Constitución colombiana y establecería de facto la pena de muerte en el país suramericano.
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa a las desapariciones forzadas o "falsos positivos" dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.
En Colombia, la Fundación de País Libre, da cuenta de 3 mil desaparecidos, mientras que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas arroja el desalentador número de 12 mil personas en esa situación.
En Colombia se denomina ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos a civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate.
El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó informe que denuncia varios tipos de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia de sindicalistas, periodistas, abogados, comunidades indígenas, afro - colombianos, entre otros.
Entre los delitos de lesa humanidad, la Alta Comisionada de la ONU mencionó asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Las llamadas chuzadas o espionaje contra periodistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe están también incluidas en la lista.
Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de falsos positivos como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en darle bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.
Para julio de 2009, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de falsos positivos sumaban 686 en la Procuraduría colombiana.
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