El siguiente comunicado es de RECALCA (Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio que agrupa a 53 organizaciones sindicales y sociales de mayor importancia en Colombia).
Bogotá, 23 de Septiembre de 2009.
Después de estar a la cabeza durante siete años del DAS y de haberse comprobado que ésta entidad es la responsable de centenares de crímenes, Uribe anunció su cierre, como si la desaparición del ente gubernamental pudiera ocultar el hecho de que fue una agencia de la presidencia de la República y que sus torcidos y criminales métodos sirvieron a la causa del presidente.
A los numerosos escándalos que debe afrontar internamente el gobierno, se suman los cuestionamientos internacionales a que se ve sometido como resultado de la violación de los derechos humanos y el esfuerzo de perpetuar su autoritarismo.
La semana pasada, en un nuevo intento del Primer Ministro de Canadá por aprobar el TLC, los congresistas del Nuevo Partido Demócrata y el Bloque Quebequense arrecieron sus críticas por el apoyo al gobierno colombiano, el mayor violador de los derechos humanos en Latinoamérica, según lo manifestaron.
De la misma forma, el influyente congresista demócrata de Estados Unidos, George Miller, en carta enviada al Representante Comercial de ese país, acusó al gobierno de Uribe Vélez de no cumplir su compromiso de mejorar la situación de derechos humanos y sindicales, toda vez que es una entidad del gobierno -el DAS- la encargada del espionaje ilegal. Situación que hasta el propio Departamento de Estado -en otrora tan afecto al gobierno de Uribe- ha catalogado como “inaceptable”.
A estas críticas se sumó recientemente la relatora de la ONU Margaret Sekaggya, quien denunció que reconocidos defensores de derechos humanos siguen siendo perseguidos por el DAS, y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU quien exigió aclarar los seguimientos que realizó ese organismo gubernamental a funcionarios de la ONU.
La comunidad internacional debe actuar frente a esta grave situación aislando al gobierno que quiere reelegirse por segunda vez, lo cual impide que se construya un proceso democrático al servicio de las mayorías de los colombianos.
A los numerosos escándalos que debe afrontar internamente el gobierno, se suman los cuestionamientos internacionales a que se ve sometido como resultado de la violación de los derechos humanos y el esfuerzo de perpetuar su autoritarismo.
La semana pasada, en un nuevo intento del Primer Ministro de Canadá por aprobar el TLC, los congresistas del Nuevo Partido Demócrata y el Bloque Quebequense arrecieron sus críticas por el apoyo al gobierno colombiano, el mayor violador de los derechos humanos en Latinoamérica, según lo manifestaron.
De la misma forma, el influyente congresista demócrata de Estados Unidos, George Miller, en carta enviada al Representante Comercial de ese país, acusó al gobierno de Uribe Vélez de no cumplir su compromiso de mejorar la situación de derechos humanos y sindicales, toda vez que es una entidad del gobierno -el DAS- la encargada del espionaje ilegal. Situación que hasta el propio Departamento de Estado -en otrora tan afecto al gobierno de Uribe- ha catalogado como “inaceptable”. A estas críticas se sumó recientemente la relatora de la ONU Margaret Sekaggya, quien denunció que reconocidos defensores de derechos humanos siguen siendo perseguidos por el DAS, y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU quien exigió aclarar los seguimientos que realizó ese organismo gubernamental a funcionarios de la ONU.
La comunidad internacional debe actuar frente a esta grave situación aislando al gobierno que quiere reelegirse por segunda vez, lo cual impide que se construya un proceso democrático al servicio de las mayorías de los colombianos.
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