Suma y sigue la violencia del Estado colombiano, de sus fuerzas regulares e irregulares (paramilitares) contra la población. Volvemos a recordar las escalofriantes cifras del informe 2002/2006 de la Comisión Colombiana de Juristas[1] donde se señala al Estado como responsable o presunto responsable del 75,15 % de los asesinatos en contextos ajenos al combate (908 víctimas de las fuerzas regulares y 3.907 víctimas de los paramilitares, fuerzas irregulares que actúan con la tolerancia o apoyo de fuerzas del Estado). La mayoría de las víctimas son campesinos asociados, indígenas y sindicalistas, aunque también hay miembros de la oposición política al Uribismo y del movimiento estudiantil.
Pero desde junio de 2006 (limite del informe) hasta la actualidad la lluvia de asesinatos, detenciones y amenazas no cesa. Ahora nos toca hacer eco de la denuncia de la RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO "FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES"[2] que a 4 de agosto de 2007 informa que “militares colombianos integrantes de la III Brigada del Ejército, pertenecientes a la fuerza de tarea Cisneros, sin ningún tipo de advertencia o solicitud de identificación, dispararon indiscriminadamente ráfagas de fusil contra dos indefensos ciudadanos colombianos, resultando asesinada Katherine Soto Ospina, estudiante de la Universidad del Valle de Ciencias Sociales y agredido con múltiples heridas de proyectil Rolando Quintero Ramírez, Técnico Electricista. Después de capturado el sobreviviente por el Ejercito se dilató su atención médico quirúrgica por 13 horas. Para atenuar el crimen de Estado el Jefe de Estado Mayor de la III Brigada, Coronel Oscar López, señaló que tenían información de inteligencia que indicaba la presencia de insurgentes de las FARC – EP.
La mencionada Red en referencia a la continua violencia de Estado en el Suroccidente Colombiano destaca la existencia de los puertos y corredores del Megaproyecto de Intercomunicación de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), especificados en el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) conocido como "Arquímedes", los proyectos contenidos en los documentos COMPES y la apropiación de los recursos naturales, genéticos y de la biodiversidad existente en el corredor biológico del pacifico como factores que explican dicha violencia del Estado para acabar con la resistencia de las comunidades y organizaciones civiles de la zona.
También debemos hacernos eco de otras 2 denuncia de la Comisión de Seguimiento de los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario del Sector de Ariari[3], la del asesinato del campesino José Genaro Pachón (con CC. Nº 17.280.956) en la vereda Buena Vista del municipio de Puerto Rico (Meta) el 27 de julio de 2007 y el fallido atentado en la ciudad de Villavicencio contra Héctor Torres, integrante de la Comisión de Derechos Humanos. A José Genaro le asesinó el Ejército cuando trabajaba, el Coronel Murcia Cano le comunicó a miembros de su comunidad que en un enfrentamiento habían abatido a un guerrillero para referirse al mencionado campesino. En cuanto a Héctor Torres, el día 31 de julio de 2007, civiles armados que se identificaron como paramilitares de las Águilas Negras (grupo armado de ultraderecha), asaltaron su lugar de residencia en Villavicencio, encañonaron a los presentes y preguntaron por Héctor. Salvó la situación el hecho de que uno de los integrantes de la familia se tiró por el Balcón y dio aviso a los vecinos, llamaron a la policía y se pudo evitar una tragedia. Como Héctor Torres hay muchos dirigentes sociales del Meta que viven bajo el terror constante, sin que el Gobierno despliegue las medidas necesarias para garantizar su vida.
¿Por qué no es noticia el terrorismo de Estado de Colombia?, ¿Si el Estado y los paramilitares que han actuado con su tolerancia e incluso colaboración son autores o presuntos autores de 4.815 asesinatos en 4 años de Gobierno Uribe (computándose sólo los casos donde existe información) por qué está información no tiene trascendencia en los medios occidentales, donde si “informan” casi diariamente sobre Cuba o Venezuela?
La Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia quiere aportar su grano de arena para romper este cerco mediático y solicita que se difunda este comunicado en todos los medios posibles.
rcanddhhcolombia@gmail.com
[1] Comisión Colombiana de Juristas, organización filial de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra: http://www.coljuristas.org/inicio.htm
[2] Comunicado de la RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO "FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES publicado en http://colombia.indymedia.org/news/2007/08/70474.php
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