DETENCIONES ARBITRARIAS Y TORTURAS

Boletín Informativo RedHer Colombia 12/11/11
Noticias y denuncias:

Detención arbitraria e ilegal a estudiantes de la Universidad del Cauca (Territorios por vida digna)

La Fundación Territorios por Vida Digna, el proceso de Identidad Estudiantil y Minga de Resistencia Social y Comunitaria Cauca denuncian ante la comunidad nacional e internacional la detención arbitraria e ilegal de la que son objeto los estudiantes de las Universidad del Cauca y otros personas que se manifestaban pacíficamente en el centro de la ciudad de Popayán.
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Detenida arbitrariamente una integrante de la Confluencia de mujeres en Cauca (Confluencia de mujeres)

En el día 10 de noviembre a las 2:30 de la tarde, el Esmad en uso de los atributos represivos que parece concederle el gobierno colombiano, violando el derecho a la libre circulación, a la libertad, a la honra y demás derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, arremete contra un grupo de personas que caminaban tranquilamente en Popayán, descargándoles gases lacrimógenos y llevándolos/as detenidos/as de manera arbitraria.

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El Esmad reprime protesta legal de la USO (Aury Sará)

Unos 15 trabajadores resultaron heridos el miércoles 10 a manos de policías antidisturbios las afueras de dos plantas de la petrolera estatal colombiana, afectada por una protesta nacional de 24 horas, aseguraron fuentes sindicales del sector.

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Torturas a detenidos en Puerto Gaitán (FCSPP)

De acuerdo con información entregada por los abogadas de la Fundación que se encuentran asistiendo a siete personas privadas de libertad que van a ser judicializadas con la ley 1453 de seguridad ciudadana, en el municipio de Puerto Gaitán, varios de ellos han denunciado ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por miembros de la policía durante el procedimiento de captura.

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Estudiantes De Secundaria se Suman a la Movilización (Red Revuelta)

A pesar de las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos el día 9 de noviembre del 2011 de retirar el proyecto de reforma a la ley 30, (siempre y cuando los estudiantes cesen el paro y reanuden sus clases), los estudiantes marcharon exigiendo un retiro efectivo de la ley en el congreso de la república y la posibilidad real de construir de manera participativa y democrática una alternativa de educación para Colombia.

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Suspendido juicio oral contra militares acusados del homicidio de José Orlando Giraldo (FCSPP)

José Orlando Giraldo Barrera fue un campesino asesinado por miembros del batallón de alta montaña No. 3 en la finca ubicada en la vereda Golondrinas donde prestaba sus servicios, quien fue presentado posteriormente como un jefe de milicias abatido en un supuesto combate.

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Levantémonos frente a la persecución política al compañero Feliciano Valencia (Asociación Minga)

Llamamos a las autoridades y comunidades indígenas, la Minga Social y Comunitaria, Organizaciones de Defensores de Derechos Humanos y todas las organizaciones y personas que creen y apoyan la justicia para que actuemos frente al caso del compañero Feliciano Valencia.

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La movilización estudiantil en Neiva-Huila (Notiagen)

Tras la declaración del presidente colombiano Juan Manuel Santos el día 9 de noviembre de 2011 a través de diferentes medios de comunicación que retiraría el proyecto de reforma de la Ley 30 si los estudiantes volvían a sus clases, la respuesta de la comunidad académica no se hizo esperar.

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Agresión contra una integrante de la Organización Femenina Popular (OFP)

Denunciamos los hechos ocurridos sobre nuestra compañera Jackeline Rojas Castañeda, integrante de la Organización Femenina Popular desde hace 20 años, miembro del equipo de dirección, madre de dos hijos, un joven y una niña especial.

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HOY SE CUMPLEN 40 DIAS DE INJUSTO CAUTIVERIO DE LUIS ALFREDO FERNÁNDEZ, MIEMBRO DEL COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS (CPDH) DE ALGECIRAS EN EL DE

Campesino en el municipio de Algeciras Huila, fiscal del Comité Permanente por la Defensa de los DDHH (CPDH) Seccional Algeciras, defensor de DDHH, sobreviviente de la UP, perteneció a FENSUAGRO (Federación Nacional Sindical Agropecuaria), prisionero político desde el 02 de Octubre de 2011, víctima de una persecución política, por su calidad de defensor de DDHH.

LUIS ALFREDO FERNÁNDEZ, es un campesino que vive en el municipio de Algeciras, en la vereda Bella Vista, tiene 4 hijos, vive con su esposa, su hijo mayor, su hija menor y su nieto, es padre cabeza de familia. Su sustento económico lo adquiere de lo que gana producto de su trabajo en la finca.

LUIS ALFREFO es un ejemplo del campesino, defensor de DDHH, líder en la comunidad, con una incansable lucha por la dignidad humana, trabajador y víctima directa del conflicto político, social y armado que vive nuestro país en una modalidad que sistemáticamente viene aplicando el actual gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación a través de las “detenciones masivas ” y los “montajes judiciales”, principalmente en las zonas rurales y desafortunadamente silenciada por los medios de comunicación.

El 02 de Octubre de 2011, siendo las 4:30 PM, LUIS ALFREDO se encontraba en la oficina del CPDH, local Algeciras, en ese momento la Policía Nacional junto con la SIJÍN, rodea mediante operativo toda la cuadra donde se ubica la sede del CPDH en el municipio de ALGECIRAS, no dejando acercar a nadie de la población del municipio, capturando en dicho procedimiento descomunal a LUIS ALFREDO y trasladándolo posteriormente sin ninguna posibilidad de abrigo a la ciudad de Bogotá.

Los días 03, 04 y 05 de Octubre de 2011, el Juez 23 Penal Municipal con función de control de garantías realiza las siguientes audiencias: legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento, donde se le imputaron los cargos de: Concierto para delinquir con fines terroristas, financiación del terrorismo y rebelión, al final después de un show mediático se dicta medida de aseguramiento intramural y es trasladado a la cárcel Modelo de Bogotá, solamente por el delito de Rebelión.

En este momento la Cárcel Modelo de Bogotá atraviesa por una crisis Sanitaria con una epidemia de paperas y de varicela; la familia de LUIS ALFREDO vive en Algeciras en el departamento del Huila, a una considerable distancia del lugar donde se encuentra recluido , dificultándose el contacto con su núcleo familiar en conjunto.

En dicho proceso impulsado por la fiscalía 14 nacional contra el terrorismo, con base a informes de inteligencia producidos por la Policía Nacional, se mencionan como terroristas varios dirigentes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, entre ellos ABDAY GALLO (Secretario Ejecutivo del CPDH de ALGECIRAS) y JAIME LIZCANO (Profesor y miembro de la Junta Directiva del CPDH), además de JAIRO RAMIREZ (miembro de la Junta Directiva nacional del CPDH) y DIEGO MARTINEZ (actual secretario ejecutivo nacional del CPDH) entre otros.

El CPDH del municipio de ALGECIRAS, es uno de los principales comités rurales, que sin temor han denunciado graves atropellos cometidos en contra de la población civil por parte de la fuerza pública y los grupos armados que operan en la zona por razones del conflicto social y armado que vive la región, además de haber capacitado durante el año 2010 y 2011, a más de 1000 campesinos de los municipios de Algeciras Huila y Santa Ramos en el departamento del Caquetá en temas relacionados con derechos humanos, derecho internacional humanitario entre otros.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, exige a la fiscalía general de la nación todas las garantías procesales y la libertad inmediata de libertad de LUIS ALFREDO FERNANDEZ.

Frente a las graves acusaciones en contra de los miembros del CPDH, hacemos responsables a la Fiscalía General de la Nación y al gobierno nacional de cualquier daño o agresión física cometida contra miembros del CPDH en sus 14 seccionales.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

CPDH

CONCLUSIONES: JORNADAS INTERNACIONALES

“Situación en el mundo del derecho a la rebelión”

Tenerife, 28-29 de octubre de 2011

El derecho a la rebelión que acá hemos reconocido y analizado, no concluye. Ni en los procesos sociales y políticos, ni en la labor reflexiva sobre sus valores y características, tanto éticas como jurídicas. Por eso éstas no son conclusiones sino planteamientos de cara a un futuro de lucha y de debate.

En ese orden, ponemos a consideración de esta Asamblea y de quienes en diferentes partes del mundo han seguido el desarrollo de estas Jornadas, estos enunciados y compromisos.

I. El derecho a la rebelión es un derecho fundamental e inalienable de los pueblos, que nos conforma históricamente como especie e inteligencia ante la negación y la opresión, reconocido en el orden internacional y entroncado en los valores más progresistas de las más profundas culturas y vertientes humanistas. Su desenvolvimiento se basa en motivaciones altruistas y colectivas, en el bien común, para edificar sociedades más justas e igualitarias, para liberarse de esclavitudes en cualquiera de las formas que éstas se presenten.

II. Hoy día ante el sistema capitalista y su carácter irreformable, un depredador modelo que traspasa límites humanos y del planeta, la rebelión se reafirma como un derecho y una necesidad de vida cuando en condiciones extremas las alternativas deben también considerar caminos para su ejercicio.

III. La rebelión misma es fuente de derechos. En nuestra construcción de valores frente a la barbarie, debe mantenerse la defensa de una serie de principios básicos que no pueden ser objeto de decisión alguna, respecto de la dignidad humana. En ese sentido, cabe hoy la radical defensa de todo aquello que asegure límites y formas adecuadas para su desarrollo.

IV. La conceptualización que de la rebelión hacen en general los Estados y poderes dominantes, pretende tratar ésta como terrorismo, para negar los contextos de confrontación y sus causas, y por lo tanto deslegitimar y criminalizar toda aspiración de rebeldía frente al sistema. Es necesario por lo tanto debatir y desmontar dicha política falaz que confunde terrorismo con rebelión.

V. Es por lo tanto imperioso seguir denunciando decisiones e instrumentos tanto de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Israel, y de otros centros de poder, así como legislaciones de diferentes países, que violan garantías básicas de protección, que desconocen y diluyen la categoría de la rebelión y de la resistencia como derechos humanos y de los pueblos.

VI. En estas Jornadas comprobamos por lo tanto que resulta inadmisible el supuesto fundamento de las llamadas listas anti-terroristas, que impiden soluciones negociadas y esfuerzos de regulación y humanización. Esos mecanismos junto con otras figuras recientemente creadas, sólo sirven a la doble moral y a la perversión del derecho internacional, el cual debe ser recobrado como instrumento de civilización.

VII. En estas Jornadas hemos analizado y comprobado la desgarradora situación de países y pueblos, como Palestina y Colombia, que nos apremian a buscar formas de solidaridad con quienes luchan y resisten legítimamente para mejor un futuro.

VIII. Nuestra mirada sobre la rebelión nos obliga a incluir la perspectiva de la lucha de las mujeres que resisten y lideran procesos en diferentes contextos, así como el papel de pueblos indígenas y otros sectores, así como a realizar un llamado a los medios de comunicación y periodistas para que actúen éticamente en la información y el tratamiento de los conflictos en los que la rebelión tiene lugar.

IX. Solicitamos la puesta en libertad de presos por razones políticas y sociales; desde los cinco anti-terroristas cubanos presos en USA, hasta los presos y presas mapuches, pasando por indígenas de Ecuador hoy día detenidos por acciones de lucha social. Abogamos también por liberaciones y acuerdos en relación con los presos políticos y prisioneros de guerra en Colombia y también que Israel cumpla con la puesta en libertad de luchadores políticos de Palestina y cese su política de nuevas detenciones.

X. Fuera de todo cálculo y coyuntura de supuesta derrota, reafirmamos el derecho que asiste a las organizaciones resistentes a emprender procesos de diálogo y solución pacífica con base en los mismos valores que explican históricamente su alzamiento. La defensa de la solución política a los conflictos no contradice los valores de la rebelión. Como Mandela y otros insignes luchadores de los pueblos lo han expresado, deben buscarse alternativas a las confrontaciones, siempre y cuando existan garantías para sus interlocutores y se den pasos de transformación que correspondan al anhelo de una paz con justicia, con dignidad, basada en el reconocimiento de los derechos de los pueblos.

Tenerife, 29 de octubre de 2011

JORNADAS INTERNACIONALES: "Situación en el mundo del Derecho a la Rebelión"

La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia es un espacio de coordinación de colectivos sociales, sindicales y políticos de Canarias, que decidieron emprender tareas de solidaridad con las víctimas de los crímenes de Estado para denunciar las sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que sufren personas y colectivos civiles colombianos, especialmente organizaciones sindicales, campesinas, de derechos humanos y grupos políticos de oposición.

Estamos organizando para los días 28 y 29 de Octubre de 2011 en Tenerife (Islas Canarias), unas jornadas para tratar de “analizar la situación en el mundo del Derecho del recurso a la Rebelión desde las ópticas jurídica, ética, política, económica y social, y los intentos de aplicación del Derecho Internacional Humanitario a distintos modelos de conflictos armados”. Pretendemos comenzar analizando el concepto mismo de rebelde, su aplicación perversa en algunos casos y su negación en otros. A pesar de ser un tema difícil de abordar lo consideramos impostergable ante la deriva autoritaria de los Estados con el desarrollo de las denominadas “legislaciones antiterroristas” que, desde nuestra postura, niegan el carácter político del rebelde para tipificarlo como un delincuente de especial peligrosidad ajeno a móviles altruistas. De esta manera se niega al interlocutor político en la resolución de los conflictos y, por tanto, también el carácter político, económico y social de los conflictos armados. Se cierra así, de ese modo, las posibles soluciones a través de la negociación política o, al menos, la negociación para la aplicación de los principios más universales del Derecho Internacional Humanitario. Entendemos que si bien el Derecho Internacional Humanitario fue concebido para las guerras entre Estados, es posible y necesario hacer un esfuerzo a fin de adaptarlo a guerras asimétricas como la colombiana con el objetivo, a corto plazo, de limitar las hostilidades y el sufrimiento, permitiendo en consecuencia un clima más apropiado para unas negociaciones políticas más profundas que trasciendan la mera promesa de amnistía y que aborden la resolución de un conflicto armado que hunde sus raíces en las enormes injusticias sociales que sufren las clases oprimidas en Colombia, situación estructural que de ser mantenida impedirá alcanzar una paz duradera.

Las jornadas tendrán lugar los días 28 y 29 de Octubre de 2011, y en ellas contaremos con la participación de los siguientes ponentes:

Día 28 de Octubre:

• Santiago Alba Rico, cuya aportación a las jornadas sería la ponencia: “Condición humana, derecho a la rebelión y alternativas post-capitalistas”. Es escritor, ensayista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, que ha publicado multitud de libros de ensayo sobre filosofía, política y antropología, como por ejemplo: “Las reglas del caos. Apuntes para una antropología del mercado”, “Iraq un cuento para niños”, “Partes de guerra y prosas de resistencia”; y también junto a otros autores: “Crímenes de guerra”, "Medios violentos. Palabras e imágenes para la guerra", "Washington contra el

mundo". Además de colaborar como redactor en varias revistas y medios de comunicación, también hizo aportaciones al guión del documental “Bagdad Rap” de Arturo Cisneros. Ha vivido varios años en el Cairo y actualmente reside en Túnez.

Enrique Santiago Romero, desarrollará la ponencia: “Terrorismo o Rebelión”. Aspectos jurídicos globales”. Este político y abogado español es autor de un intenso trabajo de gran interés en el ámbito de la Solidaridad y los Derechos Humanos. Ha sido hasta noviembre de 2006, Secretario General de CEAR, (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Como político, procede de los Colectivos de Jóvenes Comunistas, (organización juvenil del P.C.P.E.), posteriormente ingresó en la Unión de Juventudes

Comunistas de España (organización juvenil del PCE), donde se desempeño como Secretario General entre 1990 y 1992, y actualmente es Secretario de Refundación y Movimientos Sociales de Izquierda Unida. Como abogado ha desempeñado un importante trabajo en diversas organizaciones de solidaridad internacional. Fue miembro del equipo jurídico en la acusación popular contra el ex-dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad; representó a la delegación de ONG’s y organizaciones sociales que participaron como observadores en el referéndum presidencial en Venezuela en agosto de 2004; ejerce como abogado de Remedios García, defensora de derechos humanos española, la cual fue técnico cooperante que participó en los diálogos del Caguán, donde se buscaba una salida negociada al conflicto armado colombiano y actualmente acusada en España de pertenecer a “organización terrorista”.

Para el sábado 29 de Octubre bajo el título de Análisis del Conflicto Colombiano, está previsto abordar la evolución en el tratamiento jurídico de la rebelión por parte del Estado colombiano en el actual conflicto armado.

Día 29 de Octubre:

Abrirá las jornadas de la mañana Mª Lledón Soriano Segarra (Lidón) con la ponencia “Escenarios de luchas, violencias y emancipación”. Lidón es profesora en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, coordinadora de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y coordinadora desde hace varios años de las brigadas a Palestina del Komite Internazionalistak de Euskal Herria. Ha participado como coautora en dos libros, “Palestina tiene nombre de mujer” y “El siglo XXI: el siglo de oro de las mujeres”. Sus crónicas sobre el conflicto abierto en Oriente Medio son reflejo de una lucha encarnizada en la que, según opina, "todos y todas tenemos una pequeña gran responsabilidad".

La segunda ponencia de la mañana que lleva el título “¿Resistencias o terrorismo?” El testimonio de un periodista en varias guerras” correrá a cargo de Unai Aranzadi, un premiado documentalista, escritor y fotoperiodista especializado en conflictos armados y derechos humanos. Sus documentales han sido emitidos en la BBC WORLD SERVICE, AL JAZEERA ENGLISH y CANAL +, entre otros. Sus escritos y fotografías han sido publicados por El País, Der Spiegel, Reuters y The Washington Post. Ha trabajado en Somalia, Irak, Afganistán, Líbano, Chechenia, Palestina, Congo, Colombia, Kurdistán, Chiapas y Honduras entre otros espacios de conflicto. Desde 2001 es Director de INDEPENDENT DOCS TV News and Media. Su trabajo se define desde un ángulo periodístico alternativo, que utiliza los medios de comunicación para promover un cambio social que mejore la vida de las mayorías. Ejerce un periodismo que permite conocer, por ejemplo, los motivos de la rebelión alegados por los propios rebeldes, sin adulterar los contenidos con efectos que generen impacto, morbo, sensacionalismo y que persiguen construir una opinión interesada, limitándose a mostrar simplemente lo que ve y escucha. Esto es imprescindible para romper con el cliché de “terrorista”, cuyo objetivo es desposeer al rebelde de su carácter político altruista, rebajándolo a “delincuente especialmente peligroso”, con “fines ocultos y egoístas” con el que no cabe la negociación, porque se trata de un “problema de seguridad del Estado”.

El mismo sábado 29 de octubre en horario de tarde, continuaremos con dos ponencias con las que se pretende abordar la temática de la “geopolítica de la rebeldía y sentidos de las nuevas revueltas sociales”. Comenzaremos con la ponencia “el delito político en Colombia y la legislación anti-terrorista” que expondrá Leonardo Jaimes Marín, abogado colombiano especializado en Derecho Penal y en la defensa de población judicializada por razones políticas. Acompaña desde lo jurídico a comunidades campesinas en resistencia en su proceso de construcción de la memoria histórica. Ha participado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en casos como la masacre de Trujillo y ha colaborado en la preparación de casos ante la Audiencia Nacional española por crímenes de lesa humanidad. Es apoderado judicial de rebeldes capturados por el Estado colombiano y autor de varias publicaciones sobre Delito Político y Derecho Internacional Humanitario. Su papel en las jornadas sería abordar la evolución en el tratamiento jurídico de la rebelión por parte del Estado colombiano.

Tras su intervención se abordará la ponencia: “derecho humanitario, guerras asimétricas y rebelión” por parte del también colombiano, Carlos Alberto Ruiz Socha, abogado residente en España, exiliado desde 1998. Trabajó en la década de los 90 como defensor de Derechos Humanos y presos políticos. Es miembro de varios organismos defensores de derechos humanos como la Comisión Justicia y Paz y el Instituto ILSA, directivo de la Liga Internacional por los Derechos de los Pueblos y asesor externo de la Comisión Gubernamental para la Humanización del Conflicto Armado y la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Profesor universitario y Doctor en Derecho, con Tesis Cum Laude por unanimidad, por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Autor del libro "La rebelión de los límites. Quimeras y porvenir de derechos y resistencia ante la opresión" y de multitud de ensayos de análisis político y jurídico sobre Palestina, Colombia y temas de derecho internacional.

Por último, bajo el título: “Las tareas de la indignación”, pretendemos englobar la presentación de las conclusiones y el plan de trabajo. Nuestra intención es dar a estas jornadas un carácter internacional para reactivar un debate necesario e impostergable como hemos explicado antes. Por ello también hemos solicitado la asistencia en condición de invitados, de representantes del Frente Polisario y del Frente Popular de liberación Palestina, así como delegados observadores del ALBA y del Tribunal Permanente de los Pueblos y de diferentes organizaciones dentro de los ámbitos, político, social y sindical, tanto nacionales, como internacionales.

PETICIÓN AL GOBIERNO DE ESPAÑA: POR UN GIRO ÉTICO EN LA POLÍTICA EXTERIOR

A/A: Presidencia del Gobierno de España

Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n.

28071 Madrid. (España)

CC: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Dirección: Plaza de la Provincia, 1 - 28012 Madrid.
Teléfono centralita: 91 379 97 00 / 91 379 83 00 .
Dirección: Edificio Torres Ágora. C/ Serrano Galvache, 26-28033 Madrid

De: Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (1)

Secretaría Técnica.

ASUNTO: “POR UN CAMBIO EN LA POLÍTICA EXTERIOR HACIA LA ÉTICA, ANTE LA CRISIS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DEL D.I.H. EN COLOMBIA”

Sr. Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, nos dirigimos a Vd. nuevamente para clamar un cambio en su política exterior hacia posiciones de una mínima ética ante situaciones de una gravedad extrema.

España, bajo su mandato, recibió con todo lujo de honores al ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, y firmó un acuerdo estratégico bilateral con Colombia, convirtiéndole en socio de primer orden en América Latina, sin olvidar la labor de su gobierno, Sr. Zapatero, en el seno de la Unión Europea para la firma del TLC con Colombia, a pesar de la multitud de informes que señalaban los crímenes de Estado bajo los mandatos de Uribe, aproximadamente unos 6.000 casos de desapariciones y homicidios por motivos socio-políticos en contexto distinto al combate e imputables al Estado colombiano, tanto a su brazo militar y policial, como al paramilitar, (Informes de la Comisión Colombiana de Juristas), más de 600 sindicalistas asesinados durante dicho mandato, unos 1.600 casos de falsos positivos denunciados, (ejecuciones extrajudiciales del ejército donde asesinan a civiles no combatientes y los presentan como guerrilleros dados de baja), siendo el actual presidente de Colombia, el Sr. José Manuel Santos, Ministro de Defensa en aquél periodo, y la existencia de unos 7.500 presos políticos en pésimas condiciones, (Informes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y de la Corporación de Abogados José Alvear Restrepo).

Hoy, tras confirmar la continuidad de la política represiva y violatoria de los DD.HH. y del D.I.H por parte del actual gobierno colombiano encabezado por el Sr. José Manuel Santos, y temiendo por la vida de varias personas en grave riesgo tras conocer la gravedad de los últimos sucesos acontecidos, nos dirigimos a Vd. para solicitarle un mínimo de dignidad y ética en su política exterior para con las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, y su colaboración para exigir que se garantice la vida de varios defensores de DD.HH., militantes de partidos de oposición, líderes comunitarios y campesinos en grave peligro.

El Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos informó del terrible homicidio cometido contra una menor de 14 años, el 9 de Agosto de 2011 y el asesinato del indígena SILVESTRE MORENO el 1 de Agosto de 2011, perteneciente al cabildo indígena “El Vigía”, formando parte de una serie de agresiones en los últimos meses contra pueblos ancestrales. También la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Corporación SEMBRAR, MOVICE-Capítulo Sur de Bolívar y otras organizaciones sociales nos informaban de una terrible masacre protagonizada por paramilitares en el Sur de Bolívar, confirmando nuevamente la farsa de la desmovilización montada desde el gobierno del ex-presidente Uribe.

El 17 de agosto de 2011 en la localidad Casa Zinc, entre los corregimientos del Dorado y Canónico, incursionó un grupo paramilitar denominado “Águilas Negras”, liderado por un hombre que la comunidad reconoce como “desmovilizado”, de nombre Javier, alias “el enano”. Procedieron a reunir a toda la comunidad. Alias “el enano”, señaló a los señores IVAN SERRANO, reconocido tendero y habitante de la región, LUIS ALBEIRO ROPERO joven minero de 18 años de edad y al señor PEDRO SIERRA de 37 años, de oficio agricultor. Los tres hombres fueron amarrados, posteriormente asesinaron delante de la comunidad a PEDRO SIERRA. A IVÁN SERRANO y al joven LUIS ALBEIRO ROPERO, les cortaron la lengua, les torturaron y asesinaron a continuación. También hirieron al agrominero CARLOS PALENCIA. También retuvieron durante toda la noche a varios jóvenes de la comunidad.

Todo esto sucede a 20 minutos en vehículo de un acantonamiento del ejército en el corregimiento del Dorado, concretamente del Batallón de Infantería Mecanizado nº 4 Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada del ejército colombiano.

A esto hay que sumar también el homicidio reciente, el 16 de agosto en Cartagena del Chairá, de RAFAEL ANDRÉS GONZÁLEZ GARNICA, un joven comunista, tiroteado por dos sicarios. Otro militante de la Juventud Comunista Colombiana, FRANKLIN MEDINA, presenció el crimen y logró escapar del tiroteo, pero está en paradero desconocido. Ambos trabajaban en una empresa de fotocopiadoras y habían sido señalados por la fuerza pública de presuntamente reproducir propaganda del las FARC-EP.

Durante los primeros 300 días de gobierno de José Manuel Santos, siguen actuando grupos paramilitares en 32 departamentos del país y sus crímenes contra organizaciones y defensores de derechos humanos son presentados como consecuencia de la violencia común. La impunidad en violaciones a los DD.HH. ronda el 97%.

A pesar de los esfuerzos de sectores de la rama judicial por investigar y juzgar los crímenes, no existe el apoyo necesario del Estado, ni en recursos, ni en protección de jueces, testigos y denunciantes. Por ejemplo, en Arauca, en Octubre de 2010, el subteniente Raúl Muñoz Linares del ejército colombiano, autor confeso de las violaciones de dos niñas, fue procesado por ello y por el presunto homicidio de una de ellas y de sus dos hermanos. Mientras la investigación transcurría con enormes dificultades, la Jueza Penal del Circuito de Saravena, doctora GLORIA CONSTANZA GAONA RODRÍGUEZ que investigaba el caso, fue asesinada la mañana del 22 de Marzo de 2011.

También nos hemos enterado del terrible homicidio de ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA, superviviente de una familia aniquilada en la región del Urabá por los grupos paramilitares, (mataron a su padre, su madre y varios de sus hermanos). Ana llegó a Medellín con otros desplazados forzosos y se convirtió en líder comunitaria, (LATEPAZ), denunció los crímenes que sufrieron sus familiares y la connivencia de la fuerza pública con los paramilitares. Asesinaron a su hijo CARLOS MARIO OSPINA, crimen por el que Ana culpaba a la Policía. Sus denuncias le costaron hostigamiento, allanamientos de su domicilio, amenazas y un proceso de judicialización del que salió absuelta. El 7 de julio de 2010 le asesinaron otro hijo, JONATAN ARLEY OSPINA CORDOBA. Ana volvió a denunciar a la Policía como responsable del crimen, por lo que cursa una investigación en Fiscalía, pero el 7 de Junio del presente, Ana Fabricia fue asesinada, le dispararon en la cabeza usando armas con silenciador.

Además, en los 300 primeros días del mandato de Santos han sido asesinados 15 líderes comunitarios que representaban a sus comunidades en los procesos de restitución de tierras que les fueron arrebatadas por la violencia paramilitar. Las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó han recibido el asesoramiento jurídico de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz en estos procesos, por lo que miembros de la ONG, (entre ellos, ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA y el sacerdote ALBERTO FRANCO), han sufrido multitud de amenazas, seguimientos y hostigamientos durante Junio de 2011, tras el hurto en Mayo de información de la residencia de Danilo Rueda concerniente a un proceso contra el general Rito Alejo del Río y una demanda contra Álvaro Uribe.

Las organizaciones de DDHH han soportado 206 agresiones individuales contra sus miembros y han sufrido el asesinato de 34 defensores. En cuanto al sindicalismo, perseguido tanto por grupos paramilitares de extrema derecha como por agentes de seguridad del Estado, 233 líderes han sido víctimas de diversos tipos de agresión y 24 sindicalistas han sido asesinados. Los pueblos indígenas, en muchos casos bajo riesgo de extinción, son perseguidos, amenazados y asesinados por oponerse a megaproyectos de explotación en sus territorios. Sólo en 2010 fueron asesinados 122 indígenas. La grave crisis en derechos humanos en Colombia no sólo no ha cesado, sino que se ha incrementado.

Sr. Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, no vamos a solicitarle la ruptura de acuerdos estratégicos con Colombia de carácter comercial o militar mientras persista esta grave situación, porque sabemos que esas medidas no serán adoptadas, simplemente le solicitamos: una declaración pública exigiendo al gobierno colombiano el respeto y especial protección de las vidas de los defensores de Derechos Humanos, entre ellos, los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, de los líderes de MOVICE que han presentado denuncias de crímenes de Estado y de lesa humanidad, de los miembros de la C.U.T. y de otros sindicatos colombianos que han denunciado amenazas contra su vida o la de sus familiares, de los líderes comunitarios que representan a las comunidades de desplazados forzosos en los procesos judiciales de restitución de tierras, de los miembros de las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó y el Curvaradó, de la comunidad de paz de San José de Apartadó y de las comunidades agromineras del Sur de Bolívar, también de los militantes de partidos de oposición (PDA, PCC,…) amenazados, hostigados o judicializados. Rogamos que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se solicite información sobre los casos reseñados arriba, al gobierno de Colombia. Esto es algo realmente fácil para un gobierno que se dice progresista.

Esperando su respuesta, enviamos un saludo.

Secretaría Técnica de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado Español).

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de septiembre de 2011.

Otro joven comunista colombiano asesinado el 16 de agosto.

Siendo las 9:00 pm del día 16 de agosto del presente, se encontraban departiendo los camaradas RAFAEL ANDRÉS GONZALEZ GARNICA y FRANKLIN MEDINA en el restaurante Tricarne ubicado en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), cuando dos sicarios abrieron fuego indiscriminadamente matando en el acto a RAFAEL ANDRÉS. El camarada FRANKLIN logró escapar del tiroteo pero hasta la fecha se desconoce de su paradero.

Los camaradas administraban un negocio de fotocopiadoras en este municipio y hacía varios días se venían presentado provocaciones por parte de la fuerza pública, en el sentido de sindicarlos como colaboradores de la subversión porque supuestamente en ese establecimiento se reproducía propaganda de las FARC – EP. Es importante mencionar que el municipio de Cartagena del Chairá se ha convertido en los últimos tiempos en un teatro de operaciones militares generando una verdadera crisis humanitaria por razones de desplazamiento y de violaciones de derechos humanos.

La JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA - JUCO condena estos criminales hechos y exhorta a las fuerzas vivas de la nación y la comunidad internacional a rechazar el exterminio sistemático y la desaparición forzada como estrategia de Estado para eliminar las fuerzas de izquierda y la oposición democrática en Colombia. A la fiscalía,procuraduría y la defensoría del pueblo solicitamos las debidas investigaciones penales y disciplinarias con el fin de establecer la responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado con estos execrables hechos.

Finalmente queremos expresar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y exigimos a los responsables de esta barbarie el respeto por la vida, la libertad y la integridad física del camarada FRANKLIN MEDINA.Lo queremos pronto de regreso, sano y salvo con sus familiares, amigos y camaradas.

¡POR NUESTROS MUERTOS NI UN MINUTO DE SILENCIO,

TODA UNA VIDA DE COMBATE!

COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL - CEC

¿DESMOVILIZADOS? NUEVA MASACRE PARAMILITAR EN EL SUR DE BOLÍVAR.

El día 17 de agosto de 2011, aproximadamente a las 7:00 p.m., en el sitio denominado Casa Zinc, ubicado entre los corregimientos del Dorado y Canónico del municipio de Montecristo del Sur del Departamento de Bolívar, incursionó un grupo de aproximadamente 20 hombres armados y uniformados, en compañía de un hombre que la comunidad reconoce como desmovilizado, de nombre Javier, alias “el enano”.

El grupo armado que se identificó ante la población como Águilas Negras, procedió a reunir a toda la comunidad. Alias el enano, señaló a los señores IVAN SERRANO, reconocido tendero y habitante de la región, LUIS ALBEIRO ROPERO joven minero, de 18 años de edad y al señor PEDRO SIERRA de 37 años de oficio agricultor, los tres hombres fueron amarrados. Los hombres armados procedieron a ingerir licor y posteriormente asesinaron delante de la comunidad a PEDRO SIERRA, e hicieron a un lado a los señores IVAN SERRANO y al joven LUIS ALBEIRO ROPERO, a quienes torturaron, les cortaron la lengua y asesinaron posteriormente. De dicha incursión quedó herido el señor CARLOS PALENCIA, agrominero de la región.

El grupo armado había establecido un retén en el camino que del corregimiento de Canónico conduce a Casa de Zinc, desde las 3:00 p.m., allí retuvieron durante toda la noche a varios jóvenes habitantes de la comunidad que transitaban por el camino.

El parecer, el grupo armado venía de los corregimientos dos bocas, y la ventura del municipio de Tiquisio, lugar donde tienen una base paramilitar de acuerdo a versiones publicas en la región.

Es importante señalar que en el corregimiento el Dorado, hace presencia el Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada del ejército Nacional, con sede en Malambo Atlántico. De acuerdo a versiones de la comunidad, el Ejército se encontraba acantonado en el corregimiento el Dorado, justo desde el día anterior (16 de agosto), a una distancia de tan solo 20 minutos en carro del sitio donde ocurrió la masacre. De la misma manera, el ejército se encuentra en la vereda la victoria del municipio de Norosí a tres (3) horas de donde ocurrieron los hechos.

Esta zona tiene una alta presencia de retroexcavadoras, las cuales incursionaron desde el año 2009, ante la mirada cómplice de las autoridades locales y regionales. Estos hechos que han sido oportunamente denunciados por la comunidad y las organizaciones que les acompañan han venido agravándose. Se calcula que existen en la región aproximadamente 60 retroexcavadoras.

Así mismo se ha venido realizando alertas ante la presencia, fortalecimiento y crecimiento acelerado de los grupos paramilitares en la región. El accionar paramilitar se ha observado principalmente en los municipios de Montecristo y Tiquisio, sin que se conozca de acciones por parte de la Fuerza Pública tendientes a neutralizarlos.

Desde el día 28 de marzo de 2011, dados los elevados riesgos para la vida e integridad personal de los habitantes del Sur de Bolívar, así como de los líderes sociales de la región, se había solicitado al Vicepresidente de la República, y los Ministros del Interior y Justicia, Defensa Nacional, así como a la Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Gobernador del Departamento de Bolívar, entre otras autoridades, se convocara con URGENCIA la reunión de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar. Aproximadamente cinco meses después ocurre esta masacre, ante el silencio y abierta y descarada omisión de estos servidores públicos.

Bogotá, 18 de agosto de 2011.

FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR

COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR

RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA

CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS SEMBRAR

ASOCIACION NOMADESC

CAPITULO DE VICTIMAS SUR DE BOLIVAR Y SUR DEL CESAR

MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO - MOVICE

Asesinan a una menor en el Tame-Arauca y al indígena Silvestre Moreno del Cabildo "El Vigía".

El Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, RECHAZA, REPUDIA Y DENUNCIA ante las organizaciones defensoras de DDHH nacionales e internacionales y ante las autoridades e instituciones públicas y judiciales del orden municipal, departamental y nacional encargadas de velar por la vida, la honra, el buen nombre, la seguridad y la libertad de los ciudadanos, los hechos violatorios a las garantías fundamentales que se continúan presentando pese a las denuncias realizadas en el CABILDO ABIERTO efectuado en la ciudad de Saravena-Arauca el 29 de Julio de 2011, donde participaron diferentes sectores sociales, comunales, delegados nacionales e internacionales; siendo tema de gran preocupación las acciones en contra de los niños, niñas y adolescentes de la región.

El 09 de Agosto de 2011, una menor de 14 años de edad fue asesinada y su hermana de 17 años gravemente herida por el sicópata MARIO ALBERTO TORRES MENDEZ, de 20 años de edad en la vereda Costa Rica, zona rural del Municipio de Tame-Arauca. EXIGIMOS, respeto y garantías para los niños, niñas y adolescentes del departamento de Arauca como sujetos especiales de Derechos consagrados en los tratados internacionales, la Constitución Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006.

El 01 de Agosto de 2011 en la Vereda San Lorenzo-Municipio de Arauquita, fue asesinado el indígena, SILVESTRE MORENO, de 28 años de edad, perteneciente al cabildo indígena “El Vigía”. Situación de alarma para los Defensores de Derechos Humanos, dado que en los últimos meses han sido reiterativas las agresiones en contra de los miembros de nuestros pueblos ancestrales.

Exigimos la inmediata libertad de los tres ciudadanos que fueron falsamente señalados y detenidos por el repudiable crimen de la juez GLORIA CONSTANZA GAONA y celebramos la decisión de la Fiscalía de pedir la máxima pena al teniente RAUL MUÑOZ por el asesinato de los tres niños en la vereda Caño Temblador- municipio de Tame.

Por ultimo rechazamos y denunciamos la persecución de que viene siendo víctima, por parte de un servidor público el ex presidente y miembro activo del CPDH Arauca y presidente del Polo Democrático Alternativo de Arauquita MARTIN SANDOVAL ROZO.

Arauca-Agosto 17- de 2011

JUNTA DIRECTICA CPDH-ARAUCA

Balance 300 días de gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos

Oidhaco

Jueves 2 de junio de 2011

la crisis de derechos humanos no cesa“La UE no puede seguir callando ante las violaciones de derechos humanos en Colombia”

• Oidhaco solicita a la UE que exija verdaderos avances al gobierno de Santos porque las cifras de violaciones a los derechos humanos no sólo no han cesado durante su gobierno sino que en algunos casos se han incrementado.

• La organización le pide a Bogotá que reconozca públicamente la existencia de grupos paramilitares en 32 departamentos del país. Actualmente los presentan como delincuentes comunes y sus crímenes contra organizaciones y defensores de derechos humanos parece que fuesen consecuencia de la violencia común

• Insta a la UE que pida resultados a Colombia en justicia porque la impunidad en violaciones a los DDHH ronda el 97%.

• Los miembros de Oidhaco, Justicia por Colombia y La Taula Catalana, presentan en España un documento con las cifras sobre la realidad en DDHH de los 300 días de Santos, firmado por cerca de 100 organizaciones españolas y europeas [ver anexo]

Bruselas, 2 de junio de 2011. Se cumplen 300 días del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Tras los ocho años de Álvaro Uribe, muy negativos para los avances sociales y nefastos para los derechos humanos, con la asunción al poder del nuevo presidente colombiano se ha creado una sensación general de mejora.

Sin embargo, tras las buenas formas del discurso público, en la realidad nada ha cambiado. Por tanto, Oidhaco -Oficina Internacional de Derechos humanos-Acción Colombia-, le solicita a la Unión Europea que exija resultados en derechos humanos a Bogotá. “La UE no puede seguir callando ante las violaciones en esta materia en Colombia”, argumenta Vincent Vallies, su portavoz en Bruselas.

No es posible que allí la impunidad ronde el 97% en las violaciones a los DDHH, denuncia Oidhaco: “No se puede hablar de cambio cuando, a pesar de los esfuerzos de la rama judicial para investigar y juzgar los crímenes, no encuentra el suficiente apoyo del Estado ni en recursos ni en protección a sus jueces”, advierte Vallies. “Sólo a manera de ilustración, en Arauca, provincia al noreste del país, en octubre de 2010, un miembro del ejército violó a dos niñas, asesinó a una de ellas y a sus dos hermanos. Hasta ahora no se sabe de ninguna investigación rigurosa; a cambio, la juez que investigaba el caso fue asesinada también”. “La UE”, expone el portavoz, “debe exigir al Estado colombiano que luche públicamente y con recursos y apoyos contra la impunidad”.

Durante la administración Santos han sido asesinados 15 líderes que representan a sus comunidades en la restitución de tierras que les fueron arrebatadas a millones de campesinos, afrocolombianos e indígenas, a través de la violencia. Las organizaciones de DDHH han soportado 206 agresiones individuales contra sus miembros y han sufrido el asesinato de 34 defensores. En cuanto al sindicalismo, perseguido tanto por grupos paramilitares de extrema derecha como por miembros de seguridad del Estado, 233 líderes han sido víctimas de diversos tipos de agresión y 24 sindicalistas han sido asesinados. Los pueblos indígenas, que en muchos casos corren riesgo de extinción, son perseguidos, amenazados y asesinados por oponerse entre otras cosas a megaproyectos de explotación en sus territorios; sólo en 2010 fueron asesinados 122.

La grave crisis en derechos humanos en Colombia no sólo no ha cesado sino que se ha incrementado. “Y ahora parece adquirir mayor crueldad contra las mujeres”, destaca Vallies. “Nos preocupa cómo cada vez crecen las agresiones contra las mujeres sindicalistas. La tercera parte de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en último año fueron en contra de mujeres, según ha denunciado la CUT [Central Unitaria de Trabajadores]”.

Intermón-Oxfam, denuncia que entre 2001 y 2009, 490.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. “Santos y el Estado colombiano deben hablar públicamente de ello y crear mecanismos de protección, además de llevar a los responsables ante la justicia”, dice el portavoz de Oidhaco.

La organización, por último, pide al presidente Santos “una verdadera voluntad política para erradicar la impunidad, proteger a los defensores de derechos humanos, líderes indígenas, campesinos y comunidades afrocolombianos, así como a los sindicalistas y todas las víctimas del conflicto armado, entre ellas a las mujeres que son unas de las grandes ignoradas tanto por el Estado como por el gobierno”.

Las buenas palabras no frenan la violación de los derechos humanos en Colombia.

Hostigamientos y amenazas a Comisión de Justicia y Paz

Hostigamientos, seguimientos, señalamientos, amenazas contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz y Brigadas de Paz, directivo CGT de Antioquia se suma a campaña de desprestigio.

Bogotá, D.C. junio 17 de 2010

http://justiciaypazcolombia.com/Hostigamientos-y-amenazas-a

JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de la República de Colombia

GERMÁN VARGAS LLERAS

Ministerio del Interior

MARÍA ANGELA HOLGUÍN

Ministra de Relaciones Exteriores

JUAN CAMILO RESTREPO

Ministro de Agricultura

VIVIANE MORALES

Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDOÑEZ

Procurador General de la Nación

VOLMAR PÉREZ

Defensor Nacional del Pueblo

JUAN MANUEL OSPINA

Gerente del Incoder

la ética del bien común surge en conflicto con el sistema porque no es derivable de ningún calculo de utilidad, el bien común se destruye en la medida en que toda acción humana es sometida a un cálculo de utilidad, Franz Hinkelamert

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética, la tercera en menos de dos meses, sobre los hostigamientos, seguimientos, amenazas, y continuidad de la campaña de difamación sobre integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Curbaradó y Bogotá debido al acompañamiento jurídico, pedagógico y de afirmación de derechos humanos integralmente concebidos a los consejos menores que reclaman la restitución de los predios colectivos de los que fueron desalojados violentamente y mediante mecanismos fraudulentos desde 1996 hasta el día de hoy.

En el día de ayer a las 12:20 p.m. se recibió una llamada de advertencia sobre la eventual ocurrencia de daños contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz debida a las actuaciones judiciales que adelantamos frente a los crímenes de lesa humanidad, daños ambientales cometidos contra las comunidades negras de Jiguamiandó y Curbaradó desde 1996.

Igualmente, durante los últimos 10 días se han desarrollado seguimientos y hostigamientos en la ciudad de Bogotá en los movimientos y lugares de habitación de ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA y extrañamente las comunicaciones del sacerdote ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo se cruzan con el GAULA.

Estos hechos vienen sucediendo luego que desde el 13 de mayo, de la residencia del defensor de derechos humanos DANILO RUEDA, se realizara una operación ilegal con el hurto de información sobre casos de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, un documento de un proceso contra el general RITO ALEJO DEL RÍO y una demanda proyectada contra ÁLVARO URIBE VÉLEZ.

Simultáneamente se ha conocido que el sindicato de la Confederación General del Trabajo, CGT, su presidente JULIO ROBERTO GÓMEZ, y uno de sus dirigentes en Antioquia, ALBEIRO FRANCO VALDERRAMA, sin contextualización, vienen haciendo eco de difamaciones con declaraciones públicas y con su intervención en el seno de la Comisión de Expertos de la OIT, en las que se difama de organizaciones de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, la Comisión Colombiana de Juristas, el CINEP, la Diócesis de Quibdó, la Diócesis de Apartadó y nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Ante ustedes nuestra Constancia ante los siguientes fundamentos fácticos.

* Domingo 5 de junio hacia las 9:30 a.m. en comunicación con nuestra Comisión de Justicia y Paz, testigos afirmaron que escucharon la conversación, entre hombres que participan de operaciones armadas ilegales, un llamado “Franklin” y PEDRO TORDECILLAS en el Terminal de transporte colectivo en Belén de Bajirá en horas de la mañana.

Sostuvieron que cuentan con apoyo económico de ANGELA MARÍA OSORIO GALEANO, para asesinar a las personas de Belén de Bajirá que participaron en el intento de desalojo de invasores en el consejo menor de Camelias, a integrantes de PBI y de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

OSORIO GALEANO, de acuerdo con la información ha sido secretaria de las empresas palmicultoras que operan ilegalmente en Curvaradó y Jiguamiandó, en particular de GABRIEL JAIME SIERRA.

* Miércoles 8 de junio hacia las 2:00 p.m. paramilitares abordaron a habitantes de la Zona Humanitaria de El Tesoro y les manifestaron que estaban esperando a algún integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz para atacarle. De acuerdo con la información recibida, los armados manifestaron: “estamos esperando encontrarnos con alguno de esa ONG Justicia y Paz, para apretarlos”

* Viernes 10 de junio desde las 6:00 a.m. y hasta cerca de las 8: 00 a.m. dos hombres en una moto estuvieron observando el lugar de residencia de DANILO RUEDA. Al tomar el vehículo hacia su oficina le siguieron durante 5 cuadras.

*Lunes 13 de junio entre las 7:30 p.m. hasta las 9:00 p.m. se constató el seguimiento del vehículo en que se transporta el P. ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

*Martes 14 de junio entre las 6:30 p.m. y las 7:00 p.m. un vehículo marca Chevrolet Sprint de color verde con dos hombres en su interior observaron el lugar de habitación del defensor de derechos humanos, DANILO RUEDA, mientras se encendían las luces del apartamento, tomaron apuntes, posteriormente, uno de los hombres se bajó y tomó nota. Luego se marcharon del lugar

Hacia las 9:30 p.m. y por espacio de una hora, de acuerdo con vecinos del lugar de residencia, un vehículo similar y una motocicleta se parqueó enfrente de la residencia del defensor de derechos humanos.

*Miércoles 15 de junio en horas de la tarde, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció la publicación de la última semana de mayo del semanario El Heraldo de Urabá en el que presenta un artículo titulado:“Afrodescendientes desplazados no deben vivir de limosnas: CGT”.

El artículo contiene declaraciones difamatorias de ALBEIRO FRANCO VALDERRAMA, miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia General del Trabajo CGT en Antioquia respecto a la situación de las comunidades de lo consejos menores de Curbaradó y Jiguamiandó.

VALDERRAMA afirmó que: “la ONG Justicia y Paz influencia a funcionarios de tercera categoría del Ministerio del Interior para entorpecer y además no permitir el reconocimiento de los líderes” (...) “Lo que planteamos en la CGT es que estas comunidades no vivan de limosnas, yo habló a nombre de la confederación y queremos colaborar por nuestra misión estatutaria. La tarea que viene es un censo que adelanta el Ministerio del Interior para definir realmente cuales son las comunidades negras y cuales las mestizas para definir la entrega del territorio y en eso están en ese momento”.

El miembro de la CGT desconociendo las decisiones de la Corte Constitucional y el proceso jurídico y constitucional sostuvo faltando a la verdad que nuestra Comisión de Justicia y Paz, no quería el censo y “pero la Confederación lo propició y en eso ha incidido mucho el vicepresidente Angelino Garzón porque conoce la discusión con la ONG”.

El integrante de la CGT con una expresión descontextualizada, ignorando el auto de la Corte Constitucional de Mayo de 2008, sostuvo que nuestra Comisión desconoce a GERMÁN MARMOLEJO, como representante legal de Curbaradó.

Una acusación más grave se refiere a la responsabilidad de organizaciones humanitarias de derechos humanos nacionales e internacionales en el desplazamiento y en el impedimento de lo que VALDERRAMA, llama desarrollo. “Aparecen unas ONG internacionales montando unas comunidades de paz alrededor de estas tierras, con la participación de otras organizaciones nacionales, que buscan crear conflictos con el sentido de desplazar a las comunidades negras e indígenas y de paso impiden que llegue el desarrollo, no permiten que el Estado llegue. Ya no está solo Justicia y Paz, hay otras ONG y se instalan con banderas, no permiten que el Estado llegue, no hay campo para el desarrollo” (…) “Ya se han adelantado conversaciones con empresas bananeras para desarrollar proyectos de plátano, existen recursos, hay facilidad para hacerlo, pero estos señores (ONG) se atraviesan. ’Por ejemplo ejemplo estamos trabajando proyectos para carreteras que ya están desde hace tiempo en el Ministerio para la carretera Curbaradó – Murindó y estos señores (ONG) no dejan”

* Miércoles 15 de junio entre las 8:00 p.m. y las 9:30 p.m. se apostó enfrente de la residencia de DANILO RUEDA un taxi. Este siguió la marcha del vehículo en que se movilizaba el defensor de derechos humanos hasta el centro de la ciudad.

* Jueves 16 de junio a las 12:20 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en la ciudad de Bogotá recibió una llamada de un hombre que en dos ocasiones expresó:”ustedes están ganando en el proceso legal de la palma, pero cuídense” Al preguntársele por su nombre o identificación volvió a repetir: “Cuídense, ya saben, van ganando en lo de la palma, cuídense”

* Jueves 16 de junio entre 2:00 p.m. y las 2:30 p.m. en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, el dependiente auxiliar del proceso 3856, MANUEL GARZÓN vinculado con nuestra Comisión de Justicia y Paz, revisa las últimas actuaciones realizadas en el proceso con radicado 3856. Uno de los abogados de la defensa al terminar de leer el expediente le preguntó a quién defendía en el proceso, sin haber este respondido, la secretaria manifestó: “es Parte Civil, de los del cura Giraldo”.

Mientras esperaba MANUEL las fotocopias se acercó alguien que dijo ser un abogado de Medellín que había llegado hacía poco a Bogotá, y le ofreció pagarle por revisar unos procesos, y le solicito el número telefónico. MANUEL manifestó que no estaba interesado.

* Viernes 17 de junio hacia las 6: 35 a.m. sobre la Avenida Suba con Boyacá dos vehículos, 4 puertas con vidrios oscuros se detuvieron delante del vehículo en que se transportaba el defensor de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz ABILIO PEÑA. De uno de los vehículos descendió un hombre, habló con personas del vehículo de adelante y regresó de nuevo a su vehículo. Los dos vehículos obstruyeron la movilización del vehículo en que se transportaba ABILIO por varios minutos.

Luego de lograr sobrepasar los vehículos, doscientos metros después, sobre la avenida Boyacá, un hombre en una motocicleta de placas NCR 51 tocó la puerta del conductor y solicitó, en dos ocasiones, bajar los vidrios.

En ese mismo momento, el conductor del vehículo de protección desde el altavoz , le preguntó qué quería y el hombre huyó en la motocicleta.

* Viernes 17 de junio a las 9:24 a.m. por quinta ocasión el padre ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo de nuestra comisión de Justicia y Paz, al realizar llamadas desde su número telefónico celular le respondieron en el GAULA de la policía. Al preguntar la razón por la que constantemente responden en el GAULA, la agente DIANA, quién se negó, a dar su apellido, manifestó que las comunicaciones se cruzan, y que esas llamadas quedan grabadas.

*Viernes 17 de junio hacia las 10:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz leyó el documento titulado: “Informe Ejecutivo situación de la comunidad negra de Curbaradó – Chocó Colombia- Frente al trámite surtido ante la Comisión de Expertos de la OIT” en cuya portada aparece la foto de un pancarta en la que se lee: “El territorio colectivo es de los negros no de la Ong Justicia y Paz” , presentado, según aparece en el texto por JULIO ROBERTO GÓMEZ, Central General de Trabajadores, CGT; GERMÁN ANTONIO MARMOLEJO RENTERÍA quien figura, de modo fraudulento, como Representante Legal del Consejo Comunitario del Curvaradó y con fecha de febrero de 2011.

El documento dirigido a la OIT contiene transcripciones de falsas acusaciones, contra los denunciantes del proceso 3856, MARÍA LIGIA CHAVERRA y MANUEL DENIS BLANDÓN, y contra nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Contra la verdad habla del “desarrollo de las estrategia del proyecto POLITICO – MILITAR DE LAS FARC & ONGS en escenarios Internacionales (sic) abogando por el Consejo Comunitario de la cuenca del río Curbaradó para entender los verdaderos alcances de esta compleja estrategia, que trajo como consecuencia una irrupción ilegal en la etnia negra de Curbarado, es necesario detenernos en las lineas de acción Internacional (sic) dirreccionadas por la Ong COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA PAZ, acompañada por el PBI, utilizando militantes del PROYECTO POLITICO MILITAR DE LAS FARC, una vez este grupo terrorista logró obtener el control absoluto del Consejo Comunitario de Curbaradó”.

El documento sostiene que MANUEL MOYA y GRACIANO BLANDON, asesinados en diciembre de 2009, “valerosamente denunciaron las relaciones de ésta organización ilegal con las Ongs JUSTICIA Y PAZ, CINEP, PIB (sic) entre otras y además pusieron de manifiesto los peligros que corrían por haber sido declarados objetivos militares por parte de las FARC”.

En el aparte “Antecedentes en Sistema Interamericano de DD.HH” el documento acusa a DANILO RUEDA, y a nuestra Comisión de Justicia y Paz, como responsables de fraude procesal. Repite el documento falsas afirmaciones sin fundamento fáctico ni jurídico, según las cuales: “está plenamente demostrado ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que el señor DANILO RUEDA, res responsable de un FRAUDE PROCESAL INTERNACIONAL” y pide que la OIT, “al igual de lo que ocurrió en la CORTE CIDH, en donde la Ong Comisión Intereclesial de Justicia y Paz actuó fraudulentamente en nombre y representación de 515 familias y luego en audiencia del 5 de febrero de 2008 su representante DANILO RUEDA, admitió que solamente representaban 161 familias”

El documento anota, además, que “es necesario definir un marco de responsabilidad frente a nuestra etnia negra, de acuerdo de acuerdo a los momentos en que cada actor legal y/o ilegal sea cual fuere su ideario, han actuado en detrimento de nuestros DD.HH. Para el caso concreto de irrupción ilegal, esbozamos los siguientes argumentos: Intervención ilegal de las FARC, Ong’s, Diócesis de Quibdó y Apartadó, en el proceso de titulación colectiva...”

El documento, aparte de faltar a la verdad pretende hacer incurrir en error a la Comisión de Expertos de la OIT al presentar como Representante Legal de la Cuenca del Curvaradó al señor GERMÁN MARMOLEJO, desconociendo el auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo de 2010 que deja sin fundamento cualquier representación legal hasta tanto se adelante un censo y elección del representante legal; deja a un lado, la comunicación de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior de mayo del presente año que asume lo ordenado por Auto referido de la Corte.

Nuestra Censura Ética ante la continuidad de esta operación de persecución que no cesa desde 1998 contra nuestra Comisión de Justicia y Paz en la que se han combinado diversas formas y técnicas. Sufragios con amenazas de muerte, amenazas de muerte escritas, secuestro, allanamientos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes de correo electrónico, seguimientos ilegales en Colombia, Mexico y en Europa, campañas de difamación y operaciones mediáticas, montajes judiciales, hurto de información sobre casos de violaciones de derechos humanos y la proyección de demandas a Álvaro Uribe Vélez con ingreso a lugares de residencia.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de una investigación eficaz, con identificación de un tipo penal correspondiente a la gravedad de los hechos que ha significado 2 exilios definitivos, 5 exilios temporales, cambios permanentes de lugar de habitación, la obstaculización en el ejercicio legal y el apoyo psicológico y físico permanente a víctimas del conflicto armado interno y de la usurpación de tierras, afecciones familiares y cambios en las dinámicas de la vida cotidiana y el desprestigio ante una campaña sistemática de difamaciones, calumnias e injurias que no ha sido investigada eficazmente.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de garantías para que podamos ejercer nuestra labor de protección, de promoción y de defensa de los derechos humanos. Amplios sectores militares, policiales, económicos beneficiados del paramilitarismo y otros sectores de la economía y del sindicalismo hacen eco de esa mentalidad sin el debido proceso, la sana crítica y el conocimiento de lo que está sucediendo y desconociendo las actuaciones en derecho y las que ha fallado la Corte Constitucional y los alcances de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se continúa percibiendo esta labor legal y legitima como parte de una guerra jurídica contra los militares. Si el general RITO ALEJO DEL RÍO continúa siendo procesado por su responsabilidad en el crimen de MARINO LÓPEZ, y somos los representantes de las víctimas, no es por una sino por centenares de pruebas que reposan en este proceso. Esto sin contar otros procesos que se adelantan contra él, aquí en Colombia y en el exterior, en los que somos parte civil y que no han tenido a la fecha avances sustanciales.

Se continúa valorando nuestra labor legal y legítima como parte de una guerra jurídica contra el sector empresarial palmero, bananero y ganadero. Si sectores empresariales continúan siendo investigados, vinculados, indagados y acusados no es por una operación de desprestigio si no por centenares de pruebas, millares de víctimas y de testigos directos que han sostenido como a través del paramilitarismo se produjo el despojo violento, como esta ocupación ilegal persiste protegida por los paramilitares y por las omisiones y participación de la brigada 17.

Aportar al develamiento, al descubrimiento, a la revelación de un entramado criminal detrás del despojo violento, la siembra de palma, la siembra de banano y de la ganadería extensiva se ha convertido en una labor contra derecho, mientras los ocupantes de mala fe, los empresarios de Uniban, Banacol, Subastas de Urabá, La Tukeka, y otros finqueros, continúan usufructuando la tierra apropiada con crímenes de lesa humanidad y destrucción ambiental.

Mientras avanza, lenta, parcialmente el proceso 3856 y el cronograma en la implementación del Censo, los factores de riesgo en la región y en Bogotá se expresan con mayor presión y el desarrollo de operaciones psicológicas y de guerra turbia avanza con mentiras en escenarios internacionales. Al conocerse la Resolución de Acusación que la Fiscalía 8 de la UNDH-DIH profirió en contra de HERNÁN ÍÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, SOR TERESA GÓMEZ y RAMIRO ENRIQUE ÁLVAREZ PORRAS alias NAPO, como posibles coautores materiales de los punibles de Desplazamiento forzado Concierto para Delinquir e Invasión de áreas de especial importancia ecológica, aumentan las presiones.

Nuestra Censura Ética ante la eventualidad de que el presidente de la CGT, JULIO ROBERTO GÓMEZ, sea nombrado como Ministro de Trabajo, cuando este sea reabierto por las facultades con que cuenta el ejecutivo, pues si se confirma que él ha presentado a la Comisión de Expertos de la OIT, pues las ligerezas del texto son irresponsables y dejan en tela de juicio la capacidad de valoración de las causas de conflictos y situaciones que se encuentran detrás del despojo violento. El informe ha incurrido no solamente en difamaciones, injurias y calumnias en un escenario internacional de protección como la OIT, desprotegiendo los derechos de las víctimas, pero también ha omitido presentar las pruebas pertinentes ante la Fiscalía y está legitimando las operaciones criminales y los fraudes cometidos contra los consejos menores de Curbaradó y Jiguamiandó.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, les solicitamos, nos informe

1. Desde el 13 de mayo a la fecha, luego del robo de información en el lugar de residencia de DANILO RUEDA, con información sobre casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y la proyección de una demanda contra Álvaro Uribe, qué medidas han adoptado de investigación, de protección preventiva y de garantías frente a este defensor de derechos humanos y demás integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz?

2. Qué investigaciones se vienen adelantando, con qué tipo penal, frente a la persecución de la que vienen siendo blanco integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz?

3.Cómo se explican las llamadas intercomunicadas entre el teléfono del padre ALBERTO FRANCO CSsR y el GAULA?

4. Ante la llamada de advertencia a nuestra Comisión de Justicia y Paz en respuesta a los avances judiciales en el proceso 3856 en el que se encuentran detenidos o con órdenes de captura empresarios palmeros, qué medidas se van a adoptar para la continuidad de un debido proceso y garantías para los testigos y los abogados representantes de las víctimas?

5. El señor VicePresidente avala el contenido de la entrevista del señor FRANCO VALDERRAMA respecto a lo que ha sido su papel e intervención frente a la situación de las comunidades de Curbaradó?

6. De ser así, podría explicar el alcance de la expresión que usted ha “incidido”, respecto a nuestra postura frente a la negativa al desarrollo del Censo?

7. Ante las aseveraciones aparentemente suscritas y avaladas por JULIO ROBERTO GÓMEZ en el Informe a la Comisión de Expertos de la OIT, urge que la Fiscalía General de la Nación verifique la autenticidad del respaldo del señor GÓMEZ. De ser cierto, le requiera para presentar las pruebas de las afirmaciones escritas en el Informe remitido a la Comisión de Expertos de la OIT. En este mismo sentido, urge que las afirmaciones del señor FRANCO VALDERRAMA, en la entrevista al Heraldo de Urabá sean judicializadas, con la solicitud de presentación de pruebas.

Ante la persistencia de la operación de persecución contra la Comisión de Justicia y Paz, se evidencia la ausencia de garantías para el desarrollo de nuestra la labor legal y legítima en defensa de las víctimas de crímenes de Estado, del despojo violento para el desarrollo de agronegocios de palma, de banano, de yuca, la extensión ganadera, la extracción minera y la siembra de coca. Cualquier daño irreparable a la vida e integridad de alguna y alguno de las y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, es de su responsabilidad.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.