¿DESMOVILIZADOS? NUEVA MASACRE PARAMILITAR EN EL SUR DE BOLÍVAR.

El día 17 de agosto de 2011, aproximadamente a las 7:00 p.m., en el sitio denominado Casa Zinc, ubicado entre los corregimientos del Dorado y Canónico del municipio de Montecristo del Sur del Departamento de Bolívar, incursionó un grupo de aproximadamente 20 hombres armados y uniformados, en compañía de un hombre que la comunidad reconoce como desmovilizado, de nombre Javier, alias “el enano”.

El grupo armado que se identificó ante la población como Águilas Negras, procedió a reunir a toda la comunidad. Alias el enano, señaló a los señores IVAN SERRANO, reconocido tendero y habitante de la región, LUIS ALBEIRO ROPERO joven minero, de 18 años de edad y al señor PEDRO SIERRA de 37 años de oficio agricultor, los tres hombres fueron amarrados. Los hombres armados procedieron a ingerir licor y posteriormente asesinaron delante de la comunidad a PEDRO SIERRA, e hicieron a un lado a los señores IVAN SERRANO y al joven LUIS ALBEIRO ROPERO, a quienes torturaron, les cortaron la lengua y asesinaron posteriormente. De dicha incursión quedó herido el señor CARLOS PALENCIA, agrominero de la región.

El grupo armado había establecido un retén en el camino que del corregimiento de Canónico conduce a Casa de Zinc, desde las 3:00 p.m., allí retuvieron durante toda la noche a varios jóvenes habitantes de la comunidad que transitaban por el camino.

El parecer, el grupo armado venía de los corregimientos dos bocas, y la ventura del municipio de Tiquisio, lugar donde tienen una base paramilitar de acuerdo a versiones publicas en la región.

Es importante señalar que en el corregimiento el Dorado, hace presencia el Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada del ejército Nacional, con sede en Malambo Atlántico. De acuerdo a versiones de la comunidad, el Ejército se encontraba acantonado en el corregimiento el Dorado, justo desde el día anterior (16 de agosto), a una distancia de tan solo 20 minutos en carro del sitio donde ocurrió la masacre. De la misma manera, el ejército se encuentra en la vereda la victoria del municipio de Norosí a tres (3) horas de donde ocurrieron los hechos.

Esta zona tiene una alta presencia de retroexcavadoras, las cuales incursionaron desde el año 2009, ante la mirada cómplice de las autoridades locales y regionales. Estos hechos que han sido oportunamente denunciados por la comunidad y las organizaciones que les acompañan han venido agravándose. Se calcula que existen en la región aproximadamente 60 retroexcavadoras.

Así mismo se ha venido realizando alertas ante la presencia, fortalecimiento y crecimiento acelerado de los grupos paramilitares en la región. El accionar paramilitar se ha observado principalmente en los municipios de Montecristo y Tiquisio, sin que se conozca de acciones por parte de la Fuerza Pública tendientes a neutralizarlos.

Desde el día 28 de marzo de 2011, dados los elevados riesgos para la vida e integridad personal de los habitantes del Sur de Bolívar, así como de los líderes sociales de la región, se había solicitado al Vicepresidente de la República, y los Ministros del Interior y Justicia, Defensa Nacional, así como a la Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Gobernador del Departamento de Bolívar, entre otras autoridades, se convocara con URGENCIA la reunión de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar. Aproximadamente cinco meses después ocurre esta masacre, ante el silencio y abierta y descarada omisión de estos servidores públicos.

Bogotá, 18 de agosto de 2011.

FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR

COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR

RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA

CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS SEMBRAR

ASOCIACION NOMADESC

CAPITULO DE VICTIMAS SUR DE BOLIVAR Y SUR DEL CESAR

MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO - MOVICE

Otras denuncias sobre fosas comunes en fosas comunes en La Escombrera, San Cristóbal, San Antonio de Prado y la Comuna 8

MADRES VUELVEN A EXIGIR LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE SUS HIJOS DESAPARAECIDOS.

Un operativo conjunto de brigadas del ejército, autodefensas y policías actuaron para supuestamente "exterminar a las organizaciones insurgentes"en la Comuna 13 de Medellin, pero el resultado fue el control paramilitar de la zona y centenares de crímenes de Estado, desapariciones y homicidios de pobladores. Hoy las madres piden justicia.

Miércoles, 25 de Mayo de 2011 11:14 Comunicaciones CJL

A nueve años de ejecutados los seis operativos militares[i] con los que se buscaba el exterminio de las organizaciones insurgentes que operaban en la Comuna 13 de Medellín, y en cuyo desarrollo se violaron gravemente los Derechos Humanos de los habitantes de esta zona de la ciudad, especialmente en la Operación Orión; las madres de los más de cien desaparecidos caminaron rumbo a La Escombrera para exigir nuevamente la búsqueda e identificación de sus familiares.

En el transcurso del año 2002, durante el desarrollo de las operaciones Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión, los habitantes de los 23 barrios de la Comuna 13 padecieron constantes enfrentamientos armados, allanamientos ilegales, capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles, desapariciones forzadas, y un sinnúmero de violaciones a sus derechos.

Nada más durante los tres primeros días de la Operación Orión fueron detenidas, reseñadas y en algunos casos torturadas y obligadas a desplazarse, 450 personas, de las cuales 170 fueron vinculadas formalmente a investigación como presuntas responsables de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, terrorismo y porte ilegal de armas. De esta cifra tan solo a 82 se les ordenó medida de aseguramiento, mientras las demás recuperaban su libertad. Al cabo de un año fueron acusadas formalmente 56 de estas personas, y desvinculadas definitivamente de la investigación 26 de las procesadas. Transcurridos nueve años, sólo fueron condenados dos de los 450 detenidos.

Tras los operativos militares, la zona no sólo resultó altamente militarizada por la Fuerza Pública, sino que el Bloque Cacique Nutibara tomó pleno control de lo que sucedía en la zona, como lo denunciaron en varias oportunidades algunos pobladores de estos barrios, sin que sus querellas tuvieran trascendencia alguna puesto que la Comuna 13 de Medellín se exponía como modelo de pacificación en el país y como uno de los grandes logros de la Política de Seguridad Democrática del hoy ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

No obstante, las organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad han denunciado que la mayoría de los crímenes se cometieron entre octubre de 2002 y diciembre de 2003, es decir, en meses posteriores a la Operación Orión. Asimismo, han elevado denuncias sobre la existencias de fosas comunes en La Escombrera, San Cristóbal, San Antonio de Prado y la Comuna 8, donde el Bloque Cacique Nutibara tenía fuerte presencia.

Pese a los testimonios que relatan fatídicos finales sobre personas que fueron trasladadas vivas hasta La Escombrera, y luego asesinadas y enterradas; pese al convenio firmado, en 2009, por la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín para realizar la búsqueda de fosas comunes en el Occidente y Oriente de la ciudad, y su recomendación de cerrar definitivamente de La Escombrera; pese a la declaración del extraditado narcotraficante y jefe del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Diego Fernando Murillo Bejarano[ii], alias Berna, donde admitía la alianza entre el Ejército y los paramilitares para llevar a cabo la Operación Orión, a finales del 2002, e implicaba directamente al ex comandante del Ejército Mario Montoya Uribe, y al ex general retirado de la Policía Nacional, Leonardo Gallego Castrillón. Ya son más de cinco millones de toneladas de escombros las que entierran la verdad sin que las autoridades se opongan, y la investigación alrededor de las declaraciones del ex jefe paramilitar no arrojan resultados.

Por esta privación de la verdad y la justicia a la que se han enfrentado los sobrevivientes de las atrocidades cometidas por la Fuerza Pública y por los paramilitares en la Comuna 13, el sábado 21 de mayo las víctimas volvieron a marchar solicitando a las autoridades judiciales y administrativas de la ciudad de Medellín “el cierre absoluto e inmediato de todas las escombreras del sector, para preservar el lugar y evitar que se sigan realizado actividades que impidan encontrar a las personas desaparecidas, que fueron inhumadas clandestina e ilegalmente en el lugar, tal como lo establecen las normas internacionales. La adopción de políticas y medidas urgentes y concertadas con las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos que representan y acompañan a los familiares, encaminadas a encontrar a todas las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de esta ciudad. Y la protección a la vida e integridad de los familiares que participan en los procesos, que continúan la búsqueda y que exigen el respeto y cumplimiento de las obligaciones estatales”.

Acceda al Comunicado Público

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[i] Los operativos militares en la Comuna 13 de Medellín fueron ejecutados por la Fiscalía, el DAS, la Policía Metropolitana, el CTI, la Fuerza Aérea y tropas del Batallón de Infantería “Pedro Justo Berrío” de la IV Brigada del Ejército, en coordinación con los grupos paramilitares, como lo han corroborado las declaraciones de varios desmovilizados, entre ellos Diego Fernando Murillo, alias Berna.

[ii] “Las Autodefensas del BCN fueron al área de la Comuna 13 como parte de una alianza con la IV Brigada del Ejército, incluyendo al comandante General Mario Montoya, y el General de la Policía Leonardo Gallego, el Comandante de Policía de Medellín”, testificaba Don Berna, y agregaba: “La policía de Medellín asignó su Unidad Especial Anti Secuestro (GAULA) para asistir al BCN en los esfuerzos conjuntos de la Operación Orión”

ASESINATO EL 26 DE MAYO DE RAMÓN FRANCO. MONTAJE JUDICIAL CONTRA GUILLERMO ANTONIO CALLE.

Nos seguimos oponiendo a las prácticas sistemáticas de muerte y de injusticia en nuestro entorno

En nuestra búsqueda por generar un mundo alternativo queremos ser coherentes con la vida; por ello consideramos como una obligación moral y ética dejar constancias de todas las injusticias o acciones de muerte que ocurren en la zona donde estamos incrustados, contra el campesinado de nuestro entorno. Así, pues, dejamos constancia de los últimos crímenes perpetrados a nuestro
alrededor:

· El miercoles 1 de junio de 2011, hacia las 17:00 horas, en el barrio Alfonso López fue detenido por dos hombres el vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó hacia San José, se presentaron como autodefensas, estaban en una moto y portaban armas cortas, tomaron fotos a la gente que venía en el carro, entre los pasajeros se encontraban dos miembros de nuestra comunidad. Luego de ello le dijeron al conductor del carro que siguiera

· El jueves 26 de mayo de 2011, hacia las 6:00 horas, en la vereda Caracolí, fue asesinado RAMON FRANCO VAQUERO. Tres hombres vestidos de uniformes camuflados y con armas largas llegaron a su casa, lo llamaron a la puerta, y cuando salió lo asesinaron. Su casa se encuentra a 200 metros del reten permanente del Ejército.

· Damos a conocer la carta enviada a la Procuraduría por un campesino vecino nuestro, arbitrariamente detenido y víctima de montajes, que muestra con claridad la forma en que la fuerza pública trata a la gente de la zona y la forma como procede un aparato judicial que está
profundamente corrompido:

Señores

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

E. S. D.

- Referencia: Denuncia

GUILLERMO ANTONIO CALLE RESTREPO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 8.321.374, por medio del presente escrito quiero poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación una serie de hechos que nos afectan a mi familia y a mí, con el propósito que intervengan para garantizar nuestros derechos fundamentales, conforme a lo siguiente

- HECHOS

PRIMERO. Soy un campesino de 31 años, residente en la vereda La Victoria del Corregimiento de San José de Apartado, municipio de Apartadó. Mi familia está conformada por mi compañera permanente y nuestras tres niñas de 8, 6 y 5 años.

SEGUNDO. El 24 de junio de 2010 fui privado de la libertad mediante una orden de captura sustentada en un montaje realizado por los miembros del Departamento de Policía Urabá, principalmente por el Subintendente RAFAEL ANTONIO RAVELES SOLANO, quien mediante un “informe de inteligencia” señaló que una fuente humana anónima de su entera confianza, luego de observar las imágenes de las cámaras de seguridad del Almacén El Rey de la Moda, le había informado que GUILLERMO ANTONIO CALLE RESTREPO era la persona que había colocado un artefacto explosivo en dicho establecimiento, ubicado en el casco urbano del municipio de Apartadó, el día 11 de junio de 2010.

TERCERO. El día de mi captura fui presentado por diversos medios de comunicación locales, nacionales, televisión por cable e Internet como el terrorista que había colocado la bomba que causó la muerte a una persona y dejó gravemente heridas a diecisiete (17) más.

CUARTO. Pese a que desde el inicio de la investigación la Policía de Urabá tuvo acceso a los registros videográficos de las cámaras de seguridad del almacén, donde a simple vista se podían apreciar diferencias muy claras entre la persona que aparecía en los videos como quien colocó el artefacto explosivo y yo, entre otras el largo del cabello que era muy evidente y el color de piel; la Fiscalía General de la Nación en cabeza del Fiscal 39 Especializado SERGIO YEPES MARTÍNEZ, me acusó por los delitos de terrorismo, homicidio y lesiones personales y me llevó a juicio.

QUINTO. En desarrollo del juicio oral, se presentó a solicitud de la defensa un estudio morfológico de cotejo video-gráfico, por MARIO LEÓN ARTUNDUADA, reconocido morfólogo forense, quien concluyó que sin lugar a dudas se trataba de personas completamente diferentes.

SEXTO. Pese a que el juicio culminó el 1 de febrero de 2011 con sentencia absolutoria, luego de demostrarse que se trataba de un típico FALSO POSITIVO; el Fiscal 39 Especializado SERGIO YEPES MARTÍNEZ, no satisfecho con todos los perjuicios que nos había causado a mi grupo familiar y a mí, en la audiencia pública, a la cual asistieron muchas personas, hizo las
siguientes afirmaciones:

Apartadó, población que ha sido víctima de muchos atentados señoría y muy casualmente señoría por personas que todas son residentes en San José de Apartado, es una vereda donde infortunadamente la mayoría de las personas que tienen algún vínculo con la guerrilla, en este caso del Frente V de las FARC, generalmente residen en esta vereda donde casual y fatalmente reside el señor GUILLERMO ANTONIO CALLE RESTREPO.

(Archivo de audio:* 05001600020620102910000_

050003107002_0, minuto 22:23 a 22:51)*

Uno podría decir, y esto lo digo con mucho respeto, que una persona tan humilde, de un lugar tan lejano y un lugar tan abandonado de pronto, ya es una sensación, cómo hace una persona para ejercer un acto de estos y luego estar rodeado de tantas garantías desde el punto de vista defensivo, y sigue siendo una especulación, cómo un humilde campesino desarraigado si se quiere, que viven en techos de paja y de cartón y de bareque cómo hace para solventar una defensa y pagar un perito tan costoso, y son situaciones que no las podemos dejar al plano de la objetividad, son situaciones que quedan flotando en el ambiente, pero son coincidencias fatales su señoría. (Archivo de audio 05001600020620102910000_050003107002_0, minuto 23:21 a 24:09)*

Afirmaciones que no son de recibo después de que el mismo funcionario solicitó absolución, pero que muestran que el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del Fiscal 39 Especializado, no estaba encaminado a investigar los hechos y evitar que un crimen tan grave quedara en la impunidad, sino a mostrar una resultado positivo a cualquier precio. Pero, ante la contundencia de la prueba pericial, sabiendo que mi absolución era inminente, se dedicó de manera irresponsable a lanzar falsas acusaciones no solo en contra mía sino de todos quienes habitamos en el corregimiento de San José de Apartadó.

Como puede verse, esta denuncia pone al desnudo, una vez más, la podredumbre de la “justicia” en Urabá y en Colombia. No sólo se hace caso omiso de cualquier rectitud probatoria y se pisotean todos los principios del Debido Proceso contemplados en los Códigos internos e internacionales, sino que, frente a la contundencia del montaje, se recurre a estigmatizar a la población de la zona mediante calumnias infames y a intentar descalificar la misma defensa por tratarse de víctimas pobres, las cuales, según el Fiscal, no deberían tener recursos para defenderse y si lo hacen, quizás endeudándose de por vida, eso ya los hace “sospechosos” para él y le da pie para insinuar nuevas acusaciones infames.

Nuestra Comunidad ha desnudado multitud de veces este tipo de falsa justicia putrefacta y le ha suplicado a todas las altas Cortes del Estado mediante Derechos de Petición (enero de 2009) que declare un estado de cosas inconstitucional en Urabá y someta a examen el desempeño tan corrupto de fuerza pública (usurpadora del poder judicial), fiscales, jueces, magistrados, procuradores y defensores. No han querido hacerlo y la “justicia” sigue acumulando podredumbres, ayudada por los medios masivos de “información” que se gozan todos los días arruinando la vida de los pobres mediante infames calumnias y no son capaces de rectificar ni siquiera cuando una “justicia” tan perversa se ve obligada a absolver.

Esta situación nos reafirma en las convicciones de seguir buscando espacios en medio de esta confrontación armada desde la conciencia firme de una resistencia civil que genera paz desde la solidaridad y desde una vida en contra-vía a esa lógica de muerte que buscan imponernos.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO*

Junio 2 de 2011

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Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org


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cdpsanjose@gmail.com
Colombia