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miércoles, 7 de septiembre de 2011

PETICIÓN AL GOBIERNO DE ESPAÑA: POR UN GIRO ÉTICO EN LA POLÍTICA EXTERIOR


A/A: Presidencia del Gobierno de España

Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n.

28071 Madrid. (España)

CC: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Dirección: Plaza de la Provincia, 1 - 28012 Madrid.
Teléfono centralita: 91 379 97 00 / 91 379 83 00 .
Dirección: Edificio Torres Ágora. C/ Serrano Galvache, 26-28033 Madrid

De: Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (1)

Secretaría Técnica.

ASUNTO: “POR UN CAMBIO EN LA POLÍTICA EXTERIOR HACIA LA ÉTICA, ANTE LA CRISIS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DEL D.I.H. EN COLOMBIA”

Sr. Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, nos dirigimos a Vd. nuevamente para clamar un cambio en su política exterior hacia posiciones de una mínima ética ante situaciones de una gravedad extrema.

España, bajo su mandato, recibió con todo lujo de honores al ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, y firmó un acuerdo estratégico bilateral con Colombia, convirtiéndole en socio de primer orden en América Latina, sin olvidar la labor de su gobierno, Sr. Zapatero, en el seno de la Unión Europea para la firma del TLC con Colombia, a pesar de la multitud de informes que señalaban los crímenes de Estado bajo los mandatos de Uribe, aproximadamente unos 6.000 casos de desapariciones y homicidios por motivos socio-políticos en contexto distinto al combate e imputables al Estado colombiano, tanto a su brazo militar y policial, como al paramilitar, (Informes de la Comisión Colombiana de Juristas), más de 600 sindicalistas asesinados durante dicho mandato, unos 1.600 casos de falsos positivos denunciados, (ejecuciones extrajudiciales del ejército donde asesinan a civiles no combatientes y los presentan como guerrilleros dados de baja), siendo el actual presidente de Colombia, el Sr. José Manuel Santos, Ministro de Defensa en aquél periodo, y la existencia de unos 7.500 presos políticos en pésimas condiciones, (Informes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y de la Corporación de Abogados José Alvear Restrepo).

Hoy, tras confirmar la continuidad de la política represiva y violatoria de los DD.HH. y del D.I.H por parte del actual gobierno colombiano encabezado por el Sr. José Manuel Santos, y temiendo por la vida de varias personas en grave riesgo tras conocer la gravedad de los últimos sucesos acontecidos, nos dirigimos a Vd. para solicitarle un mínimo de dignidad y ética en su política exterior para con las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, y su colaboración para exigir que se garantice la vida de varios defensores de DD.HH., militantes de partidos de oposición, líderes comunitarios y campesinos en grave peligro.

El Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos informó del terrible homicidio cometido contra una menor de 14 años, el 9 de Agosto de 2011 y el asesinato del indígena SILVESTRE MORENO el 1 de Agosto de 2011, perteneciente al cabildo indígena “El Vigía”, formando parte de una serie de agresiones en los últimos meses contra pueblos ancestrales. También la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Corporación SEMBRAR, MOVICE-Capítulo Sur de Bolívar y otras organizaciones sociales nos informaban de una terrible masacre protagonizada por paramilitares en el Sur de Bolívar, confirmando nuevamente la farsa de la desmovilización montada desde el gobierno del ex-presidente Uribe.

El 17 de agosto de 2011 en la localidad Casa Zinc, entre los corregimientos del Dorado y Canónico, incursionó un grupo paramilitar denominado “Águilas Negras”, liderado por un hombre que la comunidad reconoce como “desmovilizado”, de nombre Javier, alias “el enano”. Procedieron a reunir a toda la comunidad. Alias “el enano”, señaló a los señores IVAN SERRANO, reconocido tendero y habitante de la región, LUIS ALBEIRO ROPERO joven minero de 18 años de edad y al señor PEDRO SIERRA de 37 años, de oficio agricultor. Los tres hombres fueron amarrados, posteriormente asesinaron delante de la comunidad a PEDRO SIERRA. A IVÁN SERRANO y al joven LUIS ALBEIRO ROPERO, les cortaron la lengua, les torturaron y asesinaron a continuación. También hirieron al agrominero CARLOS PALENCIA. También retuvieron durante toda la noche a varios jóvenes de la comunidad.

Todo esto sucede a 20 minutos en vehículo de un acantonamiento del ejército en el corregimiento del Dorado, concretamente del Batallón de Infantería Mecanizado nº 4 Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada del ejército colombiano.

A esto hay que sumar también el homicidio reciente, el 16 de agosto en Cartagena del Chairá, de RAFAEL ANDRÉS GONZÁLEZ GARNICA, un joven comunista, tiroteado por dos sicarios. Otro militante de la Juventud Comunista Colombiana, FRANKLIN MEDINA, presenció el crimen y logró escapar del tiroteo, pero está en paradero desconocido. Ambos trabajaban en una empresa de fotocopiadoras y habían sido señalados por la fuerza pública de presuntamente reproducir propaganda del las FARC-EP.

Durante los primeros 300 días de gobierno de José Manuel Santos, siguen actuando grupos paramilitares en 32 departamentos del país y sus crímenes contra organizaciones y defensores de derechos humanos son presentados como consecuencia de la violencia común. La impunidad en violaciones a los DD.HH. ronda el 97%.

A pesar de los esfuerzos de sectores de la rama judicial por investigar y juzgar los crímenes, no existe el apoyo necesario del Estado, ni en recursos, ni en protección de jueces, testigos y denunciantes. Por ejemplo, en Arauca, en Octubre de 2010, el subteniente Raúl Muñoz Linares del ejército colombiano, autor confeso de las violaciones de dos niñas, fue procesado por ello y por el presunto homicidio de una de ellas y de sus dos hermanos. Mientras la investigación transcurría con enormes dificultades, la Jueza Penal del Circuito de Saravena, doctora GLORIA CONSTANZA GAONA RODRÍGUEZ que investigaba el caso, fue asesinada la mañana del 22 de Marzo de 2011.

También nos hemos enterado del terrible homicidio de ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA, superviviente de una familia aniquilada en la región del Urabá por los grupos paramilitares, (mataron a su padre, su madre y varios de sus hermanos). Ana llegó a Medellín con otros desplazados forzosos y se convirtió en líder comunitaria, (LATEPAZ), denunció los crímenes que sufrieron sus familiares y la connivencia de la fuerza pública con los paramilitares. Asesinaron a su hijo CARLOS MARIO OSPINA, crimen por el que Ana culpaba a la Policía. Sus denuncias le costaron hostigamiento, allanamientos de su domicilio, amenazas y un proceso de judicialización del que salió absuelta. El 7 de julio de 2010 le asesinaron otro hijo, JONATAN ARLEY OSPINA CORDOBA. Ana volvió a denunciar a la Policía como responsable del crimen, por lo que cursa una investigación en Fiscalía, pero el 7 de Junio del presente, Ana Fabricia fue asesinada, le dispararon en la cabeza usando armas con silenciador.

Además, en los 300 primeros días del mandato de Santos han sido asesinados 15 líderes comunitarios que representaban a sus comunidades en los procesos de restitución de tierras que les fueron arrebatadas por la violencia paramilitar. Las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó han recibido el asesoramiento jurídico de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz en estos procesos, por lo que miembros de la ONG, (entre ellos, ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA y el sacerdote ALBERTO FRANCO), han sufrido multitud de amenazas, seguimientos y hostigamientos durante Junio de 2011, tras el hurto en Mayo de información de la residencia de Danilo Rueda concerniente a un proceso contra el general Rito Alejo del Río y una demanda contra Álvaro Uribe.

Las organizaciones de DDHH han soportado 206 agresiones individuales contra sus miembros y han sufrido el asesinato de 34 defensores. En cuanto al sindicalismo, perseguido tanto por grupos paramilitares de extrema derecha como por agentes de seguridad del Estado, 233 líderes han sido víctimas de diversos tipos de agresión y 24 sindicalistas han sido asesinados. Los pueblos indígenas, en muchos casos bajo riesgo de extinción, son perseguidos, amenazados y asesinados por oponerse a megaproyectos de explotación en sus territorios. Sólo en 2010 fueron asesinados 122 indígenas. La grave crisis en derechos humanos en Colombia no sólo no ha cesado, sino que se ha incrementado.

Sr. Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, no vamos a solicitarle la ruptura de acuerdos estratégicos con Colombia de carácter comercial o militar mientras persista esta grave situación, porque sabemos que esas medidas no serán adoptadas, simplemente le solicitamos: una declaración pública exigiendo al gobierno colombiano el respeto y especial protección de las vidas de los defensores de Derechos Humanos, entre ellos, los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, de los líderes de MOVICE que han presentado denuncias de crímenes de Estado y de lesa humanidad, de los miembros de la C.U.T. y de otros sindicatos colombianos que han denunciado amenazas contra su vida o la de sus familiares, de los líderes comunitarios que representan a las comunidades de desplazados forzosos en los procesos judiciales de restitución de tierras, de los miembros de las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó y el Curvaradó, de la comunidad de paz de San José de Apartadó y de las comunidades agromineras del Sur de Bolívar, también de los militantes de partidos de oposición (PDA, PCC,…) amenazados, hostigados o judicializados. Rogamos que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se solicite información sobre los casos reseñados arriba, al gobierno de Colombia. Esto es algo realmente fácil para un gobierno que se dice progresista.

Esperando su respuesta, enviamos un saludo.

Secretaría Técnica de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado Español).

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de septiembre de 2011.

viernes, 29 de julio de 2011

Primero asesinaron a sus hijos, ahora la asesinan a ella, Ana Fabricia Córdoba, líder comunitaria víctima de crímenes de Estado. VER VÍDEOS.

Organizaciones Sociales denuncian asesinato de líder comunitaria, Ana F. Córdoba. En años anteriores le asesinaron a dos hijos.
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Escrito por Organizaciones Sociales Antioquia

miércoles, 08 de junio de 2011
ImageLas Organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional el asesinato del que fue víctima la líder comunitaria ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA, quien pertenecía a la Asociación Líderes Hacia Adelante Por Un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ), a la Mesa Interbarrial de Desconectados y a la Ruta Pacífica de las Mujeres en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Antecedentes:

ANA FABRICIA llegó a Medellín hace cerca de una década huyendo de las matanzas cometidas por grupos paramilitares de las que fueron víctimas varios de sus familiares en la región del Urabá, desde entonces se asentó como desplazada en el barrio La Cruz de la comuna tres (Manrique).

Desde esa época, ANA FABRICIA denunció con claridad los hechos y exigió se investigara a los responsables. Por su calidad de líder comunitaria, inmediatamente se vinculó a diferentes procesos organizativos de desplazados y de mujeres en el barrio La Cruz y en la ciudad de Medellín.

En el año 2002 se inició el proceso de paramilitarización en los barrios de Medellín, entre ellos La Cruz y La Honda, denunciando ANA FABRICIA CÓRDOBA estos hechos y la connivencia de la fuerza pública con los grupos paramilitares.

Particularmente la señora CÓRDOBA fue clara en señalar a miembros de la Policía pertenecientes a la Estación de San Blas (Manrique) de apoyar la estructura paramilitar en la zona, además de cometer actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra jóvenes del barrio, entre ellos a uno de sus hijos.

Estas denuncias le acarrearon persecuciones, señalamientos y amenazas que fueron denunciados ante los Organismos de Control de la ciudad, la Alcaldía de Medellín y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Suboficina Medellín.

A raíz de las persecuciones de las que fue objeto, fue víctima de un montaje judicial en el año 2004, como supuesta colaboradora de la guerrilla de las FARC y como consecuencia de ello, estuvo dos meses privada de la libertad en la cárcel del Buen Pastor, siendo finalmente absuelta de los cargos.

Posteriormente, su hijo CARLOS MARIO OSPINA fue asesinado, hecho del que ANA FABRICIA también culpaba a la Policía del barrio La Cruz por las constantes persecuciones y maltratos de los que CARLOS MARIO había sido objeto con sus otros dos hijos, también por parte de agentes policiales.

La señora ANA FABRICIA CÓRDOBA denunció constantemente a la Policía de la ciudad por actos de intimidación en su contra. Denunció en varias ocasiones el allanamiento a su vivienda sin orden judicial a altas horas de la noche acusándola de proteger a grupos armados. En otras ocasiones, civiles también entraron a su casa a intimidarla. Por lo anterior se veía obligada a dormir en diferentes casas por fuera del barrio como medida para proteger su vida.

A finales del año 2009 fue acreedora de un subsidio de vivienda por ser madre cabeza de familia desplazada y adquirió una vivienda en el barrio Popular de la comuna uno de la ciudad, situación que no mejoró del todo su seguridad pues denunciaba que la vivienda estaba ubicada en un sector muy conflictivo de la comuna, y las amenazas en su contra no cesaron.

El 7 de julio de 2010 fue asesinado su hijo JONATAN ARLEY OSPINA CORDOBA de 19 años de edad. Desde ese mismo instante ANA FABRICIA denunció a la policía del barrio La Cruz como la responsable del hecho, a raíz de ello cursa actualmente una investigación en La Fiscalía.


Hechos:

Desde la muerte de JHONATAN ARLEY y sus consecuentes denuncias, la señora ANA FABRICIA fue objeto de reiteradas Amenazas por parte de desconocidos.

La Policía Metropolitana del Valle del Aburrá le propuso a ANA FABRICIA la práctica de un Análisis de Riesgo, que únicamente implica una evaluación para eventuales medidas de chequeo de seguridad, por parte del órgano policial.

ANA FABRICIA se negó a dicho análisis, por la desconfianza que le generaba los antecedentes que señalan a la Policía como el organismo que siempre la persiguió a ella y a su familia.

En la sesión del Comité Metropolitano de Derechos Humanos, realizada en el mes de abril de 2011, ANA FABRICIA hizo de público conocimiento las amenazas de las que era víctima.

El día 7 de junio, ANA FABRICIA CÓRDOBA fue asesinada cuando se movilizaba en un bus de la ruta Santa Cruz, por un hombre que le disparó en la cabeza con un arma con silenciador, quien después emprendió la huida.

El asesinato de ANA FABRICIA CÓRDOBA, evidencia la constante persecución y agresión contra los y las líderes comunitarias que trabajan en las diferentes regiones del país. Pese a todas las denuncias es clara la negligencia de parte de las autoridades que no le garantizaron la vida.

Desde julio de 2010 hasta abril de 2011 se han registrado 206 agresiones individuales contra defensores y defensoras, de los cuales 34 han sido asesinatos. En el mismo periodo, 127 organizaciones sociales o de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo la vida e integridad de sus miembros y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos.



EXIGIMOS

Se adelanten las investigaciones pertinentes, que logren esclarecer los hechos, móviles y autores materiales e intelectuales de este asesinato.

Que el Estado Colombiano brinde garantías reales a los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado en Colombia.

Que se garantice la vida y la integridad de los familiares sobrevivientes de la señora ANA FABRICIA CÓRDOBA


SUSCRIBEN

Corporación Jurídica Libertad

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –Seccional Antioquia-

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Capítulo Antioquia-

Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL

Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza

Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia

Medellín, 8 de junio de 2011

[1] Campaña Por el derecho defender los derechos humanos en Colombia. Informe 2010 y primeros 90 días de gobierno de Santos.


LOS MEDIOS LO PRESENTAN COMO UN CASO DE VIOLENCIA DE GENERO, SIN MENCIONAR SU HISTORIA COMO LUCHADORA SOCIAL Y DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS, Y LA PERSECUCIÓN QUE HA SUFRIDO ELLA Y SU FAMILIA POR PARTE DEL ESTADO (TANTO DE SU BRAZO POLICIAL COMO PARAMILITAR).


Defensores sociales condenan asesinato de Fabricia Córdoba. TELESUR.


DISCURSO DE ANA FABRICIA, UNA MUJER VALIENTE QUE LUCHÓ HASTA SU ÚLTIMO SEGUNDO CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE ESTADO Y POR LOS DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS.

ROGAMOS QUE LA ESCUCHEN Y DIFUNDAN SU MENSAJE MÁS ALLÁ DE SU MUERTE.



FAMILIARES DE ANA:


DENUNCIA DE PIEDAD CORDOBA, EX - SENADORA, Y DECLARACIÓN PÚBLICA DE MANDO POLICIAL.