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sábado, 23 de mayo de 2009

PONENCIA EN PARLAMENTO EUROPEO, FRENTE AL ACUERDO DE ASOCIACION CAN/UE, MEGAPROYECTOS Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Ponencia de la ONIC ante el Parlamento Europeo donde se solicita que no se firmen acuerdo comerciales con el Gobierno de Uribe hasta que no cesen las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Igualmente denuncian a varias multinacionales europeas de participar en hechos a los que se refieren. Terminan solicitando que Europa no premie al Gobierno de Uribe.

A continuación la noticia tomada de
http://www.pachakuti.org/textos/campanas/alca/acuerdo-can-ue.html


La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia, ONIC, saluda a los diputados del Parlamento Europeo, a los Sectores Sociales y a las Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos.

En Colombia, hoy los Pueblos Indígenas nos encontramos en movilización y resistencia permanente en razón a nuestra pervivencia como pueblos originarios; y en la que hemos planteado la necesidad de un dialogo real con el gobierno colombiano, frente a las necesidades conocidas y demandadas y por el respeto de nuestros derechos.

Sea esta la oportunidad para manifestar al Parlamento Europeo, nuestra profunda preocupación, porque el Gobierno colombiano de Uribe Vélez; no ha tomado, ni ha garantizado las medidas efectivas para asegurar el respeto integral de los Derechos Humanos y Colectivos de nuestros Pueblos Indígenas, ha criminalizado las legítimas reclamaciones y protestas del Movimiento Indígena; ofreciendo recompensas como se hiciere con cualquier delincuente; poniendo en grave riesgo el buen nombre y vida de nuestros lideres; Solo en los primeros tres meses de este año 2009 se han presentado 50 casos de asesinatos de indígenas, y más de 3.000 indígenas han sido desplazados forzosamente. En el periodo comprendido del 2002 al 2008, que coincide con el período del actual Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se presentaron 1.255 homicidios de indígenas. Cabe destacar que la mayoría de los casos de homicidios y violaciones quedan en impunidad. Uno de los casos ejemplarizantes son los mas 117 asesinatos de miembros del pueblo Kankuamo.

En Colombia existen 102 pueblos indígenas, 32 de ellos presentan una población inferior a los 500 habitantes. De estos pueblos 18 tienen menos de doscientos habitantes y 10 menos de cien. Estos son las más vulnerables y se encuentran en alto riesgo de extinción física, cultural, y demográfica; además agobiados por el continuo conflicto armado interno, ignorados en sus demandas de protección y garantía de derechos fundamentales.

Con reservas, el Gobierno de Colombia; ha manifestado adoptar la Declaración Universal de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas de la ONU; significa esto para los Pueblos Indígenas de Colombia, representados en la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de la ONIC, que no se quiere reconocer garantías y derechos promulgados en esta declaración, continuando la militarización de los Territorios Indígenas, controlando el manejo, administración y preservación de los recursos naturales en los Territorios Indígenas, sobre, bajo y por el suelo, y el Derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Con su licencia ha permitido la puesta en marcha de Megaproyectos en Territorios Indígenas, que corresponden a su ambicioso interés comercial y personal, modelo económico que desconoce toda legislación y Convenios; como el Convenio 169 de la OIT.

Igualmente en Colombia se están facilitando los accesos a los recursos genéticos, la bioprospeccion, la patentabilidad del Saber y Conocimiento Ancestral, los bienes inmateriales de los Pueblos Indígenas, sin ningún tipo de control y/o sanción o mecanismo efectivo que garantice la salvaguarda de los conocimientos ancestrales; o lo que es peor aun; se propone un registro de protección administrado por el gobierno con exclusividad temporal; que no es otra cosa que poner en el dominio publico y en el de las transnacionales de los medicamentos los saberes ancestrales.

Por lo tanto, expresamos nuestra profunda preocupación a la Unión Europea de negociar bilateralmente un Tratado de Libre Comercio. Aun cuando los gobiernos de Perú y Colombia son sindicados de graves violaciones a los derechos humanos: los asesinatos de sindicalistas en Colombia y la generalización de medidas represivas en contra del movimiento indígena y reivindicaciones populares en Perú pretende ser ignorado por la Unión Europea, a pesar del reconocimiento que ha hecho incluso el gobierno de los Estados Unidos en el caso de Colombia.

Es necesario recordar que cuando se iniciaron las negociaciones, la Unión Europea proclamó que para ella era de la mayor importancia el fomento de la “integración regional” andina. En diciembre de 2006 la Comisaria Europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, declaró “que el objetivo del acuerdo (entre la UE y la CAN), así como el espíritu de la negociación que lo precederá, es y debe ser el que ambas partes se beneficien de él. La Asociación no tiene ni sentido ni futuro cuando se construye a costa de una de las partes”. Sin embargo, en enero de 2009 el Consejo de Ministros de la UE autorizó la negociación bilateral con los gobiernos de Perú y Colombia. Con esta decisión la Unión Europea reconoció que no existen las condiciones para promover un Acuerdo de Asociación entre bloques y le dio prioridad a sus intereses comerciales. La propuesta de los gobiernos de Alan García y Uribe, de avanzar por la vía de una negociación bilateral, avalada por la Unión Europea, representa una decisión nefasta para la pervivencia de nuestros pueblos, niega los esfuerzos de una integración regional alternativa y constituye un grave precedente antidemocrático, fuera de todo principio de estado social de derecho en nuestra nación.

El TLC con Europa, está en nuestros territorios desde hace rato, con inversiones incluso más importantes que las de Estados Unidos, y en sectores claves de la economía, como el energético; con Unión FENOSA. Buena parte de los servicios públicos, como el agua, está bajo el control de Aguas de Barcelona, monopolio Español; e incursionaron en el mercado financiero con los bancos BBVA. Están en el petróleo, el ferroníquel y el carbón; en las telecomunicaciones, con Telefónica.

Preguntamos; La Unión Europea, como esta asegurando que el Gobierno Colombiano va a respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas y demás Sectores Sociales una vez firmado el acuerdo? Y como va a asegurar que sus empresas respeten los Territorios y Derechos de los Pueblos Indígenas, Campesinos y Trabajadores?

Queremos recordarle al Parlamento Europeo; y a las Organizaciones Sociales aquí presentes que en julio de 2008, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena ONIC llevo a cabo el Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión Indígena, en que jueces independientes internacionales indígenas y no-indígenas, y autoridades indígenas colombianas, juzgaron el Estado Colombiano y las empresas transnacionales por su responsabilidad en las múltiples y sistemáticas violaciones de Derechos de los pueblos indígenas. En su dictamen final, los jueces encuentran responsables el estado y las empresas por violaciones a los derechos colectivos tal y como el derecho a la autonomía y a la cultura, el derecho a la participación, el derecho al propio desarrollo, y el derecho a la existencia como pueblos indígenas. En términos de derechos individuales, también encontraron violaciones al derecho a la vida y a la integridad física, al derecho a la salud y a la alimentación, a los derechos de las mujeres indígenas, al derecho a la libertad y a la libre circulación, al derecho a la propiedad privada, y al derecho a la justicia y la reparación. Concluyeron los jueces lo siguiente:

“Acusar al Estado Colombiano y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por la comisión de graves violaciones a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos indígenas de Colombia que se concretan en la implementación de políticas de exterminio, genocidio, etnocidio y desplazamiento de los pueblos indígenas producto de la cual cientos de miles de indígenas sufren graves consecuencias.

Por la persecución, torturas, desapariciones, implementación de campañas de desinformación, pago de recompensas para acusar y judicializar a las autoridades y líderes defensores de los pueblos indígenas que luchan por los derechos a la identidad, territorio, cultura, autonomía y participación.

Por favorecer prácticas ilegítimas que permiten la apropiación violenta e ilegal de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, para desarrollar proyectos y actividades extractivas de exploración y explotación por parte de las empresas transnacionales.

Por su responsabilidad en la situación crítica de los 18 pueblos indígenas en inminente peligro de extinción y exterminio.

Acusar a las Empresas nacionales y trasnacionales, ECOPETROL, OXY, REPSOL, PETROMINERALES, GRAN TIERRA ENERGY, ANGLO GOLD ASHANTI, BHP BILLINGTHON, ANGLO AMERICAN, GLENCORE, XTRATA, MONSANTO, DYNCORP, MADERAS DEL DARIEN-URAPALMA, MURIEL MINING CORPORATION, BRISA S.A, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, B2 GOLD – COBRE Y ORO DE COLOMBIA S.A, por su participación en los referidos hechos. “

Por todo lo anterior, solicitamos a la Unión Europea; de no negociar un Acuerdo de Asociación como se pretende presentar o un TLC con el Gobierno Colombiano, cuando continúa violando constantemente los derechos de los Pueblos Indígenas, criminalizando la Protesta Social, y su modelo económico sigue generando expropiación y saqueo en sus recursos y bienes naturales;

Requerimos que no se premie al gobierno de Uribe Vélez, cuando no ha garantizado el desarrollo y practica de una política comercial, que asegure la prioridad en justicia social, la sostenibilidad ambiental y el pleno goce de los derechos de los Pueblos Indígenas, los Derechos Humanos y laborales de todos los hombres y mujeres habitantes de los países de Colombia y el área Andina.

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA
Organización Nacional Indígena de Colombia
O.N.I.C.

domingo, 26 de abril de 2009

Colombia: Uribe Uribe y Uribe

Miércoles, 25 de Marzo de 2009
(Consejo Regional Indígena del Cauca)

Kaos en la Red, 24 de marzo.- Para romper la unidad de los pueblos indígenas. El gobierno utiliza todas las formas de lucha contra los pueblos indígenas: conflicto armado, ocupación militar, judicializaciones, cultivos ilícitos, incumplimiento de acuerdos, atentados…

“Resulta paradójico que un gobierno como el actual, preocupado por desconocer los procesos sociales indígenas, campesinos, afros o gremiales, se presente ahora como impulsor de la participación ciudadana y legitime la creación de la OPIC que se presenta como una organización de pueblos Indígenas.

Cuando realmente es una agremiación de indígenas protestantes, dirigida por voceros religiosos indígenas y de autodefensas campesinas desmovilizadas, que no cuenta con el aval oficial de ningún cabildo, tal como quedó demostrado en la reunión realizada en Popayán el pasado sábado 21 de marzo de 2009″.

En el año 1907 el General Uribe Uribe, expuso, cómo la república desde de su inicio ha estado directamente comprometida con el proyecto de exterminio de los pueblos indígenas: “…En nuestra condición de raza conquistadora, ya que arrebatamos el suelo al indio y que cada día vamos estrechándolo para lo más recóndito de las selvas, tenemos obligación –si de veras somos cristianos- de arrancarlos a la barbarie en que viven, para traerlos a la comunión de la fe, del trabajo y de la sociedad.

(…) El dinero que en esto se invierta ganará un alto interés de los préstamos a Dios, de que habla el evangelio. (…) es menester que la república obre ya directamente sobre aquellos núcleos, (…) Es urgente la asimilación de aquellos grupos, su inserción a nuestra vida orgánica. Es menester acabar con aquellas costumbres ancestrales (…) es menester transformar en colombianos aptos aquellos exponentes de inutilidad aborigen…” (Rafael Uribe Uribe, Reducción de indígenas, febrero 1907).

Ciento dos años después, el menesteroso gobierno nacional con el ministro Valencia Cossío a la cabeza, se reúne con comuneros que respaldan la política del actual Uribe: del Uribe que mantiene sus ejércitos de ocupación en los territorios indígenas; del Uribe que castiga a los pequeños sembradores de Coca mientras crece el poder del narcotráfico.

Del Uribe que promueve leyes para eliminar los derechos humanos e históricos de los pueblos indígenas, mientras defiende los excesos de la fuerza pública; del Uribe que emite leyes del despojo como el TLC y el Estatuto de desarrollo rural mientras incumple los acuerdos y compromisos que tiene el Estado nacional con los pueblos indígenas y sectores sociales del país; del Uribe que invoca a Dios mientras miente, discrimina y fomenta la delación, el odio y el rompimiento del tejido social.

Ha sido evidente para el país y el mundo que el actual gobierno ha mantenido una política de discriminación selectiva contra los pueblos indígenas del Cauca, lo cual se manifiesta en lo siguiente:

1. La prohibición en los POT municipales de vender tierras destinadas a los resguardos indígenas; exabrupto normativo que fue recogido e inserto en el inexequible estatuto de desarrollo rural.

2. Los pronunciamientos mediáticos donde el gobierno hábilmente liga los territorios indígenas con el terrorismo y el narcotráfico.

3. El ofrecimiento de recompensas para romper la unidad de los pueblos indígenas del Cauca en un consejo comunitario de la ciudad de Popayán

4. La detención arbitraria de líderes y comuneros indígenas pertenecientes a comunidades que participan de la liberación de la Madre Tierra, sin respetar el debido proceso.

5. El uso excesivo de la fuerza contra las comunidades indígenas que reclaman su derecho a la tierra, en un acto de parcialidad gubernamental con los grandes propietarios.

6. El engaño a la opinión pública para justificar excesos del esmad contra las comunidades indígenas en La María, Piendamó, donde negó que la policía hizo uso de armas de fuego y no convencionales, en el mes de octubre de 2008, contrariando evidencias de los medios de comunicación internacional. En aquella ocasión un indígena fue asesinado, nueve familias desplazadas y heridas de gravedad más de 150 personas, muchas de las cuales quedaron con lesiones de por vida.

7. El atentado, en el mes de diciembre del 2008, contra la Consejería mayor CRIC, a través de una emboscada que realizó el ejército colombiano en Totoró, contra el carro del CRIC, donde fue asesinado Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aída Quilcué.

8. La decisión perversa de mantener la guerra en los territorios indígenas, donde la guerrilla complaciente intimida bajo la tesis de que quien defienda la política de seguridad democrática es objetivo militar y el gobierno amenaza a quien reclame garantía de los derechos humanos bajo el argumento que es aliado de la guerrilla.

Resulta paradójico que un gobierno como el actual, preocupado por desconocer los procesos sociales indígenas, campesinos, afros o gremiales, se presente ahora como impulsor de la participación ciudadana y legitime la creación de la OPIC que se presenta como una organización de pueblos Indígenas.

Cuando realmente es una agremiación de indígenas protestantes, dirigida por voceros religiosos indígenas y de autodefensas campesinas desmovilizadas, que no cuenta con el aval oficial de ningún cabildo, tal como quedó demostrado en la reunión realizada en Popayán el pasado sábado 21 de marzo de 2009.

De forma conciente el ministro del interior y de justicia desconoce que los pueblos indígenas en este departamento tenemos unos procedimientos de orden colectivo, donde la vocería principalmente está en los gobernadores de cabildo, cuya capacidad de interlocución y decisión solo compromete a su territorio de origen. En caso que ello afecte o implique más de un territorio se requiere de instancias de coordinación zonal o regional.

Es el Caso del CRIC, que responde a las políticas establecidas en Congresos regionales, el cual, a propósito, realizará su Décimo Tercera versión entre el 26 y 30 de abril del presente año en la María, Piendamó. La existencia del Consejo Regional Indígena del Cauca supera los 38 años de proceso organizativo, siendo los gobernadores de cabildos, en un Congreso Extraordinario, los que mediante una Resolución Propia, en 1999, establecieron la calidad de Autoridad Tradicional del CRIC.

Y ellos mismos exigieron del Estado colombiano su registro legal para facilitar la relación de los indígenas del Cauca con las instituciones en materia de política pública, lo cual quedó establecido a través de la resolución 029 del ministerio del Interior en junio de ese mismo año.

Lamentablemente se percibe mala intención institucional, pues en este acto se volvió a difamar y a afectar el buen nombre del CRIC con la complacencia del gobierno, y de paso, de forma siniestra los funcionarios del Estado fomentan viejos rencores religiosos que las comunidades han venido superando a través de procedimientos participativos que dan vida a la autonomía interna de gobierno.

Se insiste en la vieja aspiración conquistadora que los comuneros renuncien a la propiedad colectiva de los resguardos y a la observancia de las reglas internas, ahora a través de prebendas económicas, ofrecidas por personas que aún hacen parte de los censos y gozan de las decisiones comunitarias.

Como el gobierno no ha logrado fomentar su política de pago de recompensas en territorios indígenas, ni que las comunidades acepten el conflicto armado, tampoco definirse por uno y otro actor de la guerra, ni que los comuneros accedan al monocultivo, menos cuando se trata de plantaciones que el gobierno denomina ilícitas, ahora puso en marcha una vieja estrategia:

Crear la idea que es el CRIC el responsable frente a las comunidades de los derechos que constitucionalmente debe garantizar el Estado colombiano en cabeza del gobierno nacional y se está apoyando en personas que, como expresó una de sus líderes, ya no quieren hacer parte de la estructura interna de los resguardos ni aceptar la autoridad de los cabildos.

Es urgente que los organismos de control observen el comportamiento de los gobiernos nacional y departamental, pues continúan promoviendo el rompimiento el tejido social y la unidad indígena, en especial se investigue la actuación de los servidores públicos Valencia Cossio y Guillermo Alberto González como jefes de las delegaciones que participaron del evento político religioso que se realizó en el Coliseo “La Instancia” de la ciudad de Popayán el pasado 21 de marzo.

Llamamos igualmente a la comunidad internacional defensora de los derechos humanos para que esté alerta frente a los sucesos del Cauca, ya que el gobierno está utilizando todas las formas de lucha contra los pueblos indígenas, (conflicto armado, ocupación militar, judicializaciones, cultivos de uso de ilícito.

Incumplimiento de acuerdos, señalamientos, desinformación mediática, atentados, legislación que contradice los avances universales en materia de derechos humanos e intervencionismo para el rompimiento de las estructuras internas de los pueblos indígena) lo cual mantiene el riesgo inminente de desaparición forzada a los diferentes pueblos indígenas que centenariamente hemos habitado este territorio.

Consejería Mayor. Consejo Regional Indígena Del Cauca –CRIC-

Popayán, marzo 24 de 2009

Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN. Telefax: 0928 - 290958 – 293999. Email: acincauca@yahoo.es - web: nasaacin.org - Dirección: Calle 3 No. 7A-20. Santander de Quilichao Cauca –Colombia.