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martes, 5 de octubre de 2010

MATAN A UN ABOGADO DE LA IZQUIERDA HONDUREÑA. LA DICTADURA SIGUE CON LA ESTRATEGIA DEL ASESINATO SELECTIVO.












Sicarios asesinan a coordinador de Abogados en Resistencia


PUBLICADO EN "EL LIBERTADOR"
http://ellibertador.hn/Nacional/4133.html


Se informa que el abogado Marco Tulio Amaya, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular y de los abogados en Resistencia, fue asesinado a la altura de Ojo de Agua, El paraíso. Se desconoce las causas de la ejecución.

Tegucigalpa. El abogado Marco Tulio Amaya, miembro activo de la Resistencia Popular, fue ejecutado en el sector de Ojo de Agua, a unos setenta kilómetros de Tegucigalpa.

Fredin Fúnez, miembro del grupo de abogados en Resistencia, informó en exclusiva a EL LIBERTADOR digital que Amaya venía de la región oriental del país con rumbo a la capital cuando se suscitó el percance.

Marco Tulio Amaya era el encargado de coordinar la defensa de los presos políticos que la dictadura fascista de Roberto Micheletti los envió a la cárcel, por el hecho de manifestarse de manera pacífica durante las movilizaciones que condenan el golpe de Estado Militar. También fue integrante del Frente Reinvindicador Democrático (FRD) del Colegio de Abogados de Honduras.

A continuación, trasladamos a nuestros lectores el comunicado emitido por el Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos del Golpe de Estado en Honduras (CPPEPH), en relación al asesinato del abogado Amaya.

COMITÉ DE PRESOS, PERSEGUIDOS Y EXILIADOS POLÍTICOS DEL GOLPE DE ESTADO DE HONDURAS (CPPEPH)

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

El Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos del Golpe de Estado en Honduras (CPPEPH) expresa su solidaridad con los familiares del Licenciado Marco Tulio Amaya, asesinado el 20 de julio en el departamento de El Paraíso. Este acto de violencia pone nuevamente en evidencia la naturaleza de este régimen militar que se disfraza de democracia.

Como Comité rechazamos este nuevo acto, se suma a las cientos de violaciones a los Derechos Humanos contra los miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y contra todo el pueblo hondureño.

El Licenciado Amaya se destacó dentro del FNRP como Coordinador de los Abogados en Resistencia. Desde el inicio fue de los primeros en presentarse en las Postas de Policía, en los Centros de Detención para presentar Habeas Corpus y exigir la libertad de los compañeros de la Resistencia, así como en los Tribunales para defender a miembros de la resistencia acusados injustamente.

A pesar de los informes de los órganos interamericanos de Derechos Humanos, el Estado Hondureño sigue omitiendo su deber de protección frente a la población Hondureña, lo cual se concreta en:

1. Asesinatos sistemáticos y selectivos de miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), desde el 28 de junio del año pasado, se llevan más de 120 de sus miembros han sido asesinados, 94 de ellos hasta enero del 2009 y 27 han sido asesinados en lo que va corrido de este año, bajo el supuesto gobierno de unidad que preside Porfirio Lobo.

2. Ausencia de resultados en las investigaciones penales: A pesar de que se han presentado las denuncias en el Ministerio Publico. Igualmente, los asesinos y violadores de los Derechos Humanos se encuentran laborando normalmente en sus trabajos disfrutando de ascensos y la mayoría han recibido sobreseimientos en los casos que se les lleva en los Juzgados, con lo que se demuestra que el sistema judicial no cumple con los principios de independencia e imparcialidad y por la defensa de los derechos humanos.

Por todo lo anterior condenamos el asesinato del licenciado Marco Tulio Amaya y llamamos a las comunidades, personas y organizaciones nacionales e internacionales a pronunciarse sobre estos hechos. En Honduras la represión se incrementa y es necesario enfrentar esta situación.

PARA LOS ASESINOS NI OLVIDO NI PERDÓN

Tegucigalpa, 20 de julio de 2010

sábado, 23 de mayo de 2009

Colombia una tumba para los abogados.

Abogados de Inglaterra aseguran que al menos 400 asesinatos de abogados se cometieron en el país desde 1991, principalmente por crímenes del estado paramilitar.

Más de 400 abogados han sido asesinados en Colombia desde 1991, en unos crímenes que han quedado impunes, según denuncia la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales en un informe elaborado tras visitar el país sudamericano en 2008.

El informe, difundido y realizado por la "Caravana Internacional de Juristas", documenta amenazas, asaltos, asesinatos y desapariciones de defensores de los derechos humanos y la omisión de las autoridades colombianas de investigar estos crímenes.

En agosto del año pasado, 42 abogados del Reino Unido y una treintena de juristas de otros países, participaron en una investigación en Colombia sobre la situación de los abogados en ese país, especialmente de los que trabajan en el área de derechos humanos.

Según explicó la Sociedad de Abogados británica en un comunicado, el objetivo fue hacer las funciones de "escudo humano" a los abogados en riesgo, protestar contra las autoridades e investigar qué se puede hacer para apoyar y proteger a los abogados de derechos humanos en el futuro.

La delegación se reunió con abogados de derechos humanos y grupos de víctimas así como con jueces, policías y fiscales, empleados de la embajada del Reino Unido, y funcionarios públicos.

Sara Chandler, de la Sociedad de Abogados, destaca en el comunicado que "el coraje de los abogados colombianos ha dejado una profunda impresión en todos nosotros".

"Escuchamos terribles y detallados recuentos de testigos oculares del acoso y ataques sufridos. Durante nuestra visita, un abogado fue asesinado en una de las regiones que estábamos investigando", dice.

Chandler denuncia que "los abogados que conocimos durante nuestra visita continúan sufriendo acoso y recibiendo amenazas de muerte" y que las oficinas de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo Umaña Mendoza (ACADEUM), donde se reunieron con sus colegas, ha sufrido robos y asaltos desde entonces.

Además, afirma, "dos abogados han tenido que exiliarse después de recibir amenazas de muerte en febrero y marzo de este año".

En el informe se señala que los sindicalistas "también han sido objeto de esta campaña de terror".

"Desde 1986, 2.700 sindicalistas han sido asesinados. Profesores, trabajadores de salud y empleados y trabajadores de la industria del aceite de palma son los que están en más alto riesgo", se indica.