MADRES VUELVEN A EXIGIR LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE SUS HIJOS DESAPARAECIDOS.
A nueve años de ejecutados los seis operativos militares[i] con los que se buscaba el exterminio de las organizaciones insurgentes que operaban en la Comuna 13 de Medellín, y en cuyo desarrollo se violaron gravemente los Derechos Humanos de los habitantes de esta zona de la ciudad, especialmente en la Operación Orión; las madres de los más de cien desaparecidos caminaron rumbo a La Escombrera para exigir nuevamente la búsqueda e identificación de sus familiares.
En el transcurso del año 2002, durante el desarrollo de las operaciones Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión, los habitantes de los 23 barrios de la Comuna 13 padecieron constantes enfrentamientos armados, allanamientos ilegales, capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles, desapariciones forzadas, y un sinnúmero de violaciones a sus derechos.
Nada más durante los tres primeros días de la Operación Orión fueron detenidas, reseñadas y en algunos casos torturadas y obligadas a desplazarse, 450 personas, de las cuales 170 fueron vinculadas formalmente a investigación como presuntas responsables de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, terrorismo y porte ilegal de armas. De esta cifra tan solo a 82 se les ordenó medida de aseguramiento, mientras las demás recuperaban su libertad. Al cabo de un año fueron acusadas formalmente 56 de estas personas, y desvinculadas definitivamente de la investigación 26 de las procesadas. Transcurridos nueve años, sólo fueron condenados dos de los 450 detenidos.
Tras los operativos militares, la zona no sólo resultó altamente militarizada por la Fuerza Pública, sino que el Bloque Cacique Nutibara tomó pleno control de lo que sucedía en la zona, como lo denunciaron en varias oportunidades algunos pobladores de estos barrios, sin que sus querellas tuvieran trascendencia alguna puesto que la Comuna 13 de Medellín se exponía como modelo de pacificación en el país y como uno de los grandes logros de la Política de Seguridad Democrática del hoy ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
No obstante, las organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad han denunciado que la mayoría de los crímenes se cometieron entre octubre de 2002 y diciembre de 2003, es decir, en meses 
posteriores a la Operación Orión. Asimismo, han elevado denuncias sobre la existencias de fosas comunes en La Escombrera, San Cristóbal, San Antonio de Prado y la Comuna 8, donde el Bloque Cacique Nutibara tenía fuerte presencia.
Pese a los testimonios que relatan fatídicos finales sobre personas que fueron trasladadas vivas hasta La Escombrera, y luego asesinadas y enterradas; pese al convenio firmado, en 2009, por la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín para realizar la búsqueda de fosas comunes en el Occidente y Oriente de la ciudad, y su recomendación de cerrar definitivamente de La Escombrera; pese a la declaración del extraditado narcotraficante y jefe del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Diego Fernando Murillo Bejarano[ii], alias Berna, donde admitía la alianza entre el Ejército y los paramilitares para llevar a cabo la Operación Orión, a finales del 2002, e implicaba directamente al ex comandante del Ejército Mario Montoya Uribe, y al ex general retirado de la Policía Nacional, Leonardo Gallego Castrillón. Ya son más de cinco millones de toneladas de escombros las que entierran la verdad sin que las autoridades se opongan, y la investigación alrededor de las declaraciones del ex jefe paramilitar no arrojan resultados.
Por esta privación de la verdad y la justicia a la que se han enfrentado los sobrevivientes de las atrocidades cometidas por la Fuerza Pública y por los paramilitares en la Comuna 13, el sábado 21 de mayo las víctimas volvieron a marchar solicitando a las autoridades judiciales y administrativas de la ciudad de Medellín “el cierre absoluto e inmediato de todas las escombreras del sector, para preservar el lugar y evitar que se sigan realizado actividades que impidan encontrar a las personas desaparecidas, que fueron inhumadas clandestina e ilegalmente en el lugar, tal como lo establecen las normas internacionales. La adopción de políticas y medidas urgentes y concertadas con las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos que representan y acompañan a los familiares, encaminadas a encontrar a todas las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de esta ciudad. Y la protección a la vida e integridad de los familiares que participan en los procesos, que continúan la búsqueda y que exigen el respeto y cumplimiento de las obligaciones estatales”.
[i] Los operativos militares en la Comuna 13 de Medellín fueron ejecutados por la Fiscalía, el DAS, la Policía Metropolitana, el CTI, la Fuerza Aérea y tropas del Batallón de Infantería “Pedro Justo Berrío” de la IV Brigada del Ejército, en coordinación con los grupos paramilitares, como lo han corroborado las declaraciones de varios desmovilizados, entre ellos Diego Fernando Murillo, alias Berna.
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