http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2010_1/resistencia-honduras.html
El 28 de junio de 2009, se produjo un golpe militar en Honduras, condenado por casi la totalidad de los países del mundo, así como por la Organización de Estados Americanos, la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos internacionales.
En este asalto a la razón y en el uso de la fuerza de las armas, se articularon el poder militar, la jerarquía católica y evangélica, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el poder jurídico, económico y político y el poder manipulador mediático, en alianza con sectores militares, económicos e internacionales.
Los movimientos sociales, las organizaciones de mujeres, las organizaciones populares, indígenas y garífunas, la comunidad LGTB, campesinos y campesinas, obreros y obreras, estudiantes y diferentes sectores de la sociedad civil, junto con escritores y escritoras, periodistas, sacerdotes, monjas y pastores alzaron sus protestas en contra de este golpe de manera pacífica y se organizaron como Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Ante las graves denuncias de violaciones de los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de estado del 28 de junio, ante los constantes llamamientos de la sociedad civil hondureña a la presencia de misiones internacionales de observación en la zona, ante la grave preocupación por la situación en la que se encontraban los asturianos y asturianas desplazadas y ante el desconocimiento de la situación de los proyectos de cooperación financiados desde Asturies (Honduras es un estado prioritario para la cooperación y la solidaridad que se realiza desde Asturies, que ha destinado en los últimos cinco años casi 5 millones de Euros), se decidió constituir una Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras que visitó el país del 30 de julio al 7 de agosto de 2009, conoció sobre el terreno la realidad y expresó la solidaridad y acompañamiento del pueblo asturiano a la lucha y la resistencia del pueblo hondureño ante el golpe de estado.
Como Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies, considero que la Unión Europea y el Estado español han dejado de tomar en consideración el grave impacto que para América Latina ha tenido el golpe de Estado en Honduras.
Honduras no ha sido readmitida en la OEA ante la oposición de Brasil, Argentina y México, entre otros. Por la misma razón, la invitación a Porfirio Lobo Sosa para participar en la pasada Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y de ALC fue cancelada.
Lo que no impidió que la UE se reuniera, casi clandestinamente y de forma vergonzante, con Porfirio Lobo Sosa en Madrid para anunciar la culminación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y ALC.
La Unión Europea y el Estado español han manifestado su voluntad de contribuir al restablecimiento de la democracia en América Latina, a la afirmación y fortalecimiento de los estados de derecho, al respeto de los derechos humanos y al empoderamiento de la ciudadanía en su tarea de vigilancia y participación de las políticas públicas.
Está promoción de la democracia participativa debería estar presente en todas y cada una de las políticas de cooperación y en el diálogo político de la Unión Europea y el Estado español con América Latina.
Como Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies, me preocupa profundamente que se renuncie a esa voluntad democratizadora. Que se pretenda pasar página al golpe de Estado en Honduras, sin que los golpistas y sus cómplices, no solamente no hayan sido juzgados y sancionados por sus crímenes, sino pero aún, que estén siendo reconocidos por importantes sectores y gobiernos de la comunidad internacional, que no han condicionado el restablecimiento de sus relaciones y de las políticas de cooperación a la depuración de las instituciones públicas hondureñas.
Resulta evidente que estas ambigüedades de la política de la Unión Europea y del Estado español no contribuyen al propósito de reconciliar al pueblo hondureño, ni a la recuperación de la institucionalidad democrática, ni al imprescindible respeto a los derechos humanos.
Los golpistas que controlan el poder judicial siguen desafiando, no sólo los intentos de reconciliación nacional, sino también a la comunidad internacional que ha reclamado el reintegro de los jueces y la magistrada despedidos el pasado 5 de mayo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces y la magistrada, integrantes de la Asociación de Jueces por la Democracia, que se han opuesto al golpe de Estado y han llevado a cabo una valiente huelga de hambre y a pesar de los reiterados llamados a su reintegro, han visto el 1 de junio de 2010, confirmada la arbitraria e injustificada decisión de su despido por la Corte Suprema de Justicia.
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó su segunda visita a Honduras en mayo de 2010, expresó públicamente: “La Comisión constató que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado. La CIDH recibió información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia son objeto de amenazas y hostigamientos”.
La CIDH denunció en sus Observaciones Preliminares: “la militarización de la sociedad producto del golpe de Estado. En este sentido, se observa con preocupación que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el Golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas de alto nivel en el gobierno de Porfirio Lobo”.
Por ejemplo, el General de División Venancio Cervantes, que ocupa el cargo de Director General de la Dirección de Migración y Extranjería, era Subjefe del Estado Mayor Conjunto en el momento del golpe de Estado; el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres, es Director de Aeronáutica Civil; el ex-General Nelson Willy Mejía, se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez, que era Comandante en Jefe de las FFAA en el momento del golpe de Estado, es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
En este contexto es particularmente grave que, en sentido contrario a las recomendaciones de la CIDH, el legislativo hondureño ordenó mediante decreto de 10 de junio que las Fuerzas Armadas deberán poner “el personal idóneo necesario a la disposición de la Policía”, a fin de que esta cumpla de manera “eficiente” el mantenimiento del orden público.
Como Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies, quiero denunciar que desde la toma de posesión como Presidente de Honduras de Porfirio Lobo Sosa, el pasado 27 de enero, las organizaciones de derechos humanos han reportado 10 periodistas asesinados y más de 1.000 violaciones de los derechos humanos, desde amenazas, atentados, secuestros, violaciones y ataques contra medios de comunicación independientes. Especialmente grave es el número de muertos de la comunidad LGTB, con 20 personas asesinadas, de sindicalistas, con 12 asesinatos, y la represión y persecución a las mujeres en resistencia y al movimiento feminista.
La impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos continúa siendo la regla general que favorece que las mismas se sigan perpetrando.
Por todo lo expresado, al cumplirse un año del golpe de estado en Honduras, dirijo desde aquí estas preguntas a la Unión Europea y al Estado español:
¿Qué programas de cooperación se han restablecido con el Estado de Honduras y qué tipo de condicionalidad se ha impuesto para ello en caso de que se haya decidido alguna?
¿Qué tipo de ayuda están prestando la UE y el Estado español a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se instaló el pasado 4 de mayo en Honduras y qué se ha hecho para que se integrara en su mandato la documentación de violaciones de derechos humanos?
¿Qué tipo de sanción piensan la UE y el Estado español que podrían mantener o establecer en relación con las personas que patrocinaron el golpe de Estado?
¿Cómo piensan la UE y el Estado español aplicar la cláusula democrática prevista en el Acuerdo de Diálogo político y Cooperación del 15 de diciembre de 2003 y en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica del pasado mes de mayo, frente el hecho de que las principales instituciones hondureñas sigan siendo controladas por personas que han promovido el golpe de Estado?
¿Tienen previsto la UE y el Estado español establecer un diálogo político en derechos humanos con Honduras que incluya la participación de la sociedad civil?
Como Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies doy todo mi apoyo a la Comisión de Verdad, promovida por la Plataforma de Derechos Humanos y por múltiples organizaciones de la sociedad civil de Honduras que se constituye hoy, 28 de junio, como una manera alternativa de reivindicar los derechos de las víctimas y de contribuir a la superación de la impunidad.
Del mismo modo, expreso mi reconocimiento político e institucional al Frente Nacional de Resistencia Popular como uno de los interlocutores indispensables para el pleno restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y la reconstrucción de una Honduras en paz y con justicia social.
El 28 de junio de 2009, se produjo un golpe militar en Honduras, condenado por casi la totalidad de los países del mundo, así como por la Organización de Estados Americanos, la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos internacionales.
En este asalto a la razón y en el uso de la fuerza de las armas, se articularon el poder militar, la jerarquía católica y evangélica, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el poder jurídico, económico y político y el poder manipulador mediático, en alianza con sectores militares, económicos e internacionales.Los movimientos sociales, las organizaciones de mujeres, las organizaciones populares, indígenas y garífunas, la comunidad LGTB, campesinos y campesinas, obreros y obreras, estudiantes y diferentes sectores de la sociedad civil, junto con escritores y escritoras, periodistas, sacerdotes, monjas y pastores alzaron sus protestas en contra de este golpe de manera pacífica y se organizaron como Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).Ante las graves denuncias de violaciones de los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de estado del 28 de junio, ante los constantes llamamientos de la sociedad civil hondureña a la presencia de misiones internacionales de observación en la zona, ante la grave preocupación por la situación en la que se encontraban los asturianos y asturianas desplazadas y ante el desconocimiento de la situación de los proyectos de cooperación financiados desde Asturies (Honduras es un estado prioritario para la cooperación y la solidaridad que se realiza desde Asturies, que ha destinado en los últimos cinco años casi 5 millones de Euros), se decidió constituir una Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras que visitó el país del 30 de julio al 7 de agosto de 2009, conoció sobre el terreno la realidad y expresó la solidaridad y acompañamiento del pueblo asturiano a la lucha y la resistencia del pueblo hondureño ante el golpe de estado.Como Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies, considero que la Unión Europea y el Estado español han dejado de tomar en consideración el grave impacto que para América Latina ha tenido el golpe de Estado en Honduras.
Honduras no ha sido readmitida en la OEA ante la oposición de Brasil, Argentina y México, entre otros. Por la misma razón, la invitación a Porfirio Lobo Sosa para participar en la pasada Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y de ALC fue cancelada.
Lo que no impidió que la UE se reuniera, casi clandestinamente y de forma vergonzante, con Porfirio Lobo Sosa en Madrid para anunciar la culminación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y ALC.
La Unión Europea y el Estado español han manifestado su voluntad de contribuir al restablecimiento de la democracia en América Latina, a la afirmación y fortalecimiento de los estados de derecho, al respeto de los derechos humanos y al empoderamiento de la ciudadanía en su tarea de vigilancia y participación de las políticas públicas.
Está promoción de la democracia participativa debería estar presente en todas y cada una de las políticas de cooperación y en el diálogo político de la Unión Europea y el Estado español con América Latina.
Como Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies, me preocupa profundamente que se renuncie a esa voluntad democratizadora. Que se pretenda pasar página al golpe de Estado en Honduras, sin que los golpistas y sus cómplices, no solamente no hayan sido juzgados y sancionados por sus crímenes, sino pero aún, que estén siendo reconocidos por importantes sectores y gobiernos de la comunidad internacional, que no han condicionado el restablecimiento de sus relaciones y de las políticas de cooperación a la depuración de las instituciones públicas hondureñas.
Resulta evidente que estas ambigüedades de la política de la Unión Europea y del Estado español no contribuyen al propósito de reconciliar al pueblo hondureño, ni a la recuperación de la institucionalidad democrática, ni al imprescindible respeto a los derechos humanos.
Los golpistas que controlan el poder judicial siguen desafiando, no sólo los intentos de reconciliación nacional, sino también a la comunidad internacional que ha reclamado el reintegro de los jueces y la magistrada despedidos el pasado 5 de mayo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces y la magistrada, integrantes de la Asociación de Jueces por la Democracia, que se han opuesto al golpe de Estado y han llevado a cabo una valiente huelga de hambre y a pesar de los reiterados llamados a su reintegro, han visto el 1 de junio de 2010, confirmada la arbitraria e injustificada decisión de su despido por la Corte Suprema de Justicia.
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó su segunda visita a Honduras en mayo de 2010, expresó públicamente: “La Comisión constató que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado. La CIDH recibió información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia son objeto de amenazas y hostigamientos”.
La CIDH denunció en sus Observaciones Preliminares: “la militarización de la sociedad producto del golpe de Estado. En este sentido, se observa con preocupación que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el Golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas de alto nivel en el gobierno de Porfirio Lobo”.
Por ejemplo, el General de División Venancio Cervantes, que ocupa el cargo de Director General de la Dirección de Migración y Extranjería, era Subjefe del Estado Mayor Conjunto en el momento del golpe de Estado; el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres, es Director de Aeronáutica Civil; el ex-General Nelson Willy Mejía, se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez, que era Comandante en Jefe de las FFAA en el momento del golpe de Estado, es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
En este contexto es particularmente grave que, en sentido contrario a las recomendaciones de la CIDH, el legislativo hondureño ordenó mediante decreto de 10 de junio que las Fuerzas Armadas deberán poner “el personal idóneo necesario a la disposición de la Policía”, a fin de que esta cumpla de manera “eficiente” el mantenimiento del orden público.
Como Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies, quiero denunciar que desde la toma de posesión como Presidente de Honduras de Porfirio Lobo Sosa, el pasado 27 de enero, las organizaciones de derechos humanos han reportado 10 periodistas asesinados y más de 1.000 violaciones de los derechos humanos, desde amenazas, atentados, secuestros, violaciones y ataques contra medios de comunicación independientes. Especialmente grave es el número de muertos de la comunidad LGTB, con 20 personas asesinadas, de sindicalistas, con 12 asesinatos, y la represión y persecución a las mujeres en resistencia y al movimiento feminista.
La impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos continúa siendo la regla general que favorece que las mismas se sigan perpetrando.
Por todo lo expresado, al cumplirse un año del golpe de estado en Honduras, dirijo desde aquí estas preguntas a la Unión Europea y al Estado español:
¿Qué programas de cooperación se han restablecido con el Estado de Honduras y qué tipo de condicionalidad se ha impuesto para ello en caso de que se haya decidido alguna?
¿Qué tipo de ayuda están prestando la UE y el Estado español a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se instaló el pasado 4 de mayo en Honduras y qué se ha hecho para que se integrara en su mandato la documentación de violaciones de derechos humanos?
¿Qué tipo de sanción piensan la UE y el Estado español que podrían mantener o establecer en relación con las personas que patrocinaron el golpe de Estado?
¿Cómo piensan la UE y el Estado español aplicar la cláusula democrática prevista en el Acuerdo de Diálogo político y Cooperación del 15 de diciembre de 2003 y en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica del pasado mes de mayo, frente el hecho de que las principales instituciones hondureñas sigan siendo controladas por personas que han promovido el golpe de Estado?
¿Tienen previsto la UE y el Estado español establecer un diálogo político en derechos humanos con Honduras que incluya la participación de la sociedad civil?
Como Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies doy todo mi apoyo a la Comisión de Verdad, promovida por la Plataforma de Derechos Humanos y por múltiples organizaciones de la sociedad civil de Honduras que se constituye hoy, 28 de junio, como una manera alternativa de reivindicar los derechos de las víctimas y de contribuir a la superación de la impunidad.
Del mismo modo, expreso mi reconocimiento político e institucional al Frente Nacional de Resistencia Popular como uno de los interlocutores indispensables para el pleno restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y la reconstrucción de una Honduras en paz y con justicia social.
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