La continuidad de operaciones paramilitares están generando nuevos desplazamientos forzados, los que no han sido evitados debido a la inacción e irresponsabilidad institucional para enfrentar el paramilitarismo enquistado territorialmente en una región estratégica en la confrontación armada con la guerrilla de las FARC EP y en donde se está implementando la estrategia de seguridad democrática.
El martes 15 de diciembre a las 4:00 p.m. de la tarde la Comisión de Justicia y Paz (CIJYP) fue informada de la presunta desaparición forzada de 16 campesinos debido a operaciones paramilitares en el caserío conocido como Nuevo Horizonte, La Florida, El Edén y Cañaveral en el municipio de Argelia, departamento de Cauca.
Desde el 8 de diciembre hasta la fecha se han desplazado más de 100 familias de estos caseríos. Algunas familias se han desplazado al casco urbano del municipio de Argelia, otras se encuentran hacinadas en el Colegio y en el hogar juvenil de la cabecera municipal de Argelia, y otros en Popayán en condiciones infrahumanas. Este es el tercer desplazamiento masivo que se produce en el municipio desde junio de 2008.
Hasta el momento estas familias no han recibido respuesta a sus derechos en materia humanitaria y de protección. Decenas de estas familias desplazadas son parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Sigue evidenciándose la tolerancia y la complicidad de efectivos del Batallón José Hilario López y la 29 brigada con la estrategia paramilitar, y su papel de abusos y extralimitaciones contra la libre movilización de la población y el transporte de bienes de supervivencia.1
Antecedentes:
- El 11 de diciembre de 2009, el juzgado Segundo del Circuito Especializado de Popayán tutela los derechos fundamentales de las familias desplazadas de Argelia ante la falta de respuesta de las instituciones del Estado colombiano para otorgar las ayudas humanitarias a la que tienen derecho. Desde que las familias se desplazaron por el accionar de los grupos paramilitares “Los Rastrojos”, sobreviven en Popayán en condiciones de indignidad, en hacinamiento y con total vulneración de sus derechos más fundamentales2
- El 24 de noviembre de 2009, se da un desplazamiento forzado en Argelia afectando a 14 familias. Sumando más de un centenar de familias desplazadas en Popayán que hace más de un año se vieron obligadas a dejar su territorio por el accionar de grupos paramilitares en Argelia, tras desapariciones forzadas, asesinatos y amenazas.3
- El 9 de febrero de 2009la CIJYP hace pública una constancia sobre la operatividad de los “grupos paramilitares en Argelia, en y ante la mirada cómplice, aquiescente, tolerante de la Fuerza Publica. En el mismo denuncia el secuestro de Roimer Bolaños, la amenaza de muerte sobre su vida y la prolongación del desplazamiento forzado y de las amenazas a los desplazados, (...) la persecución del líder Orlando Bolaños, las amenazas, el hostigamiento y acoso contra Any Yolima Zuñiga y su posterior desplazamiento.
- Desde abril de 2008 la escuela del caserío Cristales Altoha sido usada como base paramilitar, instalando trincheras. Igualmente varias casas de los pobladores, que se vieron obligados al desplazamiento han sido tomadas por los paramilitares, o quienes aún viven allí sometidas al control paramilitar, han sido obligadas a convivir en el mismo espacio.
- El 29 de enero a las 10.00a.m. en Bogotá, la Comisión Justicia y Paz fue informada por algunos pobladores de Argelia, que el mando paramilitar llamado “Erasmo” afirmó que los desaparecidos el 1ro de junio de 2008 Elder Daza, Armando Cerón, Gerardo Hoyos y Henry Gaviria fueron asesinados. Uno de ellos incinerado y dos asesinados con disparos, sobre la cuarta persona no indicaron nada.4
- Desde el 2006 hasta hoy, algunos de los crímenes de las estructuras paramilitares a nombre de “Autodefensas de Nueva Generación”, o de “Aguilas Negras”, o de “Rastrojos” se han cometido en cercanías de retenes del ejército y la policía; en otras ocasiones, coinciden con la movilización de tropas de efectivos militares perimetralmente sobre caseríos con la circulación interna en los mismos de paramilitares. Los paramilitares han afirmado que cuentan con el apoyo de las Fuerzas Militares y las prendas que usan son las mismas que usan los efectivos regulares.5
Peticiones
- A las instituciones civiles del Estado y la alcaldía de Popayán, que se cubran las necesidades de las personas desplazadas de Argelia y que se protege la vida de las mismas.
- A los medios de comunicación, que esta vez no guarden silencio, sino que muestren el accionar paramilitar en Argelia
- A los organismos de control y judiciales, que cumplan su función constitucional y legal y por lo tanto investiguen y sancionen los funcionarios públicos que por acción u omisión han sido responsables de la implantación de senda barbarie en esta región del país y que actualmente parece repetirse.
-Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación, organizaciones sociales y populares, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento público sobre los hechos mencionados .
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
RECORDAMOS QUE LA 3ª Y ÚLTIMA SESIÓN DE VÍDEO-FORUM DE LAS JORNADAS SOBRE "LAS TRANSNACIONALES Y LOS AGROCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA" SE LLEVARÁ A CABO EN EL COLEGIO MAYOR SAN FERNANDO (c/Delgado Barreto, Campus Central ULL), el jueves día 5 de Noviembre a las 20:00
LA POLITÓLOGA COLOMBIANA, EXPERTA EN AGROCOMBUSTIBLES Y CON AMPLIA EXPERIENCIA EN TRABAJOS SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES, PAULA ÁLVAREZ ROA REALIZARÁ EL CIERRE DE ESTAS JORNADAS CON UNA CONFERENCIA Y POSTERIOR DEBATE QUE TENDRÁ LUGAR EL VIERNES 6 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00 EN EL MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE TENERIFE (C/San Agustín, 22. La Laguna)
Pedimos disculpas, ya que el sorteo de la lamina con motivos de la etnia Kogui no se pudo realizar el 15 de octubre, AVISAMOS A TODAS LAS PERSONAS QUE VAN A PARTICIPAR EN DICHO SORTEO QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 22 DE OCTUBRE A LAS 20.00 (EL MISMO DÍA DEL VÍDEO FORUM).
POR OTRO LADO, RECORDAMOS QUE LAS SESIONES DE VÍDEO - FORUM DE LAS JORNADAS SOBRE "LAS TRANSNACIONALES Y LOS AGROCOMBUSTIBLES" SE LLEVARÁN A CABO SIEMPRE EN EL COLEGIO MAYOR SAN FERNANDO (c/Delgado Barreto, Campus Central ULL), a las 20 horas, los jueves 22 y 29 de octubre, y 5 de noviembre.
MIENTRAS QUE EL ACTO CON LA POLITÓLOGA Y EXPERTA EN AGROCOMBUSTIBLES COLOMBIANA, PAULA ÁLVAREZ ROA, SERÁ EL VIERNES 6 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00 EN EL MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE TENERIFE (C/San Agustín, 22. La Laguna).
El documental señala a las fuerzas militares y paramilitares como responsables de más de 10.000 homicidios de campesinos y del desplazamiento de más de 100.000 pobladores originarios en la región del Catatumbo. Catatumbo es un territorio muy rico en recursos naturales (especialmente petróleo y carbón), motivo por el que las multinacionales lo desean. El documental señala este hecho como la causa de la acción violenta del Estado contra los pobladores.
Relata la experiancia del un grupo de desplazados que ha decidido volver para intentar hacer valer su derecho al territorio.
E.Mail: comperdh@etb.net.co– pagina Web : www.cpdh.org
Bogotá 10, 11 y 12 de septiembre de 2009
Los 920 delegados, provenientes de diversas regiones y sectores del país luego de realizar trece foros regionales preparatorios, en un ambiente pluralista y democrático nos hemos reunido en este XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ, en la ciudad de Bogotá, y hemos decidido unánimemente declarar ente la comunidad nacional e internacional que:
1. Colombia atraviesa hoy por la mayor crisis humanitaria conocida en su historia, la cual se expresa con la más alta tasa de desplazamiento del mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades inermes junto con las demás transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos. 2. La implementación en Colombia de siete bases militares norteamericanas, en áreas de influencia paramilitar, junto con la puesta en marcha de la IV Flota Naval Norteamericana determina la profundización de la confrontación interna, constituyendo uno de los mayores peligros para la paz regional. La estrategia de militarización de la región afecta la soberanía nacional y el proceso de cambios democráticos que vive América Latina y el Caribe, todo lo cual tiene como objeto el aseguramiento geoestratégico y la apropiación de nuestros recursos naturales. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS rechaza la presencia militar norteamericana en el país porque conllevará a la profundización de la crisis de derechos humanos en la medida que fortalece la guerra como estrategia para la solución del conflicto social y armado.
3. Rechazamos la doble moral del gobierno de los EE.UU., que al tiempo que expresa preocupación por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales y el espionaje del DAS, su Departamento de Estado certifica en derechos humanos al gobierno de Colombia soslayando las crecientes denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), desplazamientos, detenciones arbitrarias y otros crímenes de Estado.
4. La estrategia global de guerra del militarismo norteamericano del cual el régimen colombiano representa su mejor aliado en esta parte del hemisferio, constituye uno de los mayores peligros para la paz global y los derechos de los pueblos. En nombre de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se justifica el asesinato, la barbarie y el genocidio en contra de pueblos y comunidades enteros con el objeto de apropiar recursos naturales y profundizar la hegemonía cultural y económica del decadente modelo de acumulación imperialista. 5. La actual crisis económica no es ajena a la situación colombiana y a los derechos humanos, a pesar de las falacias de prosperidad presentadas por la política económica del gobierno colombiano, se agudizan hoy más los factores estructurales que mantienen vivo el conflicto colombiano. Las cooperativas de trabajo asociado, el salario en condiciones indignas, el desempleo, subempleo, las exenciones al gran capital, el cierre y privatización masiva de universidades y hospitales; las familias guardabosques, la implementación de zonas francas, las enormes cargas tributarias constituyen la base y la estrategia con la cual el gran capital pretende superar la verdadera hecatombe del gobierno de Álvaro Uribe, la crisis económica. Continuaremos rechazando la aprobación de los TLC, con los EE.UU., la comunidad Europea y Canadá.
6. Nos solidarizamos con las víctimas y rechazamos la agresión y genocidio contra el movimiento indígena, el campesinado colombiano, el movimiento social y sindical, el cual durante los gobiernos de Uribe ha tenido más de 575 ejecuciones extrajudiciales, 14.000 asesinatos de carácter político entre los años 2002 y 2008, 1.700 colombianos ejecutados extrajudicialmente presentados por el Ejército Colombiano como guerrilleros dados de baja en combate, fenómeno que refleja la verdadera intención por parte de la política de “seguridad y defensa democrática”. La llamada desmovilización paramilitar y sus marcos legales legitimadores, como la ley 975 de 2005 han sido un completo fracaso. La extradición de los jefes del paramilitarismo confirma la intención del gobierno de evitar que se conozca la verdad e impedir la aplicación de los estándares universales de justicia y reparación respecto de los derechos de las víctimas. Denunciamos la impunidad generalizada frente a la crisis humanitaria que vive la población.
7. Denunciamos la permanencia del paramilitarismo como estrategia del Estado Colombiano; son conocidas las constantes acciones y amenazas que han conllevado al desplazamiento y eliminación física de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y populares. Llamamos la atención respecto de la doble confrontación en contra de jóvenes inermes e indefensos por parte de la política de seguridad democrática y del paramilitarismo que además de promover la estigmatización profundiza las constantes amenazas a través de panfletos amenazantes y toques de queda con el fin de profundizar su control político y territorial.
8. La posibilidad de la segunda reelección del gobierno de Álvaro Uribe a través de la iniciativa del referendo aprobado recientemente por el Parlamento Colombiano representa un grave retroceso para la democratización de la sociedad y la solución negociada del conflicto; el mismo órgano legislativo que aprobó esta iniciativa se encuentra acusado por estar controlado en un 30 % por parte de grupos paramilitares, con más de 45 congresistas en la cárcel y 80 más vinculados por crímenes cometidos por estos grupos. La lucha contra el referendo debe convocar las salidas pacificas, la lucha por un nuevo poder alternativo y democrático que haga frente al proyecto guerrerista e inaceptable del Presidente Uribe.
9. La necesidad de un Acuerdo Humanitario es urgente por parte de las fuerzas democráticas en contra del embrujo guerrerista que pretende el rescate militar a sangre y fuego de los secuestrados y retenidos por parte de la insurgencia colombiana. Por otro lado el actual gobierno profundiza la criminalización y judicialización a dirigentes sociales y populares, al mismo tiempo que desconoce la justeza del carácter político del delito de rebelión. El XI Foro Nacional por los Derechos Humanos, exige la libertad inmediata de los secuestrados y retenidos en las selvas colombianas, de los miles de luchadores y presos políticos y de conciencia que se encuentran en las cárceles colombianas.
10. Saludamos la presencia histórica y activa de los afro-colombianos, población LGTB, indígenas y demás minorías víctimas de la discriminación y la violencia. Nos solidarizamos con la lucha por sus reivindicaciones. El XI Foro Nacional se compromete de manera activa con sus iniciativas y acciones tendientes a visualizar este tipo de violencia y posicionar sus derechos, que son también nuestros derechos, en una agenda de lucha en contra de la discriminación en todas sus formas.
11. Ratifica en el actual contexto la necesidad de la búsqueda de una salida política y negociada al actual conflicto armado que vive el país, e invita a la Gran Coalición Democrática, a la Cumbre Social y Política, a Colombianos y Colombianas por la Paz, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a las Plataformas de Derechos Humanos, a las comunidades de indígenas y afrodescendientes, a las mujeres y los jóvenes, a los diversos sectores políticos democráticos y al conjunto de la sociedad colombiana, a realizar esfuerzos conjuntos para superar tendencias de dispersión en la lucha y desarrollar en las calles y plazas un movimiento amplio, unitario por la paz democrática que vincule e invite a tod@s los sectores de la sociedad colombiana por la posibilidad de un cambio democrático y la construcción del Estado Social de Derecho.
12. El XI Foro expresa su solidaridad con las Organizaciones Populares, Defensores de Derechos Humanos, Sindicalistas, Magistrados, Periodistas y Líderes de la Oposición, objeto de espionaje Estatal e interceptaciones telefónicas, perseguidos por los agencias de inteligencia del Palacio de Nariño y exige de los órganos de justicia y control la más rápida investigación y sanción a los responsables.
PROPONEMOS:
1. Impulsar la más amplia agenda de movilización social y popular en todos los niveles con el fin de concientizar al conjunto de la sociedad colombiana en favor de los cambios democráticos, la plena vigencia y respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las jornadas de movilización son:
- 23 de septiembre de 2009, por los Estatales y FECODE.
- 7 de octubre por el trabajo digno.
- 14 de octubre Paro Nacional e inicio del Paro Nacional de FECODE.
2. Movilización por los derechos humanos y la paz 10 de diciembre de 2009.
3. Emprender en forma unitaria y a la mayor brevedad las acciones jurídicas, políticas y sociales que sean necesarias para enfrentar el referendo reeleccionista ilegítimo.
4. Invitar al conjunto de la sociedad colombiana a vincularse en la iniciativa de la PAPELETA POR LA PAZ, impulsada por la Senadora Piedad Córdoba y demás actividades por el acuerdo humanitario como el mandato por la paz.
5. Exigir al Estado Colombiano facilitar el Acuerdo Humanitario , así como también la amnistía de todos los presos políticos y de conciencia como instrumento dinamizador de la democratización del país.
6. Regular mediante Ley Estatutaria el derecho fundamental del HABEAS DATA para archivos de inteligencia militar, policía y civil con el objeto especial de que defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de oposición, puedan controvertir y depurar la información errática sobre sus actividades legítimas que están poniendo en riesgo su vida e integridad personal.
7. Proponer octubre de 2009, articulada con la MINGA SOCIAL E INDIGENA, como fecha para el inicio de campañas, movilizaciones, foros, conciertos, encuentros y conferencias en contra de la presencia de las siete bases militares en Colombia.
8. Crear un observatorio de monitoreo y seguimiento a la presencia militar norteamericana en Colombia, en especial sobre las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Arauca; las bases navales de Malambo y Cartagena, sobre el Caribe, y de Málaga en el Pacifico, lo mismo que las bases de Tolemaida, Tres Esquinas y Larandia
9. El XI Foro se compromete a contribuir en la conformación del Capítulo Colombia del Consejo Mundial por la Paz, el cual debe hacer parte del movimiento global contra la guerra y el militarismo.
10. Invitar a los capítulos regionales y locales del CPDH, con criterio de amplitud y pluralidad, a fortalecer nuestra presencia en el movimiento por la paz, la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.
11. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS, invita a elevar la organización y unidad de las víctimas de crímenes de Estado así como fortalecer el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación de Víctimas del Genocidio contra de la Unión Patriótica.
12. Vincularse activamente en la solidaridad con los pueblos agredidos, especialmente con el pueblo de Honduras sometido a un régimen de facto. Exigimos la libertad de los cinco patriotas cubanos detenidos arbitrariamente en los EE.UU.
EXIGIMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LAS BASES MILITARES NORTEAMERICANAS.
¡¡SOLUCION NEGOCIADA Y POLITICA DEL CONFLICTO INTERNO !!
LA REELECCION RESTRINGE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS,
¡¡EXIGIMOS APERTURA A LA DEMOCRACIA!!
¡¡VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION!!
Una realización: Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios y de Resistencia. Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia.
Reunido en su Tercer Encuentro Nacional, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado presenta a la sociedad colombina ocho propuestas encaminadas a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición de los crímenes contra la humanidad y los genocidios.
1. Una estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales.
2. Una estrategia para la verdad y la memoria histórica.
3. Una estrategia por la memoria y la reparación integral desde las víctimas: la Comisión Ética.
4. Una estrategia para la no repetición: la prohibición legal del paramilitarismo.
5. Una estrategia para la reparación: el catastro alternativo.
6. Una estrategia de lucha contra la desaparición forzada: la exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar.
7. Una estrategia de lucha contra el genocidio político: verdad, justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica.
8. Una estrategia de organización: el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas.
Tercer Encuentro Nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
La urgencia viene nuevamente de Colombia. Esta vez, una militarización sin precedentes está teniendo lugar en estos momentos en los territorios del Jiguamiandó (lugar de desplazamientos forzados masivos entre 1996 y 2001) donde habitan indígenas Embera, junto con la población afrodescendiente. La operación militar pretende controlar el territorio e imponer a la fuerza la exploración del cerro Cara de Perro por parte
de la empresa estadounidense Muriel Mining Corporation. Al mismo tiempo, se niegan los derechos de la población indígena. El proyecto minero significará la destrucción de miles de hectáreas de selva y su biodiversidad, así como un nuevo desplazamiento forzado de la población.
¡Aun hay tiempo de impedirlo!
Por favor, para apoyar a la población indígena Embera escriba su propia carta a las autoridades colombianas o utilice el modelo de carta que hemos preparado y que se envía automáticamente desde la página web:
Recordemos que grandes extensiones de tierras ocupadas por las empresas de la Palma fueron arrebatadas violentamente por los paramilitares a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó que sufrieron masacres y desplazamientos forzosos. La Palma aceitera es materia prima para agrodiesel que se ha convertido, en el contexto de la crisis de los combustibles fósiles, en una alternativa del Imperio para mantener un consumo irracional y vergonzoso en los países del centro capitalista. Así, a paises como Colombia, se le asigna esta nueva tarea en la división internacional del trabajo y vemos que su gobierno la implementa a sangre y fuego.
Es vergonzoso que a 10 años de las primeras denuncias públicas reiteradas veces ignoradas y a un año del inicio del proceso 3856 no se haya producido ninguna decisión de fondo. Es más, visto el alto grado de impunidad de los crímenes en Colombia, podemos pensar que lo más probable es que sólo se toque a personas que fueron usadas como intermediarias en la apropiación ilegal por los empresarios, pero esto en el mejor de los casos, porque la lentitud de la fiscalía puede llevar a que se pasen los 24 meses de plazo para adelantar la instrucción y que la impunidad se materialice vía vencimiento de términos. Antes de leer el artículo recomendamos ver el siguiente vídeo de You Tube para entender de donde viene este proceso.
A continuación reproducimos el artículo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Publicado el lunes, 14 de enero de 2008 en la web de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, en entrevista publicada por el diario El Tiempo, el pasado 23 de diciembre indicó que dentro del proceso 3856, la Fiscalía 14 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abrió la instrucción (investigación formal) contra 23 empresarios antioqueños y comisionistas de tierras que se encuentran asentadas en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó en el Bajo Atrato Chocoano. Entre los delitos imputados se encuentran los de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedad en documento público y delitos contra el medio ambiente.
De acuerdo con la información suministrada por el periódico, la actuación empresarial se asocia con la presencia de estructuras paramilitares en la región desde 1996. En las declaraciones rendidas por el desmovilizado FREDY RENDON HERRERA alias “El Aleman” manifiesta que el control militar se realizó como parte de una operación de los hermanos CASTAÑO GIL, y que solamente hasta el año 2001, en la que se inició la siembra de la palma, esta fue entregada al control del bloque Elmer Cárdenas. El Fiscal General afirmó en la entrevista que: “los paramilitares no buscaron a nadie, sino que a ellos los buscaron”.
Según lo que se ha conocido, los representantes legales vinculados son GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, gerente y representante legal de la empresa Palmas de Curvaradó; RAUL ALBERTO PENAGOS, representante legal de la empresa Selva Húmeda; KATIA PATRICIA SANCHEZ MEJÍA, representante legal de la empresa Urapalma; ANTONIO ZUÑIGA CABALLERO, representante legal de la empresa Palmura; JAVIER DAZA PRETEL, ex representante legal de Urapalma; SOR ENID OSPINA RENDON, representante legal y accionista mayoritaria de la empresa Agropalma; CLAUDIO FREGNY OCHOA, representante legal de la empresa Inversiones Fregny Ochoa; GUILLERMO OCHOA PINO, representante legal de la empresa Agropecuaria Palmas de Bajirá; HECTOR DUQUE, representante legal de la empresa Palmadó; IVAN PATIÑO, representante legal de Palmas S.A; ORLANDO MORENO MORA.
Entre los comisionistas de tierras en la comunidad de El Guamo, territorio colectivo de Curvaradó; DANILO JOSE PACHECO DE LA HOZ, comisionista de tierras de la comunidad de Caño Claro Andalucía, territorio colectivo de Curvaradó; y.ERNÉN JOSE MUÑOZ GONZALEZ (sic), quien seria HERMEN JOSE MUÑOZ GONZALEZ. Este integrante de estructuras paramilitares se encuentra acusado en otro proceso penal, en el grado de coautor del delito de homicidio agravado en la persona de ORLANDO VALENCIA; CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ, asesor jurídico de la empresa Urapalma, quién de acuerdo con la información recaudad diseñó la telaraña jurídica para declarar la accesión de más de 17.000 hectáreas a 4 predios que en su conjunto no se extienden a más de 120 hectáreas, y la cadena de traspasos de propiedad utilizando la figura de asociaciones de colonos, para que finalmente las tierras usurpadas o acrecentadas llegaran a manos de las empresas palmicultoras.
Igualmente fueron vinculados, IVAN JOSE PALACIOS PALACIOS, JORGE LUIS SANTOS ORTEGA, JAVIER MORALES ESTRADA, MARIO LEON VILLA PACHECO, JOHN ALFREDO ZEA RESTREPO, REMBERTO MANUEL ALVAREZ BERTEL. MARIO ALBERTO VELEZ GIRALDO, VICTOR ANDRES ZAPATA CAICEDO.
Si bien el Fiscal General hace mención a la recepción de más de un centenar de testimonios, inspecciones judiciales a las sedes de las empresas cultivadoras de palma, en bancos, a notarias y a oficinas de registro de instrumentos públicos, no expresa el valor testimonial y el riesgo que padecen las víctimas que afirman integralmente sus derechos a la Vida y al Territorio.
Posibilidad de los derechos o espacio a la impunidad
Hasta ahora no existe ninguna decisión de fondo. Se ha pasado casi un año después de iniciado el proceso 3856, sin olvidar más de 10 años desde las primeras denuncias y constancias públicas sistemáticas desoídas permanentemente. La decisión es un avance que hoy se encuentra en posibilidad de llegar a lo estructural o quedarse en formalidades que toquen solo a personas que fueron usadas por los empresarios para la apropiación ilegal de las tierras y los consecuentes procesos fraudulentos de legalización.
Han sido excluidos mandos de estructuras armadas institucionales y parainstitucionales. Los autores materiales e intelectuales que diligenciaron los créditos públicos, y los responsables en instancias gubernamentales del nivel central en el otorgamiento de los créditos o en las licencias ambientales para la destrucción del territorio Colectivo pertenecientes a CODECHOCO y CORPOURABA o las redes de notarios que posibilitaron la falsificación de escrituras. No se ha identificado, ni individualizado a toda la estructura económica y criminal que cometió estas violaciones a derechos fundamentales y la ley penal. Esto a pesar de las pruebas aportadas y de todos los indicios de responsabilidad existentes.
No se ha establecido la responsabilidad de miembros de la fuerza pública y funcionario públicos, que participaron en la comisión de crímenes de Lesa Humanidad y en el despojo de tierras a los ocupantes legítimos y de buena fe de los territorios colectivos.
Por ejemplo, la responsabilidad del General RITO ALEJO DEL RIO en la masacre de Brisas de Curvaradó y de los sucesivos comandantes en las operaciones de tipo paramilitar y en su protección al sector empresarial en la comisión de los crímenes ambientales. O por la actuación realizada por el General PAUSELINO LA TORRE, ex comandante de la Brigada XVII que “intermedió” para que se legalizara el desplazamiento forzado y la venta fraudulenta de la que era victima el señor ENRIQUE PETRO.
La investigación no ha definido todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes ambientales. Parece tender a vincular solo a quienes compraron u ocuparon fraudulentamente predios individuales o colectivos. Se ha excluido a quiénes idearon, planificaron y se convirtieron en los mayores beneficiarios de estos Crímenes.
La Resolución de apertura de instrucción tampoco determina la suspensión del daño hecho a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, y que persiste hasta el momento. En virtud de lo expresado en la ley 600 de de 2000 se deberían adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión del delito, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible. Para el caso tal medida deberá ser, que se ordene y ejecute la suspensión de toda actividad productiva en los sembrados de palma de aceite.
El estado procesal actual solo permite inferir que las personas mencionadas declararan acompañados por un abogado para responder sobre los hechos que originaron su vinculación a la investigación, manifestándoles los delitos que se les imputan. Si se establece que existen razones para imponer medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en un establecimiento carcelario, se deberá privar de la libertad al indagado y definirle su situación jurídica. A la fecha no se conoce cuando los imputados serán indagados y tampoco se han practicado todas las pruebas conducentes solicitadas por la comunidad y sus abogados.
A la luz de la magnitud del caso, en relación con la sistematicidad en el ejercicio criminal, las pretensiones sobre la vida y el territorio, y la altísima probabilidad que los imputados desarrollen estrategias de retaliación contra las víctimas, entre ellas, nuevas judicializaciones y operaciones armadas, la investigación no ha contado con la eficacia requerida.
Igualmente, de la Fiscalía depende, que el plazo de 24 meses que tiene para adelantar la instrucción, no se convierta en una dilación de diligencias y actuaciones que conduzcan en un futuro a libertades por vencimiento de términos y la consecuente impunidad.
Entre la formalidad y la realidad
Hoy a pesar de esta decisión judicial, en conjunto con las resoluciones de la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, no existe voluntad del gobierno nacional en materializar el retorno de estas comunidades a sus parcelas, en plenas condiciones de dignidad, seguridad y garantía de derechos colectivos como son: vivienda, educación, salud y trabajo, a reparar el daño en su calidad de victimas.
La decisión de la Fiscalía General de la Nación es un primer paso, sin embargo, la misma no puede llevar a engaños y creer que se está accediendo a la Justicia. Se requiere no solo decisiones en la vía judicial, sino hechos en el mundo real, desmantelamiento de toda la empresa del delito que participó en la comisión de los hechos, sus beneficiarios políticos y económicos, la imposición de sanciones a quienes sean hallados responsables de estos crímenes, la devolución material de los territorios sembrados con palma de aceite, reparación integral de todos los daños sufridos por estas comunidades y garantía de que estos crímenes no se volverán a repetir.
Hoy los militares de la Brigada 15 continúan cohonestando y amparando las estructuras criminales empresariales, paraestatales sin que se adopten medidas de fondo desde el gobierno central. Las estructuras paramilitares continúan ordenando operaciones clandestinas, movilizándose y haciendo presentes con amenazas de muerte, retenes a la vista de todo el mundo, sin que la institucionalidad actúe.
Hoy continúa, insistimos, la extracción de fruto de la palma, su transporte en camiones hasta Mutatá en donde se encuentra la planta “Extractora Bajirá S.A”, hoy persiste la limpieza de los cultivos en más de 8000 hectáreas en plena producción, sin que haya autoridad judicial o administrativa; las amenazas contra los campesinos ENRIQUE PETRO y EUSTAQUIO POLO; las secuelas psicosociales por los atentados contra la vida a los hermanos HOYOS en septiembre pasado; hoy la actuación de ex militares y narcotraficantes en Caño Manso amenazando a los legítimos dueños del territorio en medio de la Brigada 15 persiste; la presencia de “Aguilas Negras” en Llano Rico y Pavarandocito; las operaciones militares orientadas a perseguir a lideres del Jiguamiandó; los hostigamientos a los testigos que han declarado en diversos procesos judiciales; además la continuación de la tala de bosques en el Jiguamiandó para la expansión del agronegocio y la extensión ganadera.
Esa actuación empresarial bárbara y contra derecho parece estar alentada en las palabras pronunciadas por Álvaro Uribe Vélez el pasado 12 de diciembre de 2007 en Medellín. En su alocución hala las orejas a los empresarios del banano, y seguramente, también de la palma aceitera, por no haber aprovechado los decretos gubernamentales relativos a las zonas francas. Y según el reporte oficial, expresó Uribe que sobre el tema de los biocombustibles, la idea es expandir la zona productora de palma africana en el sur de Urabá, ante la gran posibilidad que tiene la región para el desarrollo de proyectos de biodiesel. Es decir, se trataría de Bajo Atrato Chocoano, que en la avaricia y lógica empresarial es visto como una extensión del Urabá Antioqueño.
Si este mensaje fue escuchado por los empresarios de la palma que apropiaron las tierras a los mestizos y afrodescendientes, ¿tendrán acaso disposición, voluntad para acatar los contenidos de las resoluciones de Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, o en el llamado a indagatoria, la disposición a decir la Verdad, a asumir la sanción penal y disponerse a una reparación integral por los más de 113 crímenes, 15 desplazamientos forzados y destrucción de su territorio?¿Tendrán posibilidad real de restitución de los derechos territoriales de las comunidades con estos anuncios del más alto nivel?
viernes, 18 de diciembre de 2009
