SOLIDARIDAD CON EL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS CARMELO ÁGAMEZ, VÍCTIMA DE UN MONTAJE DEL RÉGIMEN URIBISTA.

El municipio de San Onofre, ubicado en el martirizado departamento de Sucre, tiene más de 3000 muertos y desaparecidos, además de 70000 desplazados. Según el Movimiento de Víctimas, entre 1999 y 2004, los paramilitares realizaron 75 masacres que dejaron 326 víctimas en Sucre.

La Comunidad de San Onofre es el símbolo de dignidad frente al paramilitarismo.

CONTRAVÍA viajó a Sucre y recordó la audiencia pública realizada el 26 de noviembre de 2007 donde por primera vez las víctimas de los paramilitares denunciaron, en su cara, a los víctimarios: los paramilitares. En dicha audiencia participó el ex Alcalde de San Onofre, Jorge Blanco Fuentes, quien ya reconoció sus vínculos con las autodefensas.

Blanco Fuentes, fue acusado por concierto para delinquir y promoción de grupos paramilitares; fue condenado a 6 años de prisión, sin embargo, se sometió a sentencia anticipada y su pena fue reducida a 3 años con beneficio de prisión domiciliaria.

Fue en la finca El palmar, en San Onofre, donde la Fiscalia General de la Nación, en julio de 2006, hizo una exhumación de más de 50 cuerpos víctimas del Bloque Héroes de los Montes de María, comandado por Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena.

Uno de los defensores de derechos humanos que durante 25 años ha denunciado la barbarie de la guerra y el paramilitarismo, es CARMELO ÁGAMEZ BERRIO, campesino de 60 años y víctima de las autodefensas.

Sin embargo, en noviembre de 2008 fue acusado de promover grupos paramilitares, cuando ha sido él mismo el que ha denunciado a ese grupo ilegal y a los políticos de la región que patrocinaron y financiaron al Bloque Héroes de los Montes de María.

Vea la historia de CARMELO ÁGAMEZ en CONTRAVÍA

Comunicado Público: Carmelo Agámez enfrentará juicio.

Escrito por E.T. Movice
martes, 10 de noviembre de 2009

El 15 de noviembre del 2008 Carmelo Agámez, secretario técnico del Capítulo del MOVICE en Sucre, fue encarcelado por orden de la Fiscalía acusado de conspiración por haber cometido crímenes con los paramilitares. Carmelo goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2006 junto a 16 líderes sociales del departamento de Sucre pertenecientes al MOVICE después de que se conociera una lista de exterminio que al parecer fue elaborada por políticos comprometidos con la estrategia paramilitar en la región.


Durante casi dos meses fue detenido en el patio 2 de la cárcel de Sincelejo en la que se encuentran muchos de los paramilitares de San Onofre que él y las víctimas de Crímenes de Estado se han atrevido a denunciar, poniendo en riesgo su vida.


El 1 de abril la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz fue informada de la aparición de un lista de amenazados en las calles de Sincelejo y San Onofre firmado por un grupo autodeterminado EXMIPAZ (ex-militares por la paz) que anunciaron como objetivo a nivel nacional “Erradicar las calañas que tanto mal nos hacen” mencionado entre otros a Carmelo Agámez. En las amenazas de dieron 72 horas a las personas para irse de la ciudad y anunciaron que a “los que están presos acá, los esperamos”.


En julio de 2009, el Fiscal General de Colombia ordenó una investigación penal en contra del fiscal segundo especializado de Sincelejo, Dr. Rodolfo Martínez Mendoza, por presuntos actos de corrupción en conexión con su acusación sin fundamento de Carmelo Agamez.


La semana pasada, la Fiscal 28 de la Unidad Nacional Antiterrorismo de Bogotá emitió una resolución acusatoria en la cual formalmente decide llevar la investigación contra Carmelo Agámez a juicio.


Después de casi un año de la injusta detención y próximo juicio de Carmelo Agámez:

- Exigimos al la libertad inmediata de Carmelo Agámez por el claro montaje judicial y las irregularidades en las garantías procesales y en el derecho al debido proceso de las que es víctima. Así como la investigación a los responsables de su detención y garantizar la protección a la integridad física y psicológica de Carmelo y su familia.



- Llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU, al Cuerpo Diplomático y en general a la Comunidad Internacional, a hacer un seguimiento a estos hechos y exigir al gobierno colombiano las garantías procesales, el derecho al debido proceso y la libertad inmediata de Carmelo Agámez así como garantizar la integridad física y psicológica de él y su familia.


- Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, organizaciones sociales y populares, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento público a las siguientes direcciones con copia a proteccion@movimientodevictimas.orgEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla


ALVARO URIBE VELEZ

Presidencia de la República

Carrera 8 N° 7 - 26 Palacio de Nariño - Bogotá

Fax. 5 66 20 71

auribe@presidencia.gov.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla


FRANCISCO SANTOS

Vicepresidente de la República

Carrera 8 N° 7 - 57 Bogotá D.C.

fsantos@presidencia.gov.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla


GABRIEL SILVA LUJÁN

Ministerio de la Defensa

Avenida El Dorado carrera 52 CAN Bogotá D.C.

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FABIO VALENCIA COSSIO

Ministerio del Interior y de Justicia

Avenida El Dorado carrera 52 CAN Bogotá D.C.

Fax. 2 22 18 74

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GUILLERMO MENDOZA DIAGO

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B N° 52 - 01 Bogotá D.C.

Fax. 5 70 20 00

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VOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ

Defensor del Pueblo

Calle 55 N° 10 -32 Bogotá D.C.

Fax. 6 40 04 91

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ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

Cra 5 N° 15 - 80 F Bogotá D.C.

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CARLOS FRANCO

Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Calle 7 N° 5 -54 Bogotá D.C.

Fax. 3 37 46 67

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¡¡¡NO MAS MONTAJES JUDICIALES!!!

ANTE LA IMPUNIDAD, SOMOS UNA SOLA VOZ

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

Bogotá, 10 de noviembre 2009

REGRESO A MAPIRIPÁN

En julio de 2009 una caravana de sobrevivientes de la masacre paramilitar de Mapiripán en 1997 partió desde Bogotá para hacer un retorno símbolico a su antiguo hogar.

Por la masacre de Mapiripán fue condenado el Estado Colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de 15 septiembre de 2005) que la tipificó como Crimen de Estado, pues la Fuerza Pública (Ejército) dejó actuar libremente al Grupo Paramilitar de las A.U.C. que asesinó a más de 60 personas, desaparecieron a ciudadanos, descuartizaron, jugaron a futbol con las cabezas, violaron a mujeres y perpetraron todo tipo de abusos, lo que provocó un desplazamiento de familias que abandonaron sus hogares.

PRESUNTA DESAPARICIÓN DE 16 CAMPESINOS Y DESPLAZAMIENTO MASIVO POR OPERACIONES PARAMILITARES EN CAUCA.

viernes, 18 de diciembre de 2009
Publicado por MOVICE

Hechos:

La continuidad de operaciones paramilitares están generando nuevos desplazamientos forzados, los que no han sido evitados debido a la inacción e irresponsabilidad institucional para enfrentar el paramilitarismo enquistado territorialmente en una región estratégica en la confrontación armada con la guerrilla de las FARC EP y en donde se está implementando la estrategia de seguridad democrática.

El martes 15 de diciembre a las 4:00 p.m. de la tarde la Comisión de Justicia y Paz (CIJYP) fue informada de la presunta desaparición forzada de 16 campesinos debido a operaciones paramilitares en el caserío conocido como Nuevo Horizonte, La Florida, El Edén y Cañaveral en el municipio de Argelia, departamento de Cauca.

Desde el 8 de diciembre hasta la fecha se han desplazado más de 100 familias de estos caseríos. Algunas familias se han desplazado al casco urbano del municipio de Argelia, otras se encuentran hacinadas en el Colegio y en el hogar juvenil de la cabecera municipal de Argelia, y otros en Popayán en condiciones infrahumanas. Este es el tercer desplazamiento masivo que se produce en el municipio desde junio de 2008.

Hasta el momento estas familias no han recibido respuesta a sus derechos en materia humanitaria y de protección. Decenas de estas familias desplazadas son parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

Sigue evidenciándose la tolerancia y la complicidad de efectivos del Batallón José Hilario López y la 29 brigada con la estrategia paramilitar, y su papel de abusos y extralimitaciones contra la libre movilización de la población y el transporte de bienes de supervivencia.¹

Antecedentes:

- El 11 de diciembre de 2009, el juzgado Segundo del Circuito Especializado de Popayán tutela los derechos fundamentales de las familias desplazadas de Argelia ante la falta de respuesta de las instituciones del Estado colombiano para otorgar las ayudas humanitarias a la que tienen derecho. Desde que las familias se desplazaron por el accionar de los grupos paramilitares “Los Rastrojos”, sobreviven en Popayán en condiciones de indignidad, en hacinamiento y con total vulneración de sus derechos más fundamentales²

- El 24 de noviembre de 2009, se da un desplazamiento forzado en Argelia afectando a 14 familias. Sumando más de un centenar de familias desplazadas en Popayán que hace más de un año se vieron obligadas a dejar su territorio por el accionar de grupos paramilitares en Argelia, tras desapariciones forzadas, asesinatos y amenazas.³

- El 9 de febrero de 2009 la CIJYP hace pública una constancia sobre la operatividad de los “grupos paramilitares en Argelia, en y ante la mirada cómplice, aquiescente, tolerante de la Fuerza Publica. En el mismo denuncia el secuestro de Roimer Bolaños, la amenaza de muerte sobre su vida y la prolongación del desplazamiento forzado y de las amenazas a los desplazados, (...) la persecución del líder Orlando Bolaños, las amenazas, el hostigamiento y acoso contra Any Yolima Zuñiga y su posterior desplazamiento.

- Desde abril de 2008 la escuela del caserío Cristales Alto ha sido usada como base paramilitar, instalando trincheras. Igualmente varias casas de los pobladores, que se vieron obligados al desplazamiento han sido tomadas por los paramilitares, o quienes aún viven allí sometidas al control paramilitar, han sido obligadas a convivir en el mismo espacio.

- El 29 de enero a las 10.00a.m. en Bogotá, la Comisión Justicia y Paz fue informada por algunos pobladores de Argelia, que el mando paramilitar llamado “Erasmo” afirmó que los desaparecidos el 1ro de junio de 2008 Elder Daza, Armando Cerón, Gerardo Hoyos y Henry Gaviria fueron asesinados. Uno de ellos incinerado y dos asesinados con disparos, sobre la cuarta persona no indicaron nada.⁴

- Desde el 2006 hasta hoy, algunos de los crímenes de las estructuras paramilitares a nombre de “Autodefensas de Nueva Generación”, o de “Aguilas Negras”, o de “Rastrojos” se han cometido en cercanías de retenes del ejército y la policía; en otras ocasiones, coinciden con la movilización de tropas de efectivos militares perimetralmente sobre caseríos con la circulación interna en los mismos de paramilitares. Los paramilitares han afirmado que cuentan con el apoyo de las Fuerzas Militares y las prendas que usan son las mismas que usan los efectivos regulares.⁵

Peticiones

- A las instituciones civiles del Estado y la alcaldía de Popayán, que se cubran las necesidades de las personas desplazadas de Argelia y que se protege la vida de las mismas.

- A los medios de comunicación, que esta vez no guarden silencio, sino que muestren el accionar paramilitar en Argelia

- A los organismos de control y judiciales, que cumplan su función constitucional y legal y por lo tanto investiguen y sancionen los funcionarios públicos que por acción u omisión han sido responsables de la implantación de senda barbarie en esta región del país y que actualmente parece repetirse.

-Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación, organizaciones sociales y populares, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento público sobre los hechos mencionados .

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

18 de diciembre de 2009

1Constancia y Censura Ética CIJYP 17/12/2009

2DeVer 602 CIJYP 11/12/2009

3Contagio Radio CIJYP 24/11/2009

4Constancia y Censura Ética CIJYP 07/02/2009

5Constancia y Censura Ética CIJYP 09/01/2009

Concentración de familiares de desaparecidos y desaparecidas del Palacio de Justicia

A 24 años de la toma del Palacio, se lleva a cabo una concentración exigiendo a las autoridades que los militares al mando de la operación aclaren dónde están los desaparecidos y las desaparecidas.

El Presidente de Venezuela alerta que el Gobierno de Colombia prepara un falso positivo para justificar una agresión norteamericana a Venezuela

Chávez afirma que tiene evidencias de que el Gobierno de Colombia, por orden estadounidense, prepara un falso positivo para justificar una agresión a Venezuela.

Falso positivo es la expresión usada para señalar los homicidios de sindicalistas, activistas sociales, campesinos, políticos o estudiantes colombianos perpetrados por la fuerza pública (fundamentalmente Ejército), y que son presentados como "guerrilleros" dados de baja "en combate". El Ejército de Colombia recibe recompensas económicas por los guerrilleros dados de baja y, por otro lado, dentro del Ejército hay una percepción peligrosa de la izquierda social, sindical y política, pues al coincidir en sus aspiraciones sindicales y sociales o en sus programas políticos con postulados de la insurgencia armada, es vista como una prolongación civil de las guerrillas y convertida automáticamente en objetivo militar. Se han denunciado miles de falsos positivos durante el mandato de Uribe.

El Presidente de Venezuela está convencido de que el Gobierno de Uribe, por mandato del Gobierno de Obama, prepara un montaje sangriento dentro de territorio venezolano, con la intención de señalar presencia guerrillera dentro de Venezuela y proceder a una agresión militar, cuyo objetivo es derribar a su gobierno y dominar a otros gobierno de la región que ejercen mayor soberanía sobre recursos estratégicos para EE.UU.

VÍDEO: CARLOS LOZANO PIDE AL GOBIERNO URIBISTA GARANTÍAS PARA QUE SE LOGRE LA LIBERACIÓN UNILATERAL DE REHENES

El comunicado emitido por las FARC implica que se comienza a concretar la liberación unilateral de rehenes, pero resta que el gobierno establezca las garantías para la operación humanitaria, consideró Carlos Lozano, de Colombianas y Colombianos por la Paz. El Gobierno de Colombia insiste en la solución militar.

TeleSUR.

"Volver a nacer" gana el premio a la mejor película del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos

De Agencia Prensa Rural | Publicado en Kaos en la Red | 16-12-2009

En la localidad catalana de Santa Coloma de Gramenet, en las afueras de Barcelona, se realizó, del 9 al 12 de Diciembre, el I Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos.

El premio Memoria y Justicia Universal a la mejor película del festival fue otorgado al documental "Volver a nacer: Memoria desde el exilio del genocidio de la Unión Patriótica en Colombia.

"Volver a nacer", codirigido por Paco Simón y Óscar Bernàcer fue producido por la Fundación CEPS. La película es fruto de una investigación sobre los exiliados y exiliadas en España del partido colombiano Unión Patriótica, que ha sido financiada por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

La UP aglutinó a las principales fuerzas de la izquierda colombiana y a guerrilleros de las FARC que habían firmado una tregua en 1984. Los magníficos resultados obtenidos en las elecciones de 1986 desencadenaron el comienzo del genocidio político de la UP: en menos de una década fueron asesinados unos cuatro mil simpatizantes y militantes, la mayoría a manos de paramilitares, militares y policías.

“Volver a nacer” reconstruye la trágica historia de ese partido exterminado, a través de los testimonios de los exiliados.
El I Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos se realizó en el marco de la Fiesta Mayor de Invierno de la ciudad de Santa Coloma. El festival, un acontecimiento cultural de vanguardia y comprometido, contó con una excelente selección de películas, procedentes de diversas cinematografías del mundo, que invitaron a la reflexión sobre la violencia y la dignidad humana.

En el transcurso del festival, se entregó el Premio Joan Alsina al abogado argentino, residente en España, Carlos Slepoy, por su larga trayectoria en la defensa de las personas que han sufrido la violación de sus derechos humanos.

El Festival tuvo como finalidad promover un debate que lleve a un primer plano la situación de los derechos humanos en el mundo. En este sentido, se concedió un amplio espacio al cine político, a la promoción de los derechos individuales y a las libertades democráticas, así como al respeto de los derechos de las minorías. También se prestó atención a los derechos sociales, la lucha por una vida digna, la solidaridad y los derechos de los pueblos a la autodeterminación, a la identidad cultural, al desarrollo y a un medio ambiente sano.

El Festival estuvo organizado por el Ayuntamiento de Santa Coloma, la Casa América de Catalunya, Acción y Participación, la Fundación Internacional Olof Palme y el Instituto Multimedia DerHumALC. Contó con la colaboran la Diputación de Barcelona y la Red de Televisiones Locales de Catalunya.

Al Premio Derecho Humanos optaron las cintas “Tapologo”, “Cien metros más allá”, “Padres de la plaza”, “Fixer: The taking of Ajmal Naqshabandi”, “La pérdida" y "Crude”;

Al Premio Memoria y Justicia Universal optaron “Volver a nacer”, “Matar a todos”, “Bajo el mismo sol”, “La batalla de la memoria” y “La canalla (da) de Santo Felip”;

Al Premio Igualdad e Interculturalidad, optaron las películas “Miradas desveladas”, “Miente”, “Desplazados”, “El empleo” y “Soy Meera Malik”.

La secciónes del festival "Música y lucha contra la discriminación" y "Panorama" recogieron el testimonio filmado de experiencias insólitas (LT22 Radio la Colifata, L’Orchestra di Piazza Vittorio, Kalo de aquí, Sita Sings The Blues) y los títulos como “Tinta roja”, “Carlos T”, “Milton, el nieto de la abuela”, “Argentina punto y seguido” y “Bagatela”.

Él jurado del Festival estuvo conformado por personalidades de gran prestigio. Anna Balletbó, presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme y miembro del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de medidos Audiovisuales. Cesc Gay, director de cine con una filmografía en la que sobresalen obras como “Krampack”, “En la ciudad” y “Ficción”. Pere Gibert, coordinador de Contenidos de la Red de Televisiones Locales; Oriol Gispert, periodista y realizador, autor de diversos documentales; y Yolanda Viñals, licenciada en Periodismo y Humanidades, egresada de la Escuela de San Antonio de los Baños (Cuba) y en la Universidad Complutense de Madrid.

La dirección del festival estuvo a cargo de Javier Luna y la dirección artística la realizó Julio Santucho.

Vea el documental aquí:
http://prensarural.wordpress.com/2009/04/08/volver-a-nacer-memoria-desde-el-exilio-del-genocidio-de-la-union-patriotica-en-colombia/

ANÁLISIS SOBRE LA PRESUNTA AUTORÍA DEL ASESINATO DEL GOBERNADOR LUIS CUÉLLAR, SUCESO MUY DIFUNDIDO EN MEDIOS INTERNACIONALES (VÍDEO RELACIONADO)

El crimen de Caquetá: anillo para los dedos de Uribe y EU

Daños colaterales
Irene Selser
2009-12-24•Fronteras
Publicado en http://impreso.milenio.com/node/8693548

En lo que se despeja la interrogante sobre la responsabilidad de las FARC en el secuestro y atroz crimen del gobernador Luis Cuéllar, fluye la información sobre las particularidades de la zona de Caquetá, donde opera la columna de las FARC Teófilo Forero, la misma que secuestró a Ingrid Betancourt en 2002.

Extraoficialmente se dice que las FARC le tenían “unas ganas terribles” a Cuéllar, a quien no sólo secuestraron cuatro veces sino que tildaban de “paramilitar”, ya que las hoy desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entraron al área desde Morelia, el pueblo del cual él era alcalde. Al parecer, Cuéllar iba a ser procesado en enero por “parapolítico”, ya que ex miembros de las AUC revelaron la forma en que él los dejó entrar a Morelia.

Para la prensa colombiana, decir columna Teófilo Forero y secuestro es casi sinónimo. Pero no cualquier secuestro, sino plagios espectaculares como el del avión donde viajaba el ex senador Eduardo Gechem Turbay y que puso fin al proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC en 2004.

Según el ministro de Defensa colombiano Gabriel Silva, detrás del asesinato de Cuéllar estuvo Hernán Velásquez (El Paisa), a quien se le atribuye el secuestro de los 11 diputados del Valle, también en 2002.

Pero El Paisa, según la prensa de Bogotá, ya no actúa en la zona por la presión del ejército en el marco de la estrategia oficial de “seguridad democrática”, por lo éste “manda de lejos”; y ni siquiera a un gran frente sino “a un puñado de hombres” no mayor a los 200 efectivos, según fuentes de inteligencia militar.

Lo llamativo es que expertos como Gerson Arias, coordinador del área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz, de la Fundación Ideas para la Paz, opinan que dicha columna “es más reposada que otras” y que “no obra a la ligera”. De ahí que no se descarte una posible acción de infiltración de EU por lo brutal e inusual del método utilizado, similar a la labor realizada por la CIA en las Brigadas Rojas italianas, que en 1978 llevó al secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro y líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro, “sacrificado” por EU en aras de sus intereses.

Como sea, si a Álvaro Uribe le faltaban argumentos para justificar un tercer mandato de cara a los comicios generales de marzo próximo, el crimen le viene como anillo al dedo para volver a realzar su estrategia de “seguridad democrática”. De paso, se legitima la presencia de las tropas de EU en el país, que estarán llegando en las próximas semanas, para “defender la democracia de estos narcoterroristas”, como recordó ayer la Casa Blanca, por si a alguien se le hubiese olvidado.

NOTICIA DEL HECHO DIFUNDIDA EN TELESUR

La bananera de EEUU armó a los paramilitares colombianos (INCLUYE VÍDEO RELACIONADO)

Fuente: Público.
Autor: ANTONIO ALBIÑANA - Bogotá - 19/12/2009 08:00

La Fiscalía de Colombia pedirá la extradición de los directivos de Chiquita, la antigua United Fruit Co. La Justicia acusa a la multinacional de financiar una red que perpetró 11.000 asesinatos

19 de diciembre 2009.- La impunidad que ha presidido la actuación de las multinacionales bananeras en Latinoamérica durante más de un siglo podría llegar a su fin antes de que acabe el año. La United Fruit Company, hoy rebautizada Chiquita Brands Inc., protagonista de golpes de Estado, masacresy apoyo a dictaduras en el subcontinente durante décadas, se sentará en el banquillo de los acusados en Colombia por financiación de una red del paramilitarismo, que ocasionó al menos 11.000 víctimas en la región del Urabá.

La Fiscalía colombiana se dirigió a principio de mes al Director de Asuntos criminales del Departamento de Justicia de EEUU, Thomas Black, para que notificara a los ciudadanos estadounidenses directivos de Chiquita Brands, con sede en Cincinnati, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser y Dorn Robert Wenninger, que están siendo investigados como criminales en Colombia por "concierto para delinquir agravado". El paso siguiente será en los próximos días la petición de extradición, que podría extenderse a otros 19 miembros de la Junta Directiva de Chiquita, para que respondan por la financiación a los paramilitares colombianos en operaciones dirigidas a la "protección" de la bananera, la ocupación de tierras mediante el desplazamiento forzado y la eliminación de sindicalistas.

Ya son 127 las familias colombianas que se han personado como víctimas en un proceso que, según declaró a ABC News el experto estadounidense en Derecho Internacional Terry Colling Sworth, "es el caso más grande de terrorismo de la historia reciente, con tres veces más víctimas de las que produjo el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York". Por su parte, la relatora general de la ONU para la independencia judicial, Gabriela de Alburquerque, de visita en Colombia hasta el pasado miércoles, trajo en su agenda la necesidad de hacer justicia sobre Chiquita Brands, con la imprescindible extradición de sus ejecutivos desde EEUU.

La "República bananera" ha sido durante décadas la denominación de países, como Honduras, cuyos gobiernos actuaban como títeres de las fruteras estadounidenses y, por extensión, de los países latinoamericanos donde ha reinado la arbitrariedad, la corrupción y la dependencia. En Colombia se cumple en estos días el 81 aniversario de la "matanza de las bananeras" perpetrada por el Ejército colombiano en la estación central de Ciénaga, a las órdenes de la United Fruit Company, cuyo recuerdo constituye un capítulo central en Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez.

Entonces se trataba de acallar las protestas sindicales. Hasta hoy mismo los gerentes bananeros han seguido en la misma línea, financiando a los paramilitares y fomentando el destierro de las familias campesinas para extender los cultivos. La declaraciones voluntarias de los jefes paras, en
el marco de la "Ley de Justicia y Paz", que les garantiza impunidad a cambio de la "verdad" y de una improbable "reparación" a las víctimas, han sido decisivas para desempolvar centenares de causas a las que EEUU y Colombia pretendieron dar carpetazo. Salvatore Mancuso, Raúl Emilio Hasbún, Ever Veloza y Fredy Rendón han detallado pagos millonarios a las Autodefensas Unidas por parte de Chiquita Brands para desplazar a sangre y fuego a los campesinos de sus tierras con la complicidad del Gobierno colombiano hasta hace dos años. Los defensores los de derechos humanos estiman que estas prácticas continúan con el protagonismo de "bandas emergentes", como las Águilas Negras. Confesiones de paramilitares

Las confesiones de los jefes históricos de los paramilitares han llegado más lejos. Según las declaraciones a la fiscalía del capo Raúl Emilio Hasbún, los paramilitares recibieron 4.200 fusiles AK-47 y 5 millones de proyectiles procedentes de Bulgaria camuflados en un barco de Chiquita Brands. Además, y mediante soborno a las autoridades aduaneras, la multinacional bananera consiguió establecer un puerto privado en Turbo (región de Antioquia) que también sirvió para actividades de narcotráfico. Las embarcaciones Chiquita Bremen y Chiquita Belgie embarcaron en ese puerto una tonelada y media de coca camuflada entre la fruta en 2001.

Cuando empezaron a conocerse sus actividades delictivas, Chiquita lanzó una estrategia de ingeniería financiera para crear empresas con nombres nuevos y fingir que habían terminado sus operaciones en Colombia. Sin embargo, la fiscal especial para el caso, Alicia Domínguez, considera probado que las empresas Olinsa, Invesmar y Banacol S.A., esta última con sede en las Islas Vírgenes británicas, han seguido pagando a los paras por su "protección". Concretamente, Olinsa tiene un contrato con Chiquita Brands hasta 2012 y es una tapadera de la multinacional que en realidad nunca ha dejado de actuar en suelo colombiano desde la masacre de 1928, cuando se llamaba United Fruit Company.

VÍDEO: DE LA UNITED FRUIT COMPANY (1928) A LA CHIQUITA BRANDS (2008). UNA HISTORIA DE USO DEL TERROR PARA IMPONER CONDICIONES.

LA PRENSA URIBISTA INTENTA JUSTIFICAR LOS CRÍMENES DE ESTADO CONTRA LA COMUNIDAD DE PAZ DE SÁN JOSÉ TILDÁNDOLA DE GUERRILLERA (VER VÍDEO)

Carta de Respuesta a Anastasia O’Grady The Wall Street Jornal.

Autor: Padre Javier Giraldo.

Quiero referirme al artículo aparecido en su diario el 14 de diciembre de este año, suscrito por la periodista Mary Anastasia O’Grady, que lleva por título: “Las FARC y la ‘Comunidad de Paz’. En otra ocasión, su diario acogió mi carta de protesta por una calumnia similar (22 de junio de 2001) y espero que ahora rectifique también la repetición de la misma acción difamatoria.

La autora de la calumnia se apoya en una entrevista que le hizo al desertor de las FARC alias ‘Samir’, quien está albergado en un cuartel del Ejército colombiano desde noviembre de 2008 violando toda norma legal y desde allí se ha puesto al servicio de una estrategia mediática, dirigida desde hace 13 años por esa misma brigada militar (la Brigada XVII) para destruir la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, combinando masacres, desapariciones, extorsiones, desplazamientos forzados masivos, abusos sexuales, destrucción de viviendas y cultivos, bombardeos a población civil, creación de estructuras paramilitares, montajes judiciales y otros crímenes (más de 750 crímenes hemos denunciado), con campañas difamatorias que miran a justificar todos esos horrores y a ocultar la culpabilidad del Gobierno en todas esas atrocidades.

La fuente que respalda a la autora de la calumnia, quien según los militares se llama “Daniel Sierra Martínez”, comenzó su campaña difamatoria contra la Comunidad de Paz el 28 de mayo de 2009 bajo la dirección del ex Ministro del Interior del Presidente Uribe, el Señor Fernando Londoño Hoyos, ampliamente conocido por su falta de ética que le ha valido varias condenas judiciales y su mismo retiro del cargo ministerial. Luego de prepararse durante 6 meses elaborando todo tipo de falsedades en la Brigada XVII del Ejército, donde se han elaborado centenares de falsas acusaciones contra la Comunidad de Paz, falsedades que son investigadas hoy por la justicia colombiana y por tribunales internacionales, el Señor Sierra Martínez no ha cesado en delante de hablar por emisoras repitiendo las mismas falsedades, a pesar de que la Comunidad de Paz emitió un comunicado en el cual responde a una por una de sus mentiras, comunicado cuya copia anexo a esta carta.

Usted se preguntará por qué los medios de comunicación en Colombia han difundido las falsedades del Señor Sierra. Es triste decirlo, pero los grandes medios en Colombia tienen como prioridad respaldar al actual Gobierno y en el ataque a las Comunidades de Paz, así como a muchos movimientos sociales y organizaciones populares, los intereses de este Gobierno son evidentes. Dentro del actual conflicto que vive Colombia, este Gobierno, como todo el mundo lo sabe, ha optado por una solución militar y violenta. Las comunidades que han optado por no dejarse involucrar en la guerra son deslegitimadas por el Gobierno, como lo ha sido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La única manera de atacarlas que tendría una apariencia legal, sería probando que esas comunidades o movimientos trabajan con la guerrilla. El Presidente Uribe lanzó 5 acusaciones falsas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 20 de marzo de 2005, tratando de hacer creer que la Comunidad era colaboradora de la guerrilla, y la Comunidad le ha exigido a través de estos 5 años una rectificación, con el apoyo del Procurador General de la Nación y mediante un proceso judicial en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (Expediente 1712), siguiendo instrucciones precisas de la Corte Constitucional (Sentencia T-1191/04), pero hasta ahora no se ha producido sanción ni rectificación. Esto ha hecho que el Presidente recurra a otros actores para difamar a la Comunidad de Paz, como los diarios El Colombiano y El Mundo de la ciudad de Medellín, las emisoras RCN y Radio Super, la emisora local Apartadó Stereo, las emisoras dirigidas por el Ejército (que son muchas), algunos columnistas como el Señor Plinio Apuleyo Mendoza y otros, y ahora el desertor de las FARC alias ‘Samir’. Entre tanto las patrullas del Ejército y los grupos paramilitares que recorren la zona, se apoyan en la calumnia presidencial (“es que esta comunidad es de la guerrilla”) para justificar sus abusos sexuales, sus amenazas, sus torturas, sus minados de campos, sus montajes judiciales, sus asesinatos, sus destrucciones de cultivos y sus robos y bloqueos de alimentos.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una comunidad de campesinos pobres, a pesar de que una de las falsedades difundidas por los medios es que tiene enormes cantidades de dinero provenientes de donaciones internacionales, lo cual es absolutamente falso. Como ocurre cotidianamente con los pobres en Colombia y en todas partes, no tienen dinero para defenderse de las sucias campañas de difamación de los ricos y del Gobierno. Por eso el crimen que está cometiendo la Señora O´Grady es tan repulsivo e infame.

Le ruego, Señor director, repare en algo esta infamia, aunque seguramente ya no podría repararla sino en una pequeña medida, luego de haber perpetrado una acción tan inmoral y criminal, en respaldo a un verdadero genocidio.

No puedo sino manifestarle mi más honda censura ética a tan infames procedimientos.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

VÍDEO SOBRE LA CAMPAÑA MEDIATICA CONTRA LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ..

Tras los asesinatos del líder campesino Luis Eduardo Guerra y su familia (3 niños y 8 adultos) perpetrados por el ejército y paramilitares, la prensa uribista desata una campaña señalando a las FARC como presunta responsable. La comunidad denuncia el crímen y lograr probar la culpabilidad del Ejército. Este proceso contra los militares desata una campaña mediática difamatoria contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, incluyendo declaraciones del Presidente Uribe señalándola como partidaria de la guerrilla. Por último, aparece un supuesto desmovilizado de la guerrilla que "declara" al Ejército supuesta vinculaciones de miembros de la Comunidad con la insurgencia armada de las FARC. Se trata de una operación mediática que vendría a justificar las violaciones a los derechos humanos sufridas por la Comunidad y perpetradas por el Ejército y los Paramilitares.