domingo, 27 de diciembre de 2009

LA PRENSA URIBISTA INTENTA JUSTIFICAR LOS CRÍMENES DE ESTADO CONTRA LA COMUNIDAD DE PAZ DE SÁN JOSÉ TILDÁNDOLA DE GUERRILLERA (VER VÍDEO)



Autor: Padre Javier Giraldo
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Quiero referirme al artículo aparecido en su diario el 14 de diciembre de este año, suscrito por la periodista Mary Anastasia O’Grady, que lleva por título: “Las FARC y la ‘Comunidad de Paz’. En otra ocasión, su diario acogió mi carta de protesta por una calumnia similar (22 de junio de 2001) y espero que ahora rectifique también la repetición de la misma acción difamatoria.

La autora de la calumnia se apoya en una entrevista que le hizo al desertor de las FARC alias ‘Samir’, quien está albergado en un cuartel del Ejército colombiano desde noviembre de 2008 violando toda norma legal y desde allí se ha puesto al servicio de una estrategia mediática, dirigida desde hace 13 años por esa misma brigada militar (la Brigada XVII) para destruir la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, combinando masacres, desapariciones, extorsiones, desplazamientos forzados masivos, abusos sexuales, destrucción de viviendas y cultivos, bombardeos a población civil, creación de estructuras paramilitares, montajes judiciales y otros crímenes (más de 750 crímenes hemos denunciado), con campañas difamatorias que miran a justificar todos esos horrores y a ocultar la culpabilidad del Gobierno en todas esas atrocidades.

La fuente que respalda a la autora de la calumnia, quien según los militares se llama “Daniel Sierra Martínez”, comenzó su campaña difamatoria contra la Comunidad de Paz el 28 de mayo de 2009 bajo la dirección del ex Ministro del Interior del Presidente Uribe, el Señor Fernando Londoño Hoyos, ampliamente conocido por su falta de ética que le ha valido varias condenas judiciales y su mismo retiro del cargo ministerial. Luego de prepararse durante 6 meses elaborando todo tipo de falsedades en la Brigada XVII del Ejército, donde se han elaborado centenares de falsas acusaciones contra la Comunidad de Paz, falsedades que son investigadas hoy por la justicia colombiana y por tribunales internacionales, el Señor Sierra Martínez no ha cesado en delante de hablar por emisoras repitiendo las mismas falsedades, a pesar de que la Comunidad de Paz emitió un comunicado en el cual responde a una por una de sus mentiras, comunicado cuya copia anexo a esta carta.

Usted se preguntará por qué los medios de comunicación en Colombia han difundido las falsedades del Señor Sierra. Es triste decirlo, pero los grandes medios en Colombia tienen como prioridad respaldar al actual Gobierno y en el ataque a las Comunidades de Paz, así como a muchos movimientos sociales y organizaciones populares, los intereses de este Gobierno son evidentes. Dentro del actual conflicto que vive Colombia, este Gobierno, como todo el mundo lo sabe, ha optado por una solución militar y violenta. Las comunidades que han optado por no dejarse involucrar en la guerra son deslegitimadas por el Gobierno, como lo ha sido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La única manera de atacarlas que tendría una apariencia legal, sería probando que esas comunidades o movimientos trabajan con la guerrilla. El Presidente Uribe lanzó 5 acusaciones falsas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 20 de marzo de 2005, tratando de hacer creer que la Comunidad era colaboradora de la guerrilla, y la Comunidad le ha exigido a través de estos 5 años una rectificación, con el apoyo del Procurador General de la Nación y mediante un proceso judicial en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (Expediente 1712), siguiendo instrucciones precisas de la Corte Constitucional (Sentencia T-1191/04), pero hasta ahora no se ha producido sanción ni rectificación. Esto ha hecho que el Presidente recurra a otros actores para difamar a la Comunidad de Paz, como los diarios El Colombiano y El Mundo de la ciudad de Medellín, las emisoras RCN y Radio Super, la emisora local Apartadó Stereo, las emisoras dirigidas por el Ejército (que son muchas), algunos columnistas como el Señor Plinio Apuleyo Mendoza y otros, y ahora el desertor de las FARC alias ‘Samir’. Entre tanto las patrullas del Ejército y los grupos paramilitares que recorren la zona, se apoyan en la calumnia presidencial (“es que esta comunidad es de la guerrilla”) para justificar sus abusos sexuales, sus amenazas, sus torturas, sus minados de campos, sus montajes judiciales, sus asesinatos, sus destrucciones de cultivos y sus robos y bloqueos de alimentos.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una comunidad de campesinos pobres, a pesar de que una de las falsedades difundidas por los medios es que tiene enormes cantidades de dinero provenientes de donaciones internacionales, lo cual es absolutamente falso. Como ocurre cotidianamente con los pobres en Colombia y en todas partes, no tienen dinero para defenderse de las sucias campañas de difamación de los ricos y del Gobierno. Por eso el crimen que está cometiendo la Señora O´Grady es tan repulsivo e infame.

Le ruego, Señor director, repare en algo esta infamia, aunque seguramente ya no podría repararla sino en una pequeña medida, luego de haber perpetrado una acción tan inmoral y criminal, en respaldo a un verdadero genocidio.

No puedo sino manifestarle mi más honda censura ética a tan infames procedimientos.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

VÍDEO SOBRE LA CAMPAÑA MEDIATICA CONTRA LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ..

Tras los asesinatos del líder campesino Luis Eduardo Guerra y su familia (3 niños y 8 adultos) perpetrados por el ejército y paramilitares, la prensa uribista desata una campaña señalando a las FARC como presunta responsable. La comunidad denuncia el crímen y lograr probar la culpabilidad del Ejército. Este proceso contra los militares desata una campaña mediática difamatoria contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, incluyendo declaraciones del Presidente Uribe señalándola como partidaria de la guerrilla. Por último, aparece un supuesto desmovilizado de la guerrilla que "declara" al Ejército supuesta vinculaciones de miembros de la Comunidad con la insurgencia armada de las FARC. Se trata de una operación mediática que vendría a justificar las violaciones a los derechos humanos sufridas por la Comunidad y perpetradas por el Ejército y los Paramilitares.





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