por Prensa PCC Friday, May. 15, 2009 at 2:50 PM
Gran revuelo han causado en la ciudad de Oviedo (España) las declaraciones del director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, quien denunció que el 95 por ciento de los asesinatos y violaciones de derechos humanos que se cometen en Colombia son obra del ejército. Dijo en Rueda de prensa que recabaron pruebas y denuncias capaces de destapar la corrupción que hay en el Gobierno de Álvaro Uribe, presidente de Colombia. También aseguró a la prensa que comprobaron que la mayor parte de los asesinatos que se cometen "ya no son obra de grupos paramilitares sino que los llevan a cabo miembros del ejército colombiano".
Según los voceros de la agencia asturiana el Informe definitivo estará listo a finales del próximo mes de junio y será presentado ante el sistema de DDHH de la ONU, ante la OEA, la OIT, los Parlamentos europeo, español y asturiano y ante los Gobiernos colombiano, español y asturiano.
Gran revuelo han causado en la ciudad de Oviedo (España) las declaraciones del director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, quien denunció que el 95 por ciento de los asesinatos y violaciones de derechos humanos que se cometen en Colombia son obra del ejército. Dijo en Rueda de prensa que recabaron pruebas y denuncias capaces de destapar la corrupción que hay en el Gobierno de Álvaro Uribe, presidente de Colombia. También aseguró a la prensa que comprobaron que la mayor parte de los asesinatos que se cometen "ya no son obra de grupos paramilitares sino que los llevan a cabo miembros del ejército colombiano".
Según reseña la agencia informativa EFE, Palacios comentó que "Son los llamados falsos positivos, cogen a jóvenes marginales, les quitan la vida y después les visten con el uniforme militar para que sus cuerpos no puedan ser reclamados por sus familias".
La delegación asturiana denuncia que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, "sino una práctica muy extendida" cometida por un importante número de unidades militares. Las ejecuciones militares son una práctica extendida y sistemática que se produce en muchas zonas del país, lo que demuestra que están planificadas desde el propio Gobierno", apuntó Palacios. [...]
[...] En Colombia existe un conflicto político, social y armado, que enfrenta en el plano militar al Estado y a las organizaciones insurgentes. El conflicto no ha cambiado sustancialmente. Las causas de este conflicto iniciado hace décadas son diversas, fundamentalmente la desigualdad y la injusticia social, que ha supuesto el despojo de tierras de los campesinos, sumado al papel de las multinacionales y a la eliminación física de los adversarios políticos y sociales.[...]
[...]Es un verdadero escándalo, sin precedentes en ninguna otra parte del mundo, el número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército colombiano. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario investiga actualmente cerca de 1.300 casos con más de 1.600 víctimas.
Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo de todo el país. La destitución en octubre de 2008 de tres generales y otros 24 oficiales y suboficiales, incluidos cuatro coroneles, y la renuncia en noviembre de 2008 del Comandante en Jefe del Ejército colombiano, demuestra la inequívoca responsabilidad de las fuerzas armadas colombianas en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad [...]
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Según los voceros de la agencia asturiana el Informe definitivo estará listo a finales del próximo mes de junio y será presentado ante el sistema de DDHH de la ONU, ante la OEA, la OIT, los Parlamentos europeo, español y asturiano y ante los Gobiernos colombiano, español y asturiano.Gran revuelo han causado en la ciudad de Oviedo (España) las declaraciones del director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, quien denunció que el 95 por ciento de los asesinatos y violaciones de derechos humanos que se cometen en Colombia son obra del ejército. Dijo en Rueda de prensa que recabaron pruebas y denuncias capaces de destapar la corrupción que hay en el Gobierno de Álvaro Uribe, presidente de Colombia. También aseguró a la prensa que comprobaron que la mayor parte de los asesinatos que se cometen "ya no son obra de grupos paramilitares sino que los llevan a cabo miembros del ejército colombiano".
Según reseña la agencia informativa EFE, Palacios comentó que "Son los llamados falsos positivos, cogen a jóvenes marginales, les quitan la vida y después les visten con el uniforme militar para que sus cuerpos no puedan ser reclamados por sus familias".
La delegación asturiana denuncia que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, "sino una práctica muy extendida" cometida por un importante número de unidades militares. Las ejecuciones militares son una práctica extendida y sistemática que se produce en muchas zonas del país, lo que demuestra que están planificadas desde el propio Gobierno", apuntó Palacios. [...]
[...] En Colombia existe un conflicto político, social y armado, que enfrenta en el plano militar al Estado y a las organizaciones insurgentes. El conflicto no ha cambiado sustancialmente. Las causas de este conflicto iniciado hace décadas son diversas, fundamentalmente la desigualdad y la injusticia social, que ha supuesto el despojo de tierras de los campesinos, sumado al papel de las multinacionales y a la eliminación física de los adversarios políticos y sociales.[...]
[...]Es un verdadero escándalo, sin precedentes en ninguna otra parte del mundo, el número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército colombiano. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario investiga actualmente cerca de 1.300 casos con más de 1.600 víctimas.
Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo de todo el país. La destitución en octubre de 2008 de tres generales y otros 24 oficiales y suboficiales, incluidos cuatro coroneles, y la renuncia en noviembre de 2008 del Comandante en Jefe del Ejército colombiano, demuestra la inequívoca responsabilidad de las fuerzas armadas colombianas en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad [...]
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La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia, ONIC, saluda a los diputados del Parlamento Europeo, a los Sectores Sociales y a las Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos.
Con su licencia ha permitido la puesta en marcha de Megaproyectos en Territorios Indígenas, que corresponden a su ambicioso interés comercial y personal, modelo económico que desconoce toda legislación y Convenios; como el Convenio 169 de la OIT.
Es necesario recordar que cuando se iniciaron las negociaciones, la Unión Europea proclamó que para ella era de la mayor importancia el fomento de la “integración regional” andina. En diciembre de 2006 la Comisaria Europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, declaró “que el objetivo del acuerdo (entre la UE y la CAN), así como el espíritu de la negociación que lo precederá, es y debe ser el que ambas partes se beneficien de él. La Asociación no tiene ni sentido ni futuro cuando se construye a costa de una de las partes”. Sin embargo, en enero de 2009 el Consejo de Ministros de la UE autorizó la negociación bilateral con los gobiernos de Perú y Colombia. Con esta decisión la Unión Europea reconoció que no existen las condiciones para promover un Acuerdo de Asociación entre bloques y le dio prioridad a sus intereses comerciales. La propuesta de los gobiernos de Alan García y Uribe, de avanzar por la vía de una negociación bilateral, avalada por la Unión Europea, representa una decisión nefasta para la pervivencia de nuestros pueblos, niega los esfuerzos de una integración regional alternativa y constituye un grave precedente antidemocrático, fuera de todo principio de estado social de derecho en nuestra nación.
El ex paramilitar, que no precisó el número de desaparecidos con ese método, aseguró que Castaño recurrió al horno instigado por militares y políticos que buscaban con ello mantener bajas las cifras de muertes por el conflicto interno.