lunes, 4 de febrero de 2008

Mientras familiares de retenidos declaran que no marcharán contra FARC-EP, jefes narcoparamilitares apoyan públicamente la marcha.

TeleSUR _ 01/02/08 - 21:10 CCS

Mientras todo parece indicar que los paramilitares participararán en la movilización del lunes, las FARC emitieron un nuevo escrito en el que aseguran que ''la consigna debe ser por el canje humanitario y la paz de Colombia''.

La organización de la llamada "marcha contra el secuestro", prevista el próximo 4 de febrero en varias ciudades colombianas, no carece de contradicciones pues se realizará sin la presencia de los familiares de los retenidos por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Mientras tanto, los principales líderes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organizaciones con amplio prontuario criminal supuestamente desmovilizadas, manifestaron su apoyo a la manifestación a través de un comunicado y todo parece indicar que participararán en la movilización del lunes.

Los familiares confirmaron este viernes que no asisitrán a la marcha promovida por los medios de comunicación y por el Gobierno colombiano. A cambio, han decidido reunirse el mismo día en una jornada litúrgica, durante la cual rezarán "por la paz y la liberación" de los retenidos.

"Lo prioritario para nosotros es la vida de nuestros seres queridos, y seguimos abogando por el acuerdo humanitario", comentó Marleny Orjuela, presidenta de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz).

Orjuela, puntualizó que en Asfamipaz "estamos en contra del secuestro, en contra de todas las formas de violencia, en contra de la guerra, venga de donde venga".

Varios familiares han expresado que esta marcha podría ser contraproducente para la liberación de los retenidos. Sin embargo, Orjuela precisó que "nunca hemos tenido ninguna amenaza para que marchemos o no marchemos".

A pesar de la cruel realidad de las familias privadas de sus seres queridos y en medio de una fuerte politización del evento, los organizadores de la manifestación se contentaron con llamar a marchar "contra las FARC", dejando de lado la reinvindicación del acuerdo humanitario.

Ello pese a que el clamor de las familias afectadas cobró ímpetu tras la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, en un gesto unilateral de las FARC como "desagravio" a la mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, a quien su homólogo Álvaro Uribe retiró abruptamente de su labor humanitaria.

La revista bogotana Semana señaló este viernes en su portal web que "la marcha fue convocada por un grupo de jóvenes que se declara autónomo y no está 'ni a favor de Uribe', con su iniciativa militarista contra las FARC, 'ni a favor del intercambio humanitario', como solución al problema de la liberación por los secuestrados".

Paramilitares respaldan la iniciativa

Por otro lado, el mismo portal de Semana informó este viernes que dirigentes de las ultraderechistas AUC manifestaron su apoyo a la marcha a través de un comunicado.

"La dirigencia del movimiento nacional de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia hace pública adhesión a la gran manifestación del 4 de febrero contra el terrorismo, la violencia y el secuestro como la más degradante expresión contra la libertad y la dignidad humanas", dice el comunicado firmado por "Macaco", "Jorge 40", Salvatore Mancuso y "HH" entre otros.

La mayoría de estos dirigentes, entre los cuales Mancuso, son autores reconocidos de centenas de asesinatos, masacres y torturas contra civiles en los últimos 20 años, y están sindicados de genocidio y delitos contra la humanidad en procesos aún en curso.

Muchos de esos cargos, no obstante, han sido disminuido en virtud de una ley implementada por los partidarios de Uribe en el Congreso, mediante la cual los acusados se benefician de reducciones de penas como recompensa por su "desmovilización".

Ante la opinión pública, los organizadores del evento se desmarcaron del respaldo de los paramilitares y lo rechazaron. "Desde el comienzo dijimos que estamos en desacuerdo con cualquier forma de violencia de todos los actores del conflicto. Y desde luego, no comulgamos con la ideología de las AUC", dijo Carlos Andrés Santiago, uno de los promotores de la marcha contra las FARC.

Familia de Betancourt tampoco marchará

Por su parte Astrid Betancourt, hermana de Ingrid Betancourt, dijo recientemente en Ginebra, Suiza, en torno a la marcha que "nosotros (los familiares de la ex candidata presidencial) no marcharemos, ya que las FARC, además de no ser un grupo terrorista, sabemos perfectamente que ésta es una jornada organizada por el propio Gobierno colombiano y sus amigos".

La hermana de la retenida franco-colombiana agregó que la intención del Gobierno de Álvaro Uribe con este evento es "esconder toda una serie de situaciones anómalas y graves de corrupción y acusaciones de vinculaciones de varios congresistas, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios públicos gobiernistas colombianos con los paramilitares".

Estimó que esta manifestación "no busca marchar contra todas las formas de violencia. Y si no es así ¿porque no marchan contra la violencia paramilitar y de Estado que también se vive y que ha cobrado y viene cobrando miles de victimas?", preguntó.

Astrid Betancourt expresó que a su juicio, "las FARC no son un grupo terrorista, son un grupo rebelde alzado en armas contra el Estado colombiano". Y, si bien no comparte algunos de sus métodos de lucha, tampoco puede catalogarlos de terroristas como hasta ahora el presidente Uribe ha tratado de hacerlos aparecer ante los colombianos y la comunidad internacional.

"El (Álvaro Uribe) no quiere, ni busca, ni le interesa que los retenidos regresen con vida, tampoco que los presos políticos salgan de las cárceles, sólo le interesa que nos devuelvan cadáveres en libertad".

FARC: Marcha es de los medios y del Gobierno

En un comunicado difundido por la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) resaltaron este viernes que "los familiares de los prisioneros de guerra, los verdaderos dolientes, los nunca escuchados ni por Uribe ni por Washington, no asistirán a esa marcha politizada del 4 de febrero, surgida de la estrategia contrainsurgente del Estado.

En este documento, los firmantes Iván Márquez y Rodrigo Granda califican la manifestación del 4 de febrero de "marcha hacia el tercer período" del presidente Uribe.

El grupo insurgente subraya también el papel de los medios de comunicación en la promoción del evento.

"La marcha uribista, de RCN, Caracol, El Tiempo, los narco-paramilitares, algunos obispos, los grandes empresarios, los manipuladores de la opinión, los guerreristas y enemigos del canje humanitario y de la paz, en su recta final ha desencadenado un ineludible alud de cuestionamientos alrededor de su verdadero propósito", expresó la guerrilla.

Los voceros de las FARC enfatizaron que "las centrales obreras y muchas organizaciones políticas y sociales de Colombia optaron por deslindarse del grupo organizador asistido logísticamente por el Gobierno, y realizar con independencia sus manifestaciones por el canje y la paz".

De hecho, la Unión Sindical Obrera de Colombia informó que ha sentado su postura oficial de no marchar el 04 de febrero "por ser una iniciativa en contra del acuerdo humanitario, en contra de las posibilidades de acercamientos hacia la solución política y negociada del conflicto social y armado en Colombia".

El sindicato calificó el evento de "marcha de los odios y de la intolerancia" y que estimó ser "una marcha promovida por el Gobierno guerrerista y parapolitico de Álvaro Uribe Velez".

El comunicado de las FARC también va en el sentido de respaldo al canje humanitario. "La consigna debe ser por el canje humanitario y la paz de Colombia", dice el texto publicado por ABP en su página web, "como lo enarbolan los familiares de los prisioneros de guerra en poder de las partes contendientes".

Finalmente el grupo insurgente reiteró que el camino del intercambio humanitario es el despeje militar de Pradera y Florida. "Si el sufrimiento del cautiverio se ha prolongado injustificablemente por 5 años, ha sido por la inhumana intransigencia y el orgullo vano del presidente Uribe, quien además se burló de todas las mediaciones y pateó la más eficaz, la del presidente Chávez" puntualizó.

sábado, 2 de febrero de 2008

Reseñamos el noticiario de Telesur del 1/02/08 por varias declaraciones de interés sobre marcha gubernamental de 4 de febrero.

NOTICIARIO DE TELESUR DEL 01.02.08 (para ver el noticiario entero pincha aquí):

Breve resumen de los primeros 10 minutos de informativo:

- El maximo comandante del ELN de Colombia afirmó que su organización siendo fuerza beligerante acoge el Derecho Humanitario y el Derecho de la Haya.

- Familiares de personas tomadas como rehenes por las FARC - EP se concentrarán en iglesias el 4 de febrero y no marcharán junto al gobierno de Uribe por considerar que dicha marcha no contribuye al intercambio humanitario y a la paz. No marcharan contra el grupo rebelde y se concentrarán en las iglesiar por el canje humanitario y un final pacífico y dialogado del conflicto armado en Colombia.

- El Polo Democrático Alternativo convoca concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá bajo el lema "por el acuerdo humanitario, si a la vida, no al secuestro, no a la guerra, si al fin del conflicto armado por la vía del diálogo".

jueves, 31 de enero de 2008

UN PROCESO JUDICIAL POR LA MASACRE DE CAJAMARCA ¿SE HARÁ JUSTICIA?

El 1 de diciembre de 2004 los militares cometieron un masacre en Cajamarca (una más de tantas). Los familiares de las víctimas con un enorme valor han logrado que se investigue el caso judicialmente.

LOS FALSOS POSITIVOS

LOS LLAMADOS FALSOS POSITIVOS SON CIVILES, CAMPESINOS, SINDICALISTAS, ... QUE EL EJERCITO COLOMBIANO EJECUTA Y DESPUÉS LOS PRESENTA PUBLICAMENTE COMO GUERRILLEROS MUERTOS EN COMBATE. EN 2007 SE HAN DADO MÁS DE 200 CASOS, DE LOS QUE SE TIENE CONSTANCIA POR EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS COORDINACIÓN COLOMBIA - EUROPA - EEUU.

¿HASTA QUE PUNTO DOMINARÁ EL PARAMILITARISMO AL PODER JUDICIAL? La Corte Suprema de Colombia tiene nuevo presidente, tras diatriba con Uribe.

TRAS EL ENFRENTAMIENTO CON URIBE ES SUSTITUIDO EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA.
Telesur informó el 30.01.2008.

El magistrado Francisco Ricaurte fue elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia como nuevo presidente del alto tribunal, en reemplazo de Cesar Julio Valencia Copete, quien fue demandado por el presidente del país, Álvaro Uribe.

Dentro de sus principales retos, el jurista deberá continuar las investigaciones por los vínculos entre miembros del Congreso y los paramilitares de ultraderecha, supuestamente desmovilizados.

El magistrado Ricaurte integraba la Sala Laboral de la Corte y es oriundo de Cartagena.

El saliente presidente del CSJ cumplió su período en medio de una fuerte controversia con el presidente Álvaro Uribe, quien introdujo una demanda en su contra ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por supuesta difamación.

La demanda se refiere a la entrevista concedida por el magistrado al rotativo El Espectador, a finales de 2007, en la cual Valencia indicó que Uribe lo llamó para indagar por la situación de su primo, el ex senador Mario Uribe, quien fue involucrado en los expedientes por la parapolítica.

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Desde la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia nos cuestionamos la independencia del Poder Judicial colombiano. En medio de una gran cantidad de procesos judiciales que vincula a los políticos y funcionarios del uribismo con el paramilitarismo y sus crímenes se produce esta sustitución del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Recordamos el caso Noguera, ex-jefe del DAS e inmediato subordinado del Presidente Uribe. Nos preguntamos si con todas las pruebas recabadas, los testimonios de distintos funcionarios entre ellos el ex - jefe de informática del DAS, Rafael García (desde abril de 2005), declarando sobre las listas de sindicalistas entregadas a los paramilitares, la participación en ejecuciones extrajudiciales, ... ¿Será posible que no sea condenado Noguera?. Si finalmente es condenado, será posible que baste con unas simples disculpas del Presidente Uribe, como él mismo afirma. VER VÍDEO:

martes, 29 de enero de 2008

La manipulación del sufrimiento

Iván Cepeda Castro
En su gestión pública como Alto Comisionado para la Paz, y en sus escritos como psiquiatra, Luis Carlos Restrepo ha expuesto una tipología de las víctimas sobrevivientes de la violencia en Colombia. De acuerdo a esa clasificación, las víctimas o son portadoras de la pasión vengativa, o son presa del chantaje de sus agresores. Como bien lo ha definido el investigador Alfredo Gómez Müller al criticar esta clase de modelos argumentativos, se trata de la “asimilación de la víctima a lo patológico, lo irreflexivo y lo irracional” que conlleva la despolitización de quienes sufren los efectos de la violencia.
Durante el debate parlamentario de los proyectos legislativos que condujeron a la Ley de Justicia y Paz, Restrepo asumió la tesis de que las exigencias de justicia o esclarecimiento eran una manifestación del espíritu vengativo de las víctimas. Para convencer a la opinión de esa tesis aseguró que las pretensiones de esclarecimiento y toda invocación de los crímenes contra la humanidad cometidos por los paramilitares y los agentes estatales eran desmesuradas. Según él, la memoria de tales hechos –que nunca ha condenado con la vehemencia con la que condena los crímenes cometidos por las guerrillas- es altamente contraproducente, pues “el país no está preparado para conocer la verdad”. Así, al presentar una primera categoría de víctimas, las “vengativas”, realizó una doble operación. Por una parte, intentó desfigurar el reclamo de verdad y justicia, dirigido en esencia a lograr la no repetición de los crímenes por medio del debilitamiento del inmenso poder económico y político de los paramilitares y de los agentes estatales que se han lucrado de sus servicios criminales. Por otra parte, pretendió banalizar esas acciones criminales al presentarlas como “errores” que es necesario entender y olvidar en aras al “proceso de reconciliación nacional”. En este mismo semanario, Restrepo afirmó: “las autodefensas fueron un error”. Óigase bien, un “error” y no una estrategia de exterminio cruel y de enriquecimiento, contraria a cualquier noción elemental de Estado democrático.
Ahora el Alto Comisionado nos presenta su interpretación acerca de una segunda categoría de víctimas, aquellas que han salido a las calles con carteles a pedir el acuerdo humanitario. Su diagnóstico es que ellas son fácilmente manipulables. Sus agresores han logrado colocarlas al servicio del ataque contra la “institucionalidad democrática”. Quienes no se han cruzado de brazos a esperar que sus familiares perezcan en la selva por las enfermedades, el tratamiento inhumano que les dan sus captores o los operativos militares de rescate, padecerían, al parecer, de cierto grado del síndrome de Estocolmo. Quienes han mantenido la atención sobre el secuestro durante una década, a pesar de la indiferencia gubernamental y social, serían, desde esta perspectiva, responsables indirectos de la impunidad de los crímenes cometidos por los guerrilleros presos que saldrían de las cárceles. Se pregunta el Alto Comisionado qué hacer ante la cuestión ética de los derechos de las víctimas de los guerrilleros liberados. Extraño interrogante viniendo de quien sin dilemas éticos promovió en la mesa de negociaciones de Santa Fe de Ralito el ocultamiento de los crímenes de los jefes paramilitares.
La idea de víctimas enceguecidas por el resentimiento es funcional a un esquema de adaptación social a la continuidad del poder y la estrategia paramilitares. La desfiguración de la causa del acuerdo humanitario, al presentarlo como una concesión de las víctimas y la sociedad al chantaje de los enemigos del Estado de Derecho, es la negación de cualquier gesto de humanidad en medio de la guerra, y de cualquier negociación de Paz.
Se ha puesto de moda lo que llaman “visibilizar a las víctimas”. La pregunta que debe hacerse es qué imagen se quiere proyectar de ellas. Se quiere una imagen “discreta” de seres sufrientes que se resignan a la ayuda benevolente y a la compasión. Para Restrepo las víctimas que se resisten a entrar en ese juego son un obstáculo. Sus protestas son indignas, sus exigencias de verdad y justicia son vengativas, pues sostienen autónomamente posiciones críticas y no se acomodan a la manipulación externa de su dolor. Dije que el psiquiatra Luis Carlos Restrepo no está capacitado ni es idóneo para el cargo que desempeña, porque no respeta ni valora adecuadamente a las víctimas. Me reitero en lo escrito: debe renunciar.

Quedó en libertad el general (r) Pauselino Latorre, por decisión de juez de garantías

Enero 27 de 2008

Publicado en http://www.eltiempo.com (pincha aquí para ir al sitio)

La determinación del operador judicial también cobija al ex fiscal Leobardo Latorre, sobrino del oficial. Ambos están señalados de pertenecer a una organización que lavó $ 2 mil millones de la mafia.

Después de dos días en audiencias, la jueza de garantías consideró sorpresivamente la noche de este sábado que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes para mantener privados de la libertad al oficial retirado y al ex fiscal.

En la audiencia, los sindicados no aceptaron los cargos formulados. El general (r) - en la foto- era investigado por concierto para delinquir agravado por narcotráfico, mientras que el ex fiscal por concierto para delinquir y cohecho.

Los dos recobraron la libertad este mismo sábado por la noche. No obstante, ambos seguirán vinculados al proceso.

"Mi nombre creo que en este momento comienza a limpiarse -dijo el general este sábado por la noche al salir de la audiencia en la que se le imputaron los cargos-. Aunque creo que nunca ha estado mancillado".

Y agregó: "Le agradezco a mi familia, a mis dos abogados y a mi Ejército que nunca me desamparó. No tengo nada que ocultarle al país, nada que ocutarle a mi familia, nada que ocultarle al universo. Estaré cuantas veces la justicia me necesite".

La operación en que habían sido capturados el general y su sobrino fue adelantada por un fiscal de la Unidad Nacional Antinarcóticos (Unaim) y agentes de la División de Investigación Judicial (Dijín) de la Policía.

La investigación nació en julio del 2006 cuando agentes antidrogas de Estados Unidos le notificaron a la Fiscalía sobre la existencia de esta organización que tenía sus laboratorios en el sur de Bolívar y Norte de Santander.

La Fiscalía anunció que ya está trabajando para presentar de nuevo los argumentos y lograr otra vez su detención.

Durante la audiencia, la Procuraduría también había dicho que no existían méritos para que siguieran detenidos.

Durante los dos días de audiencia se presentaron 15 de las 24 personas capturadas en la operación de la Fiscalía y la Dijin.

De los 15, 12 aceptaron cargos y los otros tres, el general retirado, el ex fiscal y una persona identificada como Héctor Félix, quienes no aceptaron los cargos, quedaron libres.

Este es el segundo revés de la Fiscalía en menos de una semana ante un juez de garantías. El primero fue por el llamado 'rey del paseo millonario', José Cano Bayona, quien quedó libre por problemas en la legalidad de su captura.

El caso

Los negocios del general (r) y los de varias personas allegadas a él están bajo la lupa. Entre centenares de interceptaciones de la banda desmantelada hay 17 llamadas que, según los investigadores, demuestran que era asesor y testaferro de un narco emergente que trabajaba con las nuevas bandas en el Sur de Bolívar y la frontera con Venezuela.

Incluso hay una que, supuestamente, demostraría que intentó influir en un proceso de extinción de dominio. Esas pruebas, sin embargo, no fueron suficientes para convencer a la jueza de la responsabilidad del oficial.

Este hombre, experto en inteligencia, estuvo en las filas hasta el 2005 y pasó por varias de las unidades militares más importantes. Fue jefe de una de las primeras brigadas móviles del Ejército y comandante de la Brigada XVII en Urabá.

Allí lo recuerdan porque medió en los primeros acuerdos que legalizaron la irrupción de palmicultores y bananeros en tierras de las comunidades negras del Chocó, muchos de los cuales terminaron siendo declarados ilegales.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que no presentaron todas las evidencias y pruebas porque no era la etapa procesal para mostrarlas, como son todas las grabaciones y seguimientos.
Consideran que deben ser llevadas ante el juez en la etapa de juicio.

Fiscalía investiga si infiltración llegó más lejos

Durante los últimos siete años, en la Fiscalía General de la Nación todo el mundo se acostumbró a decirle 'Profe' a Leobardo Latorre, quien anoche recobró la libertad después de haber sido capturado el jueves en una operación contra el narcotráfico.

No era gratis. El 'título' se lo ganó porque era uno de los fiscales que más conocían la Ley 906, que implantó en Colombia el nuevo sistema penal acusatorio. A diario lo consultaban sus colegas, defensores públicos y hasta abogados de personas capturadas.

Latorre, dicen algunos de sus compañeros, era un 'consentido' de las autoridades de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país se lo llevó varias veces para capacitarlo en el nuevo sistema, que empezó a regir durante la administración del fiscal Luis Camilo Osorio.

Desde hace más de tres años se movía por las Fiscalías de todo el país, enseñando lo que aprendió en E.U.

Y era tanta la confianza en él que el fiscal general, Mario Iguarán, le encargó que asesorara el caso que debía demostrar la efectividad del nuevo modelo: la masacre de 10 policías y un civil a manos de una patrulla del Ejército en Jamundí (Valle).

Veinte meses después del crimen de Jamundí, la etapa de juicio apenas se está cerrando. Los investigadores averiguan si Leobardo Latorre pudo haber interferido en la marcha del primer gran caso del sistema acusatorio.

A mediados del año pasado, Iguarán recibió un reporte que lo dejó perplejo: un fiscal de la Unidad Antinarcóticos que llevaba un caso originado en información de la DEA le informó que el 'Profe' aparecía en varias interceptaciones a una banda de narcos.

La decisión fue apartarlo del caso Jamundí. Latorre siguió hasta octubre con las capacitaciones, hasta cuando decidió renunciar al organismo.

"Dijo que estaba cansado de su trabajo y que quería litigar en el nuevo sistema, porque tenía bastante experiencia y no la quería desperdiciar", cuenta uno de sus colegas de Bogotá.

En el expediente aparece una llamada que cayó como un baldado de agua fría en la Fiscalía. En ella, el ex fiscal busca acercamientos con la contraparte, la misma a la que persiguió con la camiseta del ente acusador.

Fuentes que están manejando el caso dicen que Latorre se contactó con personas cercanas a los implicados en la masacre de Jamundí para ofrecer sus servicios. "Les dijo que ellos sabían que era el que mejor conocía el proceso", cuenta uno de los investigadores.

Con los nuevos hechos, la Fiscalía investiga si el ex fiscal utilizó de manera irregular la información reservada a la que tenía acceso. "Si terminó trabajando con una red de narcotraficantes, hay que descartar todas las posibilidades", señaló una fuente.

Las pruebas que hay en el expediente, que anoche una jueza de Garantías considero insuficientes, señalaban a Leobardo Latorre como el encargado de resolver los líos jurídicos de la banda de Carlos Aguirre Babativa.

La Fiscalía investiga una cuenta que, cree, tiene los datos de funcionarios públicos que recibieron sobornos de la mafia. Y no descarta que se encuentre con nuevas sorpresas.

Tras el revés de anoche, para la Fiscalía es lograr la captura del ex fiscal y de su tío Pauselino Latorre. Paralelamente realiza seguimiento a varios proceso de extinción de dominio y otros relacionados con narcotráfico en los que aparecen mencionados los miembros de la organización.

Edgar Torres, abogado del general en retiro Pauselino Latorre

¿Qué decisión tomó el juez de garantías el pasado sábado en la noche?

Lo que se decidió por parte del juez de garantías fue abstenerse de imponer medida de aseguramiento en contra del general, en razón a que la Fiscalía no presentó evidencias que justificaran la imposición de la medida.

¿Por qué no se presentaron pruebas después de tanto anuncio?

Hay dos versiones sobre el tema, la primera es el apresuramiento de saber que hay un general de la república y un fiscal involucrados en una acusación tan grave como esta motiva, evidentemente, pronunciamientos muy duros de parte del estamento gubernamental y la sociedad general, por supuesto.

Pero a la hora de presentarse el trámite de la audiencia donde debe hacerse el descubrimiento de las pruebas necesarias para la legitimación de la medida de aseguramiento, la Fiscalía no las pudo demostrar. Hizo muchas referencias a que existen grabaciones, seguimientos, documentos, informes, pero es que como si en la esquina de casa uno dijera: 'aquí hay', pero nunca saca lo que hay, a pesar de que la juez y la Procuraduría lo exigieron.

Pero, ¿qué pruebas se tenían?

Justamente esa es la situación, que no las mostró. (La Fiscalía) decía que tenía unas pruebas, interceptaciones o documentos pero nunca los sacó, nunca puso el audio, a pesar de que llevaba la tecnología suficiente para hacerlo.

En el momento que se dijo que expusieran esos medios de convicción, sencillamente dijeron que había problemas de custodia, que eran muchos CD, que no tenían la forma de ubicar el audio exacto que se necesitaba con rapidez y sencillamente no presentaron ningún medio de convicción y esa es la razón por la que la juez dice: 'si usted no muestra pruebas, pues sencillamente no puede haber medida de aseguramiento', porque no existe la inferencia mínima de autoría que se exige para poderla imponer.

¿En qué situación está el sobrino del general, el ex fiscal Leobardo Latorre?

La situación es la misma. Los dos se encuentran imputados. El general por concierto para delinquir agravado en concurso con lavado de activos y el ex fiscal Leobardo Latorre por concierto para delinquir en concurso con cohecho propio. Los dos como imputados enfrentarán la audiencia de formulación de acusación en estado de libertad, pero el proceso continúa y la investigación seguirá adelante.

DE MILITARES, TRAFICO DE DROGAS: LA PALMA Y EL GANADO

DeVer 414

La Fiscalía General de la Nación tiene todos los elementos en mano. La detención reciente del General (r) PAUSELINO LATORRE coloca nuevamente a la luz pública el entramado Ejército- paramilitarismo-narcotráfico-aparato de justicia; a pesar de que el sábado un Juez de Garantías consideró que no hay pruebas suficientes aportadas por la Fiscalía para la detención del ex General y su familiar ex integrante de la Fiscalía General, el ente investigador considera que hay elementos probatorios suficientes para que este ex militar y su pariente continúen vinculados a la investigación. El caso muestra las falencias del nuevo sistema acusatorio cuando se trata de pesos pesados. Por evidentes montajes líderes de organizaciones sociales son privados de su libertad, y hoy continúan allí a que el sentido común, como parte de la sana lógica, inspire la posibilidad de la libertad con garantías
Según un investigador de la Fiscalía, citado en el artículo de El Tiempo del 25 de enero de 2008, “se ha establecido que (el General (r) Pauselino Latorre) sirvió para el lavado de más de 2 mil millones de pesos que salieron de los negocios del narcotráfico". Ahora, “Las autoridades buscan establecer desde cuándo el general, quien estuvo también como comandante en Cali y la Brigada 17, con sede en Carepa (Antioquia), tendría vínculos con la organización”.
Hace un mes, el 23 de diciembre de 2007, el mismo Fiscal General había anunciado la indagatoria de 23 empresarios palmeros en la comisión de graves delitos como son los de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedad en documento público y delitos contra el medio ambiente, en las comunidades afrodescendientes y mestizas del Curvaradó, Chocó. De acuerdo con la información suministrada por el periódico El Tiempo, la actuación empresarial se asocia con la presencia de estructuras paramilitares en la región desde 1996. En similares términos en el artículo titulado el “Dossier de los palmeros”, el semanario El Espectador se refiere a este mismo caso.
Sin embargo, hasta ahora ni las indagatorias de los 23 vinculados se ha realizado, ni la Fiscalía General de la Nación ha establecido la relación entre el lavado de activos que se presume se ha realizado a través de la empresa Urapalma y la Extractora Bajirá S.A. El lavado de activos en el agronegocio de la palma y la ganadería extensiva fue manifestado al diario El Tiempo por el Comandante Doble Cero, Bloque Metro, quién posteriormente a esta y otras denuncias, fue asesinado en Santa Marta.
Posteriormente se conoció que integrantes de la familia ZUÑIGA CABALLERO han sido vinculados en procesos por tráfico de drogas, miembros de esta familia son accionistas de Urapalma y la Extractora Bajirá S.A., lo que sugiere el lavado de activos en este agronegocio. Igualmente, se suscitan serios interrogantes respecto al uso de los recursos de FINAGRO y Banco Agrario usados en esta inversión industrial de la palma de Curvaradó. Se ha sabido igualmente que HUGO FERNEY BERNAL MOLANO, ex alto oficial del ejército, quién se apropió de predios colectivos e individuales en el Curvaradó en Caño Manso, también se encuentra vinculado al tráfico de drogas y pedido en extradición. A la fecha el exmilitar y sus testaferros continúan disfrutando de la propiedad ocupada ilegalmente, en la que han creado proyectos productivos a través de la ONG “Colombia sin hambre”, están destruyendo bosques tropicales en medio de la presencia de la Brigada 15. Hasta hoy este entramado de vínculos no es investigado a pesar de las evidencias, de los indicios y de las verdades de apuño que se constatan en la realidad regional.
Desde 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había informado que la siembra de palma aceitera en esta zona había contado con la ‘protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas’. Los operativos e incursiones armadas en estos territorios han tenido el objetivo de intimidar a los miembros de las Comunidades, ya sea para que se vinculen a la producción de palma aceitera o para que desocupen el territorio[1].
Ahora queda a la Fiscalía atar los cabos que no están sueltos, sino que desde hace màs de 5 años son de su pleno conocimiento, y vincular en su investigación sobre violaciones de derechos humanos en el Curvaradó, mandos de estructuras armadas institucionales, parainstitucionales y traficantes de drogas. Los pobladores de la cuenca del Curvaradó, en los últimos 5 años vienen entregaron pruebas y testimonios a la Fiscalía que implican al General (r) PAUSELINO LATORRE en prácticas ilegales para proteger la siembra de palma aceitera en territorios colectivos, y en su apoyo, a los grupos paramilitares y narcotraficantes responsables del despojo de tierras en la zona.
Uno de los casos más conocidos es el caso del campesino del Curvaradó, ENRIQUE PETRO Forzado a vender su propiedad después de ser víctima de desplazamientos violentos y amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares. Mientras se encontraba en situación Urapalma sembró palma aceitera en su finca. El entonces comandante de la Brigada 17, General PAUSELINO LA TORRE, facilitó la negociación del predio de ENRIQUE PETRO donde se había sembrado ilegalmente la palma, suscribiendo en calidad de testigo el acuerdo de transacción de la mejora, el cual resultó además una estafa porque PETRO nunca recibió el pago acordado. En varias ocasiones posteriormente, las empresas palmicultoras, con estrategias paramilitares, presionaron a PETRO para que dejara de reclamar por sus tierras, y llegaron a amenazarlo de muerte en varias ocasiones.
Los campesinos y afrodescendientes también han denunciado repetidamente la responsabilidad del General RITO ALEJO DEL RIO en la masacre de Brisas de Curvaradó y de los sucesivos comandantes en las operaciones de tipo paramilitar y en su protección al sector empresarial en la comisión de los crímenes ambientales.
Ya es tiempo que la Fiscalía vincule en sus investigaciones a quiénes idearon, planificaron y se convirtieron en los mayores beneficiarios de estos crímenes y se definan las responsabilidades institucionales. No se da más espera a medidas concretas que constituyen reales protección para los pobladores del Curvaradó. Hoy en día, los militares de la Brigada 15 continúan cohonestando y amparando las estructuras criminales empresariales ganaderas y palmeras. Las estructuras paramilitares continúan ordenando operaciones clandestinas, movilizándose y haciendo presentes con amenazas de muerte, retenes a la vista de todo el mundo, sin que la institucionalidad actúe. Avanza la extracción del fruto y la destrucción ambiental – deforestación intensiva- en el Curvaradó sin ninguna expresión concreta tendiente a la restitución de la propiedad
La inacción del Gobierno es flagrante y cada vez más expuesta a la luz pública. El reciente fallo de la Corte Constitucional declarando inexequible la Ley 1021 de 2006, “Por la cual se expide la Ley General Forestal”, recuerda nuevamente al Gobierno los deberes que ha suscrito con la ratificación del Convenio 169 de la OIT. En dicho fallo, la alta Corte argumenta que la adopción de la ley 1021 no cumplió con el deber de consultar a las comunidades indígenas y tribales afectadas por la misma, derecho reconocido por el Convenio 169 de la OIT, el cual hace parte del bloque de constitucionalidad.
Las violaciones contra el derecho a la consulta, al territorio y a la integridad cultural de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó constituyen otro caso emblemático de la violación, por parte del Estado colombiano, del Convenio 169 de la OIT. En febrero de 2007, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT recordó al Gobierno colombiano que las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó tienen derecho a vivir y retornar en el territorio que han venido ocupando ancestralmente y por lo tanto, “los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (artículo 14, párrafo 2) (...)”[2].
Pero esta vez tampoco el Gobierno ha acatado las recomendaciones internacionales. No existe voluntad del gobierno nacional en materializar el retorno de estas comunidades a sus parcelas, en condiciones de dignidad, seguridad y garantía de derechos. No existe voluntad para la protección ambiental en el Chocó sometida al saqueo, la destrucción intensiva de sus recursos, lo que es contradictorio con la mención a Colombia como uno de los 10 países protectores del medio ambiente, ¿a qué Colombia se referirán? O tal vez ya lo sabemos, pero no lo creemos, al modelo de Estado de progreso, él de los “necro combustibles”, la extensión ganadera y las mafias.
Bogotá, D.C 27 de enero de 2007

"Nos daban cinco días de descanso por cada muerto"

Fecha: 01/26/2008 -1343

Lo que cuenta el sargento Alexander Rodríguez -si la justicia llega a comprobarlo- es la historia de un mundo que funciona al revés. En diciembre pasado denunció ante la Procuraduría, y ante las propias Fuerzas Militares, que en su paso por la Brigada Móvil XV que opera en Ocaña (Norte de Santander) fue testigo de cómo se encubrían homicidios de civiles para presentarlos como bajas en combate. Y apenas tres días después, paradójicamente, el denunciante resultó castigado: una junta de generales encabezada por el comandante del Ejército, Mario Montoya, decidió retirarlo del servicio activo; mientras que el coronel Santiago Herrera, que comandaba la Brigada donde ocurrieron los hechos denunciados por el sargento, fue trasladado a Bogotá para asumir como oficial ayudante del propio Montoya.

La historia que Rodríguez le contó a las autoridades -y a SEMANA- es escabrosa. Asegura que: "a principios de noviembre estaba el sargento Ordóñez recogiendo 20.000 pesos por soldado, que eran para cancelar la pistola que le habían colocado a la persona que habían dado de baja (…) Ordóñez les decía: 'si quieren entregar la plata bien, si no, lo dejamos así, pero vean que son cinco días de permiso...'".

El sargento también relató que a mediados de octubre hubo dos supuestas ejecuciones, en una de las cuales la víctima sobrevivió y escapó. La versión de Rodríguez coincide con la denuncia que han hecho ONG como Minga, que aseguran que el 13 de octubre un campesino llamado Adinael Arias Cárdenas fue abordado por soldados del Ejército, y que al día siguiente apareció reportado como un guerrillero dado de baja en combate. También hay similitudes con la historia de Willamir Rodríguez Figueroa, un campesino de 22 años, analfabeta, quien cuenta que el 6 de octubre salió de su vereda, cuando unos soldados lo detuvieron con el argumento de que por no tener los papeles en regla, sería reclutado. Después de hacerlo caminar por varias horas y casi a la medianoche, cuenta que "me esposaron a un palo de cacao y me amarraron con una pita...". "Al rato sentí fue un disparo… caí en el pastal boca abajo y yo me hice el muerto...". "Después llegaron los soldados y me colocaron una pistola al lado de la cabeza".

El coronel Santiago Herrera estuvo al frente de la Brigada Móvil XV durante 2006 y 2007. Esta es una de las unidades militares con más denuncias por posibles ejecuciones extrajudiciales. En diciembre pasado Herrera asumió como ayudante del general Montoya
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Willamir logró escaparse, según su relato, y correr hasta que encontró refugio en la casa de un campesino que le ayudó a llegar al hospital de El Tarra. Allí fue detenido por las autoridades. Después de permanecer dos meses en el hospital, está en la cárcel, acusado de rebelión, y en su contra han declarado dos testigos aportados por el Ejército.

Las denuncias del suboficial fueron tomadas tan en serio por la Procuraduría Regional de Ocaña, que esta entidad solicitó que se le trasladara de guarnición para garantizar su vida. El Ejército alega que los señalamientos del sargento Rodríguez son una retaliación porque con sus superiores "él tenía muchas fallas en disciplina desde dos años atrás" -dice el general José Joaquín Cortés, comandante de la Segunda División-. "Había quejas contra el sargento por deudas y por faltar al lugar de trabajo". Para el general Cortés, esto podría ser una retaliación del sargento porque dado su historial, difícilmente lograría un ascenso. No obstante, si el comportamiento de Rodríguez era inadecuado desde hace tantos meses ¿por qué se le retiró de la institución sólo cuando hizo estas graves denuncias

Rodríguez no es el único que ha denunciado estas irregularidades en Norte de Santander. Las ONG de derechos humanos han registrado 19 casos de posibles ejecuciones cometidas por esta Brigada en 2007. La Procuraduría finalizó el año con casi 40 quejas por estos hechos. Las que se suman a las ya conocidas denuncias por ejecuciones en las Brigadas de Antioquia y Meta, que se han convertido en preocupación tanto para las Naciones Unidas como para el gobierno de Estados Unidos, que apoya a estas unidades militares.

Esta denuncia llega justo cuando el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lanzó oficialmente la Política Integral de Derechos Humanos, un esfuerzo que, entre otros puntos, contempla la regulación de la fuerza en la guerra, a través de la legitimidad y la eficacia.

Durante mucho tiempo, en el inconsciente militar reposó la idea de que el respeto de esos derechos era una desventaja para ganar la guerra. Hoy la intención del Ministerio de Defensa es que, por ejemplo, los uniformados lleven consigo un pequeño manual de lo que no se debe y lo que se puede hacer. Desde ya, cada una de las divisiones del Ejército cuenta con un inspector delegado que vigila que todo el reglamento se cumpla; la Armada tendrá otros dos y próximamente se creará un centro de entrenamiento en Tolemaida para fortalecer la comprensión del tema.

Será la justicia la que dirá si las delicadas denuncias del sargento Rodríguez corresponden a lo ocurrido. Entre tanto, el Ministerio de Defensa cree que con la estrategia implementada la Fuerza Pública entenderá mejor que la legitimidad del Estado se consigue a través del respeto de los derechos humanos y no de lograr más muertos en la lista enemiga, por encima de lo que sea.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE LA BRIGADA 27

INFORME 7
PUTUMAYO
Abusos de Autoridad en La Herradura, El Porvenir, Nueva Unión, Puerto Colombia.
URGENTE PROTECCION A ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES
“Líbranos de los perseguidores, del fondo de nuestras almas exigimos justicia, Escúchanos….Señor, son como leones listos a asaltarnos, nos van a despedazar sin que nadie nos salve. Salmo 7, 1 y 2
Los líderes campesinos HUGO ARMANDO TORRES y HEYNAR ALEXANDER GUERRERO PAREDES fueron ejecutados por efectivos de las unidades militares de la Brigada Móvil 13 en el caserío “Nueva Unión”, corregimiento de Teteyé, municipio de Puerto Asís, el pasado domingo 20 de enero. Sus cuerpos sin vida fueron presentados el lunes 21 de enero como de guerrilleros muertos en combate.
A través de la emisora del ejército los militares se refirieron a ellos como los alias de “Turbino” y “El Caleño”, respectivamente. Los campesinos fueron enterrados luego como N.N. El martes los restos de HUGO ARMANDO fueron exhumados y lograron ser recuperados por su familia. Hasta el día de hoy jueves se logró que los restos de HEYNAR fueran exhumados y entregados a su familia para una digna sepultura.
Estas dos ejecuciones se suman a las más de 17 que se han cometido en el último semestre en el departamento de Putumayo. Muchos de los casos se encuentran absolutamente silenciados y otros investigados por la Justicia Penal Militar.
A estos crímenes se suman los de GABRIEL RIOS ocurrido el 21 de enero y los de JUAN CARLOS CORTES ESTACIO, 30 años de edad, y JHON JAIMEN SILVA CORTES el 23 de enero
Los crímenes se realizan en medio de intimidaciones, amenazas de muerte, abusos de autoridad, y diversos atropellos contra los pobladores de caseríos entre otros de Bajo Lorenzo, Puerto Colombia, y las zonas rurales de Orito y La Hormiga. En algunas ocasiones, los mismos militares han anunciado la actuación de los “mochacabezas” y de las “Águilas Negras”. En los cascos urbanos de diversos municipios se constata la fuerte presencia de desmovilizados, ejerciendo actuaciones de control y cometiendo abusos sobre la población.
En medio de la ley del silencio, familiares de las víctimas y testigos han empezado a ejercer su derecho a la memoria y a la verdad. Las actuaciones contra insurgente financiadas en el marco del Plan Colombia están desconociendo los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y los compromisos en materia de Derechos Humanos de la cooperación de Estados Unidos con Colombia.
¿Cómo se puede entender que en el departamento más militarizado de Colombia, con una aplicación integral de la política de seguridad y “Estado Comunitario”, con absoluta militarización, removilización de estructuras paramilitares, pago de recompensas, presencia de asesores de USA, repliegue de la guerrilla, se puedan presentar la ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Militares? ¿Cómo se pueden presentar amenazas de muerte sobre testigos o denunciantes de los Crímenes de Estado vía fuerzas militares o estructuras paramilitares, intimidaciones y señalamientos, si hay consolidación de un Estado de Derecho?
¿Cómo se puede comprender que dichos crímenes y toda la estratagema de represión y de control se dirigen sobre la población, y no sobre estructuras criminales?
¿Cómo se puede entender que se legitime la protección y la seguridad de la inversión con la destrucción de la vida humana y de proyectos de vida comunitaria y colectiva, desconociendo el Derecho de Consulta, la participación de la población campesina y afrocolombiana, la destrucción ambiental y se estructure desde estos presupuestos la extracción permanente de recursos naturales, la implementación de agronegocios de palma por empresas privadas nacionales e internacionales, así como negocios de mafias vinculadas con el paramilitarismo?.
Si estos son los otros resultados del Plan Colombia, ¿cuáles serán los del Plan de Consolidación?
SOLICITUDES
A las organizaciones de los Estados Unidos por principios de humanidad y de solidaridad con las víctimas solicitamos realizar acciones en su país con el Senado y la Cámara de Representantes para:
° Intervenir inmediatamente sobre la Brigada Móvil 13 ante su evidente responsabilidad en la comisión de crímenes y de violaciones de derechos humanos, la suspensión temporal de los responsables en la Comandancia y la Dirección de la Brigada Móvil 13, hasta tanto no se modifiquen las conductas contra derecho de esta estructura militar, y sean sancionados los responsables intelectuales y materiales de los Crímenes.
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° Exigir el conocimiento público de los nombres de cada una de los integrantes de las unidades militares de la Brigada Móvil 13 que actuaron en la comisión de los crímenes de los líderes HUGO ARMANDO TORRES y HEYNAR ALEXANDER TORRES y de las actuaciones contra REYNEL GUANGA VEGA, NEFTALI MORENO, MARCO ANTONIO RIASCOS, JHONIER JIMENEZ, WILMER GUANGA VEGA.
° La adopción de medidas de respeto a la vida e integridad personal de cada uno de los integrantes y organizaciones mestizas, indígenas, afrocolombianas que afirman su derecho a la Vida y al Territorio.
Ante las autoridades colombianas
1. FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República
Requerir a ALVARO URIBE VELEZ, a fin de que ordene una intervención sobre la Brigada 27
Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la memoria, el derecho a la justicia y ordenar a las unidades militares que operan en el Putumayo, abstenerse de realizar actuaciones contra la vida e integridad personal de los habitantes de Nueva Unión, Puerto Colombia, La Herradura, San Lorenzo y del Valle del Guamez.
2. A MARIO IGUARAN ARANA, Fiscal General de la Nación,
La realización de un debido proceso, eficaz e imparcial a DAVID JIMENEZ
Adjunto Constancia y Censura Ética
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Bogotá, D.C. Enero 24 de 2007