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martes, 15 de enero de 2008

Los paramilitares comenten otras dos masacres y la desaparición de un abogado de CORPADES (Corporación defensora de DDHH)

La acción paramilitar continúa en Colombia

Comunicado del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Durante las últimas dos semanas se han registrado dos masacres y la desaparición de un abogado adscrito a la organización de derechos humanos Corporación para la paz y el Desarrollo Social, CORPADES, de Medellín, Antioquia por la acción paramilitar.

Masacre en Nariño

El pasado 31 de diciembre de 2007, hombres armados y con lista en mano, incursionaron en una vivienda ubicada en la zona rural del municipio de Leiva, en el corregimiento de El Palmar al norte del departamento de Nariño, asesinando a cuatro adultos y un menor. Según las autoridades, se trataba de líderes comunitarios. El ex gobernador de Nariño, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares que no se han desmovilizado en el sur del país y llamó a una reunión con carácter urgente para evaluar la situación de orden público.

Este nuevo acto criminal demuestra que las agrupaciones paramilitares continúan operando en el territorio nacional, que los líderes sociales no cuentan con las debidas garantías para el libre ejercicio de sus funciones, tal como lo consagra la Constitución colombiana, y que son falsas las afirmaciones del actual gobierno sobre el desmantelamiento de estos grupos narcoparamilitares.

Desaparece abogado en Medellín

El mismo 31 de diciembre, el abogado Víctor Hugo Gallego de la organización CORPADES de Medellín fue desaparecido. La noticia solo se conoció esta semana. El abogado Gallego había formulado denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellín a pesar de la llamada desmovilización. CORPADES ha sido objeto de toda clase de amenazas y agresiones, sin que las autoridades hayan intervenido brindando protección o investigando los hechos de modo exhaustivo. El 23 de abril de 2007, Judy Astrid Vergara Correa, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pesebre, miembro del Polo Democrático Alternativo y destacada líder comunitaria de CORPADES.

Masacre en Santa Marta

El pasado 11 de enero, mientras se realizaba una fiesta familiar en el barrio popular “Once de noviembre”, a las 9 de la noche varios hombres armados llegaron disparando y asesinaron a cinco personas y dejaron a tres más heridas. Tal como sucedió en el municipio de Leiva, Nariño hace menos de dos semanas, las víctimas eran líderes comunitarios.

En este sector donde habitan varios desmovilizados, ya se había presentado un incidente similar, cuando el pasado 29 de julio de 2007, en el barrio Santa Clara, armados llegaron a la taberna ‘La polla’ y dispararon causándoles la muerte a cinco personas.

Es evidente que estos crímenes obedecen a razones políticas, y que no pueden ser tratados como hechos aislados, sino por el contrario, reclaman de la acción de las autoridades competentes y un compromiso serio por parte del gobierno nacional.

El Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado considera que estos tres hechos demuestran en forma clara que no es cierto que el paramilitarismo y sus estructuras hayan desaparecido, como lo ha afirmado reiteradamente el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. El Movimiento de Víctimas exige al gobierno colombiano y a las autoridades competentes:

1. El desmantelamiento definitivo de los grupos paramilitares que operan en todo el territorio nacional y que con la complicidad de las fuerzas estatales continúan masacrando a la población civil.

2. La inmediata investigación de estos hechos que conduzca sin demoras a la captura de los responsables.

3. La veeduría internacional de organismos independientes en las regiones de mayor riesgo, para que se documente y denuncie la continuidad del accionar paramilitar contra fuerzas de oposición, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales y sindicales en Colombia.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

14 de enero de 2008.

viernes, 28 de septiembre de 2007

2.2.2. OTRAS DENUNCIAS DE MASACRES DE FUERZAS IRREGULARES Y PÚBLICAS EN ZONAS RURALES DURANTE MANDATO DE URIBE (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

La Central Unitaria de Trabajadores (C.U.T.) en comunicado de 22 de abril de 2005 denuncia la masacre de 12 jóvenes asesinados con tiros de gracia, con edades que oscilaban entre 15 y 21 años. Eran estudiantes y desempleados de la Comuna 5 en Buenaventura[i].

A continuación reproducimos fragmentos de un artículo de Alfredo Molano, periodista de “El Espectador”:

“Sólo en el presente año (2005) han asesinado 66 indígenas, 11 han desaparecido; miles desplazados y 10 pueblos fumigados con glifosato, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). …Los Kankuamos que habitan en la Sierra Nevada por el lado de Valledupar, en los últimos 12 años han sido asesinados 240 miembros de la comunidad. La ONIC acusa de los crímenes a los paramilitares (37,9%), a la Fuerza Pública (24,0 %), a las guerrilla (15,2 %) y a otros sin identificar (22,7%). La guerra irregular tiene una lógica… sembrar el terror para obligar a la gente a desplazarse y dejar la tierra libre para ser reapropiada… Hace un año se reunió en Chile, el National Intelligence Council (N.I.C) de EE.UU., un organismo especializado en inteligencia estratégica, para pensar en la América Latina del 2020,… Cito al NIC: “la emergencia de movimientos indigenistas políticamente organizados puede representar un riesgo para la seguridad regional” Los territorios indígenas son – por Constitución – inalienables,… el TCL tiene cláusulas dirigidas a erosionar o suprimir esas garantías constitucionales”[ii].

El día 5 de agosto de 2004 fueron ejecutados extrajudicialmente a manos del Ejército colombiano (Batallón Revéiz Pizarro): Héctor Alirio Martínez (Pte. de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), Leonel Goyeneche (miembro de la Junta Directiva de la CUT – Central Unitaria de Trabajadores – Arauca) y Jorge Prieto (miembro de la Junta Directiva de ANTHOC – Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia – y de la CUT), líderes históricos de Arauca. Los 3 tenían medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A.

Fotos de Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto.

En el mismo operativo se detuvo a los dirigentes Samuel Morales, Pte. de la C.U.T. de Arauca y Raquel Castro, miembro de la Asociación de Educadores de Arauca[iii]. Desde prisión Raquel escribe una carta desgarradora a 18 de febrero de 2005; en esas fechas celebraría sus 20 años de docente, recuerda su experiencia como Presidenta de una filial de la Asociación de Educadores de Arauca durante 10 años y su compromiso en la educación para la Paz y la Libertad como Rectora de un Colegio Agropecuario Rural del Arauca. Reproducimos el final de la carta:

“(…) por una denuncia pública a la ferocidad e inclemencia del conflicto armado, por guiar los valores humanos en los niños, niñas y jóvenes estudiantes, por ofrecer una mano de consuelo a las madres que lloran a sus hijos, (...), por estar junto a los que se unen y luchan por la dignidad de sus familias, (…), por no soportar las injusticias, (…), por no callar el exterminio de la expresión social, los atropellos y la miseria humana (…). Por eso estoy en las rejas de las cárceles del régimen de la Seguridad Democrática (…) pretenden silenciar las voces del sufrimiento …” [iv].

En el marco de la Operación Borrasca del Ejército Nacional con tropas de la Brigada XVIII, Brigada Movil nº5 del Batallón 43 de Contraguerrilla “Héroes de Tarazá”, del Revéis Pizarro y del Navas Pardo, aparecieron centenares de paramilitares en el área rural de Tame el día 19 de mayo de 2004, establecieron retenes que impedían entrar o salir a la población. En 24 horas asesinaron a 12 personas, incluido un menor. Hay cadáveres degollados y otro en Cravo Charo descuartizado. Hay información no confirmada de 15 personas degolladas cerca de la vereda Botalón. Los caseríos enteros del municipio de Tame quedaron despoblados por el pánico. Ni la Cruz Roja, ni la Defensoría del Pueblo habían podido entrar en la zona[v].

Recomendamos el documento “La Estrategia Integral del Paramilitarismo en el Magdalena Medio” (Sindicato SINALTRAINAL – Septiembre 2002): Descárgalo aquí: http://www.sinaltrainal.org/Textos/parasmagda2004.pdf

[i] Comunicado C.U.T. 22.04.2005. www.ddhh-colombia.org

[ii] Artículo prensa: “¿Guerra preventiva?” por Alfredo Molano Bravo “El Espectador” http://www.elespectador.com/historico/2005-09-04/contenido_MI-595.htm. Avenida El Dorado No. 69 – 76, Bogotá C/marca 00000. Colombia. Tfno:(571) 4 23 23 00 Fax: (571) 4 23 23 00 Email: internet@elespectador.com

[iii] Radio Nizkor, 06.08.2004. http://www.radionizkor.org/colombia/index.html#narcos1

[iv] Carta de Raquel Castro, presa política. www.ddhh-colombia.org

[v] “S.O.S ARAUCA. Paramilitares en área rural de Tame. 12 personas asesinadas”, publicado el 22.05.2004 en http://colombia.indymedia.org/news/2004/05/13190_comment.php

2.2.1. ALGUNAS DENUNCIAS DE MASACRES DE FUERZAS IRREGULARES Y FUERZAS PÚBLICAS EN ZONAS RURALES - MANDATO DE URIBE (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

La Fundación Madrid Paz y Solidaridad y la Fundación Paz y Solidaridad del Sindicato CC.OO. en Canarias como integrantes de La Red de Alerta, Denuncia y Seguimiento de Violaciones de DDHH a Sindicalistas Colombianos,[i] comunica que la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga informó de lo siguiente: los días 4 y 5 de diciembre de 2005 un grupo de 200 hombres armados se presentaron como integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas bajo el mando de alias Jorge 40 (grupo que se había comprometido en el cese de hostilidades y beneficiado por la impunidad proporcionada por el Gobierno Uribe tras la negociación), en las veredas La Más Verde y Nuevo Horizonte. Allí cometieron todo tipo de atropellos contra la población civil, retuvieron a un número indeterminado de personas, de las cuales 22 se encontraron asesinadas con armas de fuego y corto punzantes (signos de tortura). Cinco cadáveres fueron levantados por el ejército nacional y trasladados a la cabecera urbana de Curumaní. Los otros 17 cadáveres se quedaron, por lo menos, 5 días a la intemperie, sin que autoridad policial o judicial realizara esfuerzo de recuperación e identificación. Los paramilitares no encontraron oposición alguna de fuerza pública y mantuvieron a los pobladores retenidos y bloqueados hasta el 7 de diciembre de 2005, después se retiraron[ii].

La Red de Alerta, Denuncia y Seguimiento de Violaciones de DDHH a Sindicalistas Colombianos denuncia una masacre contra la comunidad indígena Wayúu de la Guajira, Colombia. El 18 de abril de 2004 llegaron a la comunidad de bahía Portete un grupo de hombres armados. Reproducimos literalmente el testimonio de un testigo: “maltratándonos y violando a nuestras hijas, torturando a niños para que hablaran donde se encontraban sus padres, (…), ellos no les creían a los niños, por eso los mataban o se los llevaban (…) estamos preocupados por encontrar nuestros hijos desaparecidos” En algunas partes de la comunidad se encontraron miembros de los cuerpos de los niños. Se computan hasta el momento del informe 12 muertos y 30 desaparecidos. Los habitantes de la comunidad, unas 580 personas de diferentes clanes, abandonaron su territorio, sus animales y pertenencias por miedo. Al parecer ni el Alcalde de Uribia, ni el Gobernador de la Guajira se pronunciaron sobre estos hechos que no han tenido trascendencia mediática[iii].

Soldepaz.Pachakutti, ONG asturiana, nos remitió un informe de la Delegación Asturiana adscrita a la Veeduría Electoral Internacional para las elecciones colombianas de 12 de marzo de 2006 donde destacamos estas denuncias a la Fiscalía: Puerto Toledo (Departamento del Meta). La Comunidad denuncia que por el río Guejar bajaron 10 cadáveres que recogieron y están sin identificar. La Comunidad de Kankuamos denuncian que durante el Gobierno del Pte. Uribe, 112 Kankuamos fueron asesinados, señalando al Grupo Paramilitar de Jorge 40 como responsable. También denuncian que 22 indígenas se encuentra presos víctimas de montajes. La Comunidad de Casanare denuncia que la fiscalía no ha iniciado procedimiento para el esclarecimiento de la desaparición de más de 60 personas, 91 según datos de la Defensaduría. Comunidades de Ciudad Bolívar denuncian la muerte de más de 170 jóvenes en 2005 de edades comprendidas entre 12 y 19 años a manos de grupos paramilitares con complicidad de Policía. Marta Giraldo denuncia el asesinato de su padre, ejecutado extrajudicialmente por tropas del Batallón de Alta Montaña nº3 de Rodrígo Llorera en una finca próxima a Chipichapa el sábado, 4 de marzo de 2006. Denuncia la manipulación del cadáver y la escena del crimen, la prohibición de llegar al lugar a familiares y abogados hasta 12 horas después del crimen. ORIVAC (ORGANIZACIÓN REGIONAL INDÍGENA VALLE DEL CAUCA) denuncia una masacre acaecida el 17 de septiembre de 2001 en Ladrillo y Palmira, cerca de Pradera, una familia entera, detenida, torturada y ejecutada (incluido menor de edad); la comunidad responsabiliza al Bloque Calima de los Paramilitares – Alias Roger – y denuncian la impunidad[iv].

Wilson David, representando a la Comunidad de Paz de San José Apartado, Departamento de Antioquia, Colombia, visitó varias instituciones en Asturias, entre ellas a la ONG Soldepaz-Pachakutti. Mostró un documental titulado “Hasta la última piedra” que narra crímenes recientes en la Comunidad de Paz constituida en 1997 como iniciativa autónoma de población civil que rechaza cualquier relación con actores armados (ejército, paramilitares y guerrilla). Las estrategias militares y paramilitares han perseguido sistemáticamente a sus integrantes bajo el argumento de enfrentar a la guerrilla de las FARC. Han sufrido amenazas, bloqueo económico, falsas acusaciones, torturas, desapariciones y masacres. 170 personas de la Comunidad han sido asesinadas con impunidad total. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en escrito dirigido al Vicepresidente de la República con fecha 26 de febrero de 2005 acusa a miembros de la Brigada XI del Ejército Nacional de la muerte de 7 campesinos que fueron amenazados, detenidos arbitrariamente, torturados, asesinados y enterrados en dos fosas, entre ellos Luis Eduardo Guerra, Defensor de DDHH de la Comunidad de Paz.

El 15 de abril de 2006 las tropas de la brigada móvil nº12 del Ejército Nacional masacran a 10 campesinos (incluidos 3 menores) en la Vereda Sanza, Municipio de San Juan de Arama, Meta. Según informaron las Juntas de Acción Comunal el operativo tuvo como objetivo una vivienda aledaña a la Escuela de Puerto Nubia. Se escuchó una fuerte explosión y ráfagas de ametralladora y fusil. Allí se alojaban 50 civiles: niñas, niños, adultos y mayores. Personas heridas salieron fuera a pedir el cese del fuego, pero siguieron disparando. El ejército bloqueó la zona, hasta el 27 de abril en horas de la tarde ni siquiera la delegación de las Juntas de Acción Comunal de las Veredas Costa Rica y Sardinata que habían solicitado el ingreso de la Cruz Roja Internacional, habían podido entrar[v].

Civiles armados actuando como Autodefensas de los Llanos asesinaron a 3 campesinos (incluida una madre de 5 hijos) el día 5 de enero de 2006 en el caserío de Matabambú, Jurisdicción de Puerto Toledo, Municipio Vista Hermosa, Departamento del Meta, a lo que hay que sumar varios heridos. Está acción criminal sucede a 5 minutos de un retén militar de tropas del Batallón de Contraguerrilla Nº 17 “Motilones” de la Brigada Móvil Nº 2. Los paramilitares en el casco urbano impedían el desplazamiento de pobladores y mantenían retenidos a varios. A las 5:30 p.m. miembros de la Comisión de Seguimiento a los Derechos Humanos del Río Guejear fueron al reten del Ejército a 200 metros del caserío, comunicaron al Teniente García al mando de tropas adscritas al Batallón Nº42 de la Móvil nº 4 la presencia de los paramilitares, pero éste afirmó que no se comprometía a brindar seguridad. Militares bajo su mando advirtieron que lo mismo que ocurrió en Matabambú va a ocurrir en Puerto Toledo. La señora Rosabel Rincón desapareció tras ser obligada a bajarse de un vehículo de servicio público en un retén de cíviles armados, encapuchados y uniformados en la estrategia paramilitar. Se había desplazado a la zona para saber de su hija: Marilyn Martinez Rincón, detenida en Santo Domingo. La Comisión Justicia y Paz informó sobre los hechos al Programa Presidencial de Derechos Humanos. También habían desaparecido Norberto Lujan y Ecelino Pineda Peña. Los detenidos en Santo Domingo fueron dejados en libertad todos en Vista Hermosa (8 personas)[vi].


[i] Denuncias de la Red Alerta Sindical Colombia. Fundación Madrid Paz y Solidaridad. ddhh-madrid@usmr.ccoo.es Tfno: 915063083 Fax: 915062325. Web: www.ddhh-colombia.org. C/ Sebastián Herrera, 12, 1º 28012 Madrid. España.

[ii] Minga ratifica ante la comunidad nacional e internacional la denunciada masacre de civiles en Curumani (Cesar) por parte de paramilitares de "jorge 40” http://www.colectivodeabogados.org/article.php3?id_article=381

[iii] “Paramilitares asesinaron 12…Wayúu de Bahía Portete” publicado en http://colombia.indymedia.org/news/2004/05/12596.php

[iv] Soldepaz.Pachakutti Informe de la Delegación Asturiana. http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2006_1/2informe_colombia.pdf

[v] Corporación Reiniciar: masacre de 10 campesinos. http://colombia.indymedia.org/news/2006/04/41478.php

[vi] Denuncia difundida por Comité de Seguimiento a los Derechos Humanos de las Juntas de Acción Comunal del sector del Río Guejar, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Fensuagro, Corporación Reiniciar, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz el 5 de enero de 2006. Asesinados 3 campesinos en Matabambú … http://colombia.indymedia.org/news/2006/01/36951.php