El militar le dice a la madre: "demándeme, aquí en Colombia no nos hacen nada"
Documental elaborado por Morris Producciones.
viernes, 7 de mayo de 2010
Liberado prisionero de guerra en Colombia En la guerra en Colombia. Gesto por la paz de la guerrilla.
Villavicencio.-
Las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberaron hoy al soldado Josué Calvo, el primero de dos militares que prometieron entregar de forma unilateral hace casi un año, y que diversos impedimentos del gobierno colombiano postergaron hasta ahora.
El martes entregarian al sargento Moncayo, cuyo padre, el "caminante por la paz" profesor Moncayo ha estado recorriendo el país proponiendo un intercambio humanitario entre prisioneros de las FARC y prisioneros politicos en las cárceles colombianas.
Los guerrilleros entregaron al rehén a una comisión humanitaria encabezada por la senadora opositora Piedad Córdoba, quien se desplazó desde esta ciudad hacia un lugar de la selva colombiana en un helicóptero brasileño que tenía los emblemas de la Cruz Roja.
Pese a las condiciones climáticas, la aeronave que acompaña la misión logró llegar hasta el sitio escogido por las FARC para entregar al militar, quien fue hecho prisionero en un combate en abril de 2009 en la zona oriental del país.
Adolfo Beteta, vocero de la Cruz Roja Internacional, dijo a periodistas que el helicóptero aterrizó en un punto de la selva, tal y como estaba previsto, para recoger al militar prisionero.
La comisión humanitaria viajará este lunes desde Villavicencio hacia la sureña ciudad de Florencia, donde se coordinará el segundo operativo para traer a la libertad a Pablo Moncayo el martes próximo.
Las FARC retienen a un grupo de soldados y policías para presionar su canje por 500 de sus hombres presos en Colombia y Estados Unidos .
Para esta insurgencia colombiana, los procesos de libertad de prisioneros han sido traumáticos durante este periodo de gobierno del presidente Uribe, pues han tenido interlocución diversa, de Francia, Brasil, Venezuela, de la iglesia Católica, y de la Cruz Roja, asi como de un movimiento denominado Colombianas-Colombianos por la Paz que lidera la senadora Piedad Córdoba.
En varias ocasiones, los portavoces de "pruebas de vida" han sido interceptados por el gobierno, y se dice que las comunicaciones satelitales con el gobierno francés de uno de los jefes guerrilleros, Raúl Reyes , fueron utilizadas por el ejercito colombiano para bombardear su campamento, ubicado en la frontera, pero en territorio ecuatoriano, lo que motivó ruptura de relaciones entre Ecuador y Colombia, y que el intento de aproximación de otro de sus comandantes, Simón Trinidad, a interlocutores de la ONU, fue utilizado para detenerle en Ecuador, extraditarlo a Colombia, y después enviarle a cárceles de Estados Unidos.
Sin embargo en gobiernos anteriores siempre ha habido intercambios y liberaciones de prisioneros, con distinta repercusión humanitaria y política. Tal vez la más significativa y numerosa fue la entrega de 55 y 242 soldados y policias en junio de 2001, durante el gobierno de Pastrana, quien excarceló a 14 presos guerrilleros.
Libres tres oficiales por crimen de sindicalistas en Arauca
eltiempo.com.co marzo 26 2010
Los uniformados estaban vinculados al proceso como supuestos determinadores de tres homicidios ocurridos el 5 de agosto de 2004, en Caño Seco, municipio de Saravena (Arauca).
Al considerar que no hay pruebas materiales suficientes, un fiscal de Derechos Humanos precluyó la investigación contra el coronel Luis Francisco Medina, y de los mayores Hisnardo Alberto Bravo Zambrano y Eduardo Castillo Arbeláez, adscritos al Batallón Reveis Pizarro.
El fiscal compulsó copias, sin embargo, para investigarlos por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento. Medina era el comandante del Batallón, Bravo fue jefe de operaciones, y Castillo estaba encargado de la sección de inteligencia.
Según la investigación, una patrulla del Ejército sacó de una vivienda y asesinó a los sindicalistas Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Leonel Goyeneche Goyeneche y Héctor Alirio Martínez. Las víctimas fueron presentadas como integrantes del ELN.
Por este caso hay tres uniformados condenados a 40 años de cárcel y un particular: Daniel Caballero, quien sirvió de informante.
Libres tres oficiales por crimen de sindicalistas en Arauca
eltiempo.com.co marzo 26 2010
Los uniformados estaban vinculados al proceso como supuestos determinadores de tres homicidios ocurridos el 5 de agosto de 2004, en Caño Seco, municipio de Saravena (Arauca).
Al considerar que no hay pruebas materiales suficientes, un fiscal de Derechos Humanos precluyó la investigación contra el coronel Luis Francisco Medina, y de los mayores Hisnardo Alberto Bravo Zambrano y Eduardo Castillo Arbeláez, adscritos al Batallón Reveis Pizarro.
El fiscal compulsó copias, sin embargo, para investigarlos por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento. Medina era el comandante del Batallón, Bravo fue jefe de operaciones, y Castillo estaba encargado de la sección de inteligencia.
Según la investigación, una patrulla del Ejército sacó de una vivienda y asesinó a los sindicalistas Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Leonel Goyeneche Goyeneche y Héctor Alirio Martínez. Las víctimas fueron presentadas como integrantes del ELN.
Por este caso hay tres uniformados condenados a 40 años de cárcel y un particular: Daniel Caballero, quien sirvió de informante.
El camino hacia la paz de los cementerios.
En muy pocas dictaduras y en ninguna democracia del mundo es tan peligroso hacer oposición como en Colombia.
Quienes se han opuesto al modelo socioeconómico colombiano, a través de la política, del sindicalismo y de diversas expresiones de activismo cívico, han sido objeto sistemático de amenazas, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. A quienes han denunciado tales violaciones de los derechos humanos se les ha aplicado la misma terapia. El gremio de los profesionales de la barbarie es tan poderoso que está a punto de culminar la mayor contrarreforma agraria del mundo: han expulsado de sus casas y de sus tierras a casi cuatro millones de personas y se han apropiado de buena parte de tan inmenso patrimonio. Hoy Colombia es el segundo país del planeta con más desplazados internos.
Estas son las realidades en que debía estar pensando quien escribió que Colombia quizá sea el infierno de otros planetas. Durante los veintitrés ańos previos a agosto de 2009, cada tres días, fue asesinado un sindicalista hasta sumar 2.704 personas. El partido político de la izquierda Unión Patriótica desapareció, en 2002, después de haber sufrido los asesinatos de candidatos presidenciales, congresistas, senadores, alcaldes, concejales y militantes. En total, más de 4.000 integrantes de ese partido fueron exterminados. En el período 1993-2007, fueron asesinados, al menos, 125 periodistas. Sin embargo, Colombia sigue siendo considerada una democracia en la que hay libertad política, libertad sindical y libertad de expresión. Uno se pregunta cómo es que hay dictaduras tan torpes que no se autoproclaman democracias, que no instituyen todas las libertades en códigos legales ficticios, ya que el disfraz de demócrata ayuda a reprimir mejor, porque le facilita a la comunidad internacional la tarea de mirar para otro lado.
La violencia tiene la virtud de irse haciendo a sí misma innecesaria. Si, en 1996, en Colombia fueron asesinados 274 sindicalistas, doce ańos después sólo fueron asesinados 49. El país seguía siendo la primera potencia mundial en asesinatos de sindicalistas, pero el gobierno de Álvaro Uribe podía presumir de una reducción espectacular de tales crímenes. En realidad, ya sólo quedaba alrededor de un 4% de trabajadores sindicalizados y no era necesario matar tanto como antes. Había llegado la paz de los cementerios, acompańada de un 95.6% de impunidad en los crímenes antisindicales, para dejar bien claro, si renace el activismo sindical, que la caza de sindicalistas es delito, pero no se castiga.
El pasado mes de enero, viajé a Colombia como integrante de una misión de verificación de los derechos humanos. Escuché a los magistrados de la Corte Suprema quejarse del espionaje y el hostigamiento al que les somete el gobierno de Álvaro Uribe. Criticaron las maniobras del presidente, para liberar a los más de treinta diputados de su coalición política, enc arcelados por su complicidad con un paramilitarismo que ha perpetrado miles de crímenes atroces.
En Cali, escuché a los familiares de las víctimas de la política de “seguridad democrática”, una etiqueta que habría impresionado a Goebbels. El gobierno de Uribe ofreció a sus militares recompensas en dinero, días de vacaciones y ascensos por cada guerrillero muerto. Entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir al dar esos incentivos a un ejército con un historial de derechos humanos horrendo. Por ejemplo, al padre de Marta Giraldo lo asesinaron y lo vistieron de guerrillero para obtener la recompensa. A su hermano le dispararon para que desistiera en la denuncia de lo ocurrido. Y Marta Giraldo volvió a ser amenazada el mes pasado para que se olvide de la denuncia contra los asesinos de su padre. Hay 2.981 casos como éste documentados.
En Bogotá, escuché el testimonio de la madre de una muchacha de quince ańos asesinada cuando salió para los preparativos del primer aniversario del asesinato de su padre. Cuando la madre levantó la tapa del ataúd vio que le habían cortado los pechos y las manos. Por su denuncia de estos crímenes de los paramilitares fue golpeada y amenazada en Bogotá, en 2008.
Los paramilitares se desmovilizaron oficialmente entre 2003 y 2006. Sin embargo, algunos prosiguieron con sus actividades, otros se hicieron con el control de instituciones locales, muchos se apropiaron de tierras arrebatadas a los campesinos y, asimismo, los militares que les dieron apoyo apenas fueron molestados. El presidente Uribe hizo una ley ineficaz para castigar levemente a los paramilitares e insertarlos luego en la vida civil. Pero la Corte Constitucional cambió la ley y estableció incentivos reales para que contaran la verdad. En febrero de 2008, las declaraciones de los jefes paramilitares permitieron abrir investigaciones al vicepresidente, a once senadores, ocho congresistas, cuatro gobernadores, veintisiete alcald es, treinta y nueve militares y cincuenta y dos policías. A Uribe le entró el pánico y, en mayo, los extraditó a Estados Unidos por narcotráfico para que dejaran de hablar de sus vínculos con la política.
Tal y como documenta un reciente informe de Human Rights Watch, el paramilitarismo pervive en Colombia y se está reforzando. Sin embargo, en enero tuve la sensación de estar en la Embajada de Colombia en Colombia, cuando escuché al embajador de Espańa dudar de la existencia actual del paramilitarismo y asumir más o menos los logros de la “seguridad democrática” de Uribe. Cuando le pregunté a uno de los magistrados de la Corte Suprema si el paramilitarismo sigue existiendo, contestó que la desmovilización fue la entrega de “dos escobas y dos escopetas” y que, por supuesto, siguen actuando. El papel de la Embajada de Espańa y del ministro de Exteriores, que recientemente elogió los logros de Uribe en derechos humanos, es absolutamente lamentable. Y anuncia el apoy o a un tratado comercial entre la Unión Europea y Colombia que debiera bloquearse hasta lograr verdaderos avances en la situación de los derechos humanos.
żPor qué no condenamos al gobierno colombiano? żPor qué el Estado que más viola los derechos humanos en América Latina no es el más denunciado? żPor qué se denuncian con tanta intensidad las violaciones de los derechos humanos en países que los violan muchísimo menos que Colombia? żPor qué no se denuncia más a quien los pisotea más?
En mi opinión, un observador racional percibirá que las denuncias más constantes e intensas de las violaciones de los derechos humanos, en América Latina, se centran en aquellos estados que más restringen la inversión extranjera en su territorio. El derecho de los inversores a invertir sin trabas parece ser el derecho humano que realmente importa. Y ahí Colombia está a la vanguardia. Su invisible Constitución de facto empieza: “Nosotros, los inversores...”
* Ramón Trujillo es coordinador de Izquierda Unida en Tenerife.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
COMUNICANDO EN CANARIAS SOBRE COLOMBIA
Durante el mes de febrero comenzó la andadura de la Red Canaria Alternativa de comunicación con la visita de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente colombiano. Para conocer un poco más acerca de la realidad de Colombia y de la visita de la Rpasur en Canarias, le invitamos a que acceda al reporte especial en:
RED CANARIA ALTERNATIVA DE COMUNICACIÓN -RECALCO-
RECALCO -Comunicación para la Acción, es una iniciativa para generar redes de comunicación libre entre medios y redes de comunicación alternativa de América Latina, Palestina, Sahara, África Negra con los agentes sociales canarios: medios de comunicación alternativos, asociaciones de inmigrantes, colectivos de solidaridad y personas e instituciones interesadas. Promovido por Radio Guiniguada en conjunto con diversas asociaciones de Las Palmas, con la colaboración de la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria y la Concejalía de Solidaridad con los Pueblos del Ayuntamiento de Telde.
Las prácticas de la ultraderecha colombiana se trasladan a Venezuela. Sicariato acaba con la vida de otro dirigente sindical en Aragua.
Maracay, 26 de abril de 2010.- El sicariato contra dirigentes obreros sigue su espantoso avance para intentar quebrar la moral de los trabajadores y enlutar a familias honestas, revolucionarias y luchadoras.
Esta vez la vida de un joven dirigente sindical honesto y clasista en el estado Aragua, fue abruptamente terminada por la acción sicarial.
Según un comunicado de la Unión Nacional de Trabajadores de Aragua, el pasado domingo 25 de abril, a las 8 de la noche, un grupo de matones acribillaron frente a su casa en Maracay al sindicalista Jerry Díaz, miembro de la junta directiva del sindicato de la empresa MANPA-Higiénicos.
Díaz recibió varios disparos por la espalda, en un ataque que dejó herido un de sus familiares. La lamentable pérdida del dirigente obrero, priva de su padre a sus dos pequeños hijos y deja viuda a su esposa.
La UNETE-Aragua extendió a través del comunicado sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del obrero Jerry Díaz. Así mismo, la UNETE-Aragua, los familiares, amigos y camaradas de Jerry Díaz, junto a otros sindicatos y organizaciones populares, están convocando a una concentración a las 11:00 AM en la calle 13 del Barrio Belén-La Barraca, Casa no. 59, de Maracay, para desde allí movilizarse hacia el Cementerio Metropolitano de esa ciudad.
Por su parte, los trabajadores de MANPA-Higiénicos, paralizarán sus labores en la empresa este martes, en protesta por el asesinato de Díaz, y contra la impunidad que ha reinado en Aragua cuando se trata de dirigentes sindicales.
La acción contra dirigentes del sindicato de MANPA-Higiénicos, parece ser parte de una campaña sistemática para quebrar el sindicato, desmoralizar a sus trabajadores o hacerles temer defender sus derechos.
El sicariato sigue avanzando de forma espantosa en Venezuela con impunidad, y es sumamente preocupante la falta de acción y contundencia por parte del Gobierno Nacional en casos como éste y los múltiples asesinatos de activistas campesinos y otros dirigentes obreros.
Como muy bien lo sabe el movimiento obrero, en especial el de Aragua, hace aproximadamente dos meses, otro trabajador de MANPA-Higiénicos fue víctima de unos sicarios que lo balearon, pero que no lo pudieron matar.
En los últimos años, solamente en Aragua, el sicariato ha cobrado la vida de siete dirigentes obreros, incluyendo a Richard Gallardo, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores, sin que hasta el momento las autoridades hayan avanzado en el esclarecimiento de estos crímenes.
La UNETE-Aragua hizo un llamado a todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, democráticas, y revolucionarias, a condenar este horrendo asesinato.
El dirigente sindical Orlando Chirino, de la corriente CCURA de la UNETE, exigió al gobierno regional y nacional un claro pronunciamiento al respecto "sobre estos hechos que desgraciadamente se están convirtiendo como normales".
Igualmente, en el marco de las deliberaciones del acto de clausura del Congreso Extraordinario de la UNETE, se aprobó de manera unánime exigir a las autoridades nacionales y regionales inmediata respuesta sobre los responsables materiales e intelectuales del asesinato del dirigente sindical Tomás Rangel, acaecido el pasado 07 de Enero del presente año, y hasta la fecha no hay respuesta alguna por parte de los cuerpos responsables de las investigaciones.
lunes, 26 de abril de 2010
Honduras: Asesinaron a otro miembro del MUCA
Giorgio Trucchi | Lista Informativa "Nicaragua y más" - Para Kaos en la Red | 2-4-2010 a las 0:40
En la mañana del 1 de Abril, el joven Miguel Alonso Oliva, de 22 años, miembro del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), fue asesinado de varios disparos de fusil R15 en la espalda, por guardias de seguridad del terrateniente de nacionalidad nicaragüense, René Morales, durante el intento de recuperar la tierra de la ex cooperativa 25 de abril en el sector de la margen izquierda del Río Aguán, en el sector de Aguamaría, en el departamento norteño del Atlántico hondureño.
Según un dirigente del MUCA, la operación era parte del proceso de recuperación de tierras que esta organización ha venido impulsando en los últimos años.
"El jóven recibió impactos de balas en la espalda, cerca de la columna, y falleció instantaneamente. Nosotros estamos en un proceso de diálogo con el gobierno para solucionar este conflicto, sin embargo ante este nuevo asesinato y las constantes amenazas denunciamos y alertamos que en las próximas horas podría desencadenarse una invasión de las tierras que hemos recuperado por parte de las fuerzas del ejército y la policía", dijo el dirigente campesino a una radio local.
"Denunciamos a nivel nacional e internacional que los cuerpos represivos podrían aprovechar estos días de fiesta para tratar de desalojarnos violentemente y pedimos a las organizaciones y a los medios que le han dado seguimiento a nuestra lucha estar alerta y a la expectativa de lo que pueda ocurrir", concluyó.
La semana pasada, el gobierno, a través del Instituto Nacional Agrario (INA), presentó una propuesta para solucionar el grave conflicto que se ha desatado en la zona del Bajo Aguán, conflicto que hasta la fecha ha dejado un saldo de varios muertos y heridos, adermás de decenas de mandatos de captura en contra de los campesinos organizados.
No obstante, la dirigencia del MUCA está consultando dicha propuesta con su base, ya que presenta diferentes puntos que nada tienen que ver con los acuerdos alcanzados el año pasado con el gobierno del ex presidente Manuel Zelaya, y que quedaron "en el olvido" a raíz del golpe de Estado.
Para las miles de familias campesinas que han iniciado el proceso de recuperación, serían decenas de miles las hectáreas de tierra para uso exclusivo de Reforma Agraria usurpadas por terratenientes productores de Palma Africana (Miguel Facussé Barjum, René Morales y Reynaldo Canales).
Es por eso que el MUCA pide retomar el Acta Convenio firmada entre las partes pocos días antes del golpe de Estado, para conformar una comisión tripartida que revise el procedimiento legal que se utilizó para la adquisición de la tierra por los terratenientes.
¡Qué termine esta violencia!
"Lamentamos y repudiamos este nuevo hecho de violencia, justo cuándo se está dando un supuesto proceso de diálogo. Aun así continuan asesinando a los campesinos, pretendiendo quedarse con estas tierras que ya se ha demostrado no son de ellos (de los terratenientes)", dijo a Radio Progreso la dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), Esly Banegas.
"Continuamos en la resistencia, en la lucha, para que se respeten los derechos a la tierra, a la alimentación, a la vida. Pedimos -continuó Banegas- que termine ese vía crucis que vive el pueblo hondureño, sobre todo el pueblo campesino.
En el caso de la Aguán, cada día más se agudiza la situación y el reto para todos nosotros es seguir en la lucha. Aun con tantos caídos, heridos y perseguidos nuestra responsabilidad es seguir adelante, firmes en nuestro compromiso de refundar a Honduras", concluyó.
En un comunicado emitido pocas horas después de ese nuevo asesinato, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) condenó el asesinato de Miguel Alonso Oliva y "la falta de acciones rápidas para solucionar el conflicto de tierras en el Bajo Aguán por parte del régimen de Porfirio Lobo Sosa, que se muestra aquiescente con los terrateniente al evadir asumir la responsabilidad de devolver las tierras que son del Estado y que de inmediato deben ser entregadas a los campesinos y campesinas, tal como lo señala la Ley".
Además, el COFADEH alertó sobre un inminente desalojo en la margen izquierda del Río Aguán, señalando como posible blanco del ejército y policía a las cooperativas Suyapa del Aguán, Guanchías, Buenos Amigos, Remolino, Despertar, Trinidad, San Esteban, Quebrada Honda, Paso Aguán, El Plantel, Islas 1 y 2, Marañones y Bolero.
Según un dirigente del MUCA, la operación era parte del proceso de recuperación de tierras que esta organización ha venido impulsando en los últimos años.
"El jóven recibió impactos de balas en la espalda, cerca de la columna, y falleció instantaneamente. Nosotros estamos en un proceso de diálogo con el gobierno para solucionar este conflicto, sin embargo ante este nuevo asesinato y las constantes amenazas denunciamos y alertamos que en las próximas horas podría desencadenarse una invasión de las tierras que hemos recuperado por parte de las fuerzas del ejército y la policía", dijo el dirigente campesino a una radio local.
"Denunciamos a nivel nacional e internacional que los cuerpos represivos podrían aprovechar estos días de fiesta para tratar de desalojarnos violentemente y pedimos a las organizaciones y a los medios que le han dado seguimiento a nuestra lucha estar alerta y a la expectativa de lo que pueda ocurrir", concluyó.
La semana pasada, el gobierno, a través del Instituto Nacional Agrario (INA), presentó una propuesta para solucionar el grave conflicto que se ha desatado en la zona del Bajo Aguán, conflicto que hasta la fecha ha dejado un saldo de varios muertos y heridos, adermás de decenas de mandatos de captura en contra de los campesinos organizados.
No obstante, la dirigencia del MUCA está consultando dicha propuesta con su base, ya que presenta diferentes puntos que nada tienen que ver con los acuerdos alcanzados el año pasado con el gobierno del ex presidente Manuel Zelaya, y que quedaron "en el olvido" a raíz del golpe de Estado.
Para las miles de familias campesinas que han iniciado el proceso de recuperación, serían decenas de miles las hectáreas de tierra para uso exclusivo de Reforma Agraria usurpadas por terratenientes productores de Palma Africana (Miguel Facussé Barjum, René Morales y Reynaldo Canales).
Es por eso que el MUCA pide retomar el Acta Convenio firmada entre las partes pocos días antes del golpe de Estado, para conformar una comisión tripartida que revise el procedimiento legal que se utilizó para la adquisición de la tierra por los terratenientes.
¡Qué termine esta violencia!
"Lamentamos y repudiamos este nuevo hecho de violencia, justo cuándo se está dando un supuesto proceso de diálogo. Aun así continuan asesinando a los campesinos, pretendiendo quedarse con estas tierras que ya se ha demostrado no son de ellos (de los terratenientes)", dijo a Radio Progreso la dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), Esly Banegas.
"Continuamos en la resistencia, en la lucha, para que se respeten los derechos a la tierra, a la alimentación, a la vida. Pedimos -continuó Banegas- que termine ese vía crucis que vive el pueblo hondureño, sobre todo el pueblo campesino.
En el caso de la Aguán, cada día más se agudiza la situación y el reto para todos nosotros es seguir en la lucha. Aun con tantos caídos, heridos y perseguidos nuestra responsabilidad es seguir adelante, firmes en nuestro compromiso de refundar a Honduras", concluyó.
En un comunicado emitido pocas horas después de ese nuevo asesinato, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) condenó el asesinato de Miguel Alonso Oliva y "la falta de acciones rápidas para solucionar el conflicto de tierras en el Bajo Aguán por parte del régimen de Porfirio Lobo Sosa, que se muestra aquiescente con los terrateniente al evadir asumir la responsabilidad de devolver las tierras que son del Estado y que de inmediato deben ser entregadas a los campesinos y campesinas, tal como lo señala la Ley".
Además, el COFADEH alertó sobre un inminente desalojo en la margen izquierda del Río Aguán, señalando como posible blanco del ejército y policía a las cooperativas Suyapa del Aguán, Guanchías, Buenos Amigos, Remolino, Despertar, Trinidad, San Esteban, Quebrada Honda, Paso Aguán, El Plantel, Islas 1 y 2, Marañones y Bolero.
Honduras: Cinco periodistas asesinados en un mes, ¿dónde están los titulares?, ¿dónde las condenas y resoluciones?
Por: Jean Guy Allard
Fecha de publicación: 31/03/10
http://www.aporrea.org
Fecha de publicación: 31/03/10
http://www.aporrea.org
31 de marzo de 2010. Cinco periodistas asesinados en Honduras en el solo mes de marzo, 150 ejecuciones extrajudiciales desde el golpe del 28 de junio, todas atribuidas a los organismos de represión y a paramilitares contratados por el régimen, no son suficientes para llamar la atención de la prensa comercial del continente que arremete contra Cuba y Venezuela.
Mientras el mecanismo de propaganda del Departamento de Estado, apoyado por las agencias internacionales, las cadenas internacionales de órganos de prensa comerciales y su red de clientes regionales multiplica los titulares contra las naciones progresistas y reporta a la violencia en Honduras fuera de su contexto político, la Resistencia hondureña reclama a gritos manifestaciones de solidaridad internacional ante las ejecuciones cometidas a diario por el aparato represivo articulado por los golpistas.
En los últimos días tanto el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) como el colectivo de Artistas en Resistencia y otras organizaciones, han emitido condenas a la escalada de violencia desencadenada por el gobierno de ¨Pepe¨ Lobo con un enorme saldo de muertos y heridos.
La prensa hondureña ha sido la primera víctima de la ola de asesinatos de las últimas semanas. El 1 de marzo fue baleado el periodista Joseph Hernández y herida la colega Carol Cabrera; el 10, fue asesinado David Enrique Meza; el lunes 15, Nahum Palacios Arteaga mientras José Bayardo Mairena y Manuel de Jesús Juárez fueron ejecutados el viernes 27 de marzo.
Otro periodista, José Alemán tuvo que abandonar el país precipitadamente, después de que sicarios intentaran asesinarlo en plena calle, luego de tirotear su domicilio. Por colmo, agentes de una estación de la policía donde busco refugio le dijeron que eran incapaces de garantizar su seguridad.
Los grupos de resistencia han denunciado al Secretario de Seguridad, Óscar Álvarez, responsable del sistema de represión heredado del régimen dictatorial de Roberto Micheletti que mantiene en plena actividad.
Poco después del asalto a la Casa Presidencial por los golpistas, el 28 de junio de 2009, cuando el Presidente Manuel Zelaya fue sorprendido en su casa y expulsado del país, con la complicidad de Estados Unidos, varios medios de prensa, entre ellos Radio Globo y el Canal 36, fueron cerrados en redadas salvajes.
Por otro lado, los dueños de todos los principales medios de comunicaciones fueron parte de la conspiración. No solo dieron a Micheletti un apoyo absoluto sino que el principal representante de esta prensa ultraderechista, Jorge Canahuati, fue hasta pagar de su propio bolsillo parte de la campaña de cabildeo que se desarrolló entonces en Washington a favor de la dictadura.
En cuanto a los autoproclamados ¨defensores de la prensa¨ tales como Reporteros Sin Fronteras, el Committee to Protect Journalists, la Sociedad Interamericana de prensa, todos observan una discreción, diametralmente distinta a la actitud constantemente agresiva y politizada demostrada contra Cuba y Venezuela, que solo confirma su vinculación con el aparato de inteligencia norteamericano.
Llama la atención como, de parte de estas organizaciones que se benefician de una cobertura integral de parte de las grandes agencias de prensa, se evita a todo costo politizar sus discretas solicitudes de investigaciones dirigidas a las propias autoridades hondureñas que, según la resistencia popular, generan la masacre.
Para la Plataforma de Derechos Humanos, se trata de una "estrategia de terror, inmovilización y persecución contra opositores al golpe de Estado y gobierno de facto¨ ante la cual se pide ¨la intervención de la comunidad internacional y de los organismos internacionales de derechos humanos para que el régimen actual detenga esta ola de criminalidad e investigue las muertes¨ de las víctimas.
Para evitar del derrumbe de su régimen golpista, Micheletti y sus cómplices golpistas fueron hasta recorrer a criminales tales como Billy Joya, creador con sus asesores norteamericanos de “Los Cobras”, comandos de élite entrenados para matar, y veterano miembro del siniestro batallón 3-16 creado por la CIA que persiguió, torturó y desapareció a cientos de hondureños en la guerra sucia de los años 80.
Joya trabajo bajo las órdenes del embajador y oficial CIA John Negroponte quién dirigía la Contra nicaragüense desde la embajada norteamericana en Tegucigalpa.
Implicado en la coordinación del golpe de estado de junio pasado, John Negroponte.trabaja actualmente como asesor de la Secretaria de Estado Hillary Clinton.
En Miami, donde radica la colonia de ex mandatarios corruptos, torturadores y asesinos más grande del continente, el silencio mediático es casi absoluto al igual que el de los políticos que hace apenas unos meses viajaban a Tegucigalpa a elogiar a Micheletti.
Ninguna investigación acerca de un agresión contra periodista desde el golpe de estado ha llevado al arresto de un solo sospechoso.
jueves, 22 de abril de 2010
LA RED CANARIA POR LOS DDHH EN COLOMBIA SOLICITA AL GOBIERNO DE ESPAÑA COMO SOCIO PRIORITARIO DEL PAÍS ANDINO QUE PIDA EXPLICACIONES AL GOBIERNO DE UR
ANTE LOS HOMICIDIOS DEL PERIODISTA CLODOMIRO CASTILLA, LOS SINDICALISTAS OMAR ALONSO, JOSÉ DE JESÚS RESTREPO Y EL INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADO, FABIO MANCO, Y EL BOMBARDEO DE LA RESERVA INDÍGENA DEL ALTO GUAYABAL QUE CAUSÓ LA MUERTE DE UN BEBE, LA RED CANARIA POR LOS DD.HH. EN COLOMBIA SE HA VISTO OBLIGADA A DIRIGIRSE AL GOBIERNO DE ESPAÑA DE FORMA URGENTE.
La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia afirma que “el asesinato del periodista CLODOMIRO CASTILLA[i], el día 19 de marzo, es de extrema gravedad, porque se produce tras una serie de amenazas que tienen relación con las grabaciones presentadas a la Corte Suprema de Justicia de una conversación entre el director del diario El Meridiano de Córdoba, Willian Sallet, persona cercana al Presidente Uribe, con Salvatore Mancuso, conocido narcotraficante y líder de grupos paramilitares. También vinculaban a María Milena Andrade, ex-defensora del pueblo en Montería, que tras lo sucedido fue enviada por Uribe como Cónsul de Colombia a New York”
Clodomiro Castilla. Periodista asesinado tras denunciar parapolítica.
Por otro lado, la citada Red, denuncia “el secuestro, tortura y asesinato de 2 miembros de FEDEAGROMISBOL (Federación de Agromineros del Sur de Bolívar), OMAR ALONSO RESTREPO, agrominero y Pte. de la Junta de Acción Comunal del Dorado y JOSE DE JESUS RESTREPO[ii], cuyos cuerpos aparecieron el 12 y 13 de febrero de 2010, tras haber sido detenidos por paramilitares”. La Red Canaria por los DDHH en Colombia explica que “FEDEAGROMISBOL viene denunciando una estrategia para despojar a la población de su territorio y cederlo a multinacionales como ANGLO GOLD ASHANTI y empresas palmicultoras del grupo Dabon”.
Añade que “también la Comunidad de Paz de San José de Apartadó les comunicó que el 9 de febrero de 2010 fue ejecutado otro de sus miembros, FABIO MANCO[iii] por dos paramilitares”. La mencionada Red aclara que “esta comunidad no quiere ningún actor armado dentro de su caserío por lo que ha sido señalada como colaboradora de la guerrilla por el Gobierno de Uribe”.
Por último la Red Canaria por los DDHH en Colombia recuerda “la gravedad del bombardeo efectuado el 30 de enero de 2010 por la Brigada 17 y la Fuerza Aérea de Colombia en las inmediaciones de la Comunidad Alto Guayabal cuyos resultados fueron 4 indígenas gravemente heridos, JOSE NERITO RUBIANO, MARTHA LIGIA BAILARIN, CELINA BAILARIN Y YOBANI BAILARIN, y un BEBE DE CELINA BAILARÍN[iv] que falleció días después”. Añade que “la comunidad negó la presencia de frente guerrillero alguno y está convencida de que quieren desplazarlos para facilitar las operaciones mineras de Muriel Mining Corporation”.
Martha Ligia Bailarín. Civil herida en bombardeo del ejército colombiano el 30.01.10
José Nerito Rubiano. Civil herido en bombardeo del ejército colombiano el 30.1.10
Según la Red Canaria por los DD.HH. en Colombia, “desde julio de 2002 a junio de 2008, la Comisión Colombiana de Juristas, señaló al Estado como autor o presunto autor genérico en 6.121 casos de homicidios o desapariciones en contexto distinto al combate[v], de los que 1.486 se atribuyen a la acción directa de agentes del Estado y 4.635 a la acción de grupos paramilitares creados, colaborados y tolerados por estructuras del Estado”.
Por lo expuesto, indica la citada Red de organizaciones sociales y políticas canarias, que “el gobierno de España, al tener como socio prioritario en América Latina a Colombia, con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) el 23 de enero de 2008, y la posición que defiende respecto a la firma del TLC, debería como mínimo preguntar a su socio por los acontecimientos descritos y exigirle el respeto escrupuloso de los Derechos Humanos”. Añade la mencionada Red que: “por acontecimientos de menor calado se interpela al gobierno de Cuba e incluso se aprueban resoluciones, sin embargo con Colombia, Estado que, sin duda, está a la cabeza en violaciones graves a los Derechos Humanos en América Latina, como son, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, se opta por el silencio”.
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Clodomiro Castilla. Periodista asesinado tras denunciar parapolítica.Añade que “también la Comunidad de Paz de San José de Apartadó les comunicó que el 9 de febrero de 2010 fue ejecutado otro de sus miembros, FABIO MANCO[iii] por dos paramilitares”. La mencionada Red aclara que “esta comunidad no quiere ningún actor armado dentro de su caserío por lo que ha sido señalada como colaboradora de la guerrilla por el Gobierno de Uribe”.
Por último la Red Canaria por los DDHH en Colombia recuerda “la gravedad del bombardeo efectuado el 30 de enero de 2010 por la Brigada 17 y la Fuerza Aérea de Colombia en las inmediaciones de la Comunidad Alto Guayabal cuyos resultados fueron 4 indígenas gravemente heridos, JOSE NERITO RUBIANO, MARTHA LIGIA BAILARIN, CELINA BAILARIN Y YOBANI BAILARIN, y un BEBE DE CELINA BAILARÍN[iv] que falleció días después”. Añade que “la comunidad negó la presencia de frente guerrillero alguno y está convencida de que quieren desplazarlos para facilitar las operaciones mineras de Muriel Mining Corporation”.
Martha Ligia Bailarín. Civil herida en bombardeo del ejército colombiano el 30.01.10
José Nerito Rubiano. Civil herido en bombardeo del ejército colombiano el 30.1.10Por lo expuesto, indica la citada Red de organizaciones sociales y políticas canarias, que “el gobierno de España, al tener como socio prioritario en América Latina a Colombia, con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) el 23 de enero de 2008, y la posición que defiende respecto a la firma del TLC, debería como mínimo preguntar a su socio por los acontecimientos descritos y exigirle el respeto escrupuloso de los Derechos Humanos”. Añade la mencionada Red que: “por acontecimientos de menor calado se interpela al gobierno de Cuba e incluso se aprueban resoluciones, sin embargo con Colombia, Estado que, sin duda, está a la cabeza en violaciones graves a los Derechos Humanos en América Latina, como son, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, se opta por el silencio”.
[i] Ver noticia en canal de You tube NTCtelevision5 - 20 de marzo de 2010. Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=Zfr9QYIKHuA
[ii]“Continua exterminio contra Fedeagromisbol, asesinados dos agromineros en el Sur de Bolívar” Autor MOVICE - Capítulo Sur de Bolívar - Sur de Cesar. Miércoles, 03 de marzo de 2010. Enlace: http://www.movimientodevictimas.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=529
[iii] Continúa el exterminio, sin que el Gobierno haga nada. Nuevo asesinato en San José de Apartadó, a manos de paramilitares colaboradores del Ejército. Publicado el 24/02/10 en http://www.rebelion.org/noticias/2010/2/101102.pdf
[iv] Ver noticia en canal de You Tube NTCtelevision5 - 20 de marzo de 2010. Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=Zfr9QYIKHuA
[v] http://www.coljuristas.org/Centrodedocumentaci%C3%B3nbck/Estad%C3%ADsticas/tabid/63/Default.aspx
RED CANARIA por los DDHH en COLOMBIA
E-mail: rcanddhhcolombia@gmail.com
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