Como recientemente vienen denunciando las organizaciones sindicales colombianas (CUT, CGT, etc. así como las distintas organizaciones colombianas y españolas que velan por el respeto de los derechos humanos y laborales en Colombia, los asesinatos a los sindicalistas continúan bajo el mandato del Presidente Álvaro Uribe .
En lo que llevamos de 2009, 17 compañeros y compañeras han sido asesinados. De un total de 2711 activistas y dirigentes sindicalistas asesinados durante la última década 558 sindicalistas lo han sido bajo el Gobierno del Presidente Uribe.
Casos recientes como el asesinato de ASDRÚBAL SÁNCHEZ PÉREZ, afiliado a la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ASEINPEC. EDGAR MARTINEZ fue asesinado por presuntos paramilitares el 22 de abril en el municipio de San Pablo Bolívar. El dirigente social hacia parte de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar FEDEAGROMISBOL. El maestro VÍCTOR FRANCO FRANCO, miembro de la organización sindical EDUCAL, fue asesinado el 22 de abril. El profesor, MILTON BLANCO LEGUIZAMÓN fue asesinado el 24 de abril. La dirigente sindical VILMA CARCAMO BLANCO, miembro de la Junta directiva de ANTHOC en Magangué, que trabajaba en la comisión de quejas y reclamos, fue asesinada en el sábado 9 de mayo. Sindicalistas todos ellos recientemente asesinados.
Todo ello pone seriamente en tela de juicio las numerosas afirmaciones de distintos miembros de la administración de Uribe, en el sentido de que está progresando la situación de violencia, asesinatos y estigmatización del movimiento sindical, violando sistemáticamente el Derecho Internacional, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y fundamentalmente el derecho a la vida de las personas.
La Unión Sindical de CCOO del Barcelonés rechaza en los términos más enérgicos estos nuevos y recientes crímenes y exige una vez más de las autoridades nacionales que lleven a cabo las investigaciones necesarias y concluyentes para dar con sus autores materiales e intelectuales, a efecto de romper la ya acostumbrada cadena de impunidad que caracteriza los asesinatos de sindicalistas.
La Unión Sindical de CCOO del Barcelonés expresa su solidaridad con los trabajadores y sindicalistas de Colombia, a su legítima movilización sindical en defensa de sus derechos, de sus reivindicaciones, de su voluntad de mejora en sus condiciones de vida y de trabajo.
Exigimos al gobierno de Colombia, a las empresas colombianas, a sus empresas contratistas, que se tomen todas las medidas para garantizar la vida de los sindicalistas colombianos y sus familias; y pedimos al Gobierno de España que inste al de Colombia a una efectiva y activa política de protección del ejercicio de las libertades democráticas en general y sindicales en particular, así como a la persecución de los grupos paramilitares que con la denominación de "Águilas Negras" u otros amenazan y asesinan impunemente en ese país.
La Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS), se permite informar a la opinión pública en General, que el día Jueves veintiuno (21) de Mayo, siendo aproximadamente las 4:30 P. M.,llegaron unos sujetos a la casa de los señores PEDRO BONILLA CHIVATA, de 56 años y HEIDY JOHANA CABALLERO GUERRERO, de 26 años, y los asesinaron, campesinos del municipio de Sabana de Torres, quienes dejan una niña de un (1) año.
Esta ola de violencia se suma a la que viene sufriendo el municipio en el ultimo año, donde se asesina y se violan los Derechos Humanos, sin que se de una solución por parte de las autoridades Municipales y militares.
Exigimosde las autoridades esclarecimiento de la muerte de estos dos (2) Campesinos del Municipio de Sabana de Torres y que se haga Justicia. AMENAZAN CAMPESINO EN SABANA DE TORRES
Rechazamos los hechos ocurridos el díaSábado 23 de Mayo, siendo aproximadamente las 10:00 A: M. fue amenazado el Compañero ROSENDO DUARTE AVILA, padre del compañero Tesorero de la seccional Sabana de Torres, los sujetos que lo amenazaron le dijeron que mejor era que su hijo no siguieran jodiendo con el trabajo de organización como Asociación campesina, que esto desprestigiaba a la administración de Sabana de Torres y por lo tanto, era mejor que vendiera lo que tenia y se fuera del Municipio. EXIGIMOS CLARIDAD SOBRE ESTE HECHO
Exigimos de las Autoridades se castigue y se investigue de donde vienen dichas amenazas en contra del compañero DUARTE AVILA y para nadie es un secreto que en el municipio operan grupos emergentes de los paramilitares denominados los RASTROJOS Y AGUILAS NEGRAS.
BUCARAMANGA, Mayo 28 de 2009
COMITÉ EJECUTIVO ASOGRAS SANTANDER
CESAR AUGUSTO TAMAYO Presidente MARIBEL QUINTERO G. Secretaria EVANGELISTA SILVA DD.HH
Reproducimos el artículo publicado por: SEMANA.COMREVISTA DE RADIO
Jueves 14 Mayo 2009.
El ex director de Contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, le dijo a la Fiscalía que le entregó la información de magistrados al asesor y al secretario general de la Casa de Nariño. Después de que se conocieran las primeras llamadas interceptadas ilegalmente por el DAS, ahora se destapó un nuevo episodio a este escándalo de persecuciones y espionaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En su emisión de las siete de la noche de este miércoles, Noticias RCN reveló que durante un interrogatorio de la Fiscalía, el ex jefe de contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, dijo que le había entregado información que su organismo había conseguido con las interceptaciones y seguimientos a los magistrados al ex asesor presidencial, José Obdulio Gaviria y al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.
La revelación ha causado conmoción desde temprano este jueves.
Días previos al interrogatorio, Lagos le había dicho al fiscal General, Mario Iguarán, que estaba dispuesto a contar toda la verdad sobre las ‘chuzadas’ y los seguimientos del DAS a los magistrados. Igualmente, le solicitó protección para su familia o que los sacara del país, incluyéndolos en el programa de protección de testigos.
“Según Lagos, el eje de los seguimientos y chuzadas era el empresario Ascensio Reyes, conocido en el mundo judicial como una persona muy cercana a varios magistrados de la Sala Penal de la Corte y del fiscal Mario Iguarán”, indicó la nota presentada por RCN.
De acuerdo con el noticiero, Lagos fue citado a Palacio para iniciar una indagación encaminada a demostrar que Reyes tenía relación con un presunto narcotraficante y con algunos magistrados.
La FM, emisora que retomó esta noticia este jueves, dijo que “Lagos indicó que sostuvo una primera reunión con el consejero presidencial José Obdulio Gaviria y otros dos asesores de la Casa de Nariño. En el encuentro Lagos recibió instrucción de Gaviria de confirmar los vínculos del empresario con el narco y establecer si los dos pagaron los gastos de un viaje a Neiva al que asistieron como invitados algunos magistrados de la Corte y sus esposas”.
Según Lagos, el objetivo del seguimiento era el magistrado Yesid Ramírez, reconocido amigo de Reyes. Gaviria, según reveló Lagos, había identificado ese espionaje como “Operación Paseo”.
Según RCN, el ex director de Contrainteligencia del DAS también se refirió en la Fiscalía sobre otras reuniones del secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, y del entonces director de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, quien según él, le entregó información financiera de cinco magistrados y de varios de sus familiares.
Después este episodio y de conocerse tres conversaciones que fueron interceptadas ilegalmente en el 2006, el procurador Alejandro Ordóñez, dijo en La Fm que las investigaciones de la Procuraduría se están adelantando con diligencia para establecer quiénes son los responsables de las interceptaciones ilegales que desde el DAS se hicieron a personajes de la vida pública, en su mayoría, miembros de la oposición. Escuche la declaraciones del Procurador.
Por otro lado, en RCN Radio, el presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria, dijo que no es la primera vez que se conoce una llamada suya que fuera grabada ilegalmente, puesto que meses anteriores se había revelado una conversación suya con la periodista Claudia Gurisatti.
También dijo que se debe establecer quién es el responsable político de las interceptaciones y dijo que no se está viviendo en una democracia sino en un Estado policivo. Escuche las declaraciones de Gaviria.
QUE VERGUENZA DE MEDIOS INFORMATIVOS PADECEMOS EN EL ESTADO ESPAÑOL. LA RED CANARIA POR LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA REPUDIA PROFUNDAMENTE EL SILENCIO TERRIBLE DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS SOBRE LA REPRESIÓN BRUTAL QUE ESTÁ SUFRIENDO EL PUEBLO HONDUREÑO. NO PUEDE QUEDAR IMPUNE ESTE CRIMEN Y PARA ELLO LAS FUERZAS SOCIALES Y POLÍTICAS DEL MUNDO DEBEN PRESIONAR A SUS RESPECTIVOS GOBIERNOS PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS MÁS DURAS CONTRA LOS GOLPISTAS.
INVITAMOS A TODAS LAS PERSONAS QUE LEEN NUESTRO BLOG A MANTENERSE INFORMADAS A TRAVÉS DE OTROS MEDIOS COMO TELESUR, VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, Y OTROS CANALES ALTERNATIVOS, INFORMAR EN SUS ENTORNOS Y ESTAR PENDIENTES DE CONVOCATORIAS DE PROTESTA POR LO QUE SUCEDE.
Cerca de un centenar de personas se concentraron de forma urgente por fuera del Consulado de Honduras en la capital tinerfeña, convocadas por el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos para rechazar de manera explícita el Golpe de Estado perpetrado por los militares hondureños y sectores de la oligarquía local.
Varios de los asistentes denunciaban la gravedad del tratamiento mediático del golpe de Estado, presentado por las grandes corporaciones de la información en occidente como consecuencia de "presuntas ilegalidades" del presidente Zelaza al convocar una consulta popular, además del terrible silencio de dichos medios respecto a la brutal represión que está sufriendo el pueblo hondureño que al salir a las calles a protestar por el atropello ha encontrado el fuego criminal del ejército de Honduras. Los golpistas llevan ya varios homicidios, pero la fuerte censura aplicada en los medios occidentales impide el pleno conocimiento de lo acontecido. A la concentración convocada por el CCSP no acudió ninguno de los medios informativos de los grandes grupos de España (Prisa y Zeta), tampoco los vinculados a la oligarquía local a pesar de haber sido avisados vía mail.
La Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia se adiehere al siguiente COMUNICADO llevado a cabo por el Comité Canario de Solidaridad con los pueblos.
La Laguna, 28 de junio de 2009
El Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos expresa su más rotunda condena al golpe de Estado perpetrado por el Ejército de Honduras contra el presidente legítimo, Manuel Zelaya, y rechaza categóricamente la interrupción de la vida democrática en el país centroamericano, que precisamente hoy estaba convocado a participar en una consulta. Ante la situación creada, expresamos lo siguiente:
1. Reclamamos al gobierno español que ejerza las medidas más contundentesen la exigencia del retorno al país y a su cargo del presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, de no reconocer a un hipotético gobierno resultante del golpe militar y del restablecimiento del orden constitucional.
2. Condenamos el secuestro de la canciller, Patricia Rodas, por parte de militares encapuchados.
3. Condenamos el secuestro de los embajadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua en Tegucigalpa, hecho extraordinariamente grave en las relaciones entre los países de América Latina.
4. Denunciamos las actuaciones criminales del ejército hondureño durante este golpe de Estado, la declaración del toque de queda, los cortes de luz y los impedimentos a la libre circulación de información y de personas.
5. Denunciamos a las élites oligárquicas de Honduras que operan como mafias al margen de la ley y que son las inspiradoras del golpe de Estado, según ha denunciado el presidente hondureño desde Costa Rica.
6. Denunciamos la intromisión del poder judicial hondureño a través de los intentos de legitimación de una actuación que sólo merece el calificativo de antidemocrática.
7. Animamos y aplaudimos al pueblo hondureño en su defensa de la vidademocrática de su país y en la exigencia del retorno del presidente a su responsabilidad institucional.
8. Defendemos el derecho del pueblo hondureño a decidir libre y soberanamente sobre su futuro.
9. Convocamos al pueblo de Tenerife a expresar el rechazo al golpe y la solidaridad con el pueblo Honduras, su presidente y su gobierno, así como el respaldo a los procesos democrático-populares en Honduras y en América Latina este lunes, 29 de junio, a las 19.00 horas ante la sede del Consulado de Honduras, en la calle Puerta Canseco, 47, en Santa Cruz.
Lima, 05/06/2009 (CNR / La Haine) -- Los cuerpos de los pobladores amazónicos muertos durante los enfrentamientos con la policía en la carretera Fernando Belaunde, en la zona de "La Curva del Diablo" estarían siendo quemados por efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y arrojados al río Marañón en el caserío de Reposo, en Bagua (Amazonas), según denunció el dirigente amazónico Zebelio Kayap.
En diálogo con la CNR contó que siguen masacrando a indígenas, y solicitó la intervención de los organismos defensores de Derechos Humanos.
Kayap precisó que hasta el momento hay aproximadamente 20 heridos y 40 muertos, “pero pueden ser más porque la Diroes ha entrado a atacarnos con balas y todo es un alboroto”.
Una pobladora de la zona que aseguró ser testigo de los hechos confirmó la versión de Kayap. “Yo vi que los cadáveres fueron metidos en sacos negros y fueron llevados hasta las orillas del río Marañón para arrojarlos. La población pedía que se les devuelva los cuerpos de sus familiares para darles cristiana sepultura, pero la policía no hizo caso”, informó.
Narró además que los miembros del orden perseguían a población aguaruna acusándola de senderista, y precisó que unos mestizos ayudaron a trasladar a los indígenas hasta Bagua, pero otros que no fueron embarcados en los carros, fueron retenidos en una casa de adobe donde los están masacrando.
La ciudadana, de nombre María, cuyo apellido prefirió mantener en reserva, contó que en tono amenazante un policía advirtió: “Así como han matado a nuestros compañeros policías, ustedes también tienen que morir”.
Impiden recoger heridos y cadáveres
Zebelio Kayap denunció también que en el caserío Siempre Viva, en Amazonas, la policía impide el paso de la ciudadanía para recoger a los heridos y trasladarlos a Jaén o a Chiclayo, y que tampoco permite que se recoja a los cadáveres desperdigados en la zona.
“La fuerza policial está entrando a la Plaza de Armas. Queremos levantar a los cadáveres y a nuestros heridos, pero no podemos hacerlo. Sigue la balacera desde el helicóptero de la Diroes”, precisó.
Reveló además que entre los heridos se encuentran niños que fueron impactados con bombas lacrimógenas en los caseríos de Reposo y Siempre Viva. Kayap informó a la CNR, además, que los hospitales están repletos de heridos, tanto indígenas como mestizos.
Por su parte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), confirmó a través de su blog, que también recibieron información de medios locales, respecto a las agresiones contra los pobladores amazónicos y de la quema de cadáveres por parte de efectivos policiales, aunque estas informaciones aún se mantienen en calidad de extraoficiales.
Estas informaciones, desmienten lo señalado hace unas horas por la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien sólo mencionó que eran tres nativos los fallecidos, lo cual sería falso pues según las fotos publicadas por la CNDDHH, se trataría de más compatriotas fallecidos en la represión policial en Bagua y Jaén.
Situación en la carretera Belaúnde luego de la represión de la madrugada:
50 pobladores muertos
El coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena, Shuar Velásquez Ruiz denunció que los militares y policías no dejaron ingresar a los médicos ni a la prensa local con el fin de ocultar evidencia, sobre todo los cadáveres de los indígenas asesinados los cuales habrían sido arrojados al río Marañón.
Velásquez Ruiz, afirmó que hasta estas horas de la noche la cifra de nativos fallecidos serían más de cincuenta, pero que esta situación estaría siendo ocultada por los militares y policías.
Por su parte, el dirigente indígena Zevelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), solicitó a la Policía Nacional que deje de intervenir violentamente a los nativos apostados en la zona de la Curva del Diablo, en Amazonas, porque ellos no están armados.
"Sólo tenemos nuestras lanzas que son simbólicas, ¿de donde vamos a tener armamento?, los que emplean armas pesadas son ellos (los policías) por eso pedimos que nos dejen de atacar".
Los reportes de prensa comercial desde el Perú dan cuenta de la muerte de "varios nativos". Sin embargo otras informaciones más cercanas al activismo indígena muestran una lista con 35 nombres confirmados de indígenas asesinados por los represores.
La respuesta popular
La respuesta popular
Policía muerto
Informes desde Bagua afirman que 38 policías que custodiaban la Estación N°6 de Petro-Perú (petrolera privatizada), en el distrito de Imaza, en Bagua, han sido retenidos por nativos. Al parecer, un funcionario de la empresa también estaría en calidad de rehén.
El gobierno y los medios burgueses hablan de al menos 11 policías muertos, pero medios cercanos al activismo dejan la cifra en 7 policías ejecutados por la violencia popular. También se comenta que uno de las bajas policiales habría muerto por disparos realizados desde tierra contra uno de los helicópteros que se dedicaba a masacrar a la población.
En Bagua la táctica utilizada por el pueblo en algunos momentos era rodear a un grupo de represores y esperar a que se les acabe el parque. No se les permitía salir del encierro ni la llegada de refuerzos, y cuando los policías empezaban a juntar piedras a falta de otro elemento represivo, el pueblo atacaba.
Vídeo sobre la resistencia en Bagua (calidad deficiente)
Bombardeo desde helicóptero
Periodistas de la zona informaron que anoche (viernes) numerosos nativos y ronderos se dirigían al local de la Policía Nacional de Bagua Grande con la intención de incendiarlo.
Las informaciones de la zona precisan que los pobladores protestaron por el bombardeo de bombas lacrimógenas realizadas desde un helicóptero, contra el poblado de El Reposo.
Asimismo un conocido periodista de Bagua Chica, aseguró que dos periodistas habrían muertos por la policía cumpliendo con su deber de informar en tanto que otros cuatro habrían sido detenidos.
Con premeditación y alevosía, la policía buscó como uno de sus primeros blancos al líder awajún Santiago Manuim, a quien asesinó en los primeros momentos de la represión. Aquí lo vemos en una entrevista:
No podemos quedarnos con la noticia de la violencia sin buscar las causas. El siguiente artículo es esclarecedor.
Alan García: coletazo del neoliberalismo.
Desde la firma del TLC hasta la masacre
Por Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL
Antecedentes del conflicto
En realidad el proceso que dio origen a estos enfrentamientos, nace con la decisión del gobierno peruano de firmar el TLC ( Tratado de Libre Comercio ) con el gobierno norteamericano a pesar de la fuerte oposición de diversos sectores productivos del país que temen por las consecuencias del pacto. Luego, Alan García solicitó al Congreso permiso para legislar (emitir decretos para implementar el TLC). En agosto y setiembre del año pasado, laAsociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP -que agrupa a 1350 comunidades nativas, inicia una movilización denunciando medidas oficiales que “abrirían las puertas a la explotación de los territorios amazónicos” y dispone las primeras movilizaciones. A pesar de los pedidos de diálogo, en el Congreso las promesas de formar comisiones especiales se reiteran pero no llegan a concretarse. Y en abril pasado, las comunidades indígenas amazónicas, se declaran en estado de alerta ante algunos decretos que a su juicio, ponen en riesgo las regiones naturales donde están asentados y abren las puertas a las transnacionales madereras, mineras, etc.
El Comité de Lucha Provincial Condorcanqui – Amazonas, publica a mediados de mayo una “carta abierta al gobierno central”que en uno de sus párrafos expone: “ El bosque amazónico es parte de nuestra existencia y desarrollo, ahí construimos nuestro Buen Vivir: es nuestra despensa, nuestro campo productivo, nuestra biblioteca, nuestra farmacia, nuestro banco de semillas y de crianzas, nuestra escuela. En resumen es nuestro sentido y cosmovisión como Pueblo Indígena. Y ahora está amenazada porque los decretos que demandamos su derogatoria están hechos de tal modo que asegurarán que las concesiones mineras y petroleras sigan adelante, destruyan parte del bosque y contaminen las fuentes de agua. Por eso nuestra lucha forma parte de la defensa de la supervivencia de la humanidad ahora que el planeta está en crisis de cambio climático.”Más adelante, el mismo documento planteaba al gobierno de Alan García que humanizara suspolíticas“anteponiendo los derechos humanos y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, antes que los intereses privados de pequeños grupos de poder económico cuyo único afán es maximizar sus ganancias a todo costo.”
El presidente afirmó que "400.000 indígenas no pueden decidir sobre recursos que pertenecen a millones de peruanos". Y añadió que derogar el decreto 1090 "atentaría" contra el acuerdo firmado con Estados Unidos. El hecho de que Alan García se ampare en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos para justificar sus decretos que ponen en riesgo los recursos naturales de la Amazonia, ha encendido los reclamos de amplios sectores sociales peruanos. El mes pasado, dos abogados de los movimientos que defienden el medio ambiente y los recursos naturales en la provincia amazónica de San Martín, lograron un inesperado fallo de la Corte Constitucional que suspendió tareas de exploración petrolera por una empresa transnacional.
La concesión de explotación petrolera en la región que tiene el tamaño de Puerto Rico, le pertenece a un consorcio transnacional, conformado por la compañía canadiense Talisman Energy, que cuenta con la mayoría accionaria con el 40% ; la española Repsol y la brasileña Petrobras tienen 30% cada una. La Amazonia es una de las áreas de mayor diversidad biológica en el planeta. Y más del 70% de esa superficie está dividida en concesiones otorgadas para exploraciones y explotaciones petrolíferas y gasíferas. Hay en Perú aproximadamente un centenar de compañías mineras y extractivas y 600 proyectos.
También en mayo, miles de mineros artesanales tomaron varias carreteras del país y paralizaron las avenidas de Lima. La movilización fue en rechazo del Decreto Supremo
005-2009 donde se criminalizaba la actividad de los mineros artesanales. Estos denunciaron el decreto como una de las leyes promovidas por las transnacionales, y vinculadas también con las exigencias del TLC firmado con Estados Unidos. El gobierno pidió una "tregua" y el levantamiento de las medidas. La organización nacional que les agrupa, dió un plazo de 30 dias al gobierno para que rectificar esas leyes.
Por su parte, la vigilia y las movilizaciones pacíficas de los pobladores amazónicos se prolongaron durante más de 50 dias. En su transcurso las comunidades hicieron bloqueos de carreteras y reclamaron insistentemente que el gobierno cumpliera sus compromisos de estudiar la derogación de algunos de los decretos objetados por ser lesivos al entorno natural de los pueblos indígenas.
Las cartas y mensajes al Congreso no tuvieron una respuesta efectiva. Los reclamos estaban cargados de argumentos, pero también de razones legales. Las comunidades denunciaban el incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que oportunamente fuera ratificado por Perú y que obliga a consultar con los pueblos indígenas cualquier legislación o decisión gubernamental que afecte sus intereses. Incluso algunos legisladores peruanos calificaron de inconstitucionales los decretos aprobados por Alan García. Esos congresistas afirmaron que los decretos favorecen la "extranjerización" de la tierra y de sus recursos.
En el transcurso de esas casi nueve semanas, no hubo más que dilaciones y ningún gesto efectivo del gobierno hacia las demandas indígenas que pacíficamente seguían esperando ser escuchados.
El gobierno ordena reprimir
El pasado viernes 5, cumpliendo órdenes del gobierno, unos 600 efectivos de la DINOES(Dirección Nacional de Operativos Especiales) - fuertemente pertrechados -intervinieron a las cinco de la madrugada contra miles de miembros de las comunidades indígenas que cortaban la carretera panamericana en la zona conocida como Curva del Diablo en proximidades de la población de Bagua.En las operaciones se utilizaron también tanquetas y el apoyo de un helicóptero, desde el cual -según relataron dirigentes indígenas y pobladores - se hicieron disparos contra los manifestantes. Estos, como se advierte en las fotos y en las secuencias filmadas, estaban en su mayoría armados con lanzas y flechas.
La confrontación fue violenta, e inicialmente dejó un saldo de 15 indígenas y 7 policías muertos. Pero otros sucesos, como el secuestro de un grupo de una treintena de policías por cientos de indígenas derivaron en nuevos enfrentamientos. Las cifras oficiales y las que manejan las comunidades indígenas son muy diferentes.Todos admiten que los muertos superarían el medio centenar, aunque no todos los cuerpos han aparecido. El gobierno decretó el toque de queda en las provincias de Bagua y Utcubamba.
Hay comunidades que han denunciado que fuerzas especiales han retirado cadáveres e incluso se han llevado heridos que estaban en los hospitales de las localidades próximas. Hay indígenas desaparecidos que podrían haber sido víctimas de traslados extrajudiciales a la Base Militar “El Milagro”, próxima a Bagua.
Es difícil encontrar cifras fiables, pero hay al menos 169 heridos, y decenas de detenidos. Amnistía estima que hay 79 detenidos que no se sabe que trato están recibiendo, que cargos se les imputan y si tienen asistencia médica o letrada. La misma organización internacional indica que dispone informes "del uso excesivo de la fuerza por la policía y de casos de agentes secuestrados y muertos por miembros de las comunidades indígenas." Mientras tanto, Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica que representa a 1.350 comunidades amazónicas, pidió y obtuvo asilo político en la embajada de Nicaragua en Lima. Varios de los dirigentes de las comunidades indígenas son buscados por la policía y actúan en la clandestinidad. La región ha sido militarizada, incluso hay áreas que han sido cercadas y vedadas a la prensa o a representantes de organismos de derechos humanos.
Condenan la masacre
Diversas organizaciones sociales, como la Confederación General de Trabajadores del Perú, expresaron su rechazo a la intervención policial, y condenaron lo que califican de
“matanza ordenada por el gobierno del presidente Alan García”. Desde movimientos, sindicatos y diversas corrientes políticas se exige al Congreso de la República, la derogación inmediata de los decretos que califican de inconstitucionales” y reclaman que se retome el diálogo.El presidente dice que era imprescindible “restituir el orden en la zona”, y al menos en principio, insistió en que no se modificarán ni la Ley Forestal ni otros decretos que abren la Amazonia a la explotación de las transnacionales.
El gobierno ha intentado contrarrestar las protestas con un video publicitario que recuerda a los de las dictaduras militares de los años 70. Allí,con imágenes de violencia y locución solemne,se proclama que los indígenas "son subversivos y van contra los intereses de la mayoría de los peruanos." “Así actúa el extremismo contra Perú” es la frase inicial, mientras muestra la imagen de los policías muertos en los enfrentamientos. El locutor define a los nativos amazónicos como “salvajes”, “asesinos feroces” y “extremistas” que siguen “consignas internacionales” para “detener el desarrollo del Perú” e impedir que el país “disfrute de su petróleo”. Este aviso sostiene que no hubo represión policial ni enfrentamiento, sino un “asesinato salvaje de policías humildes”. La propaganda oficial, reiteradamente difundida por los medios públicos y privados, generó numerosas protestas, no solo de las comunidades amazónicas, sino de diversas organizaciones de la sociedad civil. Incluso, fue el detonante para la renuncia de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso, quien no ocultó sus diferencias con los métodos represivos con los que Alan García afrontó el conflicto amazónico y comunicó su inmediato abandono del gobierno.
Por su parte, Miguel Jugo, director de la Asociación Pro Derechos Humanos ( APRODEH ) afirmó que el gobierno peruano tiene la mayor responsabilidad en los sucesos del viernes 5 de junio en Bagua. Dijo que el primer ministro Yehude Simon y la ministra del interior, Mercedes Cabanillas deberían renunciar a sus carteras como lo hizo Carmen Vildoso, para "ir calmando las aguas". Definió que la represión ordenada por el Ejecutivo, podía calificarse "como una intención genocida y una actitud dictatorial y criminal".
Y añadió: "pero mas allá de la calificación técnica jurídica, acá hay un desprecio por la vida de las personas". Seguidamente afirmó que la actitud gubernamental no es sólo contra “las comunidades indígenas amazónicas o de los civiles, sino de los propios policías”. “Llevarlos a una zona que no conocen, aunque ellos pueden estar armados, pero hay miles de personas que están allí y que obviamente reaccionan y no tienen miedo a las balas y las bombas, que están en su hábitat y defienden sus derechos hasta con la vida”, agregó. El defensor de los DD.HH exhortó al gobierno a suspender de forma inmediata los decretos que permiten la privatización de las tierras amazónicas que son rechazados por las comunidades originarias. Y concluyó afirmando : " la situación sigue siendo tensa, todavía no hay una resolución clara de lo que va a pasar con los decretos legislativos, creo que ese es el centro de las protestas y el centro del problema”, manifestó Jugo.
Clima de tensión y protesta
Los graves sucesos en Bagua, han conmovido e indignado a la sociedad peruana y parecen derivar en la posibilidad de que se conforme en Perú un frente popular contra las medidas neoliberales y las acciones represivas del gobierno de Alan García. Las comunidades mantienen su movilización y bloquean carreteras. Han recibido respaldo y solidaridad de diversas organizaciones sociales, tanto peruanas como de los países vecinos.
Los pueblos indígenas de la Selva Central: (Ashaninka, Asheninka, Yine, Yanesha, Kakinte, Nomatsiguenga y Matsiguenga ) y los Pueblos Andinos y Organizaciones Sociales de la Selva Central, responsabilizaron de los sucesos al gobierno de Alan García. En un extenso documento recuerdan que "vulneró el orden constitucional al aprobar una serie de normas que incluso violan tratados internacionales con el claro fin de despojarnos de nuestros territorios ancestrales y entregar los recursos naturales a las transnacionales." Le reprochan también haber silenciado en los medios de comunicación a la voz indígena en su defensa de sus territorios y de los recursos naturales como los bosques, las aguas y la vida. También le acusan "de haber negado de hecho el diálogo expresa y largamente esperado por nuestra organización representativa AIDESEP, y por el contrario declaró el estado de emergencia suspendiendo las libertades personales y los derechos poíticos en las regiones donde estaba la proesta indígena." Más adelante y refiriéndose siempre al gobierno de Alan García expresa el documento: "lo que sí hizo evidente a lo largo de estos 55 dias de paro amazónico es que su opción es por la defensa de intereses petrolíferos y mineros transnacionales en contra de los de nuestro país y de los derechos de nuestros pueblos, aunque ello le haya significado provocar la masacre con el derramamiento de sangre inocente y las muertes de policías y de hermanos indígenas que no hacían nada más que defender heroica y pacíficamente la vida de nuestros pueblos frente a los atentados contenidos en las normas institucionales de este gobierno que hoy se ha convertido en asesino". Recuerdan luego otros casos similares que se produjeron durante el primer gobierno de Alan García, como el caso Accomarca, en 1985, donde se produjo el asesinato de 62 comuneros incluyendo mujeres, ancianos y niños por una patrulla del ejército; o el el caso de las ejecuciones en los penales de El Frontón y Lurigancho en el que perdieron la vida más de 200 internos por el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra reclusos amotinados, una vez rendidos. Exigen el cese de la campaña del gobierno y de algunos medios de comunicación donde se les identifica como "terroristas".
"Señalamos -dicen- que nuestras acciones son en defensa de nuestra vida y nuestra dignidad como pueblos". Concluyen exigiendo la derogación de los decretos legislativos que les afectan, y afirman que "lo único que logrará este gobierno con sus medidas represivas y sus asesinatos es multiplicar nuestra lucha". Comunican que los pueblos indígenas de la selva central iniciarán una jornada de resistencia permanente por la defensa de su territorio ancestral.
Por su parte, la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, decidió por unanimidad realizar un paro indefinido a partir del lunes 15 de juniocontra el decreto oficial que otorga facilidades a las empresas transnacionales. La Federación que representa a 300.000 mineros, expresó también su solidaridad con los indígenas de la región selvática.
Los últimos acontecimientos
Para las próximas horas, se gestaba una huelga general de protesta en la región amazónica y actos en las principales ciudades del país.
Sobre el cierre de esta crónica, el gobierno estudiaba la posibilidad de tratar en el Congreso la derogación o modificación de algunos de los decretos cuestionados y adoptar medidas que pudieran descomprimir una situación social que puede poner en riesgo la propia continuidad de la gestión de Alan García.
Una gran mayoría del pueblo peruano rechaza el rumbo que lleva el gobierno, y parece crecer la resistencia al TLC firmado en enero pasado con Bush ( una de sus últimas "firmas" como presidente de los Estados Unidos ). A la luz de los acontecimientos que se han vivido en los dos últimos meses, otros sectores ciudadanos advierten los riesgos que entraña ese acuerdo para los intereses de los peruanos.
Mientras Alan García pretende "vender" la fábula de la "modernización" como ya lo hicieran antes Sánchez de Losada en Bolivia, o Menem en Argentina, la gente percibe que Perú puede sufrir daños irreparables en su estructura económica, social y productiva y afectar gravemente sus tierras, sus ríos y su selva. Motivos más que suficientes para decir basta y frenar este postrero espasmo neoliberal en el continente.
* Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa
Mientras sesiona la 98 Conferencia de la OIT asesinan a Pablo Rodríguez Garavito y Jorge Humberto Echeverri Garro.
La CUT repudia los asesinatos de los compañeros Pablo Rodríguez Garavito y Jorge Humberto Echeverri Garro, docentes afiliados a la Asociación de Educadores de Arauca - ASEDAR, y de la misma manera se solidariza con sus familias, amigos y alumnos.
Pablo se desempeñaba en el servicio de la educación desde hace 12 años, fue asesinado en un aula de clase de la Comunidad Indígena Cuiloto de la Vereda Marrero en el Municipio de Puerto Rondón, a las cuatro de la tarde del pasado 9 de junio, al parecer por desconocidos que le propinaron varios impactos de arma de fuego.
Jorge Humberto era maestro de la Escuela Los Colonos del Municipio de Arauquita, donde laboraba hace 20 años, fue asesinado ayer 11 de junio, también por desconocidos; deja dos hijos y a su esposa en estado de embarazo.
Llamamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales a detener este desangre y reclamamos que en la 98 Conferencia de la OIT que se desarrolla en Ginebra - Suiza, se impongan las sanciones al Gobierno Colombiano por su incumplimiento frente a las garantías para el ejercicio de las libertades sindicales y los derechos humanos, y se condenen los hechos ocurridos contra nuestros compañeros educadores Pablo Rodríguez y Jorge Echeverri; además llamamos a las organizaciones de educadores en todo el mundo a levantar su voz de rechazo con el fin de detener la caravana de la muerte que hoy se ensaña contra FECODE y el sindicalismo colombiano.
Exigimos al Gobierno y a la Fiscalía General de la Nación cumplir su obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida, se investigue y castigue ejemplarmente a los autores materiales e intelectuales de estos hechos que repetidamente se están presentando.
RAFAEL ALBERTO MOLANO Presidente Encargado
GUSTAVO RUBÉN TRIANA Segundo Vicepresidente
LUIS ALBERTO VANEGAS ZULUAGA Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad
MAÑANA, sábado 13 a las 19,30 en el local del Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos(bloque 41, local 2 del Polígono Padre Anchieta en La Laguna) está previsto desarrollar una Peña bajo el título "Colombia, DDHH en el punto de mira"
Las compañeras María y Beatriz Cruz participaron en la 5ª visita a Colombia que organiza una Delegación del Gobierno de Asturias en el marco del programa asturiano de Derechos Humanos.
Su impactante experiencia debe ser compartida con todas las personas que en Canarias trabajan la solidaridad con los pueblos y la defensa de los Derechos Humanos. Es muy importante hacer entender al Gobierno de España que si se debe reflejar en la política exterior el rechazo a prácticas aterradoras desarrolladas por el Estado colombiano contra la oposición social y política. Para ello debemos estar muy bien enterados de lo que ocurre y la peor fuente son las grandes corporación de la comunicación.
La experiencia directa de las compañeras que escucharon centenares de testimonios es de suma importancia. Al margen de los informes que a la O.N.U., Gobierno de España y otras instituciones llegarán a través de la delegación asturiana, la experiencia de las compañeras de Canarias debe llegar a todas las instituciones y colectivos de ámbito local posible. La enorme comunidad colombiana de Canarias debe tener otra fuente de información al margen de las grandes corporaciones.
Queremos recordarte el revuelo que provoco en España la rueda de prensa del Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, quien denunció que el 95% de los asesinatos y violaciones de derechos humanos en Colombia son obra del Ejército. No faltes, Beatriz y María tienen mucho que contarnos.
Las Peñas del CCSP son un espacio de encuentro y debate en las que, en una primera parte, abrimos el tiempo para compartir las experiencias de lucha y de vida de personas vinculadas a procesos de transformación social y política; para pasar después a otro momento más informal en el que prosigue el diálogo junto a una comida propia del lugar sobre el que se ha hablado en la primera parte, en este caso, Colombia.
Gran revuelo han causado en la ciudad de Oviedo (España) las declaraciones del director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, quien denunció que el 95 por ciento de los asesinatos y violaciones de derechos humanos que se cometen en Colombia son obra del ejército. Dijo en Rueda de prensa que recabaron pruebas y denuncias capaces de destapar la corrupción que hay en el Gobierno de Álvaro Uribe, presidente de Colombia. También aseguró a la prensa que comprobaron que la mayor parte de los asesinatos que se cometen "ya no son obra de grupos paramilitares sino que los llevan a cabo miembros del ejército colombiano".
Según los voceros de la agencia asturiana el Informe definitivo estará listo a finales del próximo mes de junio y será presentado ante el sistema de DDHH de la ONU, ante la OEA, la OIT, los Parlamentos europeo, español y asturiano y ante los Gobiernos colombiano, español y asturiano.
Gran revuelo han causado en la ciudad de Oviedo (España) las declaraciones del director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, quien denunció que el 95 por ciento de los asesinatos y violaciones de derechos humanos que se cometen en Colombia son obra del ejército. Dijo en Rueda de prensa que recabaron pruebas y denuncias capaces de destapar la corrupción que hay en el Gobierno de Álvaro Uribe, presidente de Colombia. También aseguró a la prensa que comprobaron que la mayor parte de los asesinatos que se cometen "ya no son obra de grupos paramilitares sino que los llevan a cabo miembros del ejército colombiano".
Según reseña la agencia informativa EFE, Palacios comentó que "Son los llamados falsos positivos, cogen a jóvenes marginales, les quitan la vida y después les visten con el uniforme militar para que sus cuerpos no puedan ser reclamados por sus familias".
La delegación asturiana denuncia que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, "sino una práctica muy extendida" cometida por un importante número de unidades militares. Las ejecuciones militares son una práctica extendida y sistemática que se produce en muchas zonas del país, lo que demuestra que están planificadas desde el propio Gobierno", apuntó Palacios. [...]
[...] En Colombia existe un conflicto político, social y armado, que enfrenta en el plano militar al Estado y a las organizaciones insurgentes. El conflicto no ha cambiado sustancialmente. Las causas de este conflicto iniciado hace décadas son diversas, fundamentalmente la desigualdad y la injusticia social, que ha supuesto el despojo de tierras de los campesinos, sumado al papel de las multinacionales y a la eliminación física de los adversarios políticos y sociales.[...]
[...]Es un verdadero escándalo, sin precedentes en ninguna otra parte del mundo, el número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército colombiano. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario investiga actualmente cerca de 1.300 casos con más de 1.600 víctimas.
Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo de todo el país. La destitución en octubre de 2008 de tres generales y otros 24 oficiales y suboficiales, incluidos cuatro coroneles, y la renuncia en noviembre de 2008 del Comandante en Jefe del Ejército colombiano, demuestra la inequívoca responsabilidad de las fuerzas armadas colombianas en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad [...]
Tras el asesinato de Robert de Jesús Guachetá, autoridad tradicional del Pueblo Nasa, el Consejo Regional Indígena del Cauca reitera al Estado colombiano evitar la impunidad y brindar garantías suficientes y necesarias para defender la vida y los derechos humanos de las autoridades tradicionales indígenas, de los líderes amenazados y sus familiares.
Comunicado CRIC.
Asesinado Robert de Jesús Guachetá, Autoridad Tradicional de la Asociación Territorial Indígena de la Zona Occidente, Morales
El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, repudia el asesinato de que fue víctima Robert de Jesús Guachetá, gobernador suplente del resguardo Nasa de Honduras, encontrado muerto horas después de haber salido de su casa familiar, en la madrugada del día 18 de mayo de 2009, en Tierradentro, corregimiento del resguardo indígena de Honduras, municipio de Morales, Cauca.
Robert de Jesús Guachetá, actual vice gobernador del cabildo de Honduras, miembro de la Comisión Política del Concejo Regional Indígena del Cauca y de la Minga de resistencia Social y Comunitaria; había sido presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona Occidente del Cauca, ATIZO; integrante del equipo administrativo de la Asociación Indígena del Cauca-AIC y gobernador indígena en periodos anteriores.
En los últimos seis meses venía siendo víctima de intimidaciones y constantes amenazas, situación por la cual se habían solicitado medidas cautelares ante el Estado colombiano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin conocerse respuestas al respecto.
El compañero Robert, como muchos de los líderes amenazados, había manifestado su rechazo a la implementación de cultivos de uso ilícito en la zona y criticado la política de entrega territorial que realiza el Estado colombiano a empresas mineras de explotación aurífera.
Es conocido también el cuestionamiento hecho ante los efectos nocivos causados por la represa la Salvajina; daños que no han sido reparados ni dado cumplimiento, por parte del Estado colombiano ni por la empresa española EPSA-Unión FENOSA, a los compromisos adquiridos al iniciar actividades en los años 80. Tampoco ha sido posible que respondan por el daño ambiental causado en más de 20 años de ejercicio empresarial.
El Consejo Regional Indígena del Cauca acompaña el dolor que viven las comunidades indígenas por la muerte de Robert de Jesús Guachetá, autoridad tradicional Indígena, y reitera el llamado hecho a la comunidad nacional e internacional, por las comunidades de los resguardos de Agua Negra, Chimborazo y Honduras, desde hace más de 10 meses, por medio del cual se exige cesen las amenazas de grupos paramilitares y, al Estado colombiano evitar la impunidad y brindar garantías suficientes y necesarias para defender la vida y los derechos humanos de las autoridades tradicionales indígenas, de los líderes amenazados y sus familiares, muchos de los cuales se encuentran en situación desplazamiento forzado, para que así el gobierno nacional atienda lo ordenado por el Auto 004/2009, de la Corte Constitucional.
CONSEJERÍA MAYOR CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC.
http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=6570 [...] El 15 de marzo de 2008, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en un Consejo Comunitario, llevado a cabo en la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca, en un claro desconocimiento al derecho de los pueblos indígenas al territorio, y por consiguiente a la propia existencia, califica de delincuentes a quienes adelantan el proceso de liberación de la madre tierra, y como en las más retrógradas historias, de hace más de trescientos años, ordena poner precio a la cabeza de los indígenas.
Dice el presidente Uribe:
"¿Hemos pagado alguna recompensa por información sobre invasores?" [...]
"¡Ofrezcámoslas¡ eso ha sido muy útil en el país. Dicen: "no, es que están allá, están consolidados, que no los rompen". Los rompen. Los delincuentes terminan rotos. A uno le dicen: "no, esa gente es muy unida, se unen para invadir y nadie va a delatar al otro". Mentiras. Los delincuentes terminan acusándose los unos a los otros. [...]"
Señala también:
"Los delincuentes terminan traicionándose, y la recompensa ayuda a que se traicionen. Hay que romperlos con la recompensa, Mi General."[...] Pincha aquí para leer más.
A CONTINUACIÓN UN DOCUMENTAL DE CONTRAVIA SOBRE LA RESISTENCIA Y LA VIOLENCIA QUE PADECE EL MOVIMIENTO INDÍGENA EN COLOMBIA.
Kayap precisó que hasta el momento hay aproximadamente 20 heridos y 40 muertos, “pero pueden ser más porque la Diroes ha entrado a atacarnos con balas y todo es un alboroto”.
