Asociación Nacional de Ayuda Solidaria
ANDAS
Boletín Día a Día del 27 de diciembre al 2 de enero de 2008
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Por Nelson Lombana Silva. Voz
La desmovilización del paramilitarismo es una mentira más del presidente de la de la seguridad democrática, Álvaro Uribe Vélez. El único cambio "sustancial" es que antes se movían uniformados y con distintivos, ahora lo hacen de civil, camuflados entre la población civil y sus primos militares. Para nadie es un secreto que el país sigue paramilitarizado, quizás ahora con más intensidad.
Los municipios de Piendamó, Morales, Cajibío, Mondomo y Caldono, del epartamento del Cauca sufren con intensidad la presencia paramilitar. Los gobernadores indígenas vienen siendo asesinados silenciosamente por exigir la tierra que les pertenece.
Hace un mes fueron asesinados por lo menos cuatro indígenas, 15 heridos, a manos de la policía del municipio de Mondomo, cuando salieron a protestar y exigir sus tierras. Los policías dispararon sus armas y después dijeron el mismo cuento de siempre: Que la protesta había sido infiltrada por la guerrilla.
"Los paras en esta región ahora se mueven de civil. Se presentan como trabajadores en las fincas de la zona, pero en realidad hacen inteligencia", dijo un campesino de la zona.
Pero si por el departamento del Cauca llueve por el Tolima no descampa. El cuatro de diciembre unidades militares adscritas al batallón Caicedo con sede en el municipio de Chaparral, Tolima, asesinaron una presunta guerrillera de civil en el municipio de Ataco y un ex candidato al concejo municipal de Natagaima. Juanías Hernández, recibió 17 disparos de fusil y fue presentado como guerrillero.
De otra parte, hay temor en el municipio de Anzoátegui, Tolima, por las continuas amenazas que ha sido víctima el alcalde electo Hugo Salinas Ruiz. Según su hermano Oscar, "las versiones amenazantes es que no lo van a dejar posesionar el primero de enero de 2008. Son llamadas amenazantes y continuas de desconocidos a pesar de la fuerte militarización que hay en el área".
Explicó Oscar también, que el domingo nueve de diciembre, individuos desconocidos entraron en horas de la noche y le requisaron minuciosamente la casa paterna, sin llevarse absolutamente nada. Afortunadamente, el alcalde electo no se encontraba.
El miedo es generalizado por cuanto ni siquiera se respeta la navidad para departir tranquilamente. La zozobra es la latente, pero los medios y el presidente Uribe dicen otra cosa.
Acusan al Ejército de violar los derechos humanos en el sur del país
Comité de Defensa de Derechos Humanos del Suroccidente
Los hechos, según las denuncias, se vienen presentando en la frontera colombo ecuatoriana, en el pie de monte de la costa pacifica nariñense, más exactamente en la veredas Corosala, Mugí y El Azucar, sobre el río Mira en corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco.
El lunes 17 de diciembre de 2007, hizo presencia en los sitios mencionados, un grupo de militares del Ejército Nacional, al mando del coronel Jerez, pertenecientes a los batallones contraguerrillas 113 y 116, de la Brigada Móvil No. 19, y del Escuadrón Escorpión, del Batallón Antinarcóticos, adscritos a la Tercera División del Ejército de Colombia.
El día siguiente, aproximadamente a las 4:00 de la tarde, arribaron a las viviendas de Jorge Luis Cuajibioy y de Iván Velasco, a quienes señalaron de pertenecer a las FARC-EP, y procedieron a golpearlos y a quitarles y destruirles la ropa. Luego los obligaron a abrir un hueco y los encañonaron con los fusiles diciéndoles que los iban a matar. Finalmente se burlaron de su condición de indefensión, les tomaron fotografías y se comieron siete gallinas de propiedad de las dos víctimas. Los abusos contra la comunidad campesina e indígena de la región se prolongaron hasta el 29 de diciembre.
Entre los abusos cometidos por los uniformados con mayor frecuencia se destacan, según las denuncias: señalamiento a los habitantes de ser guerrilleros; robo a los habitantes de alimentos, animales y dinero; destrucción de muebles e inmuebles; golpizas y trato degradante; sacar a los campesinos de sus viviendas a altas horas de la noche, ubicarlos en filas y disparar cerca de ellos en busca de información sobre el paradero de la insurgencia; hacer presencia en la zona sin distintivos ni insignias que los identifique; fotografiar ilegalmente a líderes y a miembros de la comunidad; realizar empadronamientos ilegales; amenazar a los residentes con "la llegada de paramilitares que los ajusticiarán por no colaborar o por denunciar".
Denuncian asesinatos del Ejército en el oriente antioqueño
Varias ejecuciones extrajudiciales han sido atribuidas a las fuerzas del orden este fin de año bajo la política de seguridad democrática del presidente Uribe
Por Camilo Raigozo. VOZ
La Corporación Jurídica Libertad informó a la opinión pública nacional e internacional las denuncias sobre nuevas ejecuciones extrajudiciales que el Ejército Nacional ha perpetrado en los municipios de Argelia y Sonsón en el oriente de Antioquia.
Habitantes de la vereda el Pital del municipio de Argelia, denunciaron ante las autoridades locales que en el sitio La Cristalina, el 24 de noviembre de 2007, fue ejecutado extrajudicialmente el campesino Dubán Antonio Estrada Atehortua, quién se encontraba en compañía de los labriegos Diego Orozco y Wilmar Alzate Salazar, en labores de caza y pesca, cuando fueron sorprendidos por tropas del batallón Bárbula, pertenecientes a la 14 brigada del Ejercito Nacional, quienes dispararon indiscriminadamente contra las tres personas.
Diego Orozco y Wilmar Alzate lograron huir del lugar y salvaron sus vidas. El cuerpo de Duban Antonio Estrada fue trasladado por personal del ejército hasta una base militar ubicada cerca del municipio de Puerto Boyacá, a donde fue entregado a sus familiares y amigos que debieron desplazarse hasta esa alejada zona para recuperar el cuerpo de su ser querido.
El día 18 de diciembre de 2007 a las 7:00 de la noche, en la Vereda Santa Marta del municipio de Sonsón, fue detenido en su hogar José Albeiro Rendón, por dos soldados del Batallón Granaderos de la cuarta brigada del Ejército, quienes lo despojaron de un revolver que llevaba y lo redujeron a condiciones de inferioridad.
Rendón y su familia le suplicaron al personal militar que no lo mataran y que él se entregaba a las autoridades. Sin embargo, los soldados le dispararon delante de su esposa y de sus cinco hijos. Momentos después llegaron más soldados y permanecieron abusivamente en la vivienda hasta el día siguiente. Luego procedieron a trasladar el cuerpo de la víctima hasta el casco urbano del municipio de Argelia donde lo mostraron como guerrillero dado de baja en combate.
El pasado 22 de diciembre, en la Vereda El Pital del municipio de Argelia, fue ejecutado extrajudicialmente Mario Ángel Cardona Aristizabal, cuando se encontraba en sus faenas agrícolas cerca de su finca. El cuerpo fue trasladado por las militares hasta el casco urbano del municipio de Argelia y allí lo cremaron como NN.
El 17 de noviembre la víctima había formulado denuncia ante las autoridades municipales de Argelia, por la constante persecución de que venia siendo víctima por parte de personal militar, quienes lo acusaban de ser miliciano de la guerrilla y aseguraba que su nombre estaba en una lista que manejaba el ejército.
Los habitantes de la vereda El Pital se vieron avocados a desplazarse hasta el casco urbano del municipio de Argelia en donde permanecieron por temor a represalias y a los señalamientos del Ejército de ser auxiliadores de la guerrilla. Solo hasta el 24 de diciembre cuando funcionarios de la Unidad Móvil de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño se hicieron presentes y recibieron las primeras denuncias de los hechos, pudieron retornar a sus parcelas.
Ejército desapareció y asesino a campesino en el Magdalena Medio
Una denuncia de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra difundida por Prensa Rural el pasado primero de enero, da cuenta de los siguientes hechos:
A las cinco de la mañana del 28 de diciembre anterior, tropas del Batallón Calibío bajo el mando del teniente Páez allanaron ilegalmente la vivienda de Manuel Parmenio Hernández Anaya, en la vereda La Poza, municipio de Cantagallo (Bolívar). Los soldados sacaron a la familia de la vivienda con la amenaza de que los matarían a todos y los hicieron marchar con ellos.
Horas después liberaron a la esposa y a los hijos, pero el campesino quedó en poder de la tropa sin que hasta el momento se conozca su paradero. La familia y la comunidad temen lo peor y hacen un llamado a los organismos de control del Estado y ONG defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras a que insten al Gobierno colombiano a devolver sano y salvo al campesino.
Al cierre de este boletín, se supo que el 3 de enero de 2008, su familia angustiada por no saber nada sobre su paradero decidió trasladarse a la ciudad de Barrancabermeja (Santander), para averiguar por él. Fue muy grande la sorpresa que se llevó esta familia, al enterarse que Parmenio Manuel Hernandez, ya llevaba cinco días de haber sido asesinado por tropas del Ejército Nacional.
Bloqueo económico en Guamocó
Así mismo, relata Prensa Rural, en el municipio de El Bagre (Antioquia) se están presentando nuevos bloqueos de alimentos, medicinas y combustibles, sobre los sectores rurales, pues los campesinos deben sacar un engorroso permiso en la base del Ejército para poder pasar sus mercados.
Los habitantes de la región no pueden llevar enlatados ni medicamentos porque el Ejército los acusa de que los están llevando para las guerrillas que operan allí. Las tropas son las que determinan que y cuanto mercado, combustible y medicinas pueden pasar.
Los habitantes de Guamocó, sur de Bolívar, se están viendo muy afectados por estas limitaciones que impone arbitrariamente el Ejército, ya que tienen que dirigirse hasta la base militar a diligenciar el tortuoso permiso. Cuando a los militares les parece que lo que llevan los campesinos excede los límites, entonces proceden a decomisarles los "sobrantes", que, según la denuncia, jamás devuelven sin que nadie les responda por los abusos.
'Paras' asesinaron al menos a cinco personas
Narco-paramilitares fuertemente armados llegaron hasta una vivienda ubicada en zona rural del municipio de Leiva en el sureño departamento de Nariño y dieron muerte a por lo menos cinco personas, entre ellas un niño. Extrañamente la matanza de los inermes campesinos tuvo lugar en una zona altamente militarizada y no hay explicación de cómo el grupo criminal se desplaza sembrando dolor y luto en los habitantes, sin que sea detectado por las tropas del Ejército Nacional acantonadas en el área. Al cierre de esta nota la información recibida por VOZ era fragmentada y no se pudo establecer la identidad de las personas asesinadas a sangre fría con armas de fuego. Así mismo la comunidad temía que los paramilitares continuaran su orgía de sangre en ese conjunto de veredas.
Ejército asesinó a ex trabajador de Nestlé y a un tendero
De un disparo en la cabeza fue asesinado Sigifredo Higuera Ramírez. El crimen se produjo en el sitio arqueológico conocido como Cercado de los Zipas en Facatativa, Cundinamarca y fue ejecutado por un miembro del Ejército Nacional, adscrito al Batallón de Comunicaciones Manuel Murillo Toro, al mando del teniente coronel Oscar Hernán Peralta Rodríguez. El asesinato se produjo aproximadamente a las 4.55 a.m. del pasado 28 de diciembre, en momentos en que Higuera Ramírez se encontraba haciendo deporte. La víctima tenía 63 años, fue miembro de Sinaltrainal y trabajó 29 años para Nestlé, de donde fue despedido el 8 de octubre de 1993, debido al cierre de la división Chambourcy.
Por otro lado, en el municipio santandereano de El Playón dos soldados pertenecientes a la Quinta Brigada del Ejercito, asesinaron al tendero Elibardo Arizmendi González. Uno de los militares sacó por la fuerza a Arizmendi quién atendía su negocio de cigarrería y lo asesinó de dos disparos. Los familiares de la víctima claman que se haga justicia y se castigue a los asesinos, por este crimen de Estado.
Ejército asesinó a campesina en Urabá
Los hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre en la vereda Arenas Bajas, San José de Apartadó, Antioquia, cuando María Margarita Giraldo Úsuga, de 48 años, madre de tres hijos, se encontraba recogiendo yuca cerca de su casa. El ejército la detuvo y se la llevó. Así mismo las tropas ingresaron en la casa de la campesina disparando indiscriminadamente, logrando escapar dos hijas. Una vez dentro, los militares robaron dinero, animales y destrozaron la vivienda. El siguiente día, mandos castrenses reportaron a Margarita Giraldo como guerrillera dada de baja en combate. El mismo 23 de diciembre, en la salida de Apartadó hacia San Josesito, a cinco minutos del retén de la Policía, paramilitares de civil y con armas cortas establecieron por más de tres horas un retén ilegal. El día anterior, los mismos 'paras' habían amenazado de muerte a la viudad de Juan Javier Manco, asesinado ocho días antes por personal del Ejército, sí esta persistía en las denuncias y si no abandonaba inmediatamente la zona.
Sin olvido: homenaje a Julio Henríquez Santamaría, desaparecido y asesinado por los 'paras'
Por Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
Henríquez había desaparecido en febrero de 2001 y sus restos fueron encontrados recientemente luego de las declaraciones del jefe paramilitar Hernán Giraldo.
Después de seis años de búsqueda, en la que sus amigos y familiares, así como organizaciones de derechos humanos habían aunado esfuerzos para encontrarlo y exigir que se castigue este crimen de desaparición forzada, se logró llevar hasta la etapa de juicio y que los victimarios reconocieran su crimen, dieran las coordenadas del lugar de la fosa individual con sus restos mortales.
El 11 de octubre de 2007, luego de una diligencia de exhumación en la vereda la Estrella a cinco minutos de Calabazo, dirigida por la Unidad de Justicia y Paz, se recuperaron sus restos que ya han sido identificados.
Nació el 29 de marzo de 1952 en Cereté (Córdoba). Hijo de Julio, dedicado al comercio de calzado y Belarmina, modista y comerciante, única mujer en el pueblo que acompañaba el cuidado de su casa y su familia, con la administración de un pequeño almacén de su propiedad.
Estudió Biología en la Universidad Libre de Bogotá en donde fue Presidente del Consejo Estudiantil. Hizo parte del Comité Editorial del periódico de la Unión Revolucionaria Socialista (URS) hasta que se radicó en Santa Marta junto a su hija Nadia y su esposa Zulma Chacín, quien estaba en embarazo de Julio. Allí acompañó la fundación del Jardín Infantil "Los Pioneritos", y se vinculó al M-19 a través del "Frente Democrático" con mucha actividad política local, junto a Ricardo Villa, su gran amigo y compañero.
Hacia 1984, luego de un período de persecución, vigilancia y allanamientos y por la presión por la protección familiar ya que nace Bela, su tercera hija, decidió acogerse a la amnistía propuesta por Belisario Betancourt y radicarse en Guacamayal, corregimiento de Ciénaga en la Zona Bananera.
A finales de los ochenta, cuando se empezó a hacer fuerte presencia paramilitar en ésta zona, la ocupación territorial basada en asesinatos selectivos e indiscriminados, amedrentamientos, amenazas, desplazamiento y abandono de tierras, hicieron que malvendiera las tierras y regresara a Santa Marta, ubicándose con su familia en Calabazo, zona de amortiguación del Parque Tayrona y en la misma Santa Marta.
Para 1990, Julio se articuló a la Alianza Democrática M-19 con quienes se lanzó como candidato suplente al Consejo Municipal junto con Clementina Cayón de Bateman. Coincidencialmente, para esta fecha se dio el proceso de paz con el M-19. Luego participó de la campaña para la Asamblea Nacional Constituyente y apoyó la candidatura al Senado de la República de Ricardo Villa, quien fue asesinado.
En medio del activismo en Derechos Humanos desde el Comité Permanente de Derechos Humanos en Santa Marta, fue nombrado como Consejero de Paz del Departamento del Magdalena en 1992. En este proceso acompañó la desmovilización del EPL y el proceso de conformación de Esperanza Paz y Libertad en el Magdalena, así como acercamientos para la posibilidad de diálogos para la Paz. En esta tarea, logró que un exgobernador del departamento del Magdalena, Ríascos Labarcés fuera liberado por parte de la FARC, en un acto unilateral y sin ninguna contraprestación, con la sola intención humanitaria en busca de la Paz. En este contexto se dieron las primeras amenazas en contra de su vida.
Adicional a su trabajo en Derechos Humanos, Julio formuló Proyectos Ambientalistas logrando ejecutar, uno con CIPS-CORPAMAG, y otros con los Comités de Pescadores del Parque, fortaleciendo el de Buritaca, donde al término de su contrató fue amenazado para que se retirará de la zona.
Dejando el cargo en la Gobernación, se dedicó de lleno al trabajo en derechos humanos, siendo presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos en Santa Marta. Sin embargo, en 1993 amenazaron fuertemente a todos los miembros del Comité y asesinaron a uno de sus miembros, lo que produjo la completa desarticulación del espacio y la dispersión de todos sus integrantes.
Es entonces que decidió volver a su finca de Calabazo, vereda cercana a Santa Marta y ubicada en la zona de amortiguación del Parque Tayrona, sobre la ruta ancestral a Pueblito, encontrándose con que allí las tierras no son productivas para cultivos ni para cría de ganado, sino más aptas para el turismo y la protección de bosques. Julio se dedicó a sembrar árboles frutales y a proteger el bosque nativo, sin embargo, entran los paramilitares también en esta zona.
Posteriormente, emigra a Chile en donde se diploma en Economía Solidaria y trabaja en este medio hasta su regreso a Colombia, dedicándose a capacitar en este tema y a administrar e impulsar varias empresas de trabajo asociativo.
Se desempeñó como docente, vicerrector de extensión y por un corto período como Rector de la Corporación Unificada Nacional (CUN) en Santa Marta hasta que se dieron las reformas administrativas en esta Corporación.
Fundó para entonces, la Empresa Asociativa de Capacitación EMACAP, junto con pensionados del SENA –Servicio Nacional de Aprendizaje–. Allí formó, impulsó y apoyó la creación de pequeñas empresas en Santa Marta y en la región. También ejecutó y formuló Proyectos Ambientalistas con CORPAMAG en las veredas cercanas al Parque Tayrona, así como con Comités de Pescadores de la Troncal del Caribe.
Julio realizó procesos de formación en cooperativismo y tecnificación de procesos productivos y comercialización con los pescadores de la zona norte del Magdalena y con la Federación de Pescadores del Norte del Magdalena FEPESNOMAG, de la cual era el Secretario Docente. Allí se formuló un proyecto de cría de langostas en Taganga, desarrollado actualmente con algunas modificaciones por Ecofondo.
Como parte de su fortalecida línea de trabajo, en el año 2000 decidió volver a Calabazo para impulsar junto con los pobladores de la región, un proyecto de ecoturismo y de reforestación, así como la creación de reservas naturales en la zona de amortiguación del Parque Tayrona.
Es así que el domingo 4 de febrero de 2001 estando reunido con campesinos y parceleros de la región en la Asamblea de Constitución de la Asociación Ambientalista Comunitaria de Calabazo "Madre Tierra", varios hombres armados, paramilitares, bajo el mando de Hernán Giraldo Serna y Francisco "Pacho" Muzo, se lo llevaron a la fuerza frente a la mirada impotente de más de 20 personas.
Luego de seis años de búsqueda, en la que sus amigos y familiares, así como organizaciones de derechos humanos hemos aunado esfuerzos para encontrarlo y exigir que se castigue este crimen de desaparición forzada, se logra llevar hasta la etapa de juicio y que los victimarios reconozcan su crimen, den las coordenadas del lugar de la fosa individual con sus restos mortales.
El 11 de octubre de 2007, luego de una diligencia de exhumación en la vereda la Estrella a cinco minutos de Calabazo, dirigida por la Unidad de Justicia y Paz, se recuperaron sus restos que ya han sido identificados.
"Ahora nos preparamos para el funeral de nuestro querido y valeroso Julio. El 15 de Diciembre de 2007, fueron entregados simbólicamente sus restos por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el Salón Bolívar de la Gobernación del Magdalena. Cuando todo el proceso investigativo termine, lo llevaremos hasta el Cementerio San Miguel donde están enterrados sus padres, abuela y familiares de su esposa", advirtieron amigos y familiares.
"Esperamos por fin encontrar tranquilidad para su alma y la nuestra", agregaron su esposa y sus hijas.
Allí estuvieron acompañados de todos y todas quienes soportaron durante estos años las ganas de abrazarlo; "a todos y todas las personas e instituciones nacionales e internacionales que nos ayudaron a encontrarlo, denunciaron y presionaron para que se hiciera justicia; a todos y todas las que impulsaron la acción de la justicia hasta el punto en el que se encuentra el proceso; y los y las que seguimos trabajando fuerte para que los crímenes de lesa humanidad no sean parte de este conflicto y para que el conflicto mismo termine.
"A todas ellas y todos ellos, la bandera de Julio Henríquez Santamaría, que es de muchos colores y su vida que representa la vida de tantas y tantos luchadores sociales, ambientales, políticos, comunitarios, de derechos humanos, nuestra mejor gente, la que ya no tenemos junto a nosotros haciendo lindo este país", dijo en su intervención una de sus hijas.
