El Comité de Impulso del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) ha venido discutiendo sobre el proceso relacionado con el PLAN NACIONAL DE ACCION DE DERECHOS HUMANOS, (PNADH), lo cual ha generado algunas reflexiones que nos permitimos resumir en los siguientes puntos:
Se parte en valorar el proceso que desde hace más de dos años vienen adelantando la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una cooperación para la paz y la democracia en Colombia, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, quienes se han comprometido en articular esfuerzos en la perspectiva de construir un plan nacional de acción en derechos humanos que cuente con la participación de todos los sectores sociales.
Sin embargo, es necesario analizar con detenimiento si partiendo de la caracterización actual del régimen político, la interlocución que se está realizando frente al PNADH, lograra empoderar a las organizaciones sociales o más bien se constituirá en un mecanismo que de un lado fraccione a las organizaciones sociales que participen de este proceso, y de otro lado, contribuya a legitimar las políticas del actual gobierno y fortalecer un régimen antidemocrático y autoritario que se ha erigido sobre la militarización y control social donde la población no se concibe como sujeto de derechos, ni como destinataria de protección estatal sino como un instrumento de guerra, y donde la persecución y estigmatización de organizaciones sociales, partidos de oposición y de todo aquel que se oponga, ha sido una constante en los discursos oficiales.
Para tal efecto el Movice parte de hacer un análisis general a partir de los siguientes elementos:
La CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS celebrada en Viena del 14 a 25 de junio de 1993 subrayó “la responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de fomentar y propiciar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. Llamó igualmente a los Estados a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la declaración y programa de acción adoptados en dicho evento.
Sin embargo el Estado Colombiano no solo no “fomento ni propició el respetó de los derechos humanos”, sino que estimuló políticas que agravaron hasta extremos intolerables la crisis humanitaria que ya venia padeciendo el país desde los años 80.
Durante su 52 periodo de sesiones en 1996, la Comisión de derechos humanos de la ONU reconoce que la situación en Colombia no había mejorado de forma significativa y pide “establecer a la mayor brevedad, una oficina permanente en Colombia con el mandato de asistir a las autoridades en el desarrollo de políticas y programas para la promoción y protección de los derechos humanos, y de observar las violaciones de los derechos humanos en el país, haciendo informes analíticos para el Alto Comisionado”; desde entonces los sucesivos informes de la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia expresan su preocupación por la ascendente crisis humanitaria y los evidentes vínculos de entidades y funcionarios públicos con los crímenes de grupos paramilitares, situación que el alto gobierno negó reiteradamente.
Desde 1996 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU emanó un compendio de recomendaciones al Estado para mejorar la situación de derechos humanos en el país, entre ellas la de adoptar un Plan de acción en derechos humanos. Ninguna de ellas fue cumplida por las entidades Estatales. Simultáneamente la Corte Interamericana de derechos humanos profería diversos fallos condenatorios contra el Estado al comprobar sus nexos con los crímenes del paramilitarismo. Decenas de investigaciones e informes de misiones y entidades internacionales de derechos humanos verificaron una y otra vez la relación de entidades del Estado, especialmente sus fuerzas armadas y organismos de inteligencia, con grupos paramilitares.
Hoy, los procesos judiciales sobre la llamada “parapolítica” han descorrido el telón y han confirmado que los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos han sido y son perpetrados por los grupos paramilitares en connivencia, complicidad y unidad de acción con fuerzas de seguridad estatales, o que cuentan con su aprobación y tolerancia. Que dichos crímenes atroces han sido y son ejecutados de forma sistemática y planificada contra sectores sociales, populares y políticos que han llevado a cabo acciones de oposición o de reivindicación integral de sus derechos.
Igualmente esta situación ha puesto en evidencia que la administración de justicia ha sido y es funcional al desarrollo de esta estrategia paramilitar, y que ello se demuestra en la impunidad en que se encuentran la gran mayoría de las investigaciones emprendidas para esclarecer los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos. Que la impunidad ha posibilitado la repetición de los crímenes, la concentración de la propiedad sobre la tierra, el desplazamiento forzado, y la extensión y consolidación de estas estructuras criminales.
Una vez el paramilitarismo ha sido funcional a las estrategias y los intereses del Estado, el narcotráfico, los latifundistas y el empresariado nacional y transnacional el Presidente Uribe pone en desarrollo un artificioso proceso de desmovilización e indulto al paramilitarismo, bajo el sustento de una engañosa “seguridad democrática”. Los acuerdos con el paramilitarismo incluyen evadir la verdad, burlar la justicia, garantizarle a los paramilitares las propiedades robadas a los millones de desplazados, negar los derechos de las victimas, mantener oculta la responsabilidad del Estado y facilitar la consolidación del poder paramilitar en esta nueva etapa, poder que persiste y siguen ejerciendo desde las cárceles y desde muchas regiones del país como lo confirmaron las elecciones del pasado 28 de octubre, tal cual lo han denunciado medios de prensa.
Mas de 30 dirigentes políticos detenidos, entre ellos 15 congresistas, dos gobernadores, 5 alcaldes, el exdirector del Das Jorge Noguera Cote, así como su jefe de informática, Rafael García Torres, lo mismo que ex parlamentarios, concejales, diputados, ex mandatarios y hasta el vicepresidente Francisco Santos y el Ministro Juan Manuel Santos, funcionarios investigados o con ordenes de captura, evidencian los vínculos de los paramilitares en todas las instituciones del Estado.
De otro lado, el Presidente Uribe ha planteado que su política de derechos humanos es la seguridad democrática y que esta política se debe convertir en una política de estado. Para tal efecto ha lanzado lo que se conoce como “la estrategia de fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social” (2007 -2013) con el cual pretende con el concurso de la cooperación internacional, consolidar el plan Colombia y la política de seguridad democrática.
Efectivamente, el Gobierno colombiano parte de la afirmación que estas políticas “...han permitido generar las condiciones de seguridad necesarias para recuperar la confianza nacional e internacional en las instituciones y en la economía, llevando a que hoy el país cuente con un ambiente propicio para la inversión local y extranjera. El impacto de estos desarrollos en el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los colombianos ha sido significativo...”
Así mismo que el Plan Colombia ha contribuido al bienestar social y económico de los colombianos, la disminución de los cultivos ilícitos de los índices de pobreza, el debilitamiento de las organizaciones narcoterroristas y finalmente que el crecimiento económico y el mejoramiento de la situación de derechos humanos ha sido posible gracias a la combinación de políticas sociales activas, los avances en materia de seguridad democrática y el fortalecimiento de la política para la protección y promoción de los derechos humanos...”[i] que ha logrado reducir las cifras en violaciones a los derechos humanos entre otros aspectos.
¿Realidad o ficción?
El Movimiento Nacional de víctimas de crímenes de estado, reafirma que el plan Colombia y la implementación de la política de seguridad democrática promovida bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico y el “terrorismo” no ha sido otra cosa que un plan para reposicionar los Estados Unidos no solo en Colombia, sino en el continente tanto en el campo militar como en el campo económico.
Los Estados Unidos, entre (1997-2007) le habrían dado a América Latina y el Caribe un total de 7 mil trescientos millones de dólares en ayuda militar y policía, de los cuales la policía y el ejército colombiano habrían recibido 4 mil novecientos millones de dólares, es decir dos de cada tres dólares de esta ayuda para la región la ha recibido Colombia [ii], y mientras que las militarización de la vida civil se incrementa, se asiste a un escalonamiento de la guerra donde la población civil es la más afectada, se insiste en desconocer la existencia de un conflicto armado y social reduciéndolo a una amenaza terrorista; sometiendo los derechos humanos a las necesidades militares, privilegiando la ofensiva militar sobre la inversión social de las mayorías y sobre la negociación política del conflicto, que ha llevado a una institucionalización de la guerra, la vulneración del principio de distinción y el incremento de las violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos así como el agravamiento de la situación humanitaria, tal y como lo demuestran innumerables informes de organizaciones de Derechos humanos.
Mientras la situación política, económica y social se agrava, el presupuesto nacional se invierte en la guerra en detrimento del bienestar social y económico de los colombianos. Un reciente informe del PNUD y 8 universidades de diferentes regiones del país[iii] , señalan que 17 millones de colombianos, es decir el 44% de la población nacional viven en situación de pobreza, y 6 millones de personas viven en condiciones de indigencia, ocupando Colombia el tercer puesto, como el país los mayores índices de desigualdad en América latina, después de Haití y Brasil.
Lo anterior indica que los “beneficios del mejoramiento de la economía”, han estado destinados favorecer a las empresas nacionales y trasnacionales y no al grueso de la población colombiana. Y mientras el Gobierno se encuentra buscando recursos de la cooperación internacional para la implementación de su estrategia para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social, vemos como el presupuesto (2008) para la defensa y la seguridad democrática se triplicará, ya que por los menos $18,5 billones (tres veces más que en el 2007), lo que equivale al 5,6% del Producto Interno Bruto, será para el fortalecimiento de la capacidad de la fuerza pública en detrimento repetimos de la inversión social.
De otra parte, se asiste a un proceso de legalización de la impunidad de los crímenes cometidos por la estrategia paramilitar y a su reingeniería en lo político, económico , social y militar, que se evidencia en la aplicación de la llamada ley de “justicia y paz”, donde victimas han sido sometidas a nuevos procesos de represión y revictimización y las políticas publicas promovidas desde el ejecutivo están destinadas a negar su responsabilidad en el desarrollo del paramilitarismo y en los crímenes cometidos, favorecer a los victimarios y desconocer los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad , la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
Estos son apenas algunos elementos para el análisis, que buscan alimentar el debate si el llamado proceso de construcción del PNADH, y si este plan se inscribe en un concepto de democracia, garantías, paz, justicia social y plena vigencia de los derechos humanos o es un plan que pretende ser “concertado” para legitimar las políticas de seguridad/pacificación militar, acompañado de programas sociales, reconciliación forzada entre víctimas y victimarios, inversión extranjera en zonas geoestratégicas, etc., ?
Estos elementos, deben llevar a un debate constructivo y propositivo, sin perder la perspectiva política que debe rodear este proceso. Indudablemente hay un desgaste en el Gobierno Colombiano y una especie de “aislamiento” que se expresa en los pronunciamientos de los Congresistas norteamericanos, la discusión sobre el TLC, el balance negativo de la aplicación de la ley de justicia y paz frente a los derechos de las victimas ( Informes CIDH, ONU, UE, FIDH, etc.), el rompimiento del proceso de facilitación para el Intercambio Humanitario, lo que evidencia que las denuncias que las organizaciones sociales han venido haciendo han tenido eco, y lo que debemos hacer es aprovechar este contexto para el fortalecimiento de las propuestas alternativas y ser cuidadosos para que nuestro accionar no termine oxigenando al Gobierno de Uribe y fortaleciendo su discurso oficial.
Adicionalmente preocupa que se esté creando un clima donde se pretende mostrar que romper con la “interlocución”, se constituiría en una especie de “Hecatombe”. El Comité de impulso considera que si en el curso de este proceso se agrieta más el prestigio del Gobierno y si se generan condiciones para que haya un auge del Movimiento popular debe haber un momento en que tengamos que decidir por una ruptura de la Interlocución , y es aquí donde está la discusión de fondo, que nos lleva a preguntar si en el curso del proceso de construcción de un Plan de acción en D.H. se abordaran temas como la política de seguridad democrática, el proceso paramilitar y la aplicación de la ley de Justicia y paz, la solución negociada del conflicto, el acuerdo humanitario, entre otros aspectos.
La discusión del Movice no se centra en si se debe participar o no en este proceso, o de asumir una actitud contestaría o radical. Sino que a partir de una realidad muy compleja, y que este proceso sirva para ganar y no para retroceder y debilitar al movimiento social. Por ello es necesario concertar unos espacios que permitan ganar identidades frente a estas preocupaciones y que logremos sumar en una apuesta política que este orientada a alimentar en un proceso activo y propositivo la construcción de un Plan Alternativo que parta de las reflexiones que desde hace muchos años diversos sectores del movimiento social colombiano han hecho tanto en espacios de concertación, negociación, discusión, así como encuentros sectoriales, y donde mas allá de los diagnósticos y evaluaciones, se han enarbolado y levantado propuestas y alternativas para la acción colectiva y transformadora a favor de las grandes mayorías excluidas dentro de un nuevo modelo de sociedad democrática, incluyente, equitativa y justa. El Movimiento Nacional de Victimas de crímenes de Estado comparte la necesidad de una política integral de derechos humanos que permita superar la crisis humanitaria que vive el país, esa política no puede ser solo un proyecto para el futuro; debe comenzar por resolver los problemas humanitarios generados por la violencia ejercida en el pasado desde la institucionalidad política del país, comenzando por la impunidad.
Para nosotros está claro que, de entrada, cualquier plan de acción en derechos humanos choca con la política de “seguridad democrática”, que representa un proyecto regresivo de largo plazo, hasta el punto que el gobierno planea elevarlo a canon constitucional. ¿Estaría el gobierno dispuesto a declinar la seguridad democrática para dar curso a una política efectiva de derechos humanos y DIH?. La histeria oficial ha dejado como consecuencia mas de un millar de civiles asesinados por la fuerza pública y luego presentados como combatientes dados de baja en combate. Las órdenes de estos crímenes han sido impartidas por el propio Presidente de la República a la oficialidad militar a través de discursos públicos en los cuales “exige resultados” en la lucha contra el terrorismo. En si misma la seguridad democrática es violatoria de los derechos humanos.
El Actual modelo de desmovilización paramilitar y la ley 975 del 2005 son un obstáculo enorme en el camino de un plan de acción en derechos humanos toda vez que ponen en cuestión las posibilidades de verdad, justicia, reparación integral y decisiones de no repetición. Una verdadera política de derechos humanos implica revertir las leyes de impunidad y reconocer los derechos de las victimas individuales y colectivas.
Simultáneamente el gobierno se resiste a facilitar formulas para un Acuerdo Humanitario. Durante los cinco años de gobierno del presidente Uribe solo se han ensayado rescates militares con un saldo trágico de 25 secuestrados muertos. El propio gobierno obstruyó reiteradamente las gestiones de mediación que intentaron hacer diversos facilitadores en busca de una salida incruenta a esta tragedia humana.
No se trata solo de elaborar un documento más de consenso con el gobierno, que emerja como una constancia histórica, sin ninguna posibilidad de aplicación práctica. El pasado reciente esta lleno de acuerdos incumplidos con los indígenas para la devolución de sus tierras; de pactos incumplidos con la población afro, de convenios incumplidos con el movimiento sindical y con muchas comunidades en el país.
Sobre la metodología:
La otra preocupación es frente a la elección de los delegados a la instancia coordinadora. El proceso no ha sido claro. Que pasa en un proceso como este si siguen asesinando gente, se agrava la situación de D.H, y se continúa en este proceso como si nada estuviera pasando.
Si bien este es un proceso que lleva dos años, la información no ha fluido suficientemente a las regiones y el apresuramiento con el que se pretende hacer el evento de nombramiento de los delegados a la instancia coordinadora, sin dar la discusión a fondo sobre el contexto en que se inscribe el proceso de PNADH, puede llevar a que al final y a pupitrazo se termine eligiendo los delegados a esta Instancia lo que arrojaría una confrontación entre el movimiento social y entremos en un etapa donde quien resulte favorecido sea el Gobierno nacional. El problema en el próximo encuentro de sectores no es elegir apresuradamente unos representantes a una instancia superior negociadora, es permitir que las delegaciones de todo el país se informen suficientemente de las características del proceso y entiendan el reto que implica el mismo.
Finalmente, consideramos que las diferencias no están en la caracterización del momento político, sino en las propuestas y mecanismos de enfrentarlo. Las críticas e interrogantes que hemos recibido desde las regiones y organizaciones se resumen en lo siguiente:
Ø Cual es el papel de las organizaciones de derechos humanos y las víctimas en este proceso? Cual es la plataforma política que sustentaría un plan nacional de acción de derechos humanos? Ø Deberían existir unas condiciones mínimas para continuar manteniendo la interlocución con el Gobierno frente al PNACDH ? Hasta donde se llega en esta interlocución y cuando o sobre que situaciones se rompería estos canales de interlocución? Ø Como fortalecer los sectores y organizaciones sociales a partir de esos acuerdos mínimos. Ø Más allá del PNADH, existen mecanismos para construir con y desde los movimiento sociales un PLAN ALTERNATIVO EN DERECHOS HUMANOS? Como se haría, cuales son los compromisos políticos? Ø El encuentro está destinado a nombrar unos delegados a la (IC) sin abordar la discusión política de fondo, o es que esta discusión está limitada al espacio de “interlocución”?. Como y quien define esto? Ø ¿Si el encuentro de diciembre se organiza desde las plataformas es posible convertir este espacio en un inicio de la discusión política y que se diseñen los mecanismos adecuados para dar la discusión en las regiones, con y desde la base y que a partir de este proceso se defina si se participa o no y se reafirmen cuales son los acuerdos políticos para continuar con este proceso de interlocución?
Bogotá, Noviembre 26 de 2007
COMITÉ DE IMPULSO Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado - MOVICE
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