Investigación vincula a 9 DIRECTIVOS DE
El pasado 7 de diciembre
Semanas atrás integrantes de
Hasta ahora la etapa formal de investigación vincula a nueve directivos de la multinacional Chiquita Brands por la transferencia de 1700 millones de dólares a las estructuras paramilitares denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, luego autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a través de
Ante el Departamento de Justicia de USA Chinquita Brands admitió que entregó dinero a los paramilitares para su “seguridad” por lo que fue multada con un pago de 25 millones de dólares. 1000007839 compromete, además, a tres comercializadoras de banano de Urabá que también habrían financiado a los 'paras'. En marzo de este año, el Departamento de Justicia de E.U. y Chiquita llegaron a un acuerdo sanción porque la empresa transfirió aproximadamente 1,7 millones de dólares (más de 3.500 millones de pesos) a las AUC en el lapso transcurrido entre 1997 y febrero del 2004.
Este el primer caso en que el ente investigador ha iniciado la investigación sobre empresas beneficiarias de la estrategia criminal estatal paramilitar. Sin embargo, casos más recientes, que han sido de conocimiento de la opinión nacional e internacional ni siquiera han sido avocados a una investigación formal.
MULTIFRUITS LTDA suscribió un convenio DEL MONTE USA para el desarrollo del proyecto de plátano dentro del Territorio Colectivo de Cacarica, en tierras apropiadas ilegalmente por las estructuras paramilitares
Es el caso de la empresa CI MULTIFRUITS LTDA que suscribió un convenio DEL MONTE USA para el desarrollo del proyecto de plátano dentro del Territorio Colectivo de Cacarica, en tierras apropiadas ilegalmente por las estructuras paramilitares, en lugares como
URAPALMA SA también ocupa tierras apropiadas ilegalmente por los paramilitares, mientras persiste la inactividad judicial.
Una situación similar en materia de investigación es la que atraviesan los procesos adelantados contra las empresas palmeras, como URAPALMA SA o EXTRACTORA BAJIRÄ, donde a pesar de las series de pruebas presentadas y de las persistentes actuaciones ilegales y que realizan cotidianamente en el Curvaradó y en límites con el Jiguamiandó continúan sin el más mínimo asomo de actuación en Derecho, vulnerando los derechos de las víctimas a
La decisión de
Bogotá, D.C. Diciembre 18 de 2007
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