3. IMPUNIDAD DE GRUPOS PARAMILITARES - LEY 975 DE JUSTICIA Y PAZ (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

El Presidente Uribe emprendió un proceso de “reinserción” en la sociedad de los Grupos Paramilitares. Comenzó las conversaciones en septiembre de 2002 con las Autodefensas de Urabá, las del Bloque Central Bolívar y las del Bloque del Alto Oriente y Sur de Casanare. Desde 2002 hasta noviembre de 2003 el gobierno impulsa modificaciones en la Ley de Orden Público para omitir la condición de rebelde político en toda negociación, dando vía libre a las relaciones con los paramilitares y pretendiendo sustraerse de la competencia del Tribunal Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expide el decreto 128 de 2003 que reglamenta la Ley de Orden Público, con los siguientes beneficios:

1. Suspensión provisional de la ejecución de penas.

2. Cesación del procedimiento judicial.

Firma el acuerdo de Santa Fe de Ralito el 25 de Julio de 2003. No se produce cese de los crímenes. Se toleran masacres de campesinos.

La Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz tiene una demanda de inconstitucionalidad presentada por EL MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO, organizaciones de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales^[i].

Por un lado, ven en la norma una lesión de los derechos de las víctimas porque el Estado decreta prácticamente un perdón y olvido de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares (la impunidad) y, por otro, al afectar a derechos fundamentales su procedimiento de elaboración no ha seguido lo estipulado por la Constitución colombiana.

Todo esto acompañado de una infiltración paramilitar en el Estado, en Organismos de Seguridad como el DAS, en gabinetes ministeriales y el staff gubernamental, y la legalización de más de 4 millones de hectáreas expropiadas violentamente a los campesinos desplazados[ii].

Pero estos grupos no han cesado el fuego, siguen cometiendo crímenes. El informe 2002/2006 de la Comisión Colombiana de Juristas (http://www.coljuristas.org/index.htm) denuncia al menos 3005 asesinatos y desapariciones atribuidos a los Paramilitares desde el comienzo de la negociación con el gobierno de Uribe (concretamente desde el 01/12/02) hasta el 31 de julio de 2006, a pesar de que la negociación estaba supeditada al cese de hostilidades. Para mayor desgracia de las víctimas y sus familiares, el Alto Comisionado para la Paz en Colombia, declaró al respecto "el cese de hostilidades es una metáfora que debe manejarse con mucha flexibilidad".

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[i] Web de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”. http://guaiaie.colectivodeabogados.org/rubrique.php3?id_rubrique=167

[ii] Artículo de Horacio Duque. Uribe Vélez legaliza escuadrones de la muerte. 23.11.2003. Publicado en http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/duque2.html