Los paramilitares secuestrando y torturando hijos de dirigentes políticos y sindicales. El DAS detiene a líderes campesinos.

Los paramilitares se han dedicado a matar a familiares de líderes sindicales y políticos ¿Por qué el Gobierno de Uribe otorga impunidad a estos grupos?

El niño de la foto es el HIJO DE 8 AÑOS DE JULIÁN VÉLEZ, un DIRIGENTE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA en el departamento del Meta. El 14 de septiembre de 1991 fueron asesinados Carlos Julián Vélez Rodríguez, su esposa María Norma Garzón, su hijo de ocho años, Luís Carlos Vélez Garzón (Foto), y su hermano Dumas Elkin Vélez Rodríguez. Los paramilitares castraron al niño y lo dejaron morir desangrado sólo por ser el hijo de un dirigente de la U.P. La unión patriótica fue un movimiento político que aglutinó a la izquierda colombiana que entre 1986 y 1992 llegó a representar el 30% del electorado en el Meta y otros departamentos y un 10% en el ámbito nacional a pesar de sufrir un fuerte proceso de exterminio en el que asesinaron más de 3.500 militantes. En la actualidad siguen sufriendo persecución y exterminio.

Queremos denunciar el SECUESTRO Y TORTURA DEL HIJO DE UN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE COCA COLA. La denuncia fue publicada en la página de SINALTRAINAL como sigue:

El día 27 de Septiembre de 2007, aproximadamente a las 4:00 P.M. cuando ANDRES DAMIAN FLOREZ RODRIGUEZ, hijo del Trabajador de la embotelladora de Coca Cola y dirigente de SINALTRAINAL JOSE DOMINGO FLOREZ, venía de regreso del colegio para su casa de habitación ubicada en la Cra 38ª No 204-102 del barrio los ANDES de Floridablanca Santander, fue abordado por tres individuos quienes se movilizaban en una camioneta negra, portando armas, radio de comunicaciones y pasamontañas, procedieron a subirlo por la fuerza y lo arrojaron al piso del carro, lo golpearon y durante el recorrido uno de los sujetos llamo por el radio y dijo “ ya tenemos ese HP, que hacemos con el”, al otro lado por el radio le respondieron, “denle un paseo, casquenlo y dejenle el mensaje”, el sujeto que hablo por el radio dijo “dígale a su papá que no descansaremos hasta verlos descuartizados”, luego lo arrojaron del carro en el sitio el Palenque vía a Lebrija, al frente de unos talleres de mecánica que hay después del puente del intercambiador.

Este nuevo hecho contra trabajadores de Coca Cola afiliados en SINALTRAINAL y sus familiares, se produce después de las amenazas de muerte recibidas en las fechas 10 de Febrero, 26 de Julio, 9 de Agosto, 13 de Agosto, 20 y 25 de Septiembre de 2007. Es de resaltar que el día 24 de septiembre de 2007,comunicamos a la empresa Coca cola que SINALTRAINAL retoma la campaña mundial de denuncia y hemos venido denunciando las empresas transnacionales por su política violadora de los Derechos Humanos y no cedemos ante las amenazas y la represión antisindical que se ha venido ejecutando contra los afiliados en SINALTRAINAL.

Exigimos de la empresa Coca Cola y del Estado colombiano cese la represión contra los trabajadores, se investigue a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos, se garantice el derecho a la vida, de asociación y libertad sindical.

Atentamente,

LUIS JAVIER CORREA SUAREZ
Presidente.

TAMBIÉN NOS HACEMOS ECO DE LA SIGUIENTE ACCIÓN URGENTE:

Detenidos tres directivos y allanada la oficina regional de la
Asociación Campesin del Valle del río Cimitarra
Ofensiva estatal contra la ACVC

Po: Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra / Sábado 29 de
septiembre de 2007

En la vereda El Cagüí, en la ciénaga de San Lorenzo, zona rural del
municipio de Cantagallo (sur de Bolívar) fueron detenidos por agentes
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Andrés Gil,
Evaristo Mena y Óscar Duque, miembros de la Asociación Campesina del
Valle del río Cimitarra (ACVC), quienes se encontraban en una reunión
con la comunidad. Ante la oposición de los campesinos, los agentes
realizaron disparos al aire.

Andrés y Óscar son fundadores de la ACVC y actualmente hacen parte de
la junta directiva de la asociación. Ya el 5 de octubre de 2006, Óscar
había sido detenido arbitrariamente por el ejército, siendo liberado
en días posteriores.

Así mismo, en la ciudad de Barrancabermeja, las autoridades allanaron
la oficina regional de la ACVC, ubicada en el edificio La Tora. Al
lugar arribaron a las cuatro de la tarde cerca de 50 soldados junto a
agentes del DAS. Allí detuvieron arbitrariamente a cinco personas que
se encontraban en el apartamento que sirve de residencia a integrantes
de la ACVC y campesinos del valle del río Cimitarra. También en
Barrancabermeja fue detenido en su residencia Mario Martínez,
directivo de la ACVC.

Andrés Gi, Evaristo Mena y Óscar Duque se encuentran detenidos en las
instalaciones del Batallón Nueva Granada en Barrancabermeja, mientras
que Mario Martínez fue llevado a la sede del DAS. Exigimos que se
respete la integridad y el derecho al debido proceso de los
integrantes de la ACVC, quienes deben ser trasladados de las
instalaciones militares donde se encuentran para presentarlos ante las
autoridades civiles competentes.

Repudiamos esta nueva ofensiva de las autoridades estatales contra la
ACV, organización legítima y legalmente constituida, y que fue
interlocutora del Gobierno Nacional el pasado mes de julio, cuando se
firmaron unos acuerdos para superar la crisis humanitaria regional.

Llamamos a la solidaridad nacional e internacional para que interceda
ante el Gobierno Nacional para que éste respete la organización social
y comunitaria del campesinado del Magdalena Medio y la vida e
integridad de los miembros de la ACVC.
Favor dirigir sus comunicaciones a:
Batallón Nueva Granada
Teniente Coronel Jorge Horacio Romero Pinzón
Mayor Perdomo
Teléfonos: 097 6223238 ó 097 6223205

Presidencia de la República
Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República

E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Fax: 57 1 566 2071

Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co; buzon1@presidencia.gov.co

Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.
Dr. Carlos Franco, Director
Teléfono: 565 97 97 ext. 744
E. mail: cefaro@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Dr. Mario Hernán Iguarán Arana. Fiscal General de la Nación
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co

Defensoría Nacional del Pueblo
Dr. Volmar Pérez Ortiz. Defensor Nacional del Pueblo
Teléfono: 314 73 00
E.mail: defensoria@defensoria.org.co

Procuraduría General de la Nación
Dr. Edgardo José Maya Villazón. Procurador General de la Nación
Teléfon: 336 00 11
E.mail: reygon@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co;
quejas@procuraduria.gov.co

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Colombia.
Teléfonos 658 33 00
oacnudh@hchr.org.co

Programa de Derechos Humanos de la Policía Nacional
Coronel Efraín Oswaldo Aragón. Director
Teléfono: 315 94 38

E.mail: efrainaragon@gmail.com

Oficina de Derechos Humanos del Ejército Nacional
Coronel Enrique Garay Saleg. Director
Teléfono: 266 03 16
E.mail: alie@ejercito.gov.co

La FIDH pone la falsa desmovilización paramilitar en los caminos de la Corte Penal Internacional

2/10/2007Colombia/Justicia

Version English

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publica hoy su informe sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Este informe es el resultado de más de dos años de trabajo, en colaboración con sus ligas en Colombia: el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, ILSA y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y también se basa en la observación de las audiencias de Justicia y Paz que tuvieron lugar de mayo a julio de 2007 en los Tribunales de Justicia y Paz, en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

La Ley de Justicia y Paz se inscribe en un marco jurídico más amplio que tiene por objetivo – según las autoridades - el desmovilizar a los paramilitares, responsables de crímenes de lesa humanidad, otras violaciones graves de derechos humanos y crímenes de guerra.
Las estructuras paramilitares han cometido durante su existencia un promedio de 60.000 crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Sin contar el más de un millón de personas desplazadas que serían causa directa de las estrategias de terror, las amenazas y el accionar paramilitar. Colombia es el segundo país en el mundo con más desplazamientos forzados. En el 2006, más de 219 000 personas han sido desplazadas, y el total es de más 380.000 familias registradas [1]. En Colombia, sólo entre enero y junio de 2007, más de 770 civiles han sido asesinados o víctimas de desaparición forzada. Más de 80 fosas comunes han sido descubiertas, al final del 2006, la Fiscalía estimó que todavía faltaban por encontrar más de 3.000 personas. Sin embargo, se considera que este dato está lejos de reflejar la denuncia de más de 30.000 desapariciones forzadas.

La FIDH ha presentado varias comunicaciones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investigue y juzgue a los responsables de crímenes graves de su jurisdicción. La FIDH, también advirtió desde un comienzo, que el Gobierno de Uribe Vélez debería retirar su declaración, hecha bajo en el artículo 124 del Estatuto de Roma, que sustrae de la competencia de la CPI, los crímenes de guerra cometidos por todos los grupos armados en Colombia.
Hoy en día, de los 30 000 paramilitares desmovilizados, el 92% benefició de un régimen de amnistía de facto instituido por decreto. Sólo un 8% recae bajo la competencia de la Ley de Justicia y Paz, implementada a través de decretos que no respetan la decisión de la Corte Constitucional, que estimó que la misma tenía que adaptarse para que no violara el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Los paramilitares que recaen bajo la Ley de Justicia y Paz están juzgados en audiencias denominadas « versiones libres », y pueden ser condenados a una pena máxima de 8 años, que pueden purgar en « granjas productivas », o imponiendo ellos sus condiciones de « reclusión » lo cual es contrario a los más elementales principios de justicia frente a la gravedad de los crímenes cometidos.

En este informe, se demuestra la falta de voluntad real del Estado de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares y se concluye, que de manera supletoria la Corte Penal Internacional debe actuar para investigar y juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde el 1ro de noviembre de 2002.

Efectivamente, las versiones libres se han convertido en apología del delito y del paramilitarismo. Los paramilitares no están obligados a confesar sus crímenes ni a develar la verdad de quiénes apoyaron sus estructuras, ni a mostrar siquiera arrepentimiento por sus crímenes, ni han sido obligados a entregar todas sus armas de guerra, ni tampoco a entregar sus bienes para reparar a las víctimas, mientras que éstas y sus representantes tienen un acceso muy limitado a las audiencias, se ven imponer obstáculos en su participación en las audiencias.
Además, las víctimas que han asistido a las audiencias de versión libre no han recibido adecuada protección. 16 de ellas ya han sido asesinadas en total impunidad.

La FIDH llama también a las autoridades estadounidenses y europeas para que condicionen sus acuerdos comerciales al respeto de los derechos humanos en Colombia y, a la Fiscalía de la CPI para que abra una investigación sin más demora, que podría cumplir un rol preventivo muy importante

La FIDH concluye que dicho proceso ha sido armado con el ánimo de sustraer los altos mandos del paramilitarismo a la jurisdicción de la CPI. La FIDH urge al gobierno colombiano a que abrogue el marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz o en su lugar expedir un marco legal que cumpla con los estándares internacionales.

Ver también la declaración de Souhayr Belhassen, Presidente de la FIDH, en la rueda de prensa en Bogotá del 4 de octubre de 2007.

Fuente: http://www.fidh.org/spip.php?article4751

6. ELECCIONES EN UN MARCO DE VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE DDHH - OBSERVADORES ASTURIANOS EN LAS ELECCIONES DEL 12 DE MARZO DE 2006 (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

La ONG asturiana Soldepaz Pachakutti nos informa de la experiencia de la Comisión Asturiana de Verificación, encabezada por el Director de Cooperación y Derechos Humanos del Gobierno Asturiano., ya que varias organizaciones sociales colombianas consideraron necesaria una Veeduría Electoral Internacional. Nos informan de que hasta última hora, no entregó el Consejo Nacional Electoral (CNE) las credenciales a estos observadores internacionales. El día previo, sábado 11 de marzo de 2006, la Comisión Asturiana participó en el sepelio del estudiante, comunicador comunitario y poeta Oscar Leonardo Salas Ángel de 20 años, muerto por disparo de la Policía en una movilización estudiantil contra el Tratado de Libre Comercio. Constató la ausencia de medios de comunicación. La Comisión asturiana es invitada por una Red de Organizaciones Sociales de Ciudad Bolívar a ver sus desempeños en un comedor popular y les comunican que sus líderes, representantes de las Juntas de Acción Comunal, son amenazados y viven en zozobra, denuncian el control paramilitar de Ciudad Bolívar y hablan del asesinato de 150 jóvenes en el 2005. La Comisión visitó 3 lugares de concentración de urnas electorales donde constató lo siguiente: propaganda electoral dentro de los colegios, complejidad del mecanismo, hacinamiento de las mesas, ausencia total de privacidad para preparar la papeleta de voto con abusiva presencia militar armada dentro de los locales de votación. Donde la Comisión vivió una situación peligrosa fue en el Colegio Electoral de Santa Viviana, en Ciudad Bolívar, muy cerca de un cuartel militar, en una zona muy pobre. Detectaron civiles armados dentro del Colegio controlando a los votantes. Al denunciar la situación a militares presentes la Comisión fue objeto de interrogatorio y se le impidió seguir filmando cuando los civiles armados salían al exterior. A la puerta del Colegio Electoral constatan con asombro la toma de nombres y cédulas por varias personas. La Comisión preguntó por el sentido de tal control y obtuvo la abierta respuesta de que estaban registrando a las personas para instar a concentrar el voto en un candidato conservador de apoyo paramilitar. Estos hechos fueron notificados a la Veeduría Electoral Internacional y sus abogados y, también, fueron recogidos en filmación que se entregó a los medios. En estas condiciones el resultado es lógico: “el Congreso de Colombia fue copado por varios nuevos partidos afines al Uribismo, dejando casi sin presencia a los partidos tradicionales, conservador y liberal”[i].

---

[i] Informe de Soldepaz.Pachakutti (C/ Manuel Llaneza, 42. 33208 Xixón. Teléfono 985 141 909) sobre experiencia de la delegación Asturiana que formó parte de la Veeduría Electoral Internacional en las Elecciones de Colombia el 12 de marzo de 2006. http://www.pachakuti.org

5. INTERVENCIONISMO NORTEAMERICANO (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

Hoy por hoy Colombia es el país de América que más ayuda militar norteamericana recibe (3.600 millones de $ entre el año 2000 y el 2005), convirtiéndose en consecuencia en un actor clave para entender el conflicto colombiano. De hecho Colombia es el país del mundo con mayor cantidad de militares y policías entrenados por personal norteamericano[i].

El intervencionismo de EE.UU. es un obstáculo para la Paz y el respeto a los derechos humanos que junto a las clases más reaccionarias, no tolera una apertura democrática y social a través de la negociación del conflicto.

El término narco-guerrilla lo estrena el Embajador de EE.UU. Lewis Tambs, durante el Gobierno de Belisario Betancur para deslegitimar el proceso de paz. Después Tambs se vio envuelto en el escándalo del Iran-gate vinculado al tráfico de narcóticos para financiar la contra nicaragüense[ii]. Sin embargo, las FARC – E.P. en la Mesa de Diálogo con el Gobierno de Pastrana (enero – 1999) acuerdan la realización de un Foro Internacional sobre Medio Ambiente y Cultivos ilícitos con participación de 16 países europeos, Japón, Brasil, México, Costa Rica, EE.UU. y Canadá entre otros. La guerrilla en las zonas rurales se encuentra los cultivos ilícitos, medio de vida de muchos campesinos y lo percibe como fenómeno social por falta de una reforma agraria integral que dé alternativas, hecho que querían mostrar a los representantes de gobiernos europeos y otras latitudes.

En 1964 el ya comentado Plan LASO fue diseñado por el Pentágono. En el Ministerio de Guerra primero y de Defensa después, fue instalada una oficina permanente de asesores militares de EE.UU., la llamada “Misión de Asistencia Militar”, que se completó con los programas militares antinarcóticos y la oficina permanente de la DEA en Bogotá. Después los documentos Santa Fe I y II elaborados por expertos de EE.UU. (L. Francis Bouchey, Roger W. Fontaine, David C. Jordan y el Gral. Gordon Summer). Reproducimos un fragmento:

“Solamente EE.UU. puede como socio, proteger a las naciones independientes de América Latina de la conquista comunista…”.

Prescriben la Guerra de Baja Intensidad en Colombia (operaciones psicológicas, desinformación o información errónea, terrorismo, operativos militares – paramilitares,…) un instrumento de contrarrevolución preventiva, la doctrina del “enemigo interno” (quitarle el agua al pez) con planes de exterminio de militantes de izquierda, sindicatos, organizaciones agrarias y populares, porque son la potencial base social de la insurgencia[iii]. El colofón es el Plan Colombia, un instrumento del gobierno de los EE.UU para intervenir en el conflicto social y armado colombiano aunque con visión continental, que bajo la pantalla de lucha contra el narcotráfico en realidad es un verdadero plan contrainsurgente, dirigido primordialmente contra la población civil del país. La idea es neutralizar la resistencia de todo sujeto social que se oponga al proyecto neoliberal de la economía colombiana y en general latinoamericana. En ese sentido el Plan Colombia es el componente militar de la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Colombia ha enviado 9.679 oficiales a la Escuela de las Américas[iv] (fundada por el Pentágono – 1946 – e instalada en el Canal de Panamá para formar militares en el anticomunismo). Michael López publica en la Revista de Derechos Humanos de Justicia y Paz (vol. 1, nº 3, julio – diciembre de 1996, pags. 27-43):

“De 136 colombianos señalados como responsables de violaciones en el Informe de School of Américas Watch, 25 se les ha concedido varias menciones como las de ser conferencistas o instructores invitados de la E.A. …nombrados graduados distinguidos… A la larga lista de graduados de la E.A. implicados en desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y complicidad con escuadrones de la muerte, se suman otros muchos involucrados en algunas de las más atroces masacres de la historia de los pueblos”.

---

[i] “Transferencia y ayuda norteamericana hacia América Latina: las prioridades que refleja el presupuesto” de David Álvarez Veloso y Michelle Isenhouer – FLACSO – Observatorio nº 2 – mayo 2005

[ii] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – nov. 2000. Cap.5. Pag. 110. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

[iii] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.7. Pag.148. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

[iv] ”¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.7. Pag.154. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

4. RELACIÓN GOBIERNO – D.A.S. – PARAMILITARES – NARCOTRÁFICO (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

Ya los “pájaros” (escuadrones de la muerte en los años 50 al servicio de los latifundistas) actuaron ligados a la fuerza pública para eliminar a liberales gaitanistas y a comunistas. El gobierno del Frente Nacional (León Valencia) dio vía libre a la organización de “grupos de justicia privada” con el Decreto de Estado de Sitio 3398 de 1965, adoptando las recomendaciones del Gral. de EE.UU William Yarborough que aconsejó Grupos Anticomunistas de Choque.

El Pte. Carlos Lleras promueve la Ley 48 de 1968 que establece la posibilidad de organizar a la población en autodefensas bajo el control y la orientación de los militares. Con el Gobierno de Ernesto Samper Pizano, a iniciativa del Ministro de Defensa, Fernando Botero Zea y del ex–gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez (actual presidente colombiano) , fueron creadas las Convivir (organismos de apoyo al Ejército) como mecanismo para legalizar el paramilitarismo. Con el actual gobierno de A. Uribe se desarrolla un proceso de legalización de los Grupos Paramilitares tomando la forma de Cooperativas de Seguridad y Redes de Informantes.

El que fue gerente de la campaña del Presidente Uribe en el Magdalena en 2002, tuvo que renunciar a la última campaña por la relación de una cuenta corriente que financió la campaña de Uribe con el asesinato del Director del diario El Espectador. En 1986 fue abierta en el Banco de Crédito y Comercio de Colombia la cuenta 005-21826-8 y de ella salió el cheque con el que se pagó el magnicidio del Director del Espectador, Guillermo Cano Isaza, según determinaron las autoridades judiciales. Aparecieron 5 Cheques por valor de $56 millones girados a Raúl Montoya Flores entre julio y noviembre de 1986, coordinador de campaña del Presidente Uribe en el Magdalena en 2002. Molina Yepes, verdadero administrador de la cuenta, el 27 de febrero de 1988, ante el Juez de Instrucción Criminal, afirmó sobre los distintos destinatarios de sus cheques: “a ninguno lo conozco, a excepción de Raúl Montoya, que es un amigo mío”.

Desde octubre de 2005 el Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.), organismo dependiente de modo directo del Presidente de Colombia se ha visto envuelto en una serie de denuncias del periódico El Tiempo y, posteriormente a través del Nuevo Herald y de las Revistas Semana, Cambio y el Diario El Espectador. Las informaciones corroboradas muestran la fase de institucionalización de lo paramilitar. Citamos comunicado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz:

“(…) La dinámica de institucionalización del paramilitarismo, bajo el esquema desarme, desmovilización, reingeniería con la paramilitarización de la sociedad (redes de cooperantes, redes de seguridad, asociaciones cooperativas de seguridad) se complementa con la asunción en el poder institucional de las lógicas paramilitares. Las políticas institucionales han pretendido borrar y destruir archivos de información de traficantes de drogas vinculados con la estrategia paramilitar, se ha usado de la institucionalidad para afectar resultados electorales a favor de Uribe …, y el aparato de seguridad se ha convertido en mecanismo de ejecución de operaciones abiertas en la consumación de crímenes de líderes sociales, sindicales e intelectuales en la costa norte como la de Alfredo Correa Andreis … La recepción de recursos de reconocidos paramilitares a la pasada campaña del elegido Pte. Uribe, como lo sostuvo Rafael García, Ex Director de Informática del D.A.S., que en las elecciones municipales del 2003, Jorge Noguera fue hasta donde Jorge 40 a pedir apoyo para el candidato a la Gobernación del Magdalena …, la entrega de tierras a estos (los paramilitares) a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER,… y el uso de los recursos públicos para el fomento agroindustrial y ganadero a través de FINAGRO a traficantes de drogas y paramilitares… En medio del espejismo de la pacificación … (los paramilitares) entregaron cerca de 22 mil hectáreas de tierra, de 4 millones que se calcula se han posesionado”[i].

El Diario del Magdalena denunciaba que el DAS disponía de operativos de escolta y de trasporte para jefes paramilitares[ii]. En concreto se desplazaban escoltados por agentes del DAS los narcotraficantes y jefes paramilitares: Alias Macaco y el Águila. Con el escándalo del DAS aparecen listas de sindicalistas que debían ser asesinados.

Agentes del DAS colombiano fueron vinculados al asesinato del Fiscal venezolano Danilo Anderson, quien se encargaba de investigar a los participantes en el Golpe de Estado de abril de 2002 contra el Pte. Chávez. El Fiscal General de Venezuela, Doctor Isaías Rodríguez denunció ante un Comité de la Asamblea Nacional, tras una rigurosa investigación, que el explosivo utilizado para matar al Fiscal Anderson el 10 de noviembre de 2004 fue facilitado por miembros del DAS de Colombia en complicidad con integrantes de los grupos paramilitares de las A.U.C. El DAS proveyó 12 kilos de C4 de los que se extrajo 250 gramos para el atentado y ayudaron para entrarlos en Venezuela. El Ex Director del DAS, Rafael García, reveló en entrevista con medios de prensa colombianos la participación de esa institución en un plan para matar al Pte. venezolano H. Chávez[iii].

En la Carta Abierta del Teniente Coronel (r) Augusto Guillermo Lora Ramírez dirigida al Sr. Mayor General, Mario Montoya Uribe, Comandante del Ejército se puede leer:

“… Hoy, la Nación se encuentra en crisis … Los graves hechos de corrupción detectados en el DAS, en la Superintendencia de Vigilancia, en FINAGRO y el INCODER, donde sus directivos mantenían vínculos directos con paramilitares y narcotraficantes ...; la presencia en el Congreso de la República de personas y dineros pertenecientes al narcotráfico, la impunidad en la Ley de Justicia y Paz para los jefes paramilitares; la conmoción creada por la posible firma del TLC, en contra del querer nacional, y la censura y los reclamos amenazantes del Presidente contra directivos y columnistas de revistas y periódicos hacen que se viva una crisis de gobernabilidad …El escándalo de una institución como el DAS, relacionada con un fraude electoral a favor del Presidente Electo en 2002, cargo por el que su ex director Jorge Noguera es llamado ante la Fiscalía …la presunta campaña de exterminio de activistas de izquierda y la posible participación de miembros del DAS en la desestabilización del gobierno de un país vecino hacen visible la presencia de una grave crisis …” Añade: “la polarización del país, los llamados a dialogar formulados por el Estado Mayor de las FARC a los militares, … El Ejército, que usted honrosamente comanda, debe ser capaz de romper el círculo vicioso de la continuidad de esta guerra que nos avergüenza y nos aflige”.[iv]

Narcotraficantes y paramilitares también crecen en el Congreso. La presencia de Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza ante el Parlamento Colombiano el 28 de julio de 2004 ocupando lugar preferente y leyendo sus discursos, siendo jefes paramilitares acusados formalmente por la justicia como capos del narcotráfico, con ordenes de captura y bajo acusaciones de delitos de lesa humanidad (por lo que para asistir el gobierno les otorgó un salvoconducto) hacen a Álvaro Uribe, Pte. de Colombia y a su Vicepresidente, Pacho Santos, responsables de la legitimación de una organización criminal mafiosa[v]. El alcance de la penetración del crimen organizado en alcaldías y gobernaciones se desconoce.

Otro documento que muestra la enorme relación entre Gobierno Uribe y Paramilitares es el comunicado de la Mesa Central de Dirección Nacional de “Colombia Libre de Comunistas”, brazo armado de las EX – AUC. Presentamos estos fragmentos:

“… el único camino que nos queda a todos los colombianos es apoyar incondicionalmente la política de seguridad democrática de nuestro candidato – presidente Doctor Álvaro Uribe Vélez… de ninguna manera vamos a permitir que otro sea el resultado de la elección… así parezca el domingo que la mayoría son camisas amarillas nosotros nos encargaremos de teñirlas con otro color… el rojo sangre … en este momento tenemos varios de sus líderes en la mira … estamos con el Presidente Álvaro Uribe hasta el tiempo que él lo considere necesario, eso si dejando bien en claro que nuestra verdadera desmovilización ocurrirá sólo cuando exterminemos al último hijueputa revolucionario de las FARC y el ELN y a todos los arrodillados serviles camuflados en la vida civil…”[vi]

Debemos aclarar que este apartado del dossier se elaboró en mayo de 2006 por lo que no se habla de todas las imputaciones y procesos judiciales abiertos contra políticos del entorno de Uribe por su colaboración con estos grupos criminales.

---

[i] Comunicado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Bogotá D.C., 21 de abril de 2006. Publicado en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/das5.html

[ii] Fuente: Editorial, Diario del Magdalena, Santa Marta, Col, 12 de abril de 2006.

[iii] Fuente: Prensa Latina, Caracas, 21 de abril de 2006.

[iv] Carta Abierta del TC (r) Augusto Guillermo Lora Ramírez (código militar 6948542), promoción 1971, al Sr. Mayor General, Mario Montoya Uribe, Comandante del Ejército. Publicada en la Web de la Fundación Ecopaís: http://ecopais-atisbos.blogspot.com

[v] Radio Nizkor, 31.07.2004. http://www.radionizkor.org/colombia “La presencia de Salvatore Mancuso ante el Parlamento …” También en http://www.cooperacioninternacional.com/modules.php?name=News&file=print&sid=4868

[vi] Comunicado de Paramilitares ante las elecciones presidenciales del domingo. Publicado en http://colombia.indymedia.org/news/2006/06/44475.php

3. IMPUNIDAD DE GRUPOS PARAMILITARES - LEY 975 DE JUSTICIA Y PAZ (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

El Presidente Uribe emprendió un proceso de “reinserción” en la sociedad de los Grupos Paramilitares. Comenzó las conversaciones en septiembre de 2002 con las Autodefensas de Urabá, las del Bloque Central Bolívar y las del Bloque del Alto Oriente y Sur de Casanare. Desde 2002 hasta noviembre de 2003 el gobierno impulsa modificaciones en la Ley de Orden Público para omitir la condición de rebelde político en toda negociación, dando vía libre a las relaciones con los paramilitares y pretendiendo sustraerse de la competencia del Tribunal Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expide el decreto 128 de 2003 que reglamenta la Ley de Orden Público, con los siguientes beneficios:

1. Suspensión provisional de la ejecución de penas.

2. Cesación del procedimiento judicial.

Firma el acuerdo de Santa Fe de Ralito el 25 de Julio de 2003. No se produce cese de los crímenes. Se toleran masacres de campesinos.

La Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz tiene una demanda de inconstitucionalidad presentada por EL MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO, organizaciones de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales^[i].

Por un lado, ven en la norma una lesión de los derechos de las víctimas porque el Estado decreta prácticamente un perdón y olvido de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares (la impunidad) y, por otro, al afectar a derechos fundamentales su procedimiento de elaboración no ha seguido lo estipulado por la Constitución colombiana.

Todo esto acompañado de una infiltración paramilitar en el Estado, en Organismos de Seguridad como el DAS, en gabinetes ministeriales y el staff gubernamental, y la legalización de más de 4 millones de hectáreas expropiadas violentamente a los campesinos desplazados[ii].

Pero estos grupos no han cesado el fuego, siguen cometiendo crímenes. El informe 2002/2006 de la Comisión Colombiana de Juristas (http://www.coljuristas.org/index.htm) denuncia al menos 3005 asesinatos y desapariciones atribuidos a los Paramilitares desde el comienzo de la negociación con el gobierno de Uribe (concretamente desde el 01/12/02) hasta el 31 de julio de 2006, a pesar de que la negociación estaba supeditada al cese de hostilidades. Para mayor desgracia de las víctimas y sus familiares, el Alto Comisionado para la Paz en Colombia, declaró al respecto "el cese de hostilidades es una metáfora que debe manejarse con mucha flexibilidad".

---

[i] Web de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”. http://guaiaie.colectivodeabogados.org/rubrique.php3?id_rubrique=167

[ii] Artículo de Horacio Duque. Uribe Vélez legaliza escuadrones de la muerte. 23.11.2003. Publicado en http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/duque2.html

2.4. OTRAS DENUNCIAS - REPRESIÓN, PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACIÓN, AMENAZAS, ... (DOSSIER DDHH COLOMBIA DURANTE MANDATO DE URIBE)

El 18 de mayo de 2004 manifestantes pacíficos contra el Tratado de Libre Comercio en las calles de Cartagena fueron brutalmente agredidos por efectivos del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD). El gobierno nacional y local movilizó 2000 efectivos de policía, reforzándola con DAS y Armada Nacional como si la manifestación fuera una guerra. Hubo más de un centenar de heridos y, por lo menos, 50 detenidos. También fueron víctimas de la represión representantes a la cámara: Alexander López Maya, Gustavo Petro, Wilson Borja, Venus Alveiro Silva, Piedad Cordoba, el senador Jorge Enrique Robledo, entre otros.

En las marchas y manifestaciones del suroccidente colombiano las fuerzas del Escuadrón Antidisturbios ESMAD, adscrito a la Policía Nacional asesinó a un indígena y causó heridas a más de 70 manifestantes. Se movilizaron unas 60.000 pidiendo que cese la represión y que se hiciera una consulta popular sobre el TLC. 30 activistas tomaron el 18.05.2006 la sede de la Defensoría del Pueblo para denunciar dichos abusos y la desaparición de varios defensores de DDHH y dirigentes sociales. Comunicado de: Organización Campesina del Alto y Bajo Ariari, Sinaltrainal, Organización Nacional Indígena de Colombia (O.N.I.C.), Instituto Nacional Sindical, Asociación de Mujeres Indígenas y campesinas de Colombia (ANMUCIC), Pueblo Kankuamo, Mesa de Unidad Agraria, Central Unitaria de Trabajadores, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Sembrar Justicia y Paz, Minga, Pueblo Pijao, Cabildos del Trapecio Amazónico (ACITAM), Justicia y Vida, Estudiantes Universidad Nacional, Comunidad Indígena de Soacha.[i]

Orlando Valencia, afrodescendiente, del Consejo Comunitario de Curvarado y protegido con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue detenido arbitrariamente y DESAPARECIDO. El vehículo en que viajaba con acompañantes fue interceptado por la Policía de Belén de Bajirá, fue detenido arbitrariamente junto a otros campesinos. Hacia las 12:30, todos los campesinos, incluido Orlando, habían recuperado la libertad y se dirigieron a la casa del campesino Enrique Petro. Orlando fue abordado por dos paramilitares, que habían seguido al grupo en una motocicleta, apuntaron con el arma al miembro de Justicia y Paz cuando salió a reclamar por Orlando. Lo montaron en la motocicleta vía municipio de Chigorodó. Comunicado por C. Justicia y Paz el 16.10.2005^[ii].

La estrategia de la JUDICIALIZACIÓN de las víctimas de la persecución consiste en que las personas perseguidas por sus ideas políticas son acusadas por el Estado con montajes judiciales, presentadas en los medios de comunicación como insurgentes y, después, puestos en libertad por falta de pruebas. Algunos son asesinados por sicarios después de su liberación.

Remitida por la ONG Soldepaz.Pachakutti de Asturias nos llega un descarado caso de judicialización de perseguidos políticos. Juan José Ramírez Vélez, reinsertado del M19 y establecido en España desde el año 2000, con la condición de asilado, es vinculado por la Fiscalía en 6 procesos distintos por delitos de secuestros masivos, homicidios, hurtos, fuga de presos y otros; todos ellos cometidos tras su llegada y permanencia en España.

Las AMENAZAS a líderes sindicales y militantes de la izquierda son una forma de callar las protestas y denuncias contra determinadas políticas. Amnistía Internacional denunciaba que el 22 de septiembre de 2005 se envío a las oficinas de la C.U.T. en Neiva, Departamento de Huila, una carta dirigida a Mario Jesús Castañeda y firmada por el Bloque Central Bolívar de las A.U.C. (grupo teóricamente en “proceso de paz”) Reproducimos fragmentos: “Hoy estamos recordándole que desde hace tiempo nos molesta con su grosería atacando al gobierno… revolucionarios sindicalistas como usted que son gusanos habladores calumniadores contra cada gobierno que tenemos … seguiremos actuando … de manera efectiva en la zona … que no dejaremos hasta verla en paz y libre de gente como ustedes … Se va, se calla o actuamos.[iii]”

El 13 de octubre de 2005 los paramilitares enviaron a la oficina del Parlamentario Alexander López Maya (Ex Pte. del Sindicato de Empresas Públicas de Cali – SINTRAEMCALI) un correo amenazándole a él y a destacados dirigentes que han denunciado públicamente a los autores de violaciones de derechos humanos en la región. Previamente, el 18 de agosto de 2005, Wilson Anep Torres, asesor del Parlamentario Alexander López fue abordado por sujetos en un vehículo Toyota color blanco y le dijeron: “Mira decile al hijueputa de Alex que se cuide …”. El 24 de agosto de 2005 un sujeto abordó a la secretaria de Alexander al salir de su residencia en Cali que la llamó por su nombre y le dijo: “… decile a Alex que se cuide porque tiene los días contados…”

El 25 de agosto de 2004 fue denunciada la Operación Dragón, cuyo objetivo era exterminar líderes políticos, sociales, sindicales y defensores de Derechos Humanos en el Valle del Cauca. Plan dirigido por oficiales activos y en retiro de la Fuerza Pública actuando por contrato suscrito con la Financiera Energética Nacional, por orden de la Superintendente de Servicios Públicos Eva María Uribe Tobón. En la agenda personal del Teniente Coronel Julián Villate Leal aparecen relacionados varias veces los nombres de las personas que están amenazadas. Pese a múltiples pruebas, hasta el 14 de octubre de 2005, fecha del comunicado de las organizaciones sociales de la región, no se conoce apertura de investigación.[iv]

---

[i] Asesinado Indígena Movilización Suroccidente Colombiano. Publicado el 19.05.2006 en http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=22597

[ii] Desaparecido afrodescendiente del Curvarado. Publicado comunicado de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz el 16.10.2005 en http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=221

[iii] Amenazas contra Mario Jesús Castañeda. Denuncia Amnistía Internacional. Fuente: www.ddhh-colombia.org

[iv] Amenazan nuevamente a dirigentes políticos, sociales, sindicales y defensores de derechos humanos del Valle del Cauca. Comunicado firmado por Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), Sindicato de Trabajadores de las empresas municipales de Cali (SINTRAEMCALI), C.U.T., Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Calí, 14-10-2005. Fuente: www.ddhh-colombia.org

2.3. VIOLACIÓN DE DDHH DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DURANTE MANDATO DE URIBE (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), los grupos paramilitares han sido responsables del 80 % de los casos resueltos de asesinatos de líderes sindicales. En su informe de marzo de 2004, el Comité sobre Libertad de Asociación de la O.I.T. denunció que existe una “intolerable situación de impunidad”[1]. Los registros de las Centrales Obreras muestran que, desde hace 20 años hasta la fecha de la visita de la Misión de Alto Nivel de la O.I.T, más de 2.500 sindicalistas fueron asesinados y que el 99,44% de los casos están impunes[2].

El Área de Derechos Humanos y Laborales de la Escuela Nacional Sindical (ENS) de Colombia afirma en su informe sobre la violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos – 2004[3] respecto a la impunidad que “En información suministrada por el observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República […] se señala que desde 1992 se encuentran en etapa de juicio 40 casos. Los acusados han recibido condena en 19 casos […] Sin embargo, […] según registros del Banco de Datos de la Escuela Nacional Sindical desde 1992 hasta la fecha se han registrado 1.981 homicidios contra trabajadores sindicalizados en el país.”

En la tabla publicada en el informe sobre la violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos – 2005 de la ENS (donde no se incluyen los crímenes cometidos contra comunidades indígenas, rurales, estudiantes y militantes de oposición, sólo sindicalistas) se registran 772 asesinatos entre 2000 y 2005. Se aprecia un giro táctico en la modalidad de violencia, ya que los asesinatos de sindicalistas estaban rompiendo el cerco mediático con la solidaridad internacional de muchas centrales del mundo y su publicidad resultaba difícil de compaginar con el proceso de legitimación e impunidad de los paramilitares.

Violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad
de los y las sindicalistas en Colombia - 1 Enero a 31 diciembre de 2000 a 2005

Tipo de violación	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Amenazas	180	234	190	296	445	260
Homicidios	135	198	184	91	94	70
Atentados sin muerte	13	24	17	20	6	7
Desaparición	17	12	9	6	7	3
Allanamiento	1	1	-	12	3	1
Detención	37	8	11	49	77	56
Hostigamiento	2	13	19	54	17	32
Secuestro	24	41	27	7	5	6
Desplazamiento	155	70	2	91	33	8
Tortura	2	1	1	-	1	1
Total	566	602	460	626	688	444

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos, Escuela Nacional Sindical.

El informe reconoce disminución en el número de homicidios, pero detecta un aumento de los hostigamientos y amenazas. Advierte que las amenazas se trasladan al núcleo familiar. Estas formas de violencia llaman menos la atención de organismos internacionales y son menos publicitadas; lo que favorece el proceso de impunidad que se intenta con la Ley 975 de 2005; y consiguen el mismo efecto (que el sindicalista no haga reivindicaciones laborales o denuncias o se marche de la ciudad por miedo a que le maten a un ser querido). También aumentan las detenciones arbitrarias (sin orden judicial) y los procesamientos como formas de camuflar la persecución (bajo montajes y utilizando, normalmente, el testimonio de personas “reinsertadas”). El esquema suele ser hostigamiento, detención, acusación de insurgente, proceso y puesta en libertad por falta de pruebas, por último la víctima puede ser asesinada. Por citar un ejemplo: “La ejecución del sociólogo y docente Alfredo Correa de Andreis, quien había sido detenido el 17 de Junio por agentes del DAS acusado de rebelión con base en testimonios de reinsertados y quien a finales de julio fue absuelto por falta de pruebas. Posterior a su liberación fue asesinado en la ciudad de Barranquilla.”

Profesor y Sociólogo Alfredo Correa de Andreis

Presuntos responsables del total de violaciones
contra los sindicalistas en el año 2005

RESPONSABLES Y PRESUNTOS RESPONSABLES	Nº DE CASOS	%
Organismos Estatales	80	18
Grupos Paramilitares (F. irregulares)	91	20,5
Guerrillas	4	0,9
Delincuencia común	9	2,03
No identificado	173	39,19
Sin datos.	86	19,3

Presuntos Responsables Total de violaciones contra trabajadores sindicalizados en Colombia.

1 de enero a 31 de diciembre de 2004

RESPONSABLES Y PRESUNTOS RESPONSABLES	Nº DE CASOS	%
Organismos Estatales	85	12,35
Grupos Paramilitares (F. irregulares)	105	15,26
Guerrillas	6	0,87
Empleador	4	0,58
Delincuencia común	13	1,89
No identificado	337	48,55
Sin datos.	138	20,5

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS

Es importante comentar este repunte en la responsabilidad de los Organismos del Estado como autores o presuntos autores de las violaciones de DDHH de sindicalistas, coincidiendo con el periodo en que se intenta dar impunidad a los paramilitares (Ley 975 de 2005), motivo por el que, según el informe de la ENS, dichos grupos han cambiado a modalidades de violencia menos publicitadas que el homicidio de un sindicalista. También, tras los escándalos del DAS, se puede pensar que es la expresión de la lógica paramilitar dentro del aparato del Estado.

Para terminar con estos informes de la ENS comentar la especial violencia contra las mujeres sindicalizadas: “la violencia ejercida contra las mujeres sindicalizadas está revestida de una fuerte carga semántica, en la cual los victimarios recurren a una serie de prácticas simbólicas y perversas para degradar a la víctima y explotar todo el contenido simbólico que culturalmente se ha depositado en el cuerpo de la mujer, para asegurarse de esa manera el terror colectivo que ocasiona dicho trato despiadado”.

Como ejemplo de lo anterior mencionamos el caso de Adriana Francisca Padilla, profesora sindicalizada en Educadores Unidos del Magdalena, que el 29 de octubre de 2005 recibió 2 impactos de bala en su cuerpo embarazada de 8 meses, muriendo ella y su bebe. Otras 9 profesoras sindicalizadas fueron asesinadas en 2005.

Cuando hablamos de miles de trabajadores/as sindicalistas asesinados/as puede no ser adecuado mencionar casos concretos, aunque hacerlo es una forma de humanizar las frías estadísticas, por ello haremos mención a un hombre de 47 años con 4 hijos que estuvo desplazado en España como medida para proteger su vida ante las amenazas. Fue acogido por la O.N.G. Asturiana Soldepaz Pachakutti a finales de 2004. Se trata de Luciano Romero Molina, Ex – Secretario de Derechos Humanos del SINALTRAINAL (sindicato de la industria Alimentaria), ex – empleado de Nestlé de Colombia, S.A. contra la que cursó demandas en Valledupar. Tenía medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana. Tras volver a Colombia fue secuestrado el 10 de septiembre de 2005 y el 11 de septiembre fue encontrado su cuerpo amarrado de pies y manos, con signos de tortura y con 40 heridas de armas cortopunzantes[iv].

Foto de Luciano Romero

Citamos el caso Pedro Jaime Mosquera, como ejemplo del método de persecución del Estado. Había sufrido 17 detenciones arbitrarias en 2 años y acusado del delito de rebelión buscó refugio en Venezuela, pero su hermano fue arrestado sin orden judicial (la persecución se volvió contra su familia). Era el vicepresidente de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y su cadáver apareció con signos de tortura el miércoles, 6 de octubre de 2004, en la frontera de Colombia y Venezuela[v].

Foto de Pedro Jaime Mosquera.

---

[1] Web de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), “Consideraciones sobre la protección internacional de los solicitantes de asilo y los refugiados colombianos – 2005. http://www.acnur.org/pais/index.php?accion=tema&id=2&iso2=CO.

[2] “Misión de Alto Nivel de la O.I.T. recomienda presencia permanente en Colombia”. Publicado por la Fundación Madrid Paz y Solidaridad www.ddhh-colombia.org. Email: ddhh-madrid@usmr.ccoo.es. Tfno: 915063083.

[3] Escuela Nacional Sindical http://www.ens.org.co/informe.htm

[iv] Soldepaz.Pachakutti (Asturias): Asesinato de Luciano Enrique Romero Molina. Publicado en Web de Union Network Internacional (Asociación internacional de Sindicatos. contact@union-network.org) http://www.union-network.org/uniindep.nsf/f0fa5a094742095ac125680000253538/ad166d3e0eb2d7f2c125708200289af2?OpenDocument y en Web de SINALTRAINAL: http://www.sinaltrainal.org/Textos/lucianoromero.htm.

[v] Comunicado de Asociación Campesina de Arauca Asesinato del Vicepresidente Pedro Jaime Mosquera. Publicado en Web de ONG Sodepaz: http://www.sodepaz.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2300