NOS SOLIDARIZAMOS CON JAIME CEDANO Y REMEDIOS GARCIA Y RECHAZAMOS LOS SEÑALAMIENTOS Y JUDICIALIZACIÓN DE OPOSITORES POLÍTICOS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, APOYÁNDOSE EN TESTIMONIOS DE REINSERTADOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS DE DUDOSA PROCEDENCIA.
La orquesta mediática de la extrema derecha ha aprovechado un auto de la Audiencia Nacional y acciones de la Fiscalía del Estado colombiano para “condenar” en sus titulares a defensores de Derechos Humanos y al gobierno venezolano.
En su momento mostramos nuestro rechazo a la orden de detención dictada contra la técnico de Cooperación, Remedios García, acusada de pertenecer a la guerrilla de las FARC, con base a archivos del supuesto ordenador de Raul Reyes, elemento probatorio de dudosa procedencia, ya que el ejército colombiano afirmó encontrarlo en el territorio ecuatoriano bombardeado ilegalmente en un ataque sorpresa a un campamento de las FARC. Partiendo de que fuese cierto y el ordenador efectivamente fuera del guerrillero y estuviese en buen estado tras el bombardeo, aún así no se respetó la cadena de custodia, estando por más de 72 horas en manos del ejército. Un informe de Interpol corroboró que muchos archivos habían sido creados y modificados en ese periodo. Nuestra Red de organizaciones pro DDHH considera que la fiscalía del “régimen uribista” está en plena casa de brujas usando un dudoso elemento probatorio y así se ha judicializado a muchísimos opositores como la Senadora Piedad Cordova, o el Catedrático, Periodista y miembro del P.D.A., Carlos Lozano.
El 15 de marzo de 2009, el diario El Mundo, acusaba a un responsable de la Redvivir, Jaime Cedano, desplazado en España por amenazas contra su vida, de no emplear un dinero que concedió la Alcaldía de Sevilla en el proyecto de desarrollo para el que se había solicitado. La “periodista” Salud Hdez, afirmaba que en la vereda de Brasil, municipio de Herveo, Tolima, nadie conoce a Redvivir. Dicha corporación respondió rápidamente que el proyecto se iba a desarrollar en la vereda Puerto Brasil del municipio de Viotá, Cundinamarca, estando dirigido a sobrevivientes del genocidio de la U.P. (coalición de izquierdas con más de 4.000 miembros exterminados por el Estado colombiano) y, además, el Ayuntamiento de Sevilla no había entregado los recursos todavía. El error de lugar y momento cometido por la periodista sirvió para lanzar una calumnia terrible contra Jaime y la Redvivir sin darse rectificación alguna.
Ahora uno de los principales órganos de expresión del franquismo, el diario ABC, publica el 4 de marzo de 2010 el siguiente titular: “EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA SUBVENCIONÓ A UN TERRORISTA DE LAS FARC” y continua: “La Fiscalía de Colombia investiga a Jaime Cedano Roldán… tras la denuncia efectuada por el popular ex guerrillero Raúl Agudelo. Este ex miembro de las fuerzas paramilitares colombianas, cuyo alias es Olivo Saldaña, informó… que Cedano estaba en España… Saldaña explicó en una entrevista en Caracas: «le dije a la Fiscalía General que hay un gran dirigente del Partido Comunista Colombiano, miembro activo de las FARC, Jaime Cedano, a quien yo vi varias veces reunido en El Caguán con Alfonso Cano en un campamento». Cano es el jefe de las guerrillas paramilitares de Colombia desde 1999”.
La Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia tuvo la oportunidad de conocer a Jaime Cedano en las Jornadas de Cine Forum que organizamos en octubre de 2008. Nos conmocionó la historia del exterminio de la U.P. y su lucha contra la impunidad. Tanto el proceso de denuncia como la victoria obtenida por los sobrevivientes de la U.P. en la C.I.D.H. de la O.E.A. ha provocado en el Gobierno de Uribe una obsesión por desacreditar a las víctimas relacionándolas con las FARC como mecanismo para justificar el terrorismo de Estado. La U.P. creo la ilusión de dar un final dialogado al conflicto armado, pero su exterminio fue un mensaje para las guerrillas: “el Estado no permite vías pacíficas para cambiar el orden político, económico y social del país”.
Dado que las calumnias publicadas en ABC se apoyan en acciones del Estado colombiano debemos recordar que el actual ejecutivo colombiano está fuertemente deslegitimado por sus vínculos con el narco-paramilitarismo, el padre del Pte. Uribe, ALVARO URIBE SIERRA, era un reconocido NARCOTRAFICANTE PEDIDO EN EXTRADICION POR LOS EE.UU y asociado al clan narco de los Ochoa y a esto hay que sumar, los nexos con Pablo Escobar siendo alcalde de Medellín el actual presidente, la denunciada colaboración de Uribe como director de la Aeronautica Civil otorgando licencias de vuelo al cartel de Medellín, su aparición en un Archivo Federal de Seguridad de EEUU de 1991, como hombre del Cartel de Medellín, los 40 parlamentarios de partidos uribistas que están en prisión por vínculos con el narco-paramilitarismo y 70 en procesos judiciales, más centenares de cargos públicos procesados por lo mismo, como el Director del DAS (órgano de inteligencia), Jorge Noguera, nombrado por Uribe, y hoy condenado por poner al D.A.S. al servicio de los paramilitares entregando listados de sindicalistas y defensores de Derechos Humanos para asesinar; la indagación a su hermano por su relación con el grupo paramilitar “Los doce apóstoles”, que terminó con un auto inhibitorio y el archivo definitivo; la condena a primos hermanos de Uribe en primera instancia por liderar banda paramilitar, … Denunciar estas cosas ha costado la vida a 31 periodistas colombianos, se ha amenazado y asesinado a jueces, han realizado escuchas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y hay varios de ellos amenazados por investigar la parapolítica.
De los 2.771 homicidios de sindicalistas registrados por la C.U.T. en 20 años, 587 se han perpetrado bajo gobierno de Uribe, y más del 95% están en la impunidad. También en la etapa uribista se han denunciado 1.122 ejecuciones extrajudiciales de civiles por miembros del ejército. Son los llamados falsos positivos, porque presentan al ejecutado como guerrillero dado de baja en combate. Además, hay 4 millones y medio de desplazados por la violencia, 3000 fosas comunes, con más de 10.000 cadáveres,…
Respecto al accionar de la Fiscalía, recordamos el caso de Luis Camilo Osorio, exfiscal general de Colombia, que fue nombrado por Uribe, sustituido y enviado como embajador a México tras destaparse irregularidades que lo relacionaban con narcotraficantes y paramilitares. Por lo expuesto, la Red Canaria por los DDHH considera que la fiscalía ha sido un instrumento en manos del deslegitimado ejecutivo para judicializar a sus opositores y señalarlos públicamente como guerrilleros, estigmatizándolos y colocándolos en el punto de mira de los paramilitares. Ahora esta práctica trasciende las fronteras y Jaime Cedano es una de sus víctimas.
ABC publicó que la fiscalía se apoya en el testimonio de un “popular ex guerrillero, Raúl Agudelo”, alias Olivo Saldaña, según ABC: “ex miembro de las fuerzas paramilitares colombianas”. Esto es una contradicción: ¿es un exguerrillero o es un exparamilitar? El ABC repite una manipulación muy empleada, ya que intenta confundir al lector con los términos paramilitar y guerrillero usándolos como sinónimos. Es un mecanismo para encubrir los crímenes de Estado, pues lo paramilitar hace referencia a un fenómeno paralelo al militar, denota cercanía, sin llegar a ser lo mismo, aunque los dos son hijos del Estado. El Estado colombiano tiene ejército, pero también creo para-ejércitos, de hecho militares entrenaban a los grupos paramilitares, que actuaban contra las guerrillas, pero sobretodo contra civiles de sindicatos y partidos de la izquierda. La guerrilla no está creada por el Estado, sino por civiles enfrentados al mismo, no es una formación paralela al ejército, sino antagónica. La Comisión Colombiana de Juristas atribuye el 75,15 % de los asesinatos o desapariciones sin combate en que se conoce presunto autor genérico a las fuerzas regulares e irregulares (paramilitares) del Estado durante el periodo uribista (2002-2008), un total de 6.121 crímenes según estadísticas de la CCJ. Si se mesclan los términos “guerrilleros” y “paramilitares” se diluye la responsabilidad del Estado.
La Red estuvo investigando quién era Agudelo, alias “Saldaña”, y encontró un documento del periódico Resumen Latinoamericano donde explica que se fue de las FARC con una suma millonaria, por lo que dicha organización lo buscaba desde 2003, en el 2004 fue capturado por el ejército colombiano, en prisión, condenado por rebelión y con 19 procesos pendientes por secuestro, homicidio y extorsión, aceptó la propuesta del gobierno de beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz, con considerables reducciones de condena si colaboraba. Así Agudelo sale de la prisión La Picota para liderar una supuesta desmovilización de rebeldes. Pasa de presidiario a ser nombrado por el gobierno “Gestor de Paz” y en marzo de 2006 el gobierno presenta una desmovilización de 70 guerrilleros de las FARC en Tolima, la supuesta "Compañía Cacica La Gaitana", incluyendo al comandante "Biófilo". Teóricamente entregaron 24 armas largas, 14 pistolas y siete revólveres, y una avioneta. Posteriormente las FARC desmintieron la existencia de tal compañía y del supuesto comandante, añadiendo que nunca les han decomisado aeronaves. Distintas autoridades declararon que la aeronave había sido confiscada dos años antes en un aeropuerto de Córdoba por no pagar tarifas aeronáuticas, es de matrícula estadounidense y se había empleaba en vuelos de demostración. Destapada la farsa de la avioneta el gobierno presenta a Agudelo como jefe de la supuesta compañía desmovilizada. Ahora reaparece Agudelo dando testimonio contra el defensor de Derechos Humanos de la Redvivir, nuestro hermano Jaime Cedano. Para apuntalar el endeble testimonio se vuelve a recurrir a los datos encontrados en el presunto ordenador de Raúl Reyes, con su cuestionado valor probatorio.
Desde la Red Canaria por los DDHH se considera que el gobierno de Colombia trata de callar las voces de denuncia que pueden poner en peligro el TLC con la U.E.
Este mecanismo de estigmatización trasladado a España no se limita a personas, ya que en archivos del polémico portátil encontró el magistrado y excargo público del PP, Eloy Velasco (Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana en tiempos de Zaplana), indicios para investigar una posible relación entre el Gobierno venezolano, ETA y las FARC. Apoyándose también en que el miembro de ETA, Arturo Cubillas, que tras fracasar las negociaciones de Argel en 1989, se ubicó en Venezuela por un pacto entre los gobiernos de Carlos Andrés y Felipe González, fue hace poco funcionario del Ministerio de Agricultura y Tierras. Pero las relaciones o actividades de un funcionario para que vinculen al Estado deben ser producto de una orden del gobierno, es decir, parte de las encomiendas del cargo, hecho que no puede afirmar ni probar el magistrado en su auto. También se refuerza la calumnia con el testimonio de otro reinsertado que presuntamente perteneció a la guerrilla. Los reinsertados que se someten a este tipo de “colaboración” obtienen a cambio una reducción de la pena, pero al margen de esto el testimonio del individuo que dice haber visto a alguien con un emblema del ejército venezolano hablando con gente de ETA y FARC no se sostiene con ninguna prueba. Cómo todos sabemos, Venezuela transita un proceso político donde el Estado con importantes mecanismos de participación popular ejerce cada vez mayor control sobre los recursos energéticos del país, por lo que los frutos de su explotación sirven en gran medida a la cobertura de las necesidades de la población y esto ha chocado frontalmente con los intereses de grandes empresas extranjeras, entre ellas varias españolas, lo que puede determinar hostilidad de esos sectores hacia el gobierno y un intento de influir en el devenir político del país andino.
Finalmente, la Red Canaria por los DD.HH. en Colombia manifiesta su intención de movilizarse en solidaridad con Jaime Cedano y Remedios García, y seguir denunciando el grave error que supone la firma del TLC de la U.E. con semejante gobierno plagado de vínculos con el crimen organizado. En este sentido, solicitamos al Sr. Pte. Zapatero que rectifique sus posiciones al respecto.
