Colombia ha comenzado el año 2010, como terminó el 2009, en un baño de sangre. FEDEAGROMISBOL[i] nos informó del secuestro, tortura y asesinato de 2 de sus miembros, OMAR ALONSO RESTREPO, agrominero y Pte. de la Junta de Acción Comunal del Dorado y JOSE DE JESUS RESTREPO, cuyos cuerpos aparecieron el 12 y 13 de febrero de 2010, tras haber sido detenidos por paramilitares. FEDEAGROMISBOL denuncia que hay una estrategia para despojar a la población de su territorio y cederlo a multinacionales como ANGLO GOLD ASHANTI y empresas palmicultoras del grupo Dabon en el Sur de Bolivar. También la Comunidad de Paz de San José de Apartadó comunicó que el 9 de febrero de 2010 fue ejecutado otro de sus miembros, FABIO MANCO por dos paramilitares, añadiendo que su muerte había sido anunciada el 16 de noviembre (2009) cuando el paramilitar WILFER HIGUITA abordó a un poblador del caserío y le mostró una lista de personas para asesinar, entre ellas Fabio Manco, LUIS ARNELIO ZAPATA, ejecutado el 29 de noviembre y otros… Recordamos que esta comunidad no quiere ningún actor armado dentro de su caserío por lo que ha sido señalada como colaboradora de la guerrilla por el Gobierno de Uribe. La ONG “Salva La Selva”[ii] nos informó del bombardeo efectuado el 30 de enero de 2010 por la Brigada 17 y la Fuerza Aérea de Colombia en las inmediaciones de la Comunidad Alto Guayabal cuyos resultados fueron 4 indígenas gravemente heridos (JOSE NERITO RUBIANO, MARTHA LIGIA BAILARIN, CELINA BAILARIN Y YOBANI BAILARIN) y un BEBE DE CELINA BAILARÍN que falleció días después. La comunidad negó la presencia de frente guerrillero alguno y está convencida de que quieren desplazarlos para facilitar las operaciones mineras de Muriel Mining Corporation.
Esto recuerda lo sucedido los últimos meses del 2009, el 26 de agosto, cuando asesinaron a 12 INDÍGENAS AWA, entre ellos una mujer que era testigo presencial y fundamental en un proceso judicial contra militares por un presunto crimen de Estado. Posteriormente el 1 de septiembre de 2009 nos enteramos vía C.U.T. del asesinato del sindicalista y maestro MAURICIO ANTONIO MONSALVE VÁSQUEZ y del homicidio del estudiante de la Universidad del Magdalena WILSON RODRÍGUEZ PINEDA, de 24 años de edad, asesinado el día 28 de Septiembre. También conocimos que el 1 de octubre MARIO MONTES DE OCA ANAYA, miembro de la Subdirectiva de la Asociación de Maestros de Córdoba "ADEMACOR" y asesor jurídico del Comité de Familiares Víctimas de la Violencia en Córdoba sobrevivió a 3 impactos de balas, pero su acompañante ALBERTO LUIS PASTRANA SOTO fue asesinado. Supimos del asesinato del Presidente de la Junta de Acción Comunal de Puente Sogamoso, DON HONORIO LLORENTE, en Santander, días después de la Minga, el 17 de Octubre y tras participar en reunión con empresas contratistas de ISAGEN. Nos informaron del homicidio de JAIME LÓPEZ, miembro de la Dirección Regional del Polo Democrático Alternativo en el departamento del Atlántico, asesinado el 26 de octubre por sicarios. El 24 de noviembre de 2009, la CUT nos comunicó la aparición en el Departamento del Cauca del cadáver de la sindicalista y docente LENY YANUBE RENGIFO GÓMEZ. Además, el 15 de diciembre la Comisión de Justicia y Paz informó de la presunta DESAPARICIÓN FORZADA DE 16 CAMPESINOS debido a operaciones paramilitares en el caserío Nuevo Horizonte, La Florida, El Edén y Cañaveral en el municipio de Argelia, departamento de Cauca.
Al margen de los casos de violencia que llegan a nuestro conocimiento también sabemos que un promedio diario de 6,41 ciudadanos han sido asesinados o desaparecidos por motivos sociopolíticos y en contexto distinto al combate desde julio de 2002 hasta junio de 2008[iii], y un promedio diario de 4,92 personas mueren en combates en el mismo periodo, lo que da un total de 11,33 víctimas mortales diarias por violencia sociopolítica (un total de 24.824 víctimas en 6 años). Las estadísticas de la Comisión Colombiana de Juristas muestran que de los casos de asesinatos o desapariciones en contexto distinto al combate en que se conoce al autor o presunto autor genérico el 75,15 % se atribuye a las fuerzas regulares e irregulares del Estado durante el periodo uribista. La ONG, Compañía de Jesús, va más lejos y afirma que el 95% de esos crímenes tienen como autor o presunto autor al Estado, en su versión militar y paramilitar. Sin embargo, esto no se refleja en los medios informativos, ya que hay un trato diferenciado que invisibiliza a las víctimas de los crímenes de Estado, con el objetivo de dar apariencia democrática al régimen colombiano.
Desde nuestra perspectiva el Estado colombiano sufre una fuerte pérdida de legitimidad, porque sus poderes han ido sucumbiendo al control de grupos mafiosos del narcotráfico y paramilitarismo. La llegada de Uribe a la presidencia supone la toma del Ejecutivo por parte de dichos sectores como culminación de un proceso de empoderamiento a nivel local (controlando alcaldías y gobernaciones). El Poder Legislativo, como sabemos, tiene más de 70 imputados por colaboración con los grupos paramilitares y una treintena de condenados. El poder judicial, a pesar de las imputaciones y procesos contra centenares de cargos públicos y funcionarios por su vinculación con el paramilitarismo y el narcotráfico o su relación con crímenes, también ha sufrido una fuerte embestida. A raíz de los procesos de la parapolítica Uribe y su ejecutivo atacan a los sectores con cierta “independencia” en el poder judicial. Uribe denuncia por difamación al Presidente de la Corte Suprema, Cesar Julio Valencia, quien en entrevista a “El Espectador” afirmó que Uribe lo llamó para indagar por la situación de su primo, el exsenador Mario Uribe, quien fue imputado en los expedientes de la parapolítica, esto le costó a Cesar J. Valencia ser sustituido por el Magistrado Fco. Ricuarte. A esto hay que sumar el escándalo del espionaje (seguimientos y escuchas) a los magistrados de la C.S. de Justicia por el D.A.S. Dejando al margen las salvedades, lo cierto es que la impunidad es la tónica general. Más del 95% de los asesinatos de sindicalistas están en la impunidad (2.771 homicidios en 20 años). Los jueces y magistrados también reciben amenazas y han sido víctimas del paramilitarismo.
RED CANARIA POR LOS DDHH EN COLOMBIA
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[ii] Video de la misión internacional de verificación en la que participó Salva la Selva junto a la Comisión de Justicia y Paz, la Organización Indígena de Antioquia y representantes de ACNUR y la Defensoría del Pueblo. Ver en http://www.youtube.com/watch?v=IMw3bn_8J3o
[iii] Estadísticas de la Comisión Colombiana de Juristas, organización con estatus consultivo ante Naciones Unidas, Calle 72 Nº 12-65 piso 7. Bogotá – Colombia. Teléfonos: (571) 3 76 8200 – (571) 3 43 4710. Correo-e: ccj@coljuristas.org. Página web: www.coljuristas.org
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