Son pequeños fragmentos de un documental, cuyo guión, dirección y producción ejecutiva es de Natalia Díaz, Comisión Intereclesial Justicia y Paz. Con esto pretendemos animarte a que veas el trabajo completo, es muy interesante por la claridad con que se describe la vinculación entre el ejército y los grupos criminales del paramilitarismo.
Campesin@s del Alto Ariari describen la llegada de paramilitares que actuando en colaboración con el ejército colombiano, desataron contra ell@s una ola de violencia para obligarles a abandonar sus tierras ricas en petróleo, minerales y agua.
Denuncian que la apropiación de ese suelo rico en recursos es el móvil del ejercito y sus fuerzas irregulares (paramilitares), afirman que ell@s ni eran guerrilleros, ni auxiliadores de ninguna guerrilla, sólo campesinos y campesinas, por tanto, esas acusaciones sólo eran el pretexto para quitarles sus tierras.
Much@s de ell@s se han organizado en Villavicencio en una Comunidad de Paz, pero los paramilitares siguen ostigándoles y asesinando a líderes.
jueves, 27 de diciembre de 2007
PRIMERA INDAGACIÓN EMPRESAS Y PARAMILITARISMO. Pronunciamiento de la Comisión Ética por la Verdad.
Investigación vincula a 9 DIRECTIVOS DE
El pasado 7 de diciembre
Semanas atrás integrantes de
Hasta ahora la etapa formal de investigación vincula a nueve directivos de la multinacional Chiquita Brands por la transferencia de 1700 millones de dólares a las estructuras paramilitares denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, luego autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a través de
Ante el Departamento de Justicia de USA Chinquita Brands admitió que entregó dinero a los paramilitares para su “seguridad” por lo que fue multada con un pago de 25 millones de dólares. 1000007839 compromete, además, a tres comercializadoras de banano de Urabá que también habrían financiado a los 'paras'. En marzo de este año, el Departamento de Justicia de E.U. y Chiquita llegaron a un acuerdo sanción porque la empresa transfirió aproximadamente 1,7 millones de dólares (más de 3.500 millones de pesos) a las AUC en el lapso transcurrido entre 1997 y febrero del 2004.
Este el primer caso en que el ente investigador ha iniciado la investigación sobre empresas beneficiarias de la estrategia criminal estatal paramilitar. Sin embargo, casos más recientes, que han sido de conocimiento de la opinión nacional e internacional ni siquiera han sido avocados a una investigación formal.
MULTIFRUITS LTDA suscribió un convenio DEL MONTE USA para el desarrollo del proyecto de plátano dentro del Territorio Colectivo de Cacarica, en tierras apropiadas ilegalmente por las estructuras paramilitares
Es el caso de la empresa CI MULTIFRUITS LTDA que suscribió un convenio DEL MONTE USA para el desarrollo del proyecto de plátano dentro del Territorio Colectivo de Cacarica, en tierras apropiadas ilegalmente por las estructuras paramilitares, en lugares como
URAPALMA SA también ocupa tierras apropiadas ilegalmente por los paramilitares, mientras persiste la inactividad judicial.
Una situación similar en materia de investigación es la que atraviesan los procesos adelantados contra las empresas palmeras, como URAPALMA SA o EXTRACTORA BAJIRÄ, donde a pesar de las series de pruebas presentadas y de las persistentes actuaciones ilegales y que realizan cotidianamente en el Curvaradó y en límites con el Jiguamiandó continúan sin el más mínimo asomo de actuación en Derecho, vulnerando los derechos de las víctimas a
La decisión de
Bogotá, D.C. Diciembre 18 de 2007
EL EJÉRCITO NO RESPETA LA ELECCIÓN ADOPTADA POR LA COMUNIDAD DE PAZ. HASTA EN NAVIDADES SIGUEN ASESINANDO CAMPESINOS.
robó dinero, animales y destrozó la casa. El día 24 de diciembre el ejército reporta a MARGARITA como guerrillera dada de baja en combate. Se evidencia un nuevo asesinato por parte del ejército. MARGARITA estaba en medicina legal de Turbo, su cuerpo tenía signos de tortura, ella ha sido llevada a nuestra comunidad para ser velada y enterrada.
- El mismo 23 de diciembre a las
- El 22 de diciembre hacia las
- El 20 de diciembre hacia las
Estos hechos evidencian el exterminio al que se nos está sometiendo en la zona, el paramilitarismo reina totalmente con el apoyo de la fuerza pública, son ya tres asesinatos en menos de diez días por parte del ejército y los paramilitares, queremos en estos momentos de celebración de la vida en todo el mundo llamar a la solidaridad para exigirle al Estado que cese este barbarie contra la comunidad y contra la población civil de la zona.
Agradecemos nuevamente por el apoyo nacional e internacional en todos estos momentos difíciles y que nos permiten caminar en medio de esta crueldad y eliminación de la vida.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
25 de Diciembre de 2007.
miércoles, 26 de diciembre de 2007
UNA LUCHADORA SINDICAL DEL SECTOR SANITARIO EN COLOMBIA REFUGIADA EN CANARIAS NECESITA DE NUESTRO APOYO.
La compañera E. M. está REFUGIADA EN CANARIAS, tuvo que salir de Colombia por las amenazas del paramilitarismo a consecuencia de su actividad sindical en ANTHOC (asociación con 127 compañer@s asesinados). El 24 de diciembre de 2007 a las 16 horas su hija mayor y su nieta (menor de edad), sufrieron un atentado en su propia casa.
Desde el MOC-Tenerife nos informan de que el día 24 de diciembre 2007 sufrieron un atentado en una ciudad del norte de Colombia, la hija mayor y nieta de E.M.; siendo disparadas con balas de gran calibre en su propia vivienda, a las 16h. Las amenazas que venían sufriendo sus familiares han dado paso al crimen. Dos personas en moto realizaron los disparos, por suerte ni su hija ni nieta fueron heridas, a pesar de que los proyectiles impactaron en la sala donde se encontraban. Hoy estan realizando la denuncia ante la fiscalia, y ante su sindicato ANTHOC - CUT. Dos ONG,s han iniciado las gestiones para poder lograr su protección.
Estimad@s compañer@s, la situación vital de nuestra compañera: E.M., profesional con más de veinte años de dedicación a la actividad sanitaria, es muy extrema. Refugiada política en España a traves de CEAR, como consecuencia de las amenazas permanentes de los paramilitares colombianos, a raiz de su compromiso sindical en la lucha contra las privatizaciones de los centros hospitalarios (beneficiandose de ello la transnacional española SANITAS, entre otras). Durante 10 años ha recibido constantes amenazas. 127 de sus compañeros del sindicato ANTHOC, fueron asesinados.
Su ánimo está sometido a la doble presión de migrante y perseguida política, ya que sus hijas y niet@s dependen de ella; en reiteradas ocasiones desea volver a Colombia antes que seguir sujeta a la presión de la separación de sus seres queridos, y al desolado y humillante panorama laboral y emocional que sufre cualquier persona no rica en territorio europeo. Nuestra insistencia hacia ella, de la que les hacemos partícipes es intentar que sus hijas y niet@s vengan con ella. Más ahora que todas son sujetas de crímenes. Al operar tantas empresas españolas (REPSOL, TELEFONICA, SANITAS, ...) y Canarias (FRONPECA, ...) en territorio colombiano, beneficiándose de la casi inexistente libertad sindical por la persecución que ejerce el Estado, tanto con sus fuerzas regulares como irregulares (paramilitares), contra las personas que ejercen actividad sindical, traduciéndose esto en salarios bajos y grandes beneficios empresariales, y siendo fruto esta presencia empresarial española y canaria de las buenas relaciones que mantienen los gobiernos de España, Canarias y Colombia, sin duda, desde nuestra perspectiva las mencionadas instituciones son corresponsables en la solución de esta dramática situación.
A continuación publicamos un artículo de la propia E. M., donde relata el proceso de privatización de la sanidad pública en Colombia y la fuerte represión desatada sobre los sindicatos del sector que se saldó con 127 asesinatos de sindicalistas de ANTHOC.
Y más de 800 infracciones graves de los derechos humanos que atentan contra la vida de las personas que trabajan en la Misión Medica.
Por E. M. ANTHOC Atlántico.
SALUD: estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. OMS (1947).
El negocio de la salud
Aunque
Salud pública y “libre comercio”
El gobierno ha escondido a la población información sobre cuáles actividades y sectores van a desaparecer cuando firme el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y uno de ellos será el de la seguridad social pública en salud, que será asumido por empresas extranjeras con fines de lucro a través de la medicina prepagada; con la salud también se entregarán a los negociantes los llamados servicios de apoyo, como laboratorios, centros de imagenología, nutrición, lavanderías, etc.
El cierre de hospitales públicos también mata
Colombia vive la mayor crisis humanitaria de su historia –una de las peores del mundo- por causa del conflicto armado interno y del modelo económico neoliberal que ha sumido en la pobreza a más del 60% de la población, debilitando el tejido social y violando los derechos humanos. En otras palabras, la situación social del país no se debe únicamente al accionar de militares, paramilitares y guerrillas, sino a la voracidad de las empresas privadas que miran el rendimiento económico y no a las personas. El seguimiento de las consecuencias del cierre del Hospital Universitario de Barranquilla realizado por el sindicato ANTHOC, arroja que hasta el 28 de febrero del 2006 habían muerto solo en la ciudad de Barranquilla 614 personas por falta de atención médica directamente relacionada con el cierre de este hospital. Estas personas entre las que se contaron varios niños/as, no tuvieron el dinero para ser clientes de la salud y vivieron en sus últimos momentos la angustia del “paseo de la muerte” buscando un hospital que las atendiera.
Pero el FMI ha felicitado al gobierno de Álvaro Uribe por cumplir las metas acordadas en el programa de ajuste.
Represión
La respuesta del gobierno a los trabajadores y defensores de la salud pública ha sido la represión, la estigmatización de los/as sindicalistas como “enemigos de la paz y del progreso”. El resultado: los grupos paramilitares se ensañaron contra la dirigencia y los afiliados/as de
Las cifras de ANTHOC en relación con sus afiliados/as y directivos, constituyen en sí mismas una foto del horror:
| Amenazados 688 |
| Desplazados 267 |
| Asesinados 127 |
| Detenidos y judicializados 53 |
| Exiliados 15 |
| Atentados 15 |
martes, 18 de diciembre de 2007
Comisión Justicia y Paz informó: VIOLACIÓN DE UNA NIÑA Y SU MADRE, VARIAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE CAMPESINOS Y UN EXMILICIANO DE FARC-EP
Miembros del Batallón 79, ‘Hernando Combita Salazar’, de la Brigada Móvil No. 11 violan a una niña y su madre, y ejecutan a un habitante discapacitado, por un testimonio de un ex - miliciano de las Farc - Ep que lo señalaba como guerrillero. Por lo mismo, unidades militares ejecutaron a otros 5 campesinos y también ejecutaron al Ex-miliciano de Farc que estaba desmovilizado y acogido a un programa de reinsercción del gobierno.
REPRODUCIMOS FRAGMENTOS DEL COMUNICADO DE CONSTANCIA Y CENSURA ÉTICA DE LA COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ DIRIGIDO A FRANCISCO SANTOS Y OTRAS AUTORIDADES DEL ESTADO COLOMBIANO:
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las constantes actuaciones contra Derecho por parte de las Fuerzas Militares de Colombia, a través de las unidades de contraguerrilla del Batallón 79, ‘Hernando Combita Salazar’, Brigada Móvil No. 11, en el corregimiento deLa Balsita y Camparusia en las que se infringen los mínimos humanitarios, se desbordan los límites propios del uso de la fuerza, se desconocen la dignidad humana, ubicando como blanco de actuaciones criminales a las mujeres, a civiles o excombatientes que se incorporan a los programas de reinserción de la seguridad “democrática” [...]
de la tarde la oficina de prensa de la Séptima División del Ejército, emitió un parte de guerra [...] en donde afirman que dieron muerte en combate a dos integrantes de las FARC.
En el comunicado virtual hay coincidencias sobre el lugar y las estructuras regulares responsables, sin dar detalles de las circunstancias, se presume que se trataría de GABRIEL y del exguerrillero apodado “Carupia”. [...]
En la vereda Llano de Cruces desde comienzos del 2007 miembros del ejercito amenazaron al señorJESUS MARIA GOMEZ PUERTA de 62 años de edad quien fue denunciado como guerrillero por HECTOR JAIRO GUISAO de 50 años. Este poblador es informante pago del ejército, padece de problemas mentales. Ante la falsa acusación y señalamiento, el campesino JESUS teme por su vida. [...]
Desde el inició de la presencia militar institucional para enfrentar a la guerrilla de las FARC EP, las operaciones militares se han orientado en gran medida sobre la población civil, a la que han hecho objeto de intimidación, señalamientos, persecución, ocupación y uso de sus bienes,y de accesos carnal violentos sobre la mujer y una menor de edad. [...]
Hoy diez años después de una violencia militar-paramilitar que arrojó millares de víctimas de desapariciones y asesinatos a las aguas del Riosucio, y cuyos responsables se pasean con tranquilidad por las calles de Dabeiba beneficiados del Decreto 128y de la ley 975 de la impunidad, experimentan la cualificación de ese Estado de barbarie, hoy sostenido, alentado en la impunidad que beneficia a estructuras criminales que actuaron como parte de la estrategia estatal. Hoy lamentablemente, esa impunidad se ha erigido como cimiento que legítima la perpetuación en la comisión de crímenes de Estado, de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario. [...]
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIAY PAZ
Calle 61A No. 17 – 26 Bogotá, Colombia.
Tel/Fax: 3463613 E–mail: justiciaypaz@coldecon.net.co
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las constantes actuaciones contra Derecho por parte de las Fuerzas Militares de Colombia, a través de las unidades de contraguerrilla del Batallón 79, ‘Hernando Combita Salazar’, Brigada Móvil No. 11, en el corregimiento de
* Viernes 26 de octubre, en una finca del caserío Chamuscado, corregimiento de
Los campesinos HERNANDO
* Domingo 11 de noviembre, hacia las 11:00 a.m., en el caserío Cuchillón, jurisdicción del corregimiento
Según testimonios recibidos por nuestra
GABRIEL fue sacado a la fuerza de la cama, arrastrado por tres militares que lo subieron a una mula y lo trasladaron hacia la cancha de fútbol ubicada en la parte alta del caserío [...]
Hacia las 12:00 p.m. los campesinos escucharon en la cancha de fútbol dos impactos de bala y a los pocos minutos varios disparos de fusil como simulando un enfrentamiento.
En horas de la tarde, a algunos pobladores del caserío El Cuchillón, los militares les informaron que GABRIEL murió en un enfrentamiento con el ejército.
Una semana antes las unidades de contraguerrilla habían llegado a la vereda, también conocida como, “Filo Cuchillón” y ocuparon cuatro viviendas del caserío que se encontraban habitadas por familias campesinas, entre ellos mujeres y menores de edad.
* Lunes 12 de noviembre, en horas de la mañana al “Filo Cuchillón”, llegó un helicóptero militar para recoger el cadáver de GABRIEL EVERTO PEREZ NIETO, el que llevó colgado de una hamaca. Los restos de GABRIEL EVERTO fueron trasladados en helicóptero al Hospital de Dabeiba, donde fue presentado como guerrillero fuera de combate.
En horas de la tarde las emisoras radiales del municipio de Frontino, transmitieron la información que “en filo de “El Cuchillón o
En el comunicado virtual hay coincidencias sobre el lugar y las estructuras regulares responsables, sin dar detalles de las circunstancias, se presume que se trataría de GABRIEL y del exguerrillero apodado “Carupia”. [...]
En la vereda Llano de Cruces desde comienzos del 2007 miembros del ejercito amenazaron al señor
Desde el inició de la presencia militar institucional para enfrentar a la guerrilla de las FARC EP, las operaciones militares se han orientado en gran medida sobre la población civil, a la que han hecho objeto de intimidación, señalamientos, persecución, ocupación y uso de sus bienes,
Hoy diez años después de una violencia militar-paramilitar que arrojó millares de víctimas de desapariciones y asesinatos a las aguas del Riosucio, y cuyos responsables se pasean con tranquilidad por las calles de Dabeiba beneficiados del Decreto 128
No
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA
Calle 61A No. 17 – 26 Bogotá, Colombia.
Tel/Fax: 3463613 E–mail: justiciaypaz@coldecon.net.co
miércoles, 12 de diciembre de 2007
REFLEXIONES DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE VíCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
Publicado el 26 de noviembre de 2007
El Comité de Impulso del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) ha venido discutiendo sobre el proceso relacionado con el PLAN NACIONAL DE ACCION DE DERECHOS HUMANOS, (PNADH), lo cual ha generado algunas reflexiones que nos permitimos resumir en los siguientes puntos:
Se parte en valorar el proceso que desde hace más de dos años vienen adelantando la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una cooperación para la paz y la democracia en Colombia, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, quienes se han comprometido en articular esfuerzos en la perspectiva de construir un plan nacional de acción en derechos humanos que cuente con la participación de todos los sectores sociales.
Sin embargo, es necesario analizar con detenimiento si partiendo de la caracterización actual del régimen político, la interlocución que se está realizando frente al PNADH, lograra empoderar a las organizaciones sociales o más bien se constituirá en un mecanismo que de un lado fraccione a las organizaciones sociales que participen de este proceso, y de otro lado, contribuya a legitimar las políticas del actual gobierno y fortalecer un régimen antidemocrático y autoritario que se ha erigido sobre la militarización y control social donde la población no se concibe como sujeto de derechos, ni como destinataria de protección estatal sino como un instrumento de guerra, y donde la persecución y estigmatización de organizaciones sociales, partidos de oposición y de todo aquel que se oponga, ha sido una constante en los discursos oficiales.
Para tal efecto el Movice parte de hacer un análisis general a partir de los siguientes elementos:
La CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS celebrada en Viena del 14 a 25 de junio de 1993 subrayó “la responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de fomentar y propiciar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. Llamó igualmente a los Estados a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la declaración y programa de acción adoptados en dicho evento.
Sin embargo el Estado Colombiano no solo no “fomento ni propició el respetó de los derechos humanos”, sino que estimuló políticas que agravaron hasta extremos intolerables la crisis humanitaria que ya venia padeciendo el país desde los años 80.
Durante su 52 periodo de sesiones en 1996, la Comisión de derechos humanos de la ONU reconoce que la situación en Colombia no había mejorado de forma significativa y pide “establecer a la mayor brevedad, una oficina permanente en Colombia con el mandato de asistir a las autoridades en el desarrollo de políticas y programas para la promoción y protección de los derechos humanos, y de observar las violaciones de los derechos humanos en el país, haciendo informes analíticos para el Alto Comisionado”; desde entonces los sucesivos informes de la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia expresan su preocupación por la ascendente crisis humanitaria y los evidentes vínculos de entidades y funcionarios públicos con los crímenes de grupos paramilitares, situación que el alto gobierno negó reiteradamente.
Desde 1996 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU emanó un compendio de recomendaciones al Estado para mejorar la situación de derechos humanos en el país, entre ellas la de adoptar un Plan de acción en derechos humanos. Ninguna de ellas fue cumplida por las entidades Estatales. Simultáneamente la Corte Interamericana de derechos humanos profería diversos fallos condenatorios contra el Estado al comprobar sus nexos con los crímenes del paramilitarismo. Decenas de investigaciones e informes de misiones y entidades internacionales de derechos humanos verificaron una y otra vez la relación de entidades del Estado, especialmente sus fuerzas armadas y organismos de inteligencia, con grupos paramilitares.
Hoy, los procesos judiciales sobre la llamada “parapolítica” han descorrido el telón y han confirmado que los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos han sido y son perpetrados por los grupos paramilitares en connivencia, complicidad y unidad de acción con fuerzas de seguridad estatales, o que cuentan con su aprobación y tolerancia. Que dichos crímenes atroces han sido y son ejecutados de forma sistemática y planificada contra sectores sociales, populares y políticos que han llevado a cabo acciones de oposición o de reivindicación integral de sus derechos.
Igualmente esta situación ha puesto en evidencia que la administración de justicia ha sido y es funcional al desarrollo de esta estrategia paramilitar, y que ello se demuestra en la impunidad en que se encuentran la gran mayoría de las investigaciones emprendidas para esclarecer los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos. Que la impunidad ha posibilitado la repetición de los crímenes, la concentración de la propiedad sobre la tierra, el desplazamiento forzado, y la extensión y consolidación de estas estructuras criminales.
Una vez el paramilitarismo ha sido funcional a las estrategias y los intereses del Estado, el narcotráfico, los latifundistas y el empresariado nacional y transnacional el Presidente Uribe pone en desarrollo un artificioso proceso de desmovilización e indulto al paramilitarismo, bajo el sustento de una engañosa “seguridad democrática”. Los acuerdos con el paramilitarismo incluyen evadir la verdad, burlar la justicia, garantizarle a los paramilitares las propiedades robadas a los millones de desplazados, negar los derechos de las victimas, mantener oculta la responsabilidad del Estado y facilitar la consolidación del poder paramilitar en esta nueva etapa, poder que persiste y siguen ejerciendo desde las cárceles y desde muchas regiones del país como lo confirmaron las elecciones del pasado 28 de octubre, tal cual lo han denunciado medios de prensa.
Mas de 30 dirigentes políticos detenidos, entre ellos 15 congresistas, dos gobernadores, 5 alcaldes, el exdirector del Das Jorge Noguera Cote, así como su jefe de informática, Rafael García Torres, lo mismo que ex parlamentarios, concejales, diputados, ex mandatarios y hasta el vicepresidente Francisco Santos y el Ministro Juan Manuel Santos, funcionarios investigados o con ordenes de captura, evidencian los vínculos de los paramilitares en todas las instituciones del Estado.
De otro lado, el Presidente Uribe ha planteado que su política de derechos humanos es la seguridad democrática y que esta política se debe convertir en una política de estado. Para tal efecto ha lanzado lo que se conoce como “la estrategia de fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social” (2007 -2013) con el cual pretende con el concurso de la cooperación internacional, consolidar el plan Colombia y la política de seguridad democrática.
Efectivamente, el Gobierno colombiano parte de la afirmación que estas políticas “...han permitido generar las condiciones de seguridad necesarias para recuperar la confianza nacional e internacional en las instituciones y en la economía, llevando a que hoy el país cuente con un ambiente propicio para la inversión local y extranjera. El impacto de estos desarrollos en el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los colombianos ha sido significativo...”
Así mismo que el Plan Colombia ha contribuido al bienestar social y económico de los colombianos, la disminución de los cultivos ilícitos de los índices de pobreza, el debilitamiento de las organizaciones narcoterroristas y finalmente que el crecimiento económico y el mejoramiento de la situación de derechos humanos ha sido posible gracias a la combinación de políticas sociales activas, los avances en materia de seguridad democrática y el fortalecimiento de la política para la protección y promoción de los derechos humanos...”[i] que ha logrado reducir las cifras en violaciones a los derechos humanos entre otros aspectos.
¿Realidad o ficción?
El Movimiento Nacional de víctimas de crímenes de estado, reafirma que el plan Colombia y la implementación de la política de seguridad democrática promovida bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico y el “terrorismo” no ha sido otra cosa que un plan para reposicionar los Estados Unidos no solo en Colombia, sino en el continente tanto en el campo militar como en el campo económico.
Los Estados Unidos, entre (1997-2007) le habrían dado a América Latina y el Caribe un total de 7 mil trescientos millones de dólares en ayuda militar y policía, de los cuales la policía y el ejército colombiano habrían recibido 4 mil novecientos millones de dólares, es decir dos de cada tres dólares de esta ayuda para la región la ha recibido Colombia [ii], y mientras que las militarización de la vida civil se incrementa, se asiste a un escalonamiento de la guerra donde la población civil es la más afectada, se insiste en desconocer la existencia de un conflicto armado y social reduciéndolo a una amenaza terrorista; sometiendo los derechos humanos a las necesidades militares, privilegiando la ofensiva militar sobre la inversión social de las mayorías y sobre la negociación política del conflicto, que ha llevado a una institucionalización de la guerra, la vulneración del principio de distinción y el incremento de las violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos así como el agravamiento de la situación humanitaria, tal y como lo demuestran innumerables informes de organizaciones de Derechos humanos.
Mientras la situación política, económica y social se agrava, el presupuesto nacional se invierte en la guerra en detrimento del bienestar social y económico de los colombianos. Un reciente informe del PNUD y 8 universidades de diferentes regiones del país[iii] , señalan que 17 millones de colombianos, es decir el 44% de la población nacional viven en situación de pobreza, y 6 millones de personas viven en condiciones de indigencia, ocupando Colombia el tercer puesto, como el país los mayores índices de desigualdad en América latina, después de Haití y Brasil.
Lo anterior indica que los “beneficios del mejoramiento de la economía”, han estado destinados favorecer a las empresas nacionales y trasnacionales y no al grueso de la población colombiana. Y mientras el Gobierno se encuentra buscando recursos de la cooperación internacional para la implementación de su estrategia para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social, vemos como el presupuesto (2008) para la defensa y la seguridad democrática se triplicará, ya que por los menos $18,5 billones (tres veces más que en el 2007), lo que equivale al 5,6% del Producto Interno Bruto, será para el fortalecimiento de la capacidad de la fuerza pública en detrimento repetimos de la inversión social.
De otra parte, se asiste a un proceso de legalización de la impunidad de los crímenes cometidos por la estrategia paramilitar y a su reingeniería en lo político, económico , social y militar, que se evidencia en la aplicación de la llamada ley de “justicia y paz”, donde victimas han sido sometidas a nuevos procesos de represión y revictimización y las políticas publicas promovidas desde el ejecutivo están destinadas a negar su responsabilidad en el desarrollo del paramilitarismo y en los crímenes cometidos, favorecer a los victimarios y desconocer los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad , la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
Estos son apenas algunos elementos para el análisis, que buscan alimentar el debate si el llamado proceso de construcción del PNADH, y si este plan se inscribe en un concepto de democracia, garantías, paz, justicia social y plena vigencia de los derechos humanos o es un plan que pretende ser “concertado” para legitimar las políticas de seguridad/pacificación militar, acompañado de programas sociales, reconciliación forzada entre víctimas y victimarios, inversión extranjera en zonas geoestratégicas, etc., ?
Estos elementos, deben llevar a un debate constructivo y propositivo, sin perder la perspectiva política que debe rodear este proceso. Indudablemente hay un desgaste en el Gobierno Colombiano y una especie de “aislamiento” que se expresa en los pronunciamientos de los Congresistas norteamericanos, la discusión sobre el TLC, el balance negativo de la aplicación de la ley de justicia y paz frente a los derechos de las victimas ( Informes CIDH, ONU, UE, FIDH, etc.), el rompimiento del proceso de facilitación para el Intercambio Humanitario, lo que evidencia que las denuncias que las organizaciones sociales han venido haciendo han tenido eco, y lo que debemos hacer es aprovechar este contexto para el fortalecimiento de las propuestas alternativas y ser cuidadosos para que nuestro accionar no termine oxigenando al Gobierno de Uribe y fortaleciendo su discurso oficial.
Adicionalmente preocupa que se esté creando un clima donde se pretende mostrar que romper con la “interlocución”, se constituiría en una especie de “Hecatombe”. El Comité de impulso considera que si en el curso de este proceso se agrieta más el prestigio del Gobierno y si se generan condiciones para que haya un auge del Movimiento popular debe haber un momento en que tengamos que decidir por una ruptura de la Interlocución , y es aquí donde está la discusión de fondo, que nos lleva a preguntar si en el curso del proceso de construcción de un Plan de acción en D.H. se abordaran temas como la política de seguridad democrática, el proceso paramilitar y la aplicación de la ley de Justicia y paz, la solución negociada del conflicto, el acuerdo humanitario, entre otros aspectos.
La discusión del Movice no se centra en si se debe participar o no en este proceso, o de asumir una actitud contestaría o radical. Sino que a partir de una realidad muy compleja, y que este proceso sirva para ganar y no para retroceder y debilitar al movimiento social. Por ello es necesario concertar unos espacios que permitan ganar identidades frente a estas preocupaciones y que logremos sumar en una apuesta política que este orientada a alimentar en un proceso activo y propositivo la construcción de un Plan Alternativo que parta de las reflexiones que desde hace muchos años diversos sectores del movimiento social colombiano han hecho tanto en espacios de concertación, negociación, discusión, así como encuentros sectoriales, y donde mas allá de los diagnósticos y evaluaciones, se han enarbolado y levantado propuestas y alternativas para la acción colectiva y transformadora a favor de las grandes mayorías excluidas dentro de un nuevo modelo de sociedad democrática, incluyente, equitativa y justa. El Movimiento Nacional de Victimas de crímenes de Estado comparte la necesidad de una política integral de derechos humanos que permita superar la crisis humanitaria que vive el país, esa política no puede ser solo un proyecto para el futuro; debe comenzar por resolver los problemas humanitarios generados por la violencia ejercida en el pasado desde la institucionalidad política del país, comenzando por la impunidad.
Para nosotros está claro que, de entrada, cualquier plan de acción en derechos humanos choca con la política de “seguridad democrática”, que representa un proyecto regresivo de largo plazo, hasta el punto que el gobierno planea elevarlo a canon constitucional. ¿Estaría el gobierno dispuesto a declinar la seguridad democrática para dar curso a una política efectiva de derechos humanos y DIH?. La histeria oficial ha dejado como consecuencia mas de un millar de civiles asesinados por la fuerza pública y luego presentados como combatientes dados de baja en combate. Las órdenes de estos crímenes han sido impartidas por el propio Presidente de la República a la oficialidad militar a través de discursos públicos en los cuales “exige resultados” en la lucha contra el terrorismo. En si misma la seguridad democrática es violatoria de los derechos humanos.
El Actual modelo de desmovilización paramilitar y la ley 975 del 2005 son un obstáculo enorme en el camino de un plan de acción en derechos humanos toda vez que ponen en cuestión las posibilidades de verdad, justicia, reparación integral y decisiones de no repetición. Una verdadera política de derechos humanos implica revertir las leyes de impunidad y reconocer los derechos de las victimas individuales y colectivas.
Simultáneamente el gobierno se resiste a facilitar formulas para un Acuerdo Humanitario. Durante los cinco años de gobierno del presidente Uribe solo se han ensayado rescates militares con un saldo trágico de 25 secuestrados muertos. El propio gobierno obstruyó reiteradamente las gestiones de mediación que intentaron hacer diversos facilitadores en busca de una salida incruenta a esta tragedia humana.
No se trata solo de elaborar un documento más de consenso con el gobierno, que emerja como una constancia histórica, sin ninguna posibilidad de aplicación práctica. El pasado reciente esta lleno de acuerdos incumplidos con los indígenas para la devolución de sus tierras; de pactos incumplidos con la población afro, de convenios incumplidos con el movimiento sindical y con muchas comunidades en el país.
Sobre la metodología:
La otra preocupación es frente a la elección de los delegados a la instancia coordinadora. El proceso no ha sido claro. Que pasa en un proceso como este si siguen asesinando gente, se agrava la situación de D.H, y se continúa en este proceso como si nada estuviera pasando.
Si bien este es un proceso que lleva dos años, la información no ha fluido suficientemente a las regiones y el apresuramiento con el que se pretende hacer el evento de nombramiento de los delegados a la instancia coordinadora, sin dar la discusión a fondo sobre el contexto en que se inscribe el proceso de PNADH, puede llevar a que al final y a pupitrazo se termine eligiendo los delegados a esta Instancia lo que arrojaría una confrontación entre el movimiento social y entremos en un etapa donde quien resulte favorecido sea el Gobierno nacional. El problema en el próximo encuentro de sectores no es elegir apresuradamente unos representantes a una instancia superior negociadora, es permitir que las delegaciones de todo el país se informen suficientemente de las características del proceso y entiendan el reto que implica el mismo.
Finalmente, consideramos que las diferencias no están en la caracterización del momento político, sino en las propuestas y mecanismos de enfrentarlo. Las críticas e interrogantes que hemos recibido desde las regiones y organizaciones se resumen en lo siguiente:
Ø Cual es el papel de las organizaciones de derechos humanos y las víctimas en este proceso? Cual es la plataforma política que sustentaría un plan nacional de acción de derechos humanos? Ø Deberían existir unas condiciones mínimas para continuar manteniendo la interlocución con el Gobierno frente al PNACDH ? Hasta donde se llega en esta interlocución y cuando o sobre que situaciones se rompería estos canales de interlocución? Ø Como fortalecer los sectores y organizaciones sociales a partir de esos acuerdos mínimos. Ø Más allá del PNADH, existen mecanismos para construir con y desde los movimiento sociales un PLAN ALTERNATIVO EN DERECHOS HUMANOS? Como se haría, cuales son los compromisos políticos? Ø El encuentro está destinado a nombrar unos delegados a la (IC) sin abordar la discusión política de fondo, o es que esta discusión está limitada al espacio de “interlocución”?. Como y quien define esto? Ø ¿Si el encuentro de diciembre se organiza desde las plataformas es posible convertir este espacio en un inicio de la discusión política y que se diseñen los mecanismos adecuados para dar la discusión en las regiones, con y desde la base y que a partir de este proceso se defina si se participa o no y se reafirmen cuales son los acuerdos políticos para continuar con este proceso de interlocución?
Bogotá, Noviembre 26 de 2007
COMITÉ DE IMPULSO Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado - MOVICE
martes, 20 de noviembre de 2007
RESISTENCIA NOVIOLENTA Y DESOBEDIENCIA CIVIL EN COLOMBIA. Milena Romero, Objetora de Conciencia Colombiana
Milena Romero pertenece a Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia
La 'Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia' es un grupo de jóvenes de Bogotá que promueven la noviolencia y la libertad de conciencia. Este espacio fue constituido en el año 2006, gracias a la fusión entre el Colectivo de Objetores de Conciencia y la Acción Colectiva de Objetores de Conciencia, organizaciones que contaban con más de 10 años de trabajo. Desde entonces vienen desarrollando acciones con miras a construir alternativas sociales, económicas, políticas y jurídicas al reclutamiento de jóvenes por parte de los diferentes actores armados en Colombia.
Dado el complejo contexto colombiano, construyen, como alternativa, una estrategia de acompañamiento a jóvenes en riesgo de reclutamiento y objetores de conciencia , con los siguientes componentes:
La 'Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia' es un grupo de jóvenes de Bogotá que promueven la noviolencia y la libertad de conciencia. Este espacio fue constituido en el año 2006, gracias a la fusión entre el Colectivo de Objetores de Conciencia y la Acción Colectiva de Objetores de Conciencia, organizaciones que contaban con más de 10 años de trabajo. Desde entonces vienen desarrollando acciones con miras a construir alternativas sociales, económicas, políticas y jurídicas al reclutamiento de jóvenes por parte de los diferentes actores armados en Colombia.
Dado el complejo contexto colombiano, construyen, como alternativa, una estrategia de acompañamiento a jóvenes en riesgo de reclutamiento y objetores de conciencia , con los siguientes componentes:
- 'Grupos de Afinidad' conformados por jóvenes que se encuentran en riesgo de reclutamiento o que no tienen libreta militar y que se encargan de:
- Diseñar estrategias de protección y comunicación mutua para enfrentar el reclutamiento,
- Desarrollar acciones de sensibilización para denunciar la militarización del país y exigir el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia.
- Les llaman 'grupos de afinidad' porque los jóvenes que los integran afrontan una problemática común y crean una relación de confianza que les permite estar en contacto permanente y asumir una responsabilidad mutua.
- Asesoría jurídica a jóvenes que no quieren prestar el servicio militar, que fueron reclutados de manera ilegal o discriminados por no tener la libreta militar:
- Buscan alternativas jurídicas y políticas para objetores de conciencia a través del análisis de la legislación nacional e internacional y su aplicación al contexto colombiano,
- Acompañan y orientan a jóvenes que quieren desarrollar acciones jurídicas,
- Desarrollan actividades de formación y materiales pedagógicos sobre procedimientos legales y herramientas jurídicas a nivel nacional e internacional.
- Red nacional e internacional de apoyo, conformada por organizaciones que se encargan de:
- Informar al mundo con respecto al conflicto armado en Colombia,
- Ejercer presión política frente a instancias nacionales e internacionales en casos de reclutamiento forzoso y violaciones contra objetores de conciencia,
- Dar seguimiento y apoyar las acciones de los objetores colombianos.
- Acompañamiento psicosocial a los objetores de conciencia y sus entornos (familia, amigos, colegio, universidad, organización) para fortalecer su autoestima y tejido social.
- Procesos de formación en colegios y barrios populares entorno a derechos juveniles, noviolencia, resolución de conflictos y objeción de conciencia.
- Alternativas económicas para objetores de conciencia:
- Brindan apoyo económico a jóvenes en riesgo de reclutamiento, por medio de un fondo de emergencia,
- Diseñan, estampan y venden camisetas antimilitaristas,
- Participan en una red de proyectos productivos, orgánicos y artesanales.
La Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia es miembro activo de:
- La Asamblea Nacional de Objetores y Objetoras de Conciencia de Colombia
- El Mercado Orgánico, Conciente y Solidario
- El Eje Juvenil de la organización belga de cooperación al desarrollo Volens en Colombia-Ecuador
- El Eje de Economía Solidaria de Volens en Colombia
- La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia
lunes, 19 de noviembre de 2007
DEL NEGOCIO DE LA PALMA Y EL COMBUSTIBLE (DOSSIER)
Razones del cultivo intensivo de la palma africanaLa palma aceitera (elaeis guineensis) proviene de África y hasta ahora era una materia prima de segundo orden. Su producción respondía a una demanda estable de productos alimenticios y cosméticos que emplean los diferentes aceites extraídos de esta planta, representando casi el 25% de la producción de aceites vegetales en el mundo.
Por el hecho de proceder de fuentes vegetales se les ha denominado como “biocombustibles”, aunque crecen las voces discordantes y que critican esta designación que resulta en sí misma engañosa, teniendo en cuenta que la extensión de los mismos conlleva graves daños ecológicos en las zonas donde se implanta su cultivo y dramáticas circunstancias sociales y de violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas. Por ello, se plantea que la correcta denominación debe ser la de agrocombustibles.
La Unión Europea1 y Estados Unidos han comenzado a hablar de buscar reducir su dependencia del petróleo, y buscar combustibles “ecológicos” o poco contaminantes. La imposibilidad de poder producir en sus propios territorios la totalidad de agrocombustibles que necesitarían para atender su demanda interna, así como el hecho de que arriesgarían su seguridad alimentaria (considerada por el propio Bush como un asunto de seguridad nacional) y la supervivencia de sus ecosistemas, lleva de forma inevitable a los países “desarrollados” a trasladar la producción de esos agrocombustibles (o más bien la siembra de las materias primas necesarias para ello) a los países tropicales.
Los efluentes utilizados en las plantas extractoras del aceite, se vierten en los ríos cercanos, contaminando fuertemente sus aguas. La eliminación de la capa vegetal originaria deja la tierra a la intemperie, resultando de ello una gran erosión de la tierra.
La palma no puede sobrevivir con otros cultivos o plantas, pues le quitan alimento de la tierra, y rendimiento en cuanto a cantidad de aceite por hectárea. Por ello, los cultivos de palma ofrecen un paisaje monótono, donde la vista solo vislumbra hasta el horizonte un desierto verde. Por ejemplo: en la cuenca del río Curvaradó, aproximadamente 26 especies forestales se encuentran extintas, entre ellas 12 especies maderables para la construcción, 8 especies medicinales y 5 especies para colorantes. Así mismo, cerca de 28 especies faunísticas han sido eliminadas y su hábitat completamente destruido.
La presentación de los agrocombustibles no sólo como una fuente energética renovable y por tanto no perecedera, a diferencia del petróleo, sino que además emite menos gases de efecto invernadero que el combustible fósil, omite que acarrean el problema de la competencia en el uso de la tierra, entre producir alimentos o producir materias primas para combustibles.
1
2 El indicador Gini señala el grado de concentración de la propiedad. Oscila entre 0 (poca concentración) y 1 (alta concentración). Universidad de los Andes y Banco Mundial.
domingo, 18 de noviembre de 2007
YA SON 17 LOS CONGRESISTAS URIBISTAS EN PRISIÓN POR SU RELACIÓN CON LOS PARAMILITARES (ESCUADRONES DE LA MUERTE EN COLOMBIA)
Alfredo Cuello Baute
La captura de Morón, miembro de Alas Equipo Colombia, fue ordenada ayer por
El congresista fue detenido a las 5 p.m. en Valledupar.
Ha sido señalado por varios testigos, entre ellos algunos políticos, de vínculos con los ex jefes 'paras' Rodrigo Tovar, 'Jorge 40' e Iván Roberto Duque, 'Ernesto Báez'.
Morón fue uno de los congresistas que más votación obtuvo en su región en el 2006, cuando fue fórmula del senador Álvaro Araújo Castro, también procesado por parapolítica y actualmente con detención hospitalaria.
Declaraciones de Víctor Ochoa Daza, su hijo Víctor Ochoa Quintana y Juanita Ramírez, segundo renglón Araújo Castro, lo comprometen.
En el 2002 Víctor Ochoa, jefe del Movimiento Revolucionario Liberal fue secuestrado por las Auc y, según ellos, una de las condiciones para que lo liberara '40' era que el segundo renglón de Morón fuera afecto a los Ochoa, como sucedió.
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