domingo, 30 de septiembre de 2007

2.4. OTRAS DENUNCIAS - REPRESIÓN, PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACIÓN, AMENAZAS, ... (DOSSIER DDHH COLOMBIA DURANTE MANDATO DE URIBE)

El 18 de mayo de 2004 manifestantes pacíficos contra el Tratado de Libre Comercio en las calles de Cartagena fueron brutalmente agredidos por efectivos del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD). El gobierno nacional y local movilizó 2000 efectivos de policía, reforzándola con DAS y Armada Nacional como si la manifestación fuera una guerra. Hubo más de un centenar de heridos y, por lo menos, 50 detenidos. También fueron víctimas de la represión representantes a la cámara: Alexander López Maya, Gustavo Petro, Wilson Borja, Venus Alveiro Silva, Piedad Cordoba, el senador Jorge Enrique Robledo, entre otros.

En las marchas y manifestaciones del suroccidente colombiano las fuerzas del Escuadrón Antidisturbios ESMAD, adscrito a la Policía Nacional asesinó a un indígena y causó heridas a más de 70 manifestantes. Se movilizaron unas 60.000 pidiendo que cese la represión y que se hiciera una consulta popular sobre el TLC. 30 activistas tomaron el 18.05.2006 la sede de la Defensoría del Pueblo para denunciar dichos abusos y la desaparición de varios defensores de DDHH y dirigentes sociales. Comunicado de: Organización Campesina del Alto y Bajo Ariari, Sinaltrainal, Organización Nacional Indígena de Colombia (O.N.I.C.), Instituto Nacional Sindical, Asociación de Mujeres Indígenas y campesinas de Colombia (ANMUCIC), Pueblo Kankuamo, Mesa de Unidad Agraria, Central Unitaria de Trabajadores, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Sembrar Justicia y Paz, Minga, Pueblo Pijao, Cabildos del Trapecio Amazónico (ACITAM), Justicia y Vida, Estudiantes Universidad Nacional, Comunidad Indígena de Soacha.[i]

Orlando Valencia, afrodescendiente, del Consejo Comunitario de Curvarado y protegido con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue detenido arbitrariamente y DESAPARECIDO. El vehículo en que viajaba con acompañantes fue interceptado por la Policía de Belén de Bajirá, fue detenido arbitrariamente junto a otros campesinos. Hacia las 12:30, todos los campesinos, incluido Orlando, habían recuperado la libertad y se dirigieron a la casa del campesino Enrique Petro. Orlando fue abordado por dos paramilitares, que habían seguido al grupo en una motocicleta, apuntaron con el arma al miembro de Justicia y Paz cuando salió a reclamar por Orlando. Lo montaron en la motocicleta vía municipio de Chigorodó. Comunicado por C. Justicia y Paz el 16.10.2005[ii].

La estrategia de la JUDICIALIZACIÓN de las víctimas de la persecución consiste en que las personas perseguidas por sus ideas políticas son acusadas por el Estado con montajes judiciales, presentadas en los medios de comunicación como insurgentes y, después, puestos en libertad por falta de pruebas. Algunos son asesinados por sicarios después de su liberación.

Remitida por la ONG Soldepaz.Pachakutti de Asturias nos llega un descarado caso de judicialización de perseguidos políticos. Juan José Ramírez Vélez, reinsertado del M19 y establecido en España desde el año 2000, con la condición de asilado, es vinculado por la Fiscalía en 6 procesos distintos por delitos de secuestros masivos, homicidios, hurtos, fuga de presos y otros; todos ellos cometidos tras su llegada y permanencia en España.

Las AMENAZAS a líderes sindicales y militantes de la izquierda son una forma de callar las protestas y denuncias contra determinadas políticas. Amnistía Internacional denunciaba que el 22 de septiembre de 2005 se envío a las oficinas de la C.U.T. en Neiva, Departamento de Huila, una carta dirigida a Mario Jesús Castañeda y firmada por el Bloque Central Bolívar de las A.U.C. (grupo teóricamente en “proceso de paz”) Reproducimos fragmentos: “Hoy estamos recordándole que desde hace tiempo nos molesta con su grosería atacando al gobierno… revolucionarios sindicalistas como usted que son gusanos habladores calumniadores contra cada gobierno que tenemos … seguiremos actuando … de manera efectiva en la zona … que no dejaremos hasta verla en paz y libre de gente como ustedes … Se va, se calla o actuamos.[iii]

El 13 de octubre de 2005 los paramilitares enviaron a la oficina del Parlamentario Alexander López Maya (Ex Pte. del Sindicato de Empresas Públicas de Cali – SINTRAEMCALI) un correo amenazándole a él y a destacados dirigentes que han denunciado públicamente a los autores de violaciones de derechos humanos en la región. Previamente, el 18 de agosto de 2005, Wilson Anep Torres, asesor del Parlamentario Alexander López fue abordado por sujetos en un vehículo Toyota color blanco y le dijeron: “Mira decile al hijueputa de Alex que se cuide …”. El 24 de agosto de 2005 un sujeto abordó a la secretaria de Alexander al salir de su residencia en Cali que la llamó por su nombre y le dijo: “… decile a Alex que se cuide porque tiene los días contados…”

El 25 de agosto de 2004 fue denunciada la Operación Dragón, cuyo objetivo era exterminar líderes políticos, sociales, sindicales y defensores de Derechos Humanos en el Valle del Cauca. Plan dirigido por oficiales activos y en retiro de la Fuerza Pública actuando por contrato suscrito con la Financiera Energética Nacional, por orden de la Superintendente de Servicios Públicos Eva María Uribe Tobón. En la agenda personal del Teniente Coronel Julián Villate Leal aparecen relacionados varias veces los nombres de las personas que están amenazadas. Pese a múltiples pruebas, hasta el 14 de octubre de 2005, fecha del comunicado de las organizaciones sociales de la región, no se conoce apertura de investigación.[iv]


[i] Asesinado Indígena Movilización Suroccidente Colombiano. Publicado el 19.05.2006 en http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=22597

[ii] Desaparecido afrodescendiente del Curvarado. Publicado comunicado de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz el 16.10.2005 en http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=221

[iii] Amenazas contra Mario Jesús Castañeda. Denuncia Amnistía Internacional. Fuente: www.ddhh-colombia.org

[iv] Amenazan nuevamente a dirigentes políticos, sociales, sindicales y defensores de derechos humanos del Valle del Cauca. Comunicado firmado por Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), Sindicato de Trabajadores de las empresas municipales de Cali (SINTRAEMCALI), C.U.T., Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Calí, 14-10-2005. Fuente: www.ddhh-colombia.org

sábado, 29 de septiembre de 2007

2.3. VIOLACIÓN DE DDHH DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DURANTE MANDATO DE URIBE (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), los grupos paramilitares han sido responsables del 80 % de los casos resueltos de asesinatos de líderes sindicales. En su informe de marzo de 2004, el Comité sobre Libertad de Asociación de la O.I.T. denunció que existe una “intolerable situación de impunidad”[1]. Los registros de las Centrales Obreras muestran que, desde hace 20 años hasta la fecha de la visita de la Misión de Alto Nivel de la O.I.T, más de 2.500 sindicalistas fueron asesinados y que el 99,44% de los casos están impunes[2].

El Área de Derechos Humanos y Laborales de la Escuela Nacional Sindical (ENS) de Colombia afirma en su informe sobre la violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos – 2004[3] respecto a la impunidad que “En información suministrada por el observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República […] se señala que desde 1992 se encuentran en etapa de juicio 40 casos. Los acusados han recibido condena en 19 casos […] Sin embargo, […] según registros del Banco de Datos de la Escuela Nacional Sindical desde 1992 hasta la fecha se han registrado 1.981 homicidios contra trabajadores sindicalizados en el país.”

En la tabla publicada en el informe sobre la violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos – 2005 de la ENS (donde no se incluyen los crímenes cometidos contra comunidades indígenas, rurales, estudiantes y militantes de oposición, sólo sindicalistas) se registran 772 asesinatos entre 2000 y 2005. Se aprecia un giro táctico en la modalidad de violencia, ya que los asesinatos de sindicalistas estaban rompiendo el cerco mediático con la solidaridad internacional de muchas centrales del mundo y su publicidad resultaba difícil de compaginar con el proceso de legitimación e impunidad de los paramilitares.

Violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad
de los y las sindicalistas en Colombia - 1 Enero a 31 diciembre de 2000 a 2005

Tipo de violación

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Amenazas

180

234

190

296

445

260

Homicidios

135

198

184

91

94

70

Atentados sin muerte

13

24

17

20

6

7

Desaparición

17

12

9

6

7

3

Allanamiento

1

1

-

12

3

1

Detención

37

8

11

49

77

56

Hostigamiento

2

13

19

54

17

32

Secuestro

24

41

27

7

5

6

Desplazamiento

155

70

2

91

33

8

Tortura

2

1

1

-

1

1

Total

566

602

460

626

688

444

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos, Escuela Nacional Sindical.

El informe reconoce disminución en el número de homicidios, pero detecta un aumento de los hostigamientos y amenazas. Advierte que las amenazas se trasladan al núcleo familiar. Estas formas de violencia llaman menos la atención de organismos internacionales y son menos publicitadas; lo que favorece el proceso de impunidad que se intenta con la Ley 975 de 2005; y consiguen el mismo efecto (que el sindicalista no haga reivindicaciones laborales o denuncias o se marche de la ciudad por miedo a que le maten a un ser querido). También aumentan las detenciones arbitrarias (sin orden judicial) y los procesamientos como formas de camuflar la persecución (bajo montajes y utilizando, normalmente, el testimonio de personas “reinsertadas”). El esquema suele ser hostigamiento, detención, acusación de insurgente, proceso y puesta en libertad por falta de pruebas, por último la víctima puede ser asesinada. Por citar un ejemplo: “La ejecución del sociólogo y docente Alfredo Correa de Andreis, quien había sido detenido el 17 de Junio por agentes del DAS acusado de rebelión con base en testimonios de reinsertados y quien a finales de julio fue absuelto por falta de pruebas. Posterior a su liberación fue asesinado en la ciudad de Barranquilla.”

Profesor y Sociólogo Alfredo Correa de Andreis

Presuntos responsables del total de violaciones
contra los sindicalistas en el año 2005

RESPONSABLES Y PRESUNTOS RESPONSABLES

Nº DE CASOS

%

Organismos Estatales

80

18

Grupos Paramilitares (F. irregulares)

91

20,5

Guerrillas

4

0,9

Delincuencia común

9

2,03

No identificado

173

39,19

Sin datos.

86

19,3

Presuntos Responsables Total de violaciones contra trabajadores sindicalizados en Colombia.

1 de enero a 31 de diciembre de 2004

RESPONSABLES Y PRESUNTOS RESPONSABLES

Nº DE CASOS

%

Organismos Estatales

85

12,35

Grupos Paramilitares (F. irregulares)

105

15,26

Guerrillas

6

0,87

Empleador

4

0,58

Delincuencia común

13

1,89

No identificado

337

48,55

Sin datos.

138

20,5

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS


Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS

Es importante comentar este repunte en la responsabilidad de los Organismos del Estado como autores o presuntos autores de las violaciones de DDHH de sindicalistas, coincidiendo con el periodo en que se intenta dar impunidad a los paramilitares (Ley 975 de 2005), motivo por el que, según el informe de la ENS, dichos grupos han cambiado a modalidades de violencia menos publicitadas que el homicidio de un sindicalista. También, tras los escándalos del DAS, se puede pensar que es la expresión de la lógica paramilitar dentro del aparato del Estado.

Para terminar con estos informes de la ENS comentar la especial violencia contra las mujeres sindicalizadas: “la violencia ejercida contra las mujeres sindicalizadas está revestida de una fuerte carga semántica, en la cual los victimarios recurren a una serie de prácticas simbólicas y perversas para degradar a la víctima y explotar todo el contenido simbólico que culturalmente se ha depositado en el cuerpo de la mujer, para asegurarse de esa manera el terror colectivo que ocasiona dicho trato despiadado”.

Como ejemplo de lo anterior mencionamos el caso de Adriana Francisca Padilla, profesora sindicalizada en Educadores Unidos del Magdalena, que el 29 de octubre de 2005 recibió 2 impactos de bala en su cuerpo embarazada de 8 meses, muriendo ella y su bebe. Otras 9 profesoras sindicalizadas fueron asesinadas en 2005.

Cuando hablamos de miles de trabajadores/as sindicalistas asesinados/as puede no ser adecuado mencionar casos concretos, aunque hacerlo es una forma de humanizar las frías estadísticas, por ello haremos mención a un hombre de 47 años con 4 hijos que estuvo desplazado en España como medida para proteger su vida ante las amenazas. Fue acogido por la O.N.G. Asturiana Soldepaz Pachakutti a finales de 2004. Se trata de Luciano Romero Molina, Ex – Secretario de Derechos Humanos del SINALTRAINAL (sindicato de la industria Alimentaria), ex – empleado de Nestlé de Colombia, S.A. contra la que cursó demandas en Valledupar. Tenía medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana. Tras volver a Colombia fue secuestrado el 10 de septiembre de 2005 y el 11 de septiembre fue encontrado su cuerpo amarrado de pies y manos, con signos de tortura y con 40 heridas de armas cortopunzantes[iv].

Foto de Luciano Romero

Citamos el caso Pedro Jaime Mosquera, como ejemplo del método de persecución del Estado. Había sufrido 17 detenciones arbitrarias en 2 años y acusado del delito de rebelión buscó refugio en Venezuela, pero su hermano fue arrestado sin orden judicial (la persecución se volvió contra su familia). Era el vicepresidente de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y su cadáver apareció con signos de tortura el miércoles, 6 de octubre de 2004, en la frontera de Colombia y Venezuela[v].

Foto de Pedro Jaime Mosquera.

[1] Web de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), “Consideraciones sobre la protección internacional de los solicitantes de asilo y los refugiados colombianos – 2005. http://www.acnur.org/pais/index.php?accion=tema&id=2&iso2=CO.

[2] “Misión de Alto Nivel de la O.I.T. recomienda presencia permanente en Colombia”. Publicado por la Fundación Madrid Paz y Solidaridad www.ddhh-colombia.org. Email: ddhh-madrid@usmr.ccoo.es. Tfno: 915063083.

[3] Escuela Nacional Sindical http://www.ens.org.co/informe.htm

[iv] Soldepaz.Pachakutti (Asturias): Asesinato de Luciano Enrique Romero Molina. Publicado en Web de Union Network Internacional (Asociación internacional de Sindicatos. contact@union-network.org) http://www.union-network.org/uniindep.nsf/f0fa5a094742095ac125680000253538/ad166d3e0eb2d7f2c125708200289af2?OpenDocument y en Web de SINALTRAINAL: http://www.sinaltrainal.org/Textos/lucianoromero.htm.

[v] Comunicado de Asociación Campesina de Arauca Asesinato del Vicepresidente Pedro Jaime Mosquera. Publicado en Web de ONG Sodepaz: http://www.sodepaz.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2300

viernes, 28 de septiembre de 2007

2.2.2. OTRAS DENUNCIAS DE MASACRES DE FUERZAS IRREGULARES Y PÚBLICAS EN ZONAS RURALES DURANTE MANDATO DE URIBE (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

La Central Unitaria de Trabajadores (C.U.T.) en comunicado de 22 de abril de 2005 denuncia la masacre de 12 jóvenes asesinados con tiros de gracia, con edades que oscilaban entre 15 y 21 años. Eran estudiantes y desempleados de la Comuna 5 en Buenaventura[i].

A continuación reproducimos fragmentos de un artículo de Alfredo Molano, periodista de “El Espectador”:

“Sólo en el presente año (2005) han asesinado 66 indígenas, 11 han desaparecido; miles desplazados y 10 pueblos fumigados con glifosato, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). …Los Kankuamos que habitan en la Sierra Nevada por el lado de Valledupar, en los últimos 12 años han sido asesinados 240 miembros de la comunidad. La ONIC acusa de los crímenes a los paramilitares (37,9%), a la Fuerza Pública (24,0 %), a las guerrilla (15,2 %) y a otros sin identificar (22,7%). La guerra irregular tiene una lógica… sembrar el terror para obligar a la gente a desplazarse y dejar la tierra libre para ser reapropiada… Hace un año se reunió en Chile, el National Intelligence Council (N.I.C) de EE.UU., un organismo especializado en inteligencia estratégica, para pensar en la América Latina del 2020,… Cito al NIC: “la emergencia de movimientos indigenistas políticamente organizados puede representar un riesgo para la seguridad regional” Los territorios indígenas son – por Constitución – inalienables,… el TCL tiene cláusulas dirigidas a erosionar o suprimir esas garantías constitucionales”[ii].

El día 5 de agosto de 2004 fueron ejecutados extrajudicialmente a manos del Ejército colombiano (Batallón Revéiz Pizarro): Héctor Alirio Martínez (Pte. de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), Leonel Goyeneche (miembro de la Junta Directiva de la CUT – Central Unitaria de Trabajadores – Arauca) y Jorge Prieto (miembro de la Junta Directiva de ANTHOC – Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia – y de la CUT), líderes históricos de Arauca. Los 3 tenían medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A.

Fotos de Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto.

En el mismo operativo se detuvo a los dirigentes Samuel Morales, Pte. de la C.U.T. de Arauca y Raquel Castro, miembro de la Asociación de Educadores de Arauca[iii]. Desde prisión Raquel escribe una carta desgarradora a 18 de febrero de 2005; en esas fechas celebraría sus 20 años de docente, recuerda su experiencia como Presidenta de una filial de la Asociación de Educadores de Arauca durante 10 años y su compromiso en la educación para la Paz y la Libertad como Rectora de un Colegio Agropecuario Rural del Arauca. Reproducimos el final de la carta:

“(…) por una denuncia pública a la ferocidad e inclemencia del conflicto armado, por guiar los valores humanos en los niños, niñas y jóvenes estudiantes, por ofrecer una mano de consuelo a las madres que lloran a sus hijos, (...), por estar junto a los que se unen y luchan por la dignidad de sus familias, (…), por no soportar las injusticias, (…), por no callar el exterminio de la expresión social, los atropellos y la miseria humana (…). Por eso estoy en las rejas de las cárceles del régimen de la Seguridad Democrática (…) pretenden silenciar las voces del sufrimiento …” [iv].

En el marco de la Operación Borrasca del Ejército Nacional con tropas de la Brigada XVIII, Brigada Movil nº5 del Batallón 43 de Contraguerrilla “Héroes de Tarazá”, del Revéis Pizarro y del Navas Pardo, aparecieron centenares de paramilitares en el área rural de Tame el día 19 de mayo de 2004, establecieron retenes que impedían entrar o salir a la población. En 24 horas asesinaron a 12 personas, incluido un menor. Hay cadáveres degollados y otro en Cravo Charo descuartizado. Hay información no confirmada de 15 personas degolladas cerca de la vereda Botalón. Los caseríos enteros del municipio de Tame quedaron despoblados por el pánico. Ni la Cruz Roja, ni la Defensoría del Pueblo habían podido entrar en la zona[v].

Recomendamos el documento La Estrategia Integral del Paramilitarismo en el Magdalena Medio” (Sindicato SINALTRAINAL – Septiembre 2002): Descárgalo aquí: http://www.sinaltrainal.org/Textos/parasmagda2004.pdf

[i] Comunicado C.U.T. 22.04.2005. www.ddhh-colombia.org

[ii] Artículo prensa: “¿Guerra preventiva?” por Alfredo Molano Bravo “El Espectador” http://www.elespectador.com/historico/2005-09-04/contenido_MI-595.htm. Avenida El Dorado No. 69 – 76, Bogotá C/marca 00000. Colombia. Tfno:(571) 4 23 23 00 Fax: (571) 4 23 23 00 Email: internet@elespectador.com

[iii] Radio Nizkor, 06.08.2004. http://www.radionizkor.org/colombia/index.html#narcos1

[iv] Carta de Raquel Castro, presa política. www.ddhh-colombia.org

[v] S.O.S ARAUCA. Paramilitares en área rural de Tame. 12 personas asesinadas”, publicado el 22.05.2004 en http://colombia.indymedia.org/news/2004/05/13190_comment.php

2.2.1. ALGUNAS DENUNCIAS DE MASACRES DE FUERZAS IRREGULARES Y FUERZAS PÚBLICAS EN ZONAS RURALES - MANDATO DE URIBE (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

La Fundación Madrid Paz y Solidaridad y la Fundación Paz y Solidaridad del Sindicato CC.OO. en Canarias como integrantes de La Red de Alerta, Denuncia y Seguimiento de Violaciones de DDHH a Sindicalistas Colombianos,[i] comunica que la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga informó de lo siguiente: los días 4 y 5 de diciembre de 2005 un grupo de 200 hombres armados se presentaron como integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas bajo el mando de alias Jorge 40 (grupo que se había comprometido en el cese de hostilidades y beneficiado por la impunidad proporcionada por el Gobierno Uribe tras la negociación), en las veredas La Más Verde y Nuevo Horizonte. Allí cometieron todo tipo de atropellos contra la población civil, retuvieron a un número indeterminado de personas, de las cuales 22 se encontraron asesinadas con armas de fuego y corto punzantes (signos de tortura). Cinco cadáveres fueron levantados por el ejército nacional y trasladados a la cabecera urbana de Curumaní. Los otros 17 cadáveres se quedaron, por lo menos, 5 días a la intemperie, sin que autoridad policial o judicial realizara esfuerzo de recuperación e identificación. Los paramilitares no encontraron oposición alguna de fuerza pública y mantuvieron a los pobladores retenidos y bloqueados hasta el 7 de diciembre de 2005, después se retiraron[ii].

La Red de Alerta, Denuncia y Seguimiento de Violaciones de DDHH a Sindicalistas Colombianos denuncia una masacre contra la comunidad indígena Wayúu de la Guajira, Colombia. El 18 de abril de 2004 llegaron a la comunidad de bahía Portete un grupo de hombres armados. Reproducimos literalmente el testimonio de un testigo: “maltratándonos y violando a nuestras hijas, torturando a niños para que hablaran donde se encontraban sus padres, (…), ellos no les creían a los niños, por eso los mataban o se los llevaban (…) estamos preocupados por encontrar nuestros hijos desaparecidos” En algunas partes de la comunidad se encontraron miembros de los cuerpos de los niños. Se computan hasta el momento del informe 12 muertos y 30 desaparecidos. Los habitantes de la comunidad, unas 580 personas de diferentes clanes, abandonaron su territorio, sus animales y pertenencias por miedo. Al parecer ni el Alcalde de Uribia, ni el Gobernador de la Guajira se pronunciaron sobre estos hechos que no han tenido trascendencia mediática[iii].

Soldepaz.Pachakutti, ONG asturiana, nos remitió un informe de la Delegación Asturiana adscrita a la Veeduría Electoral Internacional para las elecciones colombianas de 12 de marzo de 2006 donde destacamos estas denuncias a la Fiscalía: Puerto Toledo (Departamento del Meta). La Comunidad denuncia que por el río Guejar bajaron 10 cadáveres que recogieron y están sin identificar. La Comunidad de Kankuamos denuncian que durante el Gobierno del Pte. Uribe, 112 Kankuamos fueron asesinados, señalando al Grupo Paramilitar de Jorge 40 como responsable. También denuncian que 22 indígenas se encuentra presos víctimas de montajes. La Comunidad de Casanare denuncia que la fiscalía no ha iniciado procedimiento para el esclarecimiento de la desaparición de más de 60 personas, 91 según datos de la Defensaduría. Comunidades de Ciudad Bolívar denuncian la muerte de más de 170 jóvenes en 2005 de edades comprendidas entre 12 y 19 años a manos de grupos paramilitares con complicidad de Policía. Marta Giraldo denuncia el asesinato de su padre, ejecutado extrajudicialmente por tropas del Batallón de Alta Montaña nº3 de Rodrígo Llorera en una finca próxima a Chipichapa el sábado, 4 de marzo de 2006. Denuncia la manipulación del cadáver y la escena del crimen, la prohibición de llegar al lugar a familiares y abogados hasta 12 horas después del crimen. ORIVAC (ORGANIZACIÓN REGIONAL INDÍGENA VALLE DEL CAUCA) denuncia una masacre acaecida el 17 de septiembre de 2001 en Ladrillo y Palmira, cerca de Pradera, una familia entera, detenida, torturada y ejecutada (incluido menor de edad); la comunidad responsabiliza al Bloque Calima de los Paramilitares – Alias Roger – y denuncian la impunidad[iv].

Wilson David, representando a la Comunidad de Paz de San José Apartado, Departamento de Antioquia, Colombia, visitó varias instituciones en Asturias, entre ellas a la ONG Soldepaz-Pachakutti. Mostró un documental titulado “Hasta la última piedra” que narra crímenes recientes en la Comunidad de Paz constituida en 1997 como iniciativa autónoma de población civil que rechaza cualquier relación con actores armados (ejército, paramilitares y guerrilla). Las estrategias militares y paramilitares han perseguido sistemáticamente a sus integrantes bajo el argumento de enfrentar a la guerrilla de las FARC. Han sufrido amenazas, bloqueo económico, falsas acusaciones, torturas, desapariciones y masacres. 170 personas de la Comunidad han sido asesinadas con impunidad total. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en escrito dirigido al Vicepresidente de la República con fecha 26 de febrero de 2005 acusa a miembros de la Brigada XI del Ejército Nacional de la muerte de 7 campesinos que fueron amenazados, detenidos arbitrariamente, torturados, asesinados y enterrados en dos fosas, entre ellos Luis Eduardo Guerra, Defensor de DDHH de la Comunidad de Paz.

El 15 de abril de 2006 las tropas de la brigada móvil nº12 del Ejército Nacional masacran a 10 campesinos (incluidos 3 menores) en la Vereda Sanza, Municipio de San Juan de Arama, Meta. Según informaron las Juntas de Acción Comunal el operativo tuvo como objetivo una vivienda aledaña a la Escuela de Puerto Nubia. Se escuchó una fuerte explosión y ráfagas de ametralladora y fusil. Allí se alojaban 50 civiles: niñas, niños, adultos y mayores. Personas heridas salieron fuera a pedir el cese del fuego, pero siguieron disparando. El ejército bloqueó la zona, hasta el 27 de abril en horas de la tarde ni siquiera la delegación de las Juntas de Acción Comunal de las Veredas Costa Rica y Sardinata que habían solicitado el ingreso de la Cruz Roja Internacional, habían podido entrar[v].

Civiles armados actuando como Autodefensas de los Llanos asesinaron a 3 campesinos (incluida una madre de 5 hijos) el día 5 de enero de 2006 en el caserío de Matabambú, Jurisdicción de Puerto Toledo, Municipio Vista Hermosa, Departamento del Meta, a lo que hay que sumar varios heridos. Está acción criminal sucede a 5 minutos de un retén militar de tropas del Batallón de Contraguerrilla Nº 17 “Motilones” de la Brigada Móvil Nº 2. Los paramilitares en el casco urbano impedían el desplazamiento de pobladores y mantenían retenidos a varios. A las 5:30 p.m. miembros de la Comisión de Seguimiento a los Derechos Humanos del Río Guejear fueron al reten del Ejército a 200 metros del caserío, comunicaron al Teniente García al mando de tropas adscritas al Batallón Nº42 de la Móvil nº 4 la presencia de los paramilitares, pero éste afirmó que no se comprometía a brindar seguridad. Militares bajo su mando advirtieron que lo mismo que ocurrió en Matabambú va a ocurrir en Puerto Toledo. La señora Rosabel Rincón desapareció tras ser obligada a bajarse de un vehículo de servicio público en un retén de cíviles armados, encapuchados y uniformados en la estrategia paramilitar. Se había desplazado a la zona para saber de su hija: Marilyn Martinez Rincón, detenida en Santo Domingo. La Comisión Justicia y Paz informó sobre los hechos al Programa Presidencial de Derechos Humanos. También habían desaparecido Norberto Lujan y Ecelino Pineda Peña. Los detenidos en Santo Domingo fueron dejados en libertad todos en Vista Hermosa (8 personas)[vi].


[i] Denuncias de la Red Alerta Sindical Colombia. Fundación Madrid Paz y Solidaridad. ddhh-madrid@usmr.ccoo.es Tfno: 915063083 Fax: 915062325. Web: www.ddhh-colombia.org. C/ Sebastián Herrera, 12, 1º 28012 Madrid. España.

[ii] Minga ratifica ante la comunidad nacional e internacional la denunciada masacre de civiles en Curumani (Cesar) por parte de paramilitares de "jorge 40” http://www.colectivodeabogados.org/article.php3?id_article=381

[iii] “Paramilitares asesinaron 12…Wayúu de Bahía Portete” publicado en http://colombia.indymedia.org/news/2004/05/12596.php

[iv] Soldepaz.Pachakutti Informe de la Delegación Asturiana. http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2006_1/2informe_colombia.pdf

[v] Corporación Reiniciar: masacre de 10 campesinos. http://colombia.indymedia.org/news/2006/04/41478.php

[vi] Denuncia difundida por Comité de Seguimiento a los Derechos Humanos de las Juntas de Acción Comunal del sector del Río Guejar, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Fensuagro, Corporación Reiniciar, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz el 5 de enero de 2006. Asesinados 3 campesinos en Matabambú … http://colombia.indymedia.org/news/2006/01/36951.php