Los crímenes y la persecución contra miembros de la U.P. continúan. Durante el Gobierno de Álvaro Uribe más de 150 militantes de la U.P. han sido víctimas de homicidios o desapariciones. Sigue la impunidad con humillación para las víctimas. Se impidió trasladar a Bogotá el cadáver de Alirio Silva, líder regional de la U.P. asesinado el 1 de marzo de 2004 en la región de Putumayo. Según las autoridades había que esperar a una autopsia especial para comprobar que no era un “cadáver bomba preparado por la guerrilla”[i]. Entre otros casos, Carlos Arturo Díaz y Carlos Arciniegas Niño, ambos militantes comunistas fueron torturados y asesinados en diciembre de 2005[ii]. Higinio Baquero Mahecha de 26 años con esposa y 3 hijos menores, militante de la U.P., del Partido Comunista Colombiano y de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos “Reiniciar” fue asesinado el 12 de abril de 2006 por sicarios en Bogotá. Su abuela Beatriz Montero fue concejal de la U.P. en el municipio de Lejanías; su padre, Higinio Baquero, dirigente de la U.P. y del P.C.C. tras sufrir amenazas se exilio en Quito y fue asesinado hace 2 años. “Reiniciar” señala a los grupos paramilitares que andan impunes con el gobierno Uribe. La familia procedía del Departamento del Meta, donde la U.P. y el Partido Comunista llegaron a tener el 30% del electorado. “Reiniciar” ha denunciado sólo en dicho departamento más de 1.500 asesinatos de miembros del Partido Comunista y U.P. Centenares de familias tuvieron que abandonar todas sus pertenencias y huir de Meta[iii]. Foto de Higinio Baquero Mahecha (militante de UP asesinado). En el año 2004 el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos recibió en Tenerife a Jahel Quiroga Carrillo, Directora de “Reiniciar”, también amenazada de muerte por los paramilitares, compañera del asesinado, el cual era responsable de su seguridad. Jahel nos mostró un documento audiovisual titulado “Baile Rojo” (nombre de plan de exterminio). Nos indicó que han aportado evidencias sobre la existencia de 5 planes de exterminio: Esmeralda (1988) y Retorno (1993) para eliminar secciones regionales de la U.P; Operación Cóndor en 1985 (de ámbito latinoamericano con asesoría de EE.UU.), Baile Rojo en 1986 y Golpe de Gracia en 1992 (de ámbito nacional para acabar con cargos públicos, candidatos y dirigentes de U.P.).
El 9 de febrero de 2004, el Gobierno de Álvaro Uribe, a través de una declaración del Vicepresidente de la República, Francisco Santos, expresó su disposición para buscar una solución amistosa en el litigio del Caso 11.227 de la CIDH (por los asesinatos de más de 3500[iv] colombianos vinculados a la U.P.), pero el mismo funcionario elude la responsabilidad del Estado afirmado que “los crímenes serían obra del narcotráfico”. En la actualidad “Reiniciar” y los familiares de las víctimas, ante la continuidad de los crímenes y la actitud del Presidente Uribe, han dado por finalizada la fase de solución amistosa. Con el gobierno de Uribe muchos crímenes vienen precedidos de persecución por organismos del Estado. Suelen acusar sin pruebas o con falsos testimonios a militantes de la izquierda de ser colaboradores de la guerrilla, cuando quedan absueltos los liberan y, posteriormente, son asesinados por paramilitares. Varios colectivos nos han expresado su preocupación por la detención el 7 de agosto de 2006 de Víctor Oime[v] (exalcalde de Cartagena de Chairá por la U.P), su esposa y su hijo Arístides (acogido por el Programa Asturiano de Derechos Humanos en el mismo grupo del sindicalista asesinado Luciano Romero 2004/2005).
Foto de Liliana Gaviria.
Magnicidio político: Liliana Gaviria, hermana del candidato y ex presidente César Gaviria fue asesinada junto a uno de sus escoltas en abril de 2006 en la ciudad de Desquebradas, zona controlada por el paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Previamente, Cesar Gaviria había acusado al gobierno de Uribe de complicidad con los paramilitares y escuadrones de la muerte de San José de Ralito, criticado duramente la ley que les da impunidad y el cogobierno de entidades públicas como el DAS, el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) y otros institutos.
También se tiene amenazado a Alvaro Leyva y se ha eliminado a miembros del POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO (coalición que agrupa a diversas organizaciones de centro y de izquierdas)[vi], como Rafael Pérez y Rafael Cala, asesinados en Barrancabermeja en noviembre de 2005. Antes de culminar el presente informe recibimos noticia de que los Senadores del Polo Democrático Alternativo denunciaron ante el Senado que se ha puesto en marcha un plan de intimidación y exterminio en contra de los dirigentes del POLO en el suroccidente colombiano. Denunciaron los asesinatos de: Julián Andrés Hurtado, representante estudiantil al consejo académico de la Universidad del Valle y militante del PDA (04-10-06, ciudad de Cali); Rafael Guerrero (06-10-06, Monterrey, Valle del Cauca), miembro del comité de campaña presidencial de Carlos Gaviria en el Valle; y el abogado Javier Enrique Ruiz (agosto 06), integrante de la mesa de unidad del P.D.A. y miembro de los comités de campaña. Arturo Franco, dirigente del P.D.A. en Tulúa sufrió atentado impactado con armas de fuego dentro de la sede el 05.10.06. Denunciaron la desaparición de: Nelson Pérez del Comité Permanente por los Derecho Humanos de Buga (desde el 05.08.06) y Walter Álvarez Ossa del mismo municipio (desde 17.08.06), ambos miembros del P.D.A. Todos los hechos tienen como supuestos autores a grupos paramilitares. También denuncian la intimidación y amenazas sufridas por organizaciones juveniles, indígenas y la Mesa del P.D.A. en Florida.
[iii] Denuncia Pública de Corporación Reiniciar. http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=290
[iv] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.1. Pag. 53. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.
[v] http://www.colectivodeabogados.org/article.php3?id_article=662
[vi] Artículo de Horacio Duque para ARGENPRESS.info Liliana Gaviria, un magnicidio político…
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