domingo, 10 de octubre de 2010
Vídeo. Hacia el Congreso de los Pueblos.
Video, Entrevista Campaña contra el Despojo
Ejercito comprometido con muerte de dos indigenas menores de edad
| Escrito por O.N.I.C. | |
| miércoles, 11 de agosto de 2010 | |
La autoridad nacional de gobierno indigena de la organización nacional indìgena de colombia, ,ONIC, rechaza de manera energica y manifiesta su profunda preocupación por los acontecimientos sucedidos en la tarde del dia sabado 7 de agosto, en jurisdiccion del resguardo indígena santa teresita del tuparro; Hechos que involucran a militares adscritos al Batallon de Infanteria no.42 Efrain Rojas Acevedo, quienes se desplazaban en un vehiculo militar y que terminaron con la vida de dos menores de edad e hiriendo a un adulto, que se desplazaban en motocicleta y que sucedidos los hechos hubo actos en los que se queria evadir la responsabilidad expresa de los miembros del ejercito en este hecho, aun cuando por manifestaciones de su parte niegan la responsabilidad y su compromiso de atender a estas víctimas. En nombre del consejo regional indigena del vichada “crivi” y de las autoridades indigenas de los resguardos santa teresita del tuparro, muco guarrojo y del resguardo selva matavén, rechazamos rotundamente estos hechos y convocamos la solidaridad y el acompañamiento de la opinion publica, de las ong’s y de los organismos defensores de derechos humanos apoyarnos en nuestras justas demandas para que estos hechos no queden en la impunidad. Solicitamos a la personeria municipal, a la defensoria regional, procuraduria general de la nacion, la fiscalia general de la nacion y a las autoridades militares poner en disposicion todos los instrumentos que conlleven al conocimiento de la verdad y la aplicación de justicia sobre estos hechos. Expresamos nuestro sentido pesame y solidaridad a las familias de rafael antonio pónare y gerardo chipiaje rodríguez. Clamamos a la madre tierra, a los espíritus guardianes que los reciba en su seno, los guarde y se aplique justicia. Bogotá d.c p de agosto de 2010. |
Caravana por la vida y la memoria (Vídeo con intervención de supervivientes de masacre paramilitar)
Familiares de las personas asesinadas por los paramilitares desde hace diez años sembraron 14 cruces simbólicas de los sitios de las masacres.
La Comisión Nacional de Víctimas se propone establecer 14 estaciones en la vía al Puerto, cada una con una cruz, para en recuerdo a las víctimas de 14 masacres de paramilitares.
Carta al Ministro de Relaciones Exteriores español frente a los ataques contra la delegación española.
Barcelona, 29 de julio de 2010
Sr. Miguel Ángel Moratinos
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Estimado Sr. Moratinos,
Nos dirigimos a usted desde la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia1, para expresarle nuestra enérgica condena por las acusaciones de terrorismo que el presidente de Colombia, Sr. Álvaro Uribe, realizó contra miembros de una delegación internacional de visita en Colombia, de los cuales dos son ciudadanos españoles y miembros de la Taula Catalana por Colombia.
El Sr. Xavier Badia, Director de la Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos de la Generalitat de Catalunya, y el Sr. Ceferino Alonso, Vicepresidente de la Asociación Catalana por la Paz, participaron el pasado 22 de julio en una amplia delegación internacional formada además por seis miembros del Parlamento Europeo (Ana Gomes, Richard Howitt, Ole Christensen, Bernd Lange, Evelyn Regner, Gianni Vattimo), tres miembros del Parlamento Británico y numerosos de dirigentes sindicales de Europa y Estados Unidos. La delegación estuvo presente durante la celebración de una audiencia pública en la localidad de la acarena, al sur del departamento del Meta, Colombia, en la que se documentó la existencia de una fosa común con centenares de cadáveres no identificados.
La Audiencia fue convocada por el Senado de la República a instancias de la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario, fue presidida por las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez y a ella asistieron más de 500 campesinos y campesinas de los departamentos del Meta y Caquetá. Familiares de víctimas rindieron testimonio y se documentaron numerosos casos de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales a civiles que son presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate, casos han sido ampliamente documentadas en otras zonas del país por organismos internacionales como Naciones Unidas.
La delegación internacional fue testigo de las declaraciones de las víctimas y de las pruebas presentadas y constató la existencia de un cementerio clandestino en el que pueden estar enterrados los cuerpos de centenares de estas víctimas de “falsos positivos” desde 2004 hasta este mismo año 2010. Este cementerio, que se localiza en terrenos controlados por las fuerzas militares, podría resultar ser la fosa común más grande de toda Latinoamérica y constituir un nuevo caso de crímenes de lesa humanidad cometido por agentes del Estado.
Tres días después de la celebración de la audiencia, el 25 de julio, en declaraciones desde el fuerte militar de la Macarena, el Presidente saliente de Colombia, Sr. Alvaro Uribe, calificó a la delegación extranjera como voceros del terrorismo que buscaba desacreditar a las Fuerzas Armadas. Los mismas acusaciones dirigió a las víctimas que prestaron testimonio, así como a los representantes políticos y defensores de derechos humanos colombianos participantes, con lo que prácticamente los estaría declarando objetivo militar.
Ante la gravedad de estos hechos, la Taula Catalana por Colombia solicita a su Gobierno que realice una declaración pública de apoyo a la labor de observación de los dos miembros españoles de la delegación internacional, uno de ellos representante del Gobierno de Catalunya. Solicitamos asimismo, que el Gobierno Español inste al presidente Uribe a realizar una declaración pública rectificando sus acusaciones y reconociendo la legítima labor de los observadores internacionales y de los defensores de derechos humanos en Colombia.
Quedamos a su entera disposición y a la espera de recibir noticias sobre las gestiones realizadas.
Atentamente,
TAULA CATALANA POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS EN
COLOMBIA
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Santa Pau,
Associació Catalana per la Pau, Colectivo Maloka Colombia, Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat-CEAR, Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya, Cooperacció, Entrepobles, Federació Catalana d’ONG per al
Desenvolupament, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fundació Josep Comaposada–UGT, Fundació
Pagesos Solidaris, Fundació Pau i Solidaritat–CCOO, Fundació per la Pau, Generalitat de Catalunya, Intermón –
Oxfam, Justícia i Pau, Lliga pels Drets dels Pobles, Moviment per la Pau, Solidara Intersindical-CSC.
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Carrer de les Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona
Tel. 34 93 329 03 53 Fax: 34 93 442 05 05
A/e: taula-colombia@pangea.org
www.taulacolombia.org
El precursor del Narco - Estado.
Como recuerdo a su etapa de presidente queremos publicar el siguiente artículo de Gloria Gaitán:
De acuerdo a un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín, Colombia, a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos. Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15 mil millones de dólares. El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo al reporte de 2001 de la DEA, era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex secretario de gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia. De 1995 a 1997, Moreno era el secretario de gobierno y su mano derecha. Durante esos años, según el entonces jefe de la DEA Marshall, "entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia".
El primer cargo público de Álvaro Uribe, entre 1980 y 1982, fue el de Director de la agencia de Aeronáutica Civil de Colombia. Virginia Vallejo, en su libro “Amando a Pablo, Odiando a Escobar” da cuenta de la relación entre Uribe y Pablo Escobar y anota que Uribe como director de la Aeronáutica Civil fue clave para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al cartel de Medellín sin las cuales jamás hubieran podido hacer sus inmensos envíos de la droga a los EE.UU. y acumulado sus inmensas fortunas. Uribe tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue director de la Aerocivil. Este último fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario El Tiempo de Colombia. 17/03/2002).
Cuando en “Tranquilandia” (Operación Yarí) la policía y el ejército colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformación de cocaína encontrado hasta le fecha en Colombia, fue intervenido un helicóptero Hughes 500, matrícula HK 2704 X, de propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda, empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto Álvaro Uribe alega que ese helicóptero había sido previamente vendido, según indicó, se le olvidó documentar dicha compraventa.
La Agencia de Inteligencia de la Defensa” de los Estados Unidos. Elaboró una ficha de Álvaro Uribe, la número 82, en esta Agencia. Veamos que dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original en
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm:)
“Confidencial. Septiembre 1991.
Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).
82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Èl (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)”
Uribe ha sido señalado de participar en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la “matanza de El Aro” cometida en 1.997, en la cual, según relata el periódico de Miami, “El Nuevo Herald” en su edición del 6 de agosto de 2009, Álvaro Uribe, planeó la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.
(1) Datos tomados de un artículo de *Enrique Santiago Romero, abogado español experto en derecho internacional, responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). Formó parte del equipo jurídico que impulsó la querella que el 13 de octubre de 1998 condujo a la Audiencia Española a solicitar la detención, en Londres, del ex dictador chileno Augusto Pinochet y de otros ex militares chilenos y argentinos responsables de la llamada “Operación Cóndor”.
Miembro de la Misión Internacional de Observación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la RED CIFCA, sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras tras el golpe de estado. Julio 2009. Ha sido secretario de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Asistió en calidad de observador al referédum presidencial en Venezuela, en agosto de 2004, en representación de ONG´s y organizaciones sociales de España.
ONU cuestiona a Colombia por recompensas a colaboradores de lucha contra grupos rebeldes que relaciona con los llamados falsos positivos
TeleSUR, 17 de julio de 2010
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionó este viernes al Gobierno de Colombia sobre la vigencia de una directiva secreta de 2005, que ofrecía recompensas a colaboradores de la lucha contra grupos subversivos, que generó las ejecuciones extrajudiciales de al menos mil personas inocentes.
"Quiero saber si Colombia va a abandonar los incentivos económicos (...) y sacar las lecciones de los llamados 'falsos positivos', (...) , son muchos casos, la mayor parte en poblaciones pobres, ejecuciones sumarias que fueron camufladas a solo efecto de cobrar una recompensa", afirmó Fabian Salvioli, en nombre de los 18 expertos que componen este Comité.
Las recompensas autorizadas por esta directiva secreta de 2005, dio lugar al asesinato de unas mil personas inocentes, según cifras de 2009 adelantadas por varias ONG, y que no han sido desmentidas de forma oficial.
Estas personas fueron ejecutadas cuando las hicieron pasar por miembros de grupos rebeldes y de ese modo beneficiarse con las recompensas de la directiva.
La directiva secreta, fechada el 17 de noviembre de 2005, define los criterios "de pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones", si esa política produce "resultados positivos o permite contrarrestar acciones delictivas". Asimismo, dice que contribuye una "retribución en dinero o en especie, que se entrega a una persona",
Bajo este sentido, la delegación de Colombia aclaró en el debate en el Comité, encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tales recompensas "nunca se han pagado a miembros de la fuerza pública".
El Gobierno de Colombia señaló que otras dos directivas posteriores, de 2008 y 2009, han reemplazado a la de 2005, y que supuestamente la reglamentación había cambiado, aunque no mencionó si las nuevas normas son también secretas y cuál es exactamente el contenido de las mismas.
"Por testimonios de jóvenes del Ejército colombiano, sabemos que para contar muchas veces con permisos y ascensos, miembros de las Fuerzas Armadas exigen a mandos de rangos medios y bajos, altas cuotas de reclutamiento y un número determinado de bajas en combate", dijo Maricely Parada, de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc).
Concluyó que "para poder acceder a estos beneficios, los militares recurren con frecuencia a las batidas y a la retención de jóvenes, muchas veces apoyados por paramilitares, para asesinarlos y luego sumarlos a la cuota de bajas, que del 2002 al 2007, en información recogida en 2009, han dado 955 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos".
El próximo 30 de julio, el Comité emitirá un dictamen de recomendaciones al fin de esta sesión.
El ofrecimiento de recompensas por parte del Gobierno colombiano ha sido muy cuestionado en Colombia, luego que Pablo Montoya, alias "Rojas" entregara a las autoridades la mano derecha del secretariado de las FARC Iván Ríos, y luego su cuerpo mutilado, por lo que el Gobierno de Colombia decidió pagarle la recompensa de 5 millones de pesos, unos 2,6 millones de dólares, que había ofrecido. Algo que, a juicio del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, José Gregorio Hernández Galindo, contraría la Constitución colombiana y establecería de facto la pena de muerte en el país suramericano.
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa a las desapariciones forzadas o "falsos positivos" dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.
En Colombia, la Fundación de País Libre, da cuenta de 3 mil desaparecidos, mientras que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas arroja el desalentador número de 12 mil personas en esa situación.
En Colombia se denomina ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos a civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate.
El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó informe que denuncia varios tipos de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia de sindicalistas, periodistas, abogados, comunidades indígenas, afro - colombianos, entre otros.
Entre los delitos de lesa humanidad, la Alta Comisionada de la ONU mencionó asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Las llamadas chuzadas o espionaje contra periodistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe están también incluidas en la lista.
Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de falsos positivos como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en darle bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.
Para julio de 2009, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de falsos positivos sumaban 686 en la Procuraduría colombiana.
98 agresiones a periodistas en Colombia durante el primer semestre de 2010 (contexto electoral) protagonizadas por funcionarios y políticos.
"Este informe aborda dos temáticas fundamentales: el total de agresiones reportadas a la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, durante la primera mitad del presente año; y la inconveniencia de la expedición del decreto 1740 de 19 de mayo de 2010, por parte del ministerio del Interior, que deteriora el sistema de protección de la vida, integridad física, seguridad y libertad personal de los y las periodistas del país." (...)
Descargar informe completo: http://justiciaporcolombia.org/node/182
El asesinato del líder sindical y profesor Jorge Freyter es una excepción en la impunidad generalizada para los crímenes de Estado en Colombia.
Diez años después, un caso muy parecido al del asesinato de Luciano Romero, o al del profesor Alfredo Correa, de alianza entre paramilitares y policias se resuelve con la condena a dos funcionarios del GAULA por homicidio de líder sindical
El profesor Jorge Freytter Romero fue secuestrado, después sometido a diversas formas de tortura física, asesinado y lanzado en un lugar despoblado, todo ello por una estructura criminal conformada entre el Bloque Norte Paramilitar y miembros del GAULA
Mediante sentencia del 18 de junio de 2010, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, condenó a los funcionarios del GAULA ALBEIRO DE JESÚS GARCÍA RENDÓN y RAFAEL ENRIQUE MARIANO SILVERA, como Coautores de los punibles de Homicidio Agravado, Secuestro Extorsivo y Concierto para Delinquir Agravado, teniendo como víctima, al dirigente sindical Jorge Adolfo Freytter Romero.
La Juez encontró probada la existencia de un aparato criminal conformado por miembros del GAULA- Barranquilla y del Bloque Norte paramilitar, que llevaban a cabo labores conjuntas de persecución y exterminio contra dirigentes sindicales y sociales en esta zona del país, teniendo como una de sus víctimas al señor Jorge Adolfo Freytter Romero. El profesor Freytter Romero, fue plagiado el 28 de agosto de 2001, cuando ingresaba a la residencia de sus suegros, y su cuerpo fue encontrado el día siguiente con señales de tortura.Esta condena se suma a la condena ya existente contra CARLOS ARTURO ROMERO CUARTAS, alias MONTERÍA, quien además suministró valiosa información sobre la forma en que ocurrieron los hechos y la participación en los mismos de los hoy condenados GARCÍA RENDÓN y MARIANO SILVERA. Dice la sentencia: “Aseveró ROMERO CUARTAS alias MONTERÍA, el contubernio existente entre las AUC y la FUERZA PÚBLICA en este caso Policía y Ejército, siendo estos colaboradores que cumplían un papel protagónico en los macabros planes de las AUTODEFENSAS”.
Como se anotó en las alegaciones de conclusión, de este caso, el colectivo de abogados como representante de la parte civil, considera que estos hechos sumados a las confesiones públicas o cerradas de los jefes paramilitares presos en Colombia o extraditados a los Estados Unidos, a las denuncias de organismos internacionales defensores de derechos humanos, a las investigaciones nacionales, a las denuncias de seguimiento y las escuchas y amenazas realizadas por el DAS a líderes de la oposición en nuestro país, y entre otros casos entre miles, como el asesinato comprobado del Profesor Alfredo Correa de D´Andreis en la ciudad de Barranquilla, llevado a cabo entre paramilitares activos en asocio con funcionarios del DAS, confirman una historia de intransigencia y satanización por parte de un fuerte sector del establecimiento colombiano y sus supuestos medios de inteligencia, en contra de lo que represente oposición.
En medio de las circunstancias descritas, no podía ser extraño, como han corroborado centenares de procesos penales en Colombia, que el auge del paramilitarismo de los años 80, 90 y comienzos del 2000, encontrara un aliado en funcionarios de las Fuerzas Militares y de Defensa e Investigaciones, como nichos que podían ser utilizados para trabajar en “llave” en el hostigamiento, persecución, asesinato y torturas de líderes cívicos, sindicales, agrarios, estudiantiles o simples personas “libre pesadoras”.
En dichas condiciones, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, celebra que la justicia se aproxime al caso del Profesor Freytter, que además constituye un crimen de lesa humanidad, no solo en consideración a su calidad de dirigente sindical, y luego entonces, un ataque directo contra la población civil, además por los crímenes de los que fue víctima, que comportan un ataque contra bienes de interés para la comunidad internacional, sino también en razón a que el crimen fue cometido conjuntamente por miembros del paramilitarismo y estructuras estatales, en desarrollo de un plan de exterminio contra las voces de la academia. Asimismo se resalta, que la investigación por estos hechos contra otros responsables aún continúa en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía.
http://www.pachakuti.org/textos/campanas/paracos/asesinato-Freyter.html
junio 20 de 2007
Simón Bolívar
Soy Jorge Freytter Romero
Profesor de la Universidad del Atlántico e Institutos pestalozzi, comencé a trabajar el tema de la defensa de la educación publica en Colombia y el sindicalismo, egresado de las facultad de derechos y ciencias sociales de Uniatlántico.
Desde muy joven, las luchas estudiantiles donde las presidí en los años 70 porque fui representante de mi facultad de derechos en la Universidad del Atlántico, después de pasar estar luchas estudiantiles….
Alcancé a comprender iniquidades que llenan nuestro mundo desde muy joven.
Pertenecí Aspu, Asojua, <
Mis hijos son las raíces de ese gran macizo del que estuve cultivando en toda mi vida y ahora sé que ellos, se encuentran construyendo ese gran camino que les he dejado para estar en una sociedad llena de valores y digna.
miércoles, 6 de octubre de 2010
Liliani P. Obando, defensora de DDHH y superviviente de la U.P., presa 2 años injustamente por un archivo creado por la policía colombiana
Hoy 8 de Agosto 2010 Liliany Obando cumple dos años encarcelada en Colombia. Liliany se ha presentado a los tribunales en varias oportunidades, pero en la mayoría de las audiencias las autoridades han postergado las sesiones mientras buscan evidencia en su contra.
El Miércoles 4 de Agosto, Ronald Coy Ortiz, el investigador de la policía y testigo en el juicio en contra de Liliany confesó ante un tribunal que manipuló la información que se encontraba en los supuestos ordenadores del fallecido jefe de las FARC, Raúl Reyes, antes de entregarlos a la policía internacional INTERPOL. Con esta confesión la evidencia en contra de Liliany ha sido desacreditada y por lo tanto Liliany no puede ser imputada con pruebas manipuladas que se obtuvieron ilegalmente.
Liliany Obando es conocida entre los Australianos, pues visitó este pais en dos oportunidades por su trabajo para la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO. En Australia se reunió con personalidades políticas, sindicales, así como con organizaciones sociales. En sus ponencias Liliany nos habló de la sistemática opresión que sufren los trabajadores y sus organizaciones en Colombia y de la necesidad de la solidaridad internacional.
Paz y Justicia para Colombia llama a la opinión pública a escribir cartas de protesta a las autoridades Colombianas exigiendo su liberación y el término de este injusto encarcelamiento.
Dos años sin un proceso justo es inaceptable en cualquier país que se llame democrático. La conclusión obvia es que no hay evidencia legítima en su contra y que las autoridades Colombianas continuan su acción represiva para silenciar a toda persona que critique al régimen. El ejemplo de esto es que mas del 80% de los sindicalistas asesinados en el mundo en el ano 2009 se produjeron en Colombia.
Por favor envíe sus cartas de demanda a las siguients autoridades (ccpjfcolombia@gmail.com):
Director Programa Presidencial de DDHH y DIH
CARLOS FRANCO.
E-mail: cefranco@presidencia.gov.co.
Asesor: Fernando Ibarra.
Teléfono: +57.1.5659797 o 571 5662064
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Procurador General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO
Carrera 5 #. 15-80, Bogotá.
Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49. Fax: +57.1.342.97.23;
E-mail: cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co; ywebmaster@procuraduria.gov.co
Defensor Nacional del Pueblo
VOLMAR ANTONIO PÉREZ ORTIZ
Calle 55 # 10-32, Bogotá.
Fax: + 57.1.640.04.91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co
Director Nacional del INPEC
CARLOS ALBERTO BARRAGÁN GALINDO
Calle 26 No. 27-48, Bogotá.
PBX (57) 2347474 / 2347262
E- mail: reclamos@inpec.gov.co ; Webmaster@inpec.gov.co
Directora Reclusión de Mujeres El Buen Pastor
ANA SOFIA HIDALGO ALVARADO
Cra 47. No. 84 – 25 Barrio Entre Ríos, Bogotá
Teléfono: 6307724 / 6301649 / 6302037 / 2400676 / 6304946
E-mail: rmbogota@inpec.gov.co
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Rapporteur on the Rights of Persons Deprived of Liberty
Email: mpulido@oas.org
Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos en Colombia
Teléfono: (571) 658 3300 (571) 658 3300 - Bogotá, Colombia
Email: oacnudh@hchr.org.co
