Estimados señores, Don Alfredo Dagnino, Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, y Don Cayetano González, Director del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la propia Fundación Universitaria San Pablo – CEU, nos dirigimos a ustedes con gran preocupación ante la inminente entrega el próximo 27 de octubre del II premio internacional “La puerta del recuerdo”, donde se pretende galardonar al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez por una supuesta importante labor en la “lucha contra el terrorismo” y según comunicado público “en consideración a las firmes políticas de seguridad y defensa llevadas a cabo durante su mandato[…], así como por su servicio prestado a la convivencia de todos los colombianos, especialmente de las víctimas de la violencia”.
Consideramos que la entrega a Álvaro Uribe de dicho galardón debe ser un grave error, fruto de la falta de información y contacto con instituciones y asociaciones colombianas que agrupan y defienden a las víctimas de los crímenes de Estado, como es el caso de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz (http://justiciaypazcolombia.com), ONG de origen cristiano que ha denunciado consecuentemente la violencia del Estado contra líderes campesinos, sindicales, indígenas y opositores políticos, el potente Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (http://www.movimientodevictimas.org) que agrupa a centenares de organizaciones de derechos humanos, sindicales, campesinas, … a lo largo de todo el país andino, la Comisión Colombiana de Juristas (http://www.coljuristas.org), filial de la Comisión de Juristas de Ginebra, institución con estatus consultivo ante ONU, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (http://www.colectivodeabogados.org), afiliada a la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura con estatus consultivo ante la O.E.A., o la Corporación Reiniciar (http://www.reiniciar.org),...
No es necesario investigar mucho sobre Álvaro Uribe para encontrar datos que dibujan un perfil delictivo que de ningún modo podría ser merecedor de galardón alguno. Así un documento del Archivo Federal de Seguridad de EEUU de 1991, hecho público en 2004 por la Universidad George Washington lo referencia como hombre del cartel de Medellín y amigo de Pablo Escobar; su hermano Santiago Uribe aparece en una foto con Fabio Ochoa Vásquez, conocido capo del Cartel de Medellín en 1985; la ex – amante del narco Pablo Escobar y presentadora de Televisión, Virginia Vallejo, dibuja una relación de confianza entre Pablo Escobar y Uribe, al parecer este último como Director de la Aeronáutica Civil fue clave para el otorgamiento sin precedente de numerosas licencias de vuelo para el cartel de Medellín para inmensos envíos de droga; sus familiares (dos primos hermanos entre ellos) Carlos Alberto Vélez, Juan Diego Vélez y Mario Vélez Ochoa, también emparentados con el clan Ochoa, lideraron una banda narco-paramilitar conocida como “Los Erre”, señalada de haber asesinado a medio centenar de personas en Antioquia, y de hecho fueron condenados en primera instancia; el grupo narcoparamilitar “Los Doce Apóstoles” habría tenido sede en la hacienda La Carolina, propiedad de los hermanos Uribe Vélez, siendo su hermano interrogado por la fiscalía en 1997 en relación a delitos de secuestro, extorsión y asesinatos cometidos por dicho grupo entre 1993 y 1994, pero se declaró un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez; Luis Camilo Osorio, ex Fiscal General de la Nación, nombrado por Uribe, estuvo investigado por pruebas que le vinculaban con el narcoparamilitares, pero Uribe lo mandó de embajador a México; el senador Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, fue acusado formalmente de vinculación al narcoparamilitarismo; vídeos del 2001 son publicados por el periódico Nuevo Herald de EE.UU en 2007 donde aparece Uribe reunido y estrechando manos con varios líderes narcoparamilitares que le ayudaron en su primera campaña presidencial; José Obdulio Gaviria, primo del narco Pablo Escobar Gaviria, fue asesor presidencial de Uribe, y sus hermanos Luis Mario Gaviria y Jorge Fernando Gaviria, funcionarios de la Agencia Presidencial de Acción Social, estuvieron presos en Miami en 1983 por llevar droga; y en 1984, según palabras de la hermana del Ministro Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por narcos, su hermano había incautado un helicóptero que pertenecía a los Uribe en un laboratorio de Cocaina de la finca Tranquilandia (propiedad de Escobar).
Por otro lado, Oscar Naranjo, siendo hermano de un conocido narcotraficante detenido en Alemania, fue nombrado por Uribe Director de la Policía Nacional; hay más de 70 congresistas procesados por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares, 40 de ellos ya condenados, y todos pertenecen a partidos uribistas; una delicuente apodada La Gata que estuvo en prisión por operaciones de lavado de narcodólares financió la campaña presidencial de Uribe; en 1997 la DEA decomisó en California un cargamento de 50 toneladas de perganmanato de potasio (químico para fabricación de Cocaína), pertenecientes a Juan Moreno Villa, jefe de campaña de Uribe; el gerente de la campaña de Uribe en el Magdalena en 2002, tuvo que renunciar a la última campaña por la relación de una cuenta corriente que financió la campaña de Uribe con el asesinato del Director del Espectador, Guillermo Cano Isaza, pues según determinaron las autoridades judiciales en 1986 fue abierta en el Banco de Crédito y Comercio de Colombia la cuenta 005-21826-8 y de ella salió el cheque con el que se pagó el asesinato; Uribe tuvo a Cesar Villegas como delegado cuando fue Director de la Aeronáutica Civil y este fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio; Uribe nombró Embajador en Chile al Ex – Gobernador de Sucre, Salvador Arana, acusado de matar a un Alcalde del Polo Democrático y hoy está prófugo de la justicia; también nombró a Jorge Noguera, Director de Campaña en 2002, como Director del DAS (Dpto. Administrativo de Seguridad), que después de salvarse de su primera detención, Uribe lo nombró Cónsul en Milán, pero actualmente paga condena en la cárcel por colocar el DAS al servicio de los narcoparamilitares (se probó que funcionarios de esta institución pasaban listas negras de sindicalistas a los paramilitares para que les asesinaran); el jefe narcoparamilitar Carlos Castaño afirmó en su libro “Mi confesión” que “la base social de la Autodefensa consideraba a Uribe su candidato presidencial”; Uribe, como Gobernador de Antioquia, impulsó la creación de las “CONVIVIR”, que resultó ser un mecanismo para legalizar el paramilitarismo mediante cooperativas de seguridad privada (organizaciones armadas) con licencias otorgadas por autoridades estatales, de modo que muchos narcos crearon las suyas; hasta un periódico de corte conservador, “El Tiempo”, el 6 de abril de 2002 (en plena campaña por la Presidencia) denunció que grupos narcoparamilitares en varias zonas del país prohibían a la población, bajo amenaza de muerte, hacer propaganda, proselitismo e incluso hablar públicamente de candidatos diferentes a Álvaro Uribe; 31 periodistas que han denunciado la colaboración de Uribe con los paramilitares han sido asesinados durante su mandato y otros han tenido que exiliarse; la Federación Internacional de Derechos Humanos denunció al Tribunal Penal Internacional la complicidad de Uribe con los narcoparamilitares; Uribe ha impulsado desde el INCODER la legalización de la ocupación violenta de tierras por parte del paramilitarismo, despojando a más de 800 familias de desplazados por la violencia para favorecer a 4 empresas palmicultoras vinculadas al paramilitarismo, y muchas familias campesinas apoyadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz impulsan un proceso judicial para intentar recuperar esas tierras; Uribe nombró como comandante del ejército al General Mario Montoya, quien tiene probados nexos con el paramilitarismo, de hecho en su juventud fue miembro de la Triple A (grupo paramilitar) según documento de la CIA publicado en 2008; y cuando Uribe llega a la presidencia impulsa una “desmovilización” de paramilitares que ha resultado ser una farsa utilizada para aprobar la Ley de Justicia y Paz, norma que pretendía la impunidad de los crímenes paramilitares, pero que gracias a una interpretación dada por la Corte Suprema de Justicia, las llamadas versiones libres han podido ser empleadas para procesar a militares y políticos uribistas cómplices del paramilitarismo, hecho que desató una persecución del ejecutivo contra magistrados del gran tribunal (amenazas, escuchas, …) y diversas extradiciones a Estados Unidos de paramilitares para favorecer la impunidad.VER EL SIGUIENTE DOCUMENTAL:
En cuanto al balance en violación de los Derechos Humanos imputable al Estado durante la Presidencia de Uribe tenemos que desde julio de 2002 a junio de 2008, la Comisión Colombiana de Juristas, señaló al Estado como autor o presunto autor genérico en 6.121 casos de homicidios o desapariciones en contexto distinto al combate, de los que 1.486 se atribuyen a la acción directa de agentes del Estado y 4.635 a la acción de grupos paramilitares creados, colaborados y tolerados por estructuras del Estado. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) ha sufrido en los últimos 20 años el asesinato de 2.771 sindicalistas, unos 600 aproximadamente durante la Presidencia de Uribe y en un 95 % de los casos se señala como responsable al Estado, pero la respuesta de Uribe ha sido señalar públicamente a sindicalistas como simpatizantes de la guerrilla, convirtiéndoles en objetivo militar o paramilitar. Otro escándalo de la etapa Uribe es la investigación en los últimos seis años de unas 1.600 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el ejército contra civiles no combatientes que eran presentados como guerrilleros dados de baja (incentivada esta conducta por concederse recompensas), investigaciones que involucran a 3. 546 integrantes del Ejército colombiano. De ellos, apenas 426 están detenidos, pero sólo a 50 se les ha dado sentencia condenatoria. La respuesta de Uribe fue destinar fondos para defender a los militares implicados y darles su respaldo público, en lugar de apoyar a las víctimas. Las madres de los 16 jóvenes desaparecidos en el municipio colombiano de Soacha en septiembre de 2008, asesinados en el Norte de Santander y presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate, se convirtieron en un movimiento ciudadano incomodo para Uribe y han sido víctimas de amenazas y amedrentamientos. La guinda del mandato de Uribe ha sido el descubrimiento en el pueblo de La Macarena (Meta) del mayor enterramiento de cadáveres sin identificar que se conozca en el continente, unos 2000 según diversas fuentes. El ejército de Colombia ha utilizado este lugar para inhumaciones desde el 2005. Miembros del Ejército han explicado que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios desaparecidos. Así lo constató una delegación de parlamentarios ingleses y otra española. MOVICE afirma que en Colombia hay unos 50.000 ciudadanos desaparecidos.
VER VÍDEO DE URIBE EN REUNIÓN PARAMILITAR:
Durante la presidencia de Uribe creció el número de desplazados por la violencia en aproximadamente 2 millones y medio, llegando a 4 millones. Por otro lado, el Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH – FIDH publica que pueden haber unos 7.500 presos políticos en las cárceles colombianas, de los que sólo alrededor de 500 serían integrantes de las guerrillas, el resto, unos 7.000, probablemente en su mayoría, son sindicalistas, miembros de organizaciones campesinas o indígenas, de partidos políticos de la izquierda, intelectuales o estudiantes que han sido señalados y judicializados por rebelión o terrorismo en base a testimonios de reinsertados y otras pruebas fabricadas.
Sobre su etapa anterior como Gobernador de Antioquia, el 16 de noviembre de 2008, el paramilitar Salvatore Mancuso declaró que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia estaba presente en el desarrollo de la masacre que perpetraron grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército en El Aro en octubre de 1997. Además afirmó que Pedro Juan Moreno, Secretario de la Gobernación de Antioquia y hombre cercano al entonces Gobernador Álvaro Uribe, tenía conocimiento de la masacre y se reunía con él para planificar la creación de las CONVIVIR. Otro paramilitar condenado por la masacre de El Aro, Francisco Villalba, alias “Cristian Barreto”, declaró que Álvaro Uribe les había felicitado por la Masacre, dando detalles de dos reuniones con altos mandos militares y los hermanos Uribe y de la existencia de un vídeo y fotos, pero fue asesinado el 23 de abril de 2009. Anteriormente había sido asesinado el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle (27/02/1998) que declaró en un proceso judicial sobre la probable complicidad entre militares y Gobernador de Antioquia con el grupo paramilitar que actuó en la zona, hechos por los que varios juristas buscan que la justicia aclare la posible responsabilidad del ex gobernador en la masacre.
Por todo lo expuesto, rogamos no se conceda el galardón al Ex Presidente Álvaro Uribe, esto sería una grave ofensa a las miles de víctimas de los crímenes de Estado en Colombia que claman justicia y a las organizaciones de las mismas que se movilizan para llevar a Uribe ante el Tribunal Penal Internacional. Creemos que la Fundación Universitaria San Pablo-CEU echaría por tierra su prestigio como institución si cometiese tal error.
Al ser vuestra institución de origen católico les recomendamos contacten con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en concreto con el sacerdote Javier Giraldo, un hombre comprometido con las víctimas de los crímenes de Estado y que su denuncia le ha costado amenazas y amedrentamientos, él les podría proporcionar abundante documentación sobre el terrible legado del Ex Presidente Uribe. Javier Giraldo sería mejor candidato para ser galardonado por su apoyo a las víctimas del terrorismo, en lugar de un Ex – Presidente que institucionalizó el paramilitarismo u otro que es corresponsable de una guerra de ocupación con más de un millón de víctimas.
Esperando vuestras noticias, les enviamos un cordial saludo.
La Laguna, a 15 de octubre de 2010.
Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia.
rcanddhhcolombia@gmail.com
