Desalojo violento contra detenidos que protestaban pacíficamente en la cárcel de Valledupar
Publicado: 12 junio, 2011 | Autor: notiagen | Archivado en: Cárceles, Derechos humanos, Movilización social, Noticias, Valledupar/Cesar | Deja un comentario »
Cuatro heridos graves tras ser forzados por el INPEC a bajar desde estructuras situadas a 8 y 15 metros de altura del penal desde donde realizaban la protesta desde el 2 de mayo. Hasta esta misma mañana de domingo 12 de junio, organizaciones defensoras de derechos humanos creen que pueden haber muerto aunque el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos lo niega y enfatiza la situación de gravedad de esas personas.
Las fundaciones Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y Lazos de Dignidad —organizaciones defensoras de derechos de presos por razones políticas— informaron la noche del sábado 11 de junio de 2001 sobre el operativo realizado desde las 6.00 PM del mismo día por el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar), conocida como La Tramacúa.
Desde el 2 de mayo más de 300 prisioneros detenidos en La Tramacúa se declararon en desobediencia civil a causa de, según los internos contactados, «la sistemática violación a los derechos humanos a las que son sometidos y la omisión de las autoridades colombianas en resolver sus peticiones». El 8 de mayo nueve internos de la Torre 2 decidieron iniciar las acciones y ahí le siguieron otros compañeros: «Decidimos subirnos y amarrarnos en lo alto de la estructura del penal. Lo hacemos para exigir nuestros derechos a la vida digna», manifestó uno de los detenidos. El resto de detenidos por razones políticas no se dejaban contar de la guardia, se rehusaban a portar el uniforme de la cárcel y exigían que se le proporcionara alimento a sus compañeros que se encontraban amarrados de sus cuerpos y colgando como forma de protesta.
Según Lazos de Dignidad, ayer 11 de junio de 2011 desde las 6:00 PM y en compañía del director de la cárcel de Valledupar, Leopoldo López Pinzón, el subdirector, Uriel Jaramillo, y el comandante de vigilancia, Teniente Nelson Gutiérrez, el GRI ingresó a las torres 1, 2, 3, 4 y 5 donde los detenidos protestaban y procedieron a soltar y bajar a los 132 que se encontraban atados a la estructura del penal. Este procedimiento se inició en la Torre 3.
A la 1.00 AM y según información no verificada, el CSPP asumía que había tres muertos que poco antes cayeron de las estructuras desde donde protestaban en la Torre 3. Esa información partía del hecho de que los detenidos sufrieron múltiples golpes al caer y perdieron el conocimiento. Por su parte, el encargado de Derechos Humanos de la regional Norte del INPEC niega que las personas estén muertas, pero admite que «tres personas se encuentran en el departamento de sanidad, que cayeron de las estructuras y que se les colocó oxigeno y estamos tratando la situación». Lazos de Dignidad no puede verificar la gravedad de las lesiones de los reclusos de la Torre 3 Wilson ‘el Paisa’, Luis Alberto Macilla Polo, Mnuel Bermúdez Cuello y Nilson Céspedes ni siquiera si están vivos. No tienen confirmación desde el interior del penal ni de los detenidos ni del INPEC. Lazos de Dignidad aseguró hoy domingo en la mañana que su cuerpos gravemente heridos y en estado de inconsciencia fueron sustraídos por el INPEC sin que se conozca el lugar al que fueron llevados. Sin embargo, el secretario de Gobierno de Valledupar, Víctor Martínez, niega las muertes de los detenidos. El CSPP dice que tras comunicación con el interior garantiza que no hay muertos y se encuentra haciendo seguimiento a su situación para poder aclarar el estado actual.
El CSPP argumenta que «en casos anteriores se ha utilizado el ocultamiento de la información; sin embargo, también se ha utilizado como mecanismo de presión a los detenidos y como forma de afectar su moral y resistencia en la protesta dar por muertos a detenidos heridos que han sufrido heridas o lesiones graves».
Según el encargado de Derechos Humanos de la regional Norte del INPEC, la orden del desalojo la dio el Ministerio del Interior enfatizando el respeto a los derechos de los reclusos.
Díez horas de operativo
Los prisioneros en las Torres 8 y 9 manifiestan que «durante las horas que duró el operativo escuchaban fuertes gritos provenientes de las otras torres donde los prisioneros rogaban por sus vidas y por no ser golpeados brutalmente, sin que el INPEC cediera a sus ruegos, alcanzándose a observar desde esas torres la salida de varios cuerpos de prisioneros en estado de inconsciencia conducidos por el INPEC en camillas improvisadas o sábanas». El CSPP explica que el operativo se desarrolló «con diferentes grados de intensidad y brutalidad por parte de los funcionarios». Entre los hechos que denuncian destaca la utilización de gases lacrimógenos y gas pimienta cuando la mayoría de los detenidos se encontraba en el interior de su celda o sin poder salir de los pasillos. Ello ocasionó, según el CSPP, «desmayos, desespero, terror y finalmente la caída de varios internos».
Según las comunicaciones de los detenidos, «el operativo se desarrolló con particular violencia en las Torres 3 y 1; en estas torres se lanzarían al menos unas 20 pipetas de gas lacrimógeno que causó desmayos a partir de producir asfixia controlada y a los detenidos que no pudieron someter por medio de estas torturas y actos crueles los lanzaron desde las estructuras, a unas pequeñas colchonetas que fueron apiladas a manera de colchón neumático».
Lazos de Dignidad informa que los voceros del Comité de Crisis conformado por los prisioneros de las torres en desobediencia fueron aislados en calabozos sin que se conozca su actual estado físico y de seguridad. Otros internos fueron llevados a celdas de aislamiento u otras partes del penal, sin que el CSPP conozca sepa hoy su paradero. El interno José Gregorio Díaz que se encontraba en la Torre 1 y que en diferentes ocasiones ha denunciado el peligro inminente de ser asesinado dentro del penal, fue capturado por el GRI y en este momento los internos desconocen su paradero.
Sin embargo, el CSPP confirma a través de comunicación con detenidos en Valledupar que «el INPEC está utilizando gases lacrimógenos y golpeando y amenazando a los detenidos que se encuentran colgados de las estructuras lo que puede provocar su caída». Lazos de Dignidad añade que el INPEC también usó granadas de aturdimiento. El CSPP también confirma las «golpizas a las que han sido sometidos varios detenidos». Según comunicación con el interior de la cárcel, «las personas que bajan de las estructuras son reducidas, arrojadas al piso, amarradas de pies y manos con grilletes, golpeadas con palos y puñetazos en presencia del director del penal».
En la Torre 5 los detenidos fueron bajados por la fuerza y volvieron a colgarse de las estructuras.
Según Lazos de Dignidad, el operativo duró hasta las 4.00 AM, hora a la que el INPEC dio por terminada por la fuerza la protesta de los detenidos en casi todas las torres y, según el CSPP, «se encontraba golpeando a los detenidos que habían sido bajados de las estructuras del penal en medio de gases lacrimógenos lanzados por el GRI y las protestas que en el exterior realizaban cerca de 150 mujeres que se encontraban durmiendo a las afueras del penal a la espera de un posible ingreso de visita hoy mismo —el cual ha sido cancelado— y velando por el respeto de los derechos de los detenidos». El CSPP afirma que el INPEC comunicó a la fundación que alrededor de la 1.00 AM y debido a los hechos denunciados el operativo cesaría.
Campaña por el cierre y visita oficial
Estos hechos se producen cuando mañana lunes tiene lugar la visita oficial que varios congresistas —entre ellos Iván Cepeda quien hace 15 días también visitó el penal— en compañía de miembros del Gobierno Nacional, entes de control y organismos no gubernamentales de derechos humanos así como integrantes de diferentes organizaciones en defensa de los derechos de los presos por cuestiones políticas realizarán con el fin de verificar la situación de derechos humanos en esta cárcel. Esta visita obedece a que, según el CSPP, el Gobierno había reconocido la justeza de la protesta. Igualmente, el CSPP denuncia que entre los meses de mayo y junio el INPEC ha efectuado más de 20 traslados de personas privadas de libertad que realizan acciones de denuncia y exigencia de derechos en diferentes centros penitenciarios del país. El mayor número de traslados ha tenido lugar en Valledupar, cárcel frente a la cual se desarrolla una campaña nacional e internacional por su cierre definitivo.
Según el CSPP, «por fin tras 11 años de funcionamiento del penal se empiezan a hacer públicas sus condiciones». La misma organización afirma que, tal y como ha manifestado en diversas ocasiones, el problema de la cárcel de Valledupar no es solamente la restricción o no prestación del servicio de agua, «sino que ésta se caracteriza por ser la cárcel del país donde acciones como las ocurridas en el último mes y en particular en la noche de ayer y la madrugada de hoy se hacen con mayor frecuencia; así, La Tramacúa se lleva el triste reconocimiento de ser la cárcel castigo de Colombia y uno de los centros de mayor violación sistemática de los derechos humanos ya que es la cárcel con mayor número de investigaciones penales y disciplinarias abiertas actualmente, la de mayor número de acciones de tutela interpuestas por los detenidos para defender sus derechos y, paradójicamente, la de un mayor porcentaje de impunidad por los hechos denunciados».
Las exigencias por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos al Gobierno para que cumpla con su mandato constitucional y los compromisos adquiridos internacionalmente de respetar los derechos de las personas privadas de libertad son insistentes, y de manera particular exigen que el Estado respete la vida, integridad física y el derecho a protestar pacíficamente. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prepara un llamado de atención al Estado sobre este caso y revisará denuncias similares en otras cárceles del país.
Vídeo de denuncia anterior hecha por la Senadora Gloria Inés Ramírez en su momento.
Publicado: 12 junio, 2011 | Autor: notiagen | Archivado en: Cárceles, Derechos humanos, Movilización social, Noticias, Valledupar/Cesar | Deja un comentario »
Cuatro heridos graves tras ser forzados por el INPEC a bajar desde estructuras situadas a 8 y 15 metros de altura del penal desde donde realizaban la protesta desde el 2 de mayo. Hasta esta misma mañana de domingo 12 de junio, organizaciones defensoras de derechos humanos creen que pueden haber muerto aunque el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos lo niega y enfatiza la situación de gravedad de esas personas.
Las fundaciones Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y Lazos de Dignidad —organizaciones defensoras de derechos de presos por razones políticas— informaron la noche del sábado 11 de junio de 2001 sobre el operativo realizado desde las 6.00 PM del mismo día por el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar), conocida como La Tramacúa.
Desde el 2 de mayo más de 300 prisioneros detenidos en La Tramacúa se declararon en desobediencia civil a causa de, según los internos contactados, «la sistemática violación a los derechos humanos a las que son sometidos y la omisión de las autoridades colombianas en resolver sus peticiones». El 8 de mayo nueve internos de la Torre 2 decidieron iniciar las acciones y ahí le siguieron otros compañeros: «Decidimos subirnos y amarrarnos en lo alto de la estructura del penal. Lo hacemos para exigir nuestros derechos a la vida digna», manifestó uno de los detenidos. El resto de detenidos por razones políticas no se dejaban contar de la guardia, se rehusaban a portar el uniforme de la cárcel y exigían que se le proporcionara alimento a sus compañeros que se encontraban amarrados de sus cuerpos y colgando como forma de protesta.
Según Lazos de Dignidad, ayer 11 de junio de 2011 desde las 6:00 PM y en compañía del director de la cárcel de Valledupar, Leopoldo López Pinzón, el subdirector, Uriel Jaramillo, y el comandante de vigilancia, Teniente Nelson Gutiérrez, el GRI ingresó a las torres 1, 2, 3, 4 y 5 donde los detenidos protestaban y procedieron a soltar y bajar a los 132 que se encontraban atados a la estructura del penal. Este procedimiento se inició en la Torre 3.
A la 1.00 AM y según información no verificada, el CSPP asumía que había tres muertos que poco antes cayeron de las estructuras desde donde protestaban en la Torre 3. Esa información partía del hecho de que los detenidos sufrieron múltiples golpes al caer y perdieron el conocimiento. Por su parte, el encargado de Derechos Humanos de la regional Norte del INPEC niega que las personas estén muertas, pero admite que «tres personas se encuentran en el departamento de sanidad, que cayeron de las estructuras y que se les colocó oxigeno y estamos tratando la situación». Lazos de Dignidad no puede verificar la gravedad de las lesiones de los reclusos de la Torre 3 Wilson ‘el Paisa’, Luis Alberto Macilla Polo, Mnuel Bermúdez Cuello y Nilson Céspedes ni siquiera si están vivos. No tienen confirmación desde el interior del penal ni de los detenidos ni del INPEC. Lazos de Dignidad aseguró hoy domingo en la mañana que su cuerpos gravemente heridos y en estado de inconsciencia fueron sustraídos por el INPEC sin que se conozca el lugar al que fueron llevados. Sin embargo, el secretario de Gobierno de Valledupar, Víctor Martínez, niega las muertes de los detenidos. El CSPP dice que tras comunicación con el interior garantiza que no hay muertos y se encuentra haciendo seguimiento a su situación para poder aclarar el estado actual.
El CSPP argumenta que «en casos anteriores se ha utilizado el ocultamiento de la información; sin embargo, también se ha utilizado como mecanismo de presión a los detenidos y como forma de afectar su moral y resistencia en la protesta dar por muertos a detenidos heridos que han sufrido heridas o lesiones graves».
Según el encargado de Derechos Humanos de la regional Norte del INPEC, la orden del desalojo la dio el Ministerio del Interior enfatizando el respeto a los derechos de los reclusos.
Díez horas de operativo
Los prisioneros en las Torres 8 y 9 manifiestan que «durante las horas que duró el operativo escuchaban fuertes gritos provenientes de las otras torres donde los prisioneros rogaban por sus vidas y por no ser golpeados brutalmente, sin que el INPEC cediera a sus ruegos, alcanzándose a observar desde esas torres la salida de varios cuerpos de prisioneros en estado de inconsciencia conducidos por el INPEC en camillas improvisadas o sábanas». El CSPP explica que el operativo se desarrolló «con diferentes grados de intensidad y brutalidad por parte de los funcionarios». Entre los hechos que denuncian destaca la utilización de gases lacrimógenos y gas pimienta cuando la mayoría de los detenidos se encontraba en el interior de su celda o sin poder salir de los pasillos. Ello ocasionó, según el CSPP, «desmayos, desespero, terror y finalmente la caída de varios internos».
Según las comunicaciones de los detenidos, «el operativo se desarrolló con particular violencia en las Torres 3 y 1; en estas torres se lanzarían al menos unas 20 pipetas de gas lacrimógeno que causó desmayos a partir de producir asfixia controlada y a los detenidos que no pudieron someter por medio de estas torturas y actos crueles los lanzaron desde las estructuras, a unas pequeñas colchonetas que fueron apiladas a manera de colchón neumático».
Lazos de Dignidad informa que los voceros del Comité de Crisis conformado por los prisioneros de las torres en desobediencia fueron aislados en calabozos sin que se conozca su actual estado físico y de seguridad. Otros internos fueron llevados a celdas de aislamiento u otras partes del penal, sin que el CSPP conozca sepa hoy su paradero. El interno José Gregorio Díaz que se encontraba en la Torre 1 y que en diferentes ocasiones ha denunciado el peligro inminente de ser asesinado dentro del penal, fue capturado por el GRI y en este momento los internos desconocen su paradero.
Sin embargo, el CSPP confirma a través de comunicación con detenidos en Valledupar que «el INPEC está utilizando gases lacrimógenos y golpeando y amenazando a los detenidos que se encuentran colgados de las estructuras lo que puede provocar su caída». Lazos de Dignidad añade que el INPEC también usó granadas de aturdimiento. El CSPP también confirma las «golpizas a las que han sido sometidos varios detenidos». Según comunicación con el interior de la cárcel, «las personas que bajan de las estructuras son reducidas, arrojadas al piso, amarradas de pies y manos con grilletes, golpeadas con palos y puñetazos en presencia del director del penal».
En la Torre 5 los detenidos fueron bajados por la fuerza y volvieron a colgarse de las estructuras.
Según Lazos de Dignidad, el operativo duró hasta las 4.00 AM, hora a la que el INPEC dio por terminada por la fuerza la protesta de los detenidos en casi todas las torres y, según el CSPP, «se encontraba golpeando a los detenidos que habían sido bajados de las estructuras del penal en medio de gases lacrimógenos lanzados por el GRI y las protestas que en el exterior realizaban cerca de 150 mujeres que se encontraban durmiendo a las afueras del penal a la espera de un posible ingreso de visita hoy mismo —el cual ha sido cancelado— y velando por el respeto de los derechos de los detenidos». El CSPP afirma que el INPEC comunicó a la fundación que alrededor de la 1.00 AM y debido a los hechos denunciados el operativo cesaría.
Campaña por el cierre y visita oficial
Estos hechos se producen cuando mañana lunes tiene lugar la visita oficial que varios congresistas —entre ellos Iván Cepeda quien hace 15 días también visitó el penal— en compañía de miembros del Gobierno Nacional, entes de control y organismos no gubernamentales de derechos humanos así como integrantes de diferentes organizaciones en defensa de los derechos de los presos por cuestiones políticas realizarán con el fin de verificar la situación de derechos humanos en esta cárcel. Esta visita obedece a que, según el CSPP, el Gobierno había reconocido la justeza de la protesta. Igualmente, el CSPP denuncia que entre los meses de mayo y junio el INPEC ha efectuado más de 20 traslados de personas privadas de libertad que realizan acciones de denuncia y exigencia de derechos en diferentes centros penitenciarios del país. El mayor número de traslados ha tenido lugar en Valledupar, cárcel frente a la cual se desarrolla una campaña nacional e internacional por su cierre definitivo.
Según el CSPP, «por fin tras 11 años de funcionamiento del penal se empiezan a hacer públicas sus condiciones». La misma organización afirma que, tal y como ha manifestado en diversas ocasiones, el problema de la cárcel de Valledupar no es solamente la restricción o no prestación del servicio de agua, «sino que ésta se caracteriza por ser la cárcel del país donde acciones como las ocurridas en el último mes y en particular en la noche de ayer y la madrugada de hoy se hacen con mayor frecuencia; así, La Tramacúa se lleva el triste reconocimiento de ser la cárcel castigo de Colombia y uno de los centros de mayor violación sistemática de los derechos humanos ya que es la cárcel con mayor número de investigaciones penales y disciplinarias abiertas actualmente, la de mayor número de acciones de tutela interpuestas por los detenidos para defender sus derechos y, paradójicamente, la de un mayor porcentaje de impunidad por los hechos denunciados».
Las exigencias por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos al Gobierno para que cumpla con su mandato constitucional y los compromisos adquiridos internacionalmente de respetar los derechos de las personas privadas de libertad son insistentes, y de manera particular exigen que el Estado respete la vida, integridad física y el derecho a protestar pacíficamente. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prepara un llamado de atención al Estado sobre este caso y revisará denuncias similares en otras cárceles del país.
Vídeo de denuncia anterior hecha por la Senadora Gloria Inés Ramírez en su momento.
El Movimiento Social del Centro Oriente Colombiano denuncia públicamente ante las instancias internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, la OEA; ante los entes judiciales de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos: