El trabajo de Remedios García Albert era la solidaridad y la paz. Sigue siendo su voluntad y su intención pero la guerra jurídica del terrorismo de Estado le ha impuesto un bloqueo laboral y la amenaza del procesamiento por su supuesta y nunca demostrada colaboración con los insurgentes de la FARC.
El trabajo de Remedios García Albert era la solidaridad y la paz. Sigue siendo su voluntad y su intención pero la guerra jurídica del terrorismo de Estado le ha impuesto un bloqueo laboral y la amenaza del procesamiento por su supuesta y nunca demostrada colaboración con los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los grandes medios de comunicación violaron su presunción de inocencia, estigmatizándola al difundir las falsas acusaciones sobre su inventada participación en la proyección internacional de la guerrilla colombiana.
La difamación le impide conseguir un trabajo y la injusticia la mantiene atrapada en un cepo de violencia institucional, precisamente por hacer lo contrario de lo que dicen: facilitar el conocimiento y las aproximaciones para que sea posible una negociación que resuelva el conflicto de Colombia mediante la democratización política y económica.
Acusada desde hace más de tres años por su supuesta colaboración con los insurgentes colombianos (¡nunca demostrada!), pretendieron también enredarla en el montaje sobre la tampoco demostrada complicidad de las FARC con ETA.
La acusación contra Remedios se basa en la amañada documentación de los ordenadores supuestamente encontrados (¡todo son suposiciones y pruebas falsificadas!) en la invasión del territorio ecuatoriano por el ejército colombiano para atacar un campamento de las FARC. El Tribunal Supremo de Colombia ya ha sentenciado que esas pruebas no tienen valor y no pueden utilizarse en un procedimiento judicial.
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