La asociación de cabildo y autoridades tradicionales indígenas de Arauca-ASCATIDAR, iniciara demanda contra el Ejercito Nacional por el asesinato del indígena Humberto Peroza y su presentación como guerrillero caído en combate.
En acción militar desarrollada el 10 de junio en camino de la finca La Guarura en zona rural del municipio de Arauca, miembros de la Brigada 18 reportaron enfrentamientos con una columna de las FARC, de los cuales resulto muerto un hombre reportado inicialmente como N.N. y al que se le incauto un radio escáner, tres sillas tácticas y prendas de vestir con logotipos del grupo subversivo.
Aunque inicialmente en comunicado de la Décima octava Brigada, el coronel Oscar Cardona, jefe de Estado Mayor y comandante encargado de la institución militar, presentó a la victima como un miliciano de las FARC, debió ceder a las denuncias e investigaciones iniciadas por las autoridades indígenas quienes dijeron que se trataba de Humberto Peroza Wampiare, de 29 años, integrante del cabildo indígena del resguardo “la vorágine”, comunidad La Ilusión del pueblo Hitnu, quien además de participar activamente en las actividades que la comunidad ha desarrollado dentro de la autonomía y gobierno propio, como planes de acción, planes de salvaguarda, etc., tenía medida de protección del auto 382 de la Corte Constitucional.
En comunicado expedido el 18 de junio, el ejército informó que se inició investigación disciplinaria contra los uniformados que presuntamente habrían incurrido en un caso mas de “falso positivo” en la zona. El juzgado 46 penal militar inicio la investigación, la cual contará con la vigilancia especial de la Procuraduría General de la Nación.
Alexander Uncacía, abogado de ASCATIDAR, manifestó que la demanda es un hecho necesario, inaplazable que se fundamenta en que Peroza no era ningún subversivo, que se trató de "(…) un 'falso positivo', porque no es cierto eso de que cargaba armas y radios de comunicaciones".
Preocupa que el asesinato del indígena se suma a una lista de hechos irregulares de persecución contra diferentes miembros de la asociación como el cacique Ismael Uncancia Uncancia, presidente de la asociación quien fue encarcelado luego de un montaje judicial realizado en su contra. Igual suerte corrieron Verónica Solís Fuentes, quien es la coordinadora de asuntos étnicos del departamento y Álvaro Leal Toloza, etno-educador.
