El Territorio Indígena del Resguardo Alto Río Neguá, afectado por la explotación Minera

Miércoles 7 de diciembre de 2011, por Asociación OREWA

Una vez más la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó – OREWA, rechaza ante la opinión pública las recientes amenazas recibidas contras las autoridades, líderes y miembros de las comunidades del resguardo indígena del Alto Río Neguá a causa de la explotación minera que se tiene previsto desarrollar por empresas mineras en este territorio indígena.

Chocó | Mineros |

Hechos recientes:

Durante las últimas semanas del mes de noviembre del presente año, las autoridades indígenas de la comunidad de Comitá, líderes de la zona y asesores de la Asociación OREWA han sido víctimas de amenazas, debido a las denuncias que se vienen realizado por la explotación minera que la empresa transnacional AngloGold Ashanti tiene planeado iniciar el próximo año en el resguardo indígena del Alto Río Neguá.

Las autoridades indígenas han sido informadas que en San Francisco de Ichó municipio de Quibdó, próximamente se dará inicio a las labores de exploración y explotación minera de los títulos otorgados a la AngloGold Ashanti. De igual manera le han informado a las autoridades Indígenas que en enero de 2012 se iniciará la construcción de una carretera que irá hasta la comunidad de Comitá en la zona nororiente del resguardo indígena del Alto Río Neguá. Las autoridades indígenas han denunciado que ninguna de estas decisiones y acciones institucionales se han informado y consultado de manera adecuada y oportuna con las comunidades indígenas del resguardo del río Neguá.

Las autoridades exigen se respete el territorio indígena, y a su vez la autonomía de las comunidades indígenas quienes han decidido no aprobar o autorizar trabajos de extracción minera en el territorio, mucho menos proyectos de extracción minera a gran escala como proyecta INGEOMINAS.

Los anteriores hechos se suman a las continuas denuncias que han venido realizando las comunidades y autoridades Indígenas en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2005 La comunidad de Comitá, integrada por 16 familias Embera Dobida, denunciaron que funcionarios de INGEOMINAS, en compañía de geólogos de una empresa privada de exploraciones sin identificar, más unidades del Ejército Nacional, ingresaron de manera inconsulta a la comunidad de Comitá resguardo indígena del Alto Río Neguá, allí llevaron a cabo labores de exploración y recolección de material para el proceso de explotación minera correspondiente a títulos otorgados a la empresa minera AngloGold Ashanti.

Contexto y Antecedentes.

El resguardo indígena del Alto Río Neguá se encuentra ubicado en la zona nororiental del municipio de Quibdó. Este resguardo esta conformado por 97 familias indígenas pertenecientes al pueblo Embera Dobida, distribuidas en tres comunidades, las cuales son Necorá, Comitá y el Guamo. A estas comunidades les fue reconocido el título del resguardo indígena mediante resolución del INCODER en el año 2000, el resguardo indígena tiene una extensión de 5.265 hectáreas, las cuales colindan con la cabecera del río Neguá, el resguardo indígena del Río Ichó , la quebrada Baratúo y el Consejo Comunitario local del río Neguá, perteneciente a COCOMACIA.

A finales del año 2000 un minero proveniente del Valle del Cauca ingresó con 3 retroexcavadoras al territorio del resguardo indígena con el apoyo de los grupos armados que hacen presencia en la zona, lo cual se suma a la omisión de la Corporación Regional CODECHOCÓ, encargada del control ambiental del departamento.

En ese momento autoridades indígenas interpusieron viarias denuncias por la violación del territorio indígena. Sin embargo, cuando las comunidades Indígenas salieron a impedir la explotación minera en el resguardo, fueron perseguidos por miembros de grupos armados quienes los amenazaron, forzando a las autoridades indígenas a “permitir” las labores de explotación minera en el territorio. De esta manera bajo intimidaciones y presiones los miembros de la comunidad de el Alto río Neguá vieron como las dragas seguían avanzando hacia el interior del territorio del resguardo.

Posteriormente en el año 2003 ingresó al territorio del resguardo el señor Ezequiel Uribe Gutiérrez, empresario minero, quien expuso estar interesado en llevar a cabo un proceso de consulta previa con las autoridades del resguardo. Esta supuesta consulta se llevó a cabo sin la participación de las autoridades competentes en el orden nacional o regional, sin la veeduría de los organismos de control y sin las garantías necesarias para este tipo de procesos, dado que los integrantes de la comunidad no fueron informados de manera adecuada sobre el proyecto y mucho menos se les explicó el impacto que tendría sobre la comunidad y el medio ambiente.

Desde ese momento se han intensificado las actividades ilegales de explotación minera en el resguardo del alto río Neguá, lo cual justificó la invasión del territorio de El Guamo por parte de mineros que han instalado un campamento permanente cercando la comunidad. Además el señor Ezequiel de Jesús Uribe Gutiérrez solicitó título para explotación de minerales en 2006, el cual le fue otorgado el 15 de febrero de 2007, contrato con el cual se autorizó la explotación de oro y platino en jurisdicción del municipio de Quibdó hasta febrero de 2037 en un área de más de 402 Hectáreas.

Sin embargo, lo peor está por venir, dado que casi la totalidad del territorio del Resguardo, así como de los resguardos aledaños (Bebará, Bebaramá y Baratudó y río Ichó) han sido concesionados a la empresa AngloGold Ashanti, con 15 títulos otorgados (13 directamente y 2 a su filial Exploraciones Chocó Colombia S.A.) que representan una gran zona de explotación minera que abarca 43.298 Hectáreas.

Por lo anterior Exigimos:

Al Ministerio del Interior: informe sobre los procesos de certificación y consulta previa que se vienen llevando a cabo para proyectos de explotación minera en los Resguardos Embera Dóbida del Alto río Neguá, Bebará, Bebaramá y Baratudó y río Ichó.

Al Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: informe sobre los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos de explotación minera en los Resguardos Embera Dóbida del Alto río Neguá, Bebará, Bebaramá y Baratudó y río Ichó.

A CODECHOCÓ: informe sobre los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos de explotación minera en los Resguardos Embera Dóbida del Alto río Neguá, Bebará, Bebaramá y Baratudó y río Ichó y los mecanismos de mitigación de los impactos ambientales que se generarían con dichos proyectos.

Consejo de Autoridades Indígenas Asociación OREWA 04 de diciembre de 2011

Detrás de la masacre en Suárez están los megaproyectos. Un superviviente hizo un relato esclarecedor.

Martes 20 de abril de 2010, por Periferia

El pasado 7 de abril de 2010, en horas de la tarde, luego de haber terminado el corte dentro de una mina artesanal – La Balanta – a orillas del río Ovejas, fueron masacrados ocho mineros. El hecho se presentó en el paraje conocido como El Hato Santa Marta, municipio de Suárez, ubicado en el noroccidente del departamento del Cauca. Esta es una región rica en minerales preciosos codiciados por las multinacionales como Anglogold Ashanti y Cosigo Resources; también es un paraíso paisajístico para la inversión de Smurfit Kappa - Cartón de Colombia, y una despensa de energía para la Unión Fenosa, hoy Colinversiones, del Grupo Empresarial Antioqueño- GEA que la adquirió en una oferta pública de adquisición por una gran suma de dinero.

Publicado en la web de: Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura. Estatus Consultivo en la OEA. Ed. Avianca: Calle 16 No. 6-66 Piso 25. Bogotá D.C. Tels.: (571) 2846120 - 2846040 - 2812285 - 2849614 Fax: (571) 2824270 Apartado Aéreo: 33035.

http://www.colectivodeabogados.org

EL grupo de mineros artesanales – barequeros- estaba integrado por José Yulbel Ocoro Balanta, Deiber, José Asnoldo y Wilber Fernando Mosquera, oriundos de la región, y Pablo César, Macedonio, Henry Ibarguen Mosquera y su sobrino Jeisón Antonio Ibarguen Ramírez, quienes junto con Peter Gómez Sánchez llegaron de Condoto, Chocó y las minas de Zaragoza en busca de una oportunidad de conseguir una veta de oro y obtener buenos dividendos. Todos fueron atacados con armas de fuego de alto poder y un puñal por un grupo de tres personas que vestían camuflados, y otros civiles, entre ellos uno de acento costeño. Según versiones de los moradores del sector, los asesinos se transportaban en camionetas modeludas blancas de doble cabina.

Deiber Mosquera inteligentemente aparentó estar muerto y logró escabullirse tan pronto los victimarios se retiraron del lugar e informó de lo sucedido a las autoridades en el casco urbano de Suárez. Los ocho humildes mineros ultimados a sangre fría derivaban sus ingresos para subsistir con sus familias de la minería artesanal que venían ejerciendo de generación tras generación. Desafortunadamente, el gobierno nacional ha vendido e hipotecado nuestros territorios y nuestros recursos; el poder del dinero y la ambición de quienes lo detentan no tiene escrúpulos y por ello, al igual que en otras regiones de colombia y del mundo, se presentan estos hechos abominables, crueles y despiadados.

De acuerdo al relato de Deiber Mosquera, los victimarios antes de jalar el gatillo afirmaron que “no deberían (los mineros) estar en ese sitio porque el predio era una propiedad privada”, después los hicieron arrodillar y les dispararon por la espalda. Esto implica que, aparte de los autores materiales, se debe investigar a aquellos de que tengan la presunta licencia de exploración y explotación de dichos predios, pues los mercenarios actúan porque su amo les paga para salvaguardar su inversión.

Sobre la anterior hipótesis se deben tener en cuenta dos particularidades que pueden determinar fehacientemente la responsabilidad intelectual y material de tan espeluznante crimen: primero, que sobre el predio en particular, al parecer, existe una licencia de exploración y explotación de oro y otros minerales a nombre de la multinacional Anglogold Ashanti. Segundo, en inmediaciones al sitio de la masacre se encuentra el diseño del túnel que permitiría el trasvase del río Ovejas hacía el embalse de La Salvajina, operado por EPSA SA ESP empresa subordinada de la española Unión Fenosa, recientemnte adquirida, como lo manifestamos al inicio de este texto, por la empresa colombiana Colinversiones, propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño – GEA.

Llama poderosamente la atención que este grupo de asesinos pudieran movilizarse en carros lujosos y al descubiertos, portando armas de largo alcance, ejecutando a ocho personas, en una zona que por su importancia para el capital extranjero se mantiene custodiada por dos batallones de alta montaña acantonados sobre las márgenes derecha e izquierda del muro de la represa de Salvajina, a escasos media hora del sitio de los hechos. Donde, además, se mueve un grupo de contraguerrilla de la Policía Nacional, acantonada en el casco urbano del municipio de Suárez- Cauca, también a una hora del sitio donde ocurrió la masacre.

Por otro lado, y de acuerdo a las versiones de los habitantes de las veredas circunvecinas, esta masacre no es un hecho aislado o fortuito. Grupos de personas armadas se movilizan en este tipo de camionetas a diferentes horas del día, y por la noche lo hacen con los faros apagados, indagando por líderes cívicos de la región, presuntamente con el ánimo de cegarles su vida.

Esto contradice las temerarias e infundadas afirmaciones del General Gustavo Adolfo Ricaurte – Comandante de la Regional 4 de la Policía-, quien, tal vez pretendiendo desviar la investigación y tratando de salir bien librado del escenario de violaciones a los derechos humanos en la región del noroccidente caucano, sale ante los medios con dos versiones que son bien distantes de la realidad: en primer lugar no hay posibilidad de guerra o vendetta entre los mineros artesanales de la región, como lo indica el general Ricaurte, pues por todos es sabido, y así se ha denunciado con antelación, que la riqueza aurífera en Suárez es incalculable; al punto que está en la mira de las multinacionales extractivas como Anglogold Ashanti y Cosigo Resources. Esto, mientras el hambre y la miseria son el pan nuestro de cada día en toda la región, y las minas artesanales pululan a lo largo y ancho del territorio, sin que por ello jamás se han presentado disputas en torno a su ubicación o cantidad de extracción.

Segundo, afirma el alto oficial que el responsable es el 30 frente de las FARC. Pero, de acuerdo a las versiones de los pobladores del municipio, esta guerrilla, al igual que el ELN, se ha mantenido en la región y no han atentado contra la población de esta forma. Solo se cuenta una incursión – toma de Suarez – por parte de las FARC hace ya algunos años, dirigida precisamente contra la fuerza pública en le contexto del conflicto social y armado. Parece de esta manera que las declaraciones ligeras del General Ricaurte tienen más bien la pretensión de desviar la atención y la investigación de los verdaderos culpables de esta masacre y de los intereses que la promovieron.