IV VISITA DE LA COMISÓN ÉTICA DE LA VERDAD

Los integrantes de la Comisión Ética participantes en esta 4ta visita consideraron que como lo han expresado las distintas familias de las víctimas y de los Crímenes de Estado que:

1. No existen aún condiciones democráticas en Colombia para un ejercicio pleno de afirmación de derechos de las víctimas de los crímenes de Lesa Humanidad. La militarización de la vida cotidiana no ha significado garantías. Las agresiones a las comunidades persisten en medio de la presencia militar y policial de las diversas Brigadas en jurisdicción del Atrato, de Antioquia, Sucre a través de las “Aguilas Negras” como una nueva forma de paramilitarismo.

2. El derecho a la memoria, el derecho a saber, exige condiciones ciertas y reales para que las víctimas o sus familiares puedan participar activamente en el esclarecimiento y la construcción de mecanismos de reparación. Las agresiones, las estigmatizaciones, la inacción estatal y la participación activa de autoridades locales en la consumación de modelos de “desarrollo” fundamentados en violaciones sistemáticas de derechos humanos vulneran ese Derecho.

3. La destrucción territorial de los habitas de afrodescendientes, indígenas y mestizos son un mecanismo que genera nuevas formas de negación de derechos. La obsesión por el “desarrollo” está sepultando las posibilidades del Derecho pleno a la verdad.

4. Tampoco se han asegurado por parte del Estado, el acceso permanente, sin mediación de las víctimas a los medios de información amplios y masivos para posibilitar la afirmación de su memoria colectiva.

5. La ausencia de la restitución material de la propiedad en Curvaradó y Cacarica es otro factor que evidencia la ausencia de garantías verdaderas para que el Derecho a la Verdad sea satisfecho y se cuente con plenas garantías de su reconocimiento. La condición de desplazamiento interno en que se encuentran las familias de la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, las familias en Sucre expresa la ausencia de garantías.

6. La inacción del aparato de justicia en las investigaciones ordinarias es una muestra de la cultura institucional de impunidad. La falta de resultados en más de 12 años después de haberse iniciado una persecución y violación sistemática de derechos humanos muestra la constitución de un muro infranqueable de impunidad tendiente a proteger las responsabilidades estatales, a ocultar a los responsables individuales y los beneficiarios de la violencia. Por eso resulta escandaloso, por decir lo menos, que de dicha impunidad se responsabiliza a las víctimas.

7. La aplicación de la ley 975 respecto a la situación de estas comunidades no ha servido para el esclarecimiento de los crímenes múltiples que a través de la estrategia paramilitar como mecanismo de la represión de Estado se ha aplicado contra estas. Los nombres de las víctimas allí han sido desconocidos. Las afirmaciones de los victimarios han pretendido justificar sus crímenes y han estigmatizado a las víctimas y / o sus familias.

8. Tampoco las investigaciones han enfocado el carácter sistemático de los crímenes, y las especificidades socioculturales que supone un patrón de persecución, igual hay una indiferenciación en la tipificación conforme a sectores – niña, mujeres, indígenas, afrocolombianos y mestizo- ni ha posibilitado identificar la responsabilidad estatal, que a la vista de la sana lógica es clara. No deja de causarnos sorpresa, que las investigaciones de un gran número de crímenes de estas comunidades nunca se iniciaron y las pocas que se iniciaron llegaron a una etapa preliminar y luego fueron archivadas. Nunca hubo toma de pruebas técnicas que hoy serian claves en la investigación.

9. En nuestro recorrido observamos elementos que contribuirían a una investigación, pero estas cuando se adelantan no pasan de los escritorios, según compartimos con las víctimas. Esto expresa que no hubo nunca voluntad de actuar.

10. Y para terminar observamos lo que podemos llamar institucionalización de la impunidad: las estructuras criminales y sus beneficiarios hoy continúan con su actuar delictivo, sin que autoridad alguna, ni siquiera el ente investigador tome cartas en el asunto. Se cometen los delitos hoy y no hay investigación ni eficaz, ni oportuna. Con las investigaciones actuales se simula un acceso a la justicia, pero en el fondo sirven para asegurar la impunidad.

11. Estamos convencidos que parte de las garantías evidentes sería el desmonte del paramilitarismo de Estado, la desestructuración de su proyecto económico, social, político que se sustenta en la muerte violenta de más de medio millar de víctimas - campesinos mestizos, indígenas y afrocolombianos - en Dabeiba y el Bajo Atrato, en la destrucción ambiental, en la persecución judicial contra los líderes de estas comunidades, y el arrasamiento empresarial que hoy protegido por estructuras armadas legales e ilegales. Situación que se repite a lo largo y ancho de la geografía colombiana, como hemos escuchado y hemos ido conociendo.

12. La reestructuración de las lógicas paramilitares, mercenarias y el pago de falsos testigos atenta contra los principios fundantes de un Estado de Derecho. Ni la vida ni la verdad se compra o se paga. La Vida y la Verdad se sustentan en la conciencia humana, en los valores sociales compartidos por una sociedad. Esta contradicción moral y política debe ser resuelta a favor de una mirada ética en que la Vida y la Verdad fundamenten la constitución de un Estado de Derecho. Percibimos que estamos ad portas de un camino irreversible de destrucción de los mínimos de la convivencia.

13. Apelamos al Estado para que genere garantías efectivas, transparentes a cada una de las personas, organizaciones que forman parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en particular, a los que viven en las zonas rurales de Colombia, como las que hemos visitado. Lo que ocurra con uno de ellos, es un atentado contra la humanidad, por lo que ellas y ellos representan, como memoria histórica, como expresión ética de lo que en Colombia ha sucedido y continúa sucediendo.

14. Apelamos al Estado a crear escenarios creíbles, transparentes y coherentes que permitan allanar caminos de paz, de salidas negociadas al conflicto social y armado con posibilidades reales e integrales de Verdad, de Justicia y de Reparación Integral. Expresamos nuestro respaldo a los familiares de las víctimas de las retenciones y o del secuestro y a quienes se encuentran privadas de la libertad y que abogan por la constitución de un Acuerdo Humanitario.

Mirta Baravalle, Madres de la Plaza de Mayo – línea fundadora – Argentinia

Enrique Nuñez Aranda, Comisión ética contra la tortura de Chile,

Stephen Nathan Haymes, Ph.D., Universidad DePaul, Chicago, USA

Charity Ryerson y Liz Deligio, Movimiento por el cierre de la escuela de las Americas – SOA-Watch, USA

Alberto Giraldéz, Comunidades Cristianas Santo Tomas, Madrid, España

Miembros de la Comisión Ética,[1] que participaron en esta visita.

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[1] También hacen parte de la Comisión Ética de la Verdad: Adolfo Pérez Esquivel , Premio Nóbel, miembro de SERPAJ;Francois Houtart,Bernardine Dhonr, jurista de la Universidad Northwestern de Chicago;Tomas Gumbleton Argentina. sacerdote, coordinador Foro Social Mundial, Director del Cetri; Bélgica. EEUU. , Obispo Emérito de Detroit;Pueblo indígena Mapuche de Chile. Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, MST Brasil. Grupo Libera, Italia. Hijos de Argentina, por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Coalición de los Pobres, EEUU. Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Mérida, España. Miguel Alvarez, Asociación Verapaz de México. Experto en temas de paz y negociación de conflictos, Méjico. Carlos Fazio, Profesor de la UNAM y analista del diario La Jornada, Méjico. Gilberto López y Rivas, catedrático de la NAM.FederaciónDemocrática Internacional de Mujeres. Rainer Huhle, centro de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania.EEUU.