Red Canaria DD.HH. Colombia

Atentan Contra Nuestra Comunidad, todo empeora sin que se haga nada

2012-02-05T09:06:00.002Z

Enviado por cdpsanjose el Dom, 2012-02-05 03:27. :: Constancias

Durante meses y semana tras semana, dejamos constancia de cantidad de violaciones de derechos humanos que son un crimen de lesa humanidad, hoy se atenta gravemente contra nuestro proceso, de nuevo contra nuestro representante legal. Todo esto ocurre y nada hace el Estado, mejor, si hace mucho con su complicidad y descaro, dejando que todo pase. Esperamos que algún día, en algún momento de la historia, la humanidad juzgue todos estos crímenes contra una población que ha optado por la no violencia y contra la guerra.

El martes 31 de enero de 2012; entre las veredas Miramar y la Cristalina, se movilizaban tropas del ejército, dentro de dicha tropa se vieron cuatro encapuchados, además dentro del ejército se encontraba un alias muele gallo, desmovilizado de la guerrilla y quién fue amenazando a campesinos y mandando mensajes a todos los campesinos de que el área y la tierra debe ser desalojada para facilitar la explotación de carbón.
El jueves 2 de febrero de 2012, hacia las 11 horas miembros del ejército dañaron en Mulatos una plantación de maíz, dejando totalmente destruida la plantación y graves daños en el sustento de varias familias.
Hoy Sábado 4 de Febrero de 2012, hacia las 12:15 horas, la comunidad sufre un atentado, esta vez contra el representante legal de la Comunidad de Paz Jesús Emilio Tuberquia, él caminaba por Apartadó junto a la plaza de mercado y fue abordado por dos paramilitares los cuales portaban armas cortas y se movilizaban en motocicleta e inmediatamente sin mediar palabras le dispararon, pero afortunadamente pudo salir ileso al correr. Estos hechos ocurren a tan solo 100 metros de un control de la policía por donde pasaron los dos sujetos sin ser detenidos.

Estos hechos siguen demostrando la estrecha relación entre la fuerza Pública, Instituciones del Estado y el paramilitarismo. Hemos dejado numerosas constancias sin que se haga nada de las bases paramilitares que existen intactas en Nuevo Antioquia, los Mandarinos, Piedras Blancas, Batata y el Dos.

Nuevamente acudimos a la solidaridad nacional e internacional ante la gravedad de estos hechos. Creen los sembradores de la muerte que sus armas nos harán callar o dejar nuestra apuesta por la vida, están totalmente equivocados, nuestra opción por la verdad, la justica y la memoria son irrenunciables en nuestro diario vivir.

COMUNIDAD DE PAZ SAN JOSE DE APARTADO

FEBRERO 4 DE 2012

Otro sindicalista trabajador de Coca - Cola asesinado.

2012-02-02T23:31:00.003Z

¡OTRO SINDICALISTA ASESINADO! Esta vez era un trabajador de Coca Cola. En Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo, en lo que denuncian como plan estatal de exterminio de la actividad sindical. Destacado

por Sinaltrainal

Lunes, 30 de Enero de 2012 11:51

Se trata de Ricardo Ramón Paublott Gómez. Se lanza un S.O.S internacional para frenar este genocidio. Denunciamos este nuevo asesinato, cuando aún está fresca la sangre sobre el pavimento de otro sindicalista: la del compañero Mauricio Arredondo, asesinado junto con su esposa, dejando 5 niños...

Por Sinaltrainal con introducción contextual de APcrítico, y denuncias USO

¡OTRO SINDICALISTA ASESINADO EN COLOMBIA!

Esta vez se trata de Ricardo Ramón Paublott Gómez, un trabajador de la Coca Cola -otro más. Se lanza un S.O.S internacional para frenar este genocidio: En Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo, en lo que los sindicatos denuncian como un plan estatal de exterminio de la actividad sindical.

En este año 2012 ya son 4 los asesinados en este exterminio sindical. Denunciamos este nuevo asesinato, cuando aún está fresca la sangre sobre el pavimento de otro sindicalista: la del compañero Mauricio Arredondo, asesinado junto con su esposa, dejando 5 niños huérfanos. El asesinato contra Mauricio Arredondo y su esposa se inscribe en el marco de las reivindicaciones petroleras que son impedidas por las multinacionales mediante la violencia y el exterminio sindical, como lo denuncia la USO: " La llegada de la locomotora minero-energética con el sofisma del desarrollismo, trae consigo una serie de impactos sociales, territoriales y ambientales, pero sobre todo hemos evidenciado una serie de violaciones de derechos humanos... "[1]. Fue un asesinato instigado por el linchamiento mediático contra el sindicato: "El ex-presidente Uribe, su ex Vicepresidente Santos, representantes de agremiaciones petroleras del país, se dedicaron por los medios masivos de comunicación a señalar a la U.S.O como parte del sindicalismo armado colombiano, hechos que consideramos como la construcción de una Otredad Negativa, con una intencionalidad clara, allanar el terreno para la eliminación física y legitimar y justificar la misma. " [Ibíd. ]

Asesinan integrante de Sinaltrainal [2]

sábado, 28 de enero de 2012

El 26 de enero de 2012 en Barranquilla, fue asesinado con arma de fuego Ricardo Ramón Paublott Gómez, quien era dirigente de Sinaltrainal y trabajador de la Industria Nacional de Gaseosas S.A. (Coca Cola).

Al momento de su asesinato, Ricardo Ramón se movilizaba en un bus de servicio público, en la vía La Cordialidad, con la avenida El Bosque de Barranquilla. Dos sujetos desconocidos abordaron el bus portando armas de fuego y procedieron a intimidar a los pasajeros y al conductor.

El compañero Paublott Gómez, era hijo de Edith Gómez López y Gustavo Paublott Senteno (q.e.p.d), quien en vida laboró para la embotelladora de Coca Cola en Barranquilla y estuvo afiliado a Sinaltrainal. Ricardo tenía una esposa y seis hijos.

Ramón Paublott Gómez, tenía 48 años de edad y era padre de 7 hijos menores de edad. Expresamos nuestro profundo dolor por la muerte de nuestro compañero y condenamos su asesinato. Exigimos a las autoridades hacer las investigaciones que determinen las causas de este asesinato y se castigue a los responsables materiales e intelectuales.

Junta Directiva Nacional de Sinaltrainal

[1] doble homicidio contra sindicalista en Colombia iniciando el 2012, signa la continuidad del exterminio contra el sindicalismo. Mauricio Arredondo y su esposa fueron asesinados, en lo que se evidencia como un crimen instigado por el linchamiento mediático:

http://www.usofrenteobrero.org/index.php?option=com_content&;view=article&id=3193:asesinado-mauricio-arredondo-afiliado-a-la-uso-subdirectiva-orito&catid=61:orito&Itemid=103

http://www.usofrenteobrero.org/index.php?option=com_content&;view=article&id=3237:carta-de-protesta-asesinatos-de-sindicalista-de-la-uso-y-de-su-esposa&catid=43:boletin-junta

[2]http://www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&;task=view&id=2151&Itemid=1

192 sindicalistas asesinados desde 2007 y 3000 desde 1986, y un miembro del Gobierno Colombiano quiere presidir la O.I.T.

2012-02-02T23:24:00.003Z

VER INFORMATIVO SINDICAL DE LA CUT (30 DE ENERO DE 2012)

Asesinados MAURICIO ARREDONDO, Líder Sindical de USO en Ecopetrol, y su esposa, JANETH ORDOÑEZ CARLOSAMA, el pasado 17 de enero

2012-02-02T23:06:00.003Z

Miércoles, 18 de Enero de 2012 13:08 - Escrito por prensa USO

Asesinado Mauricio Arredondo afiliado a la USO subdirectiva Orito

El año 2011 estuvo marcado por las luchas petroleras en todo el país, la llegada de la locomotora minero-energética con el sofisma del desarrollismo, trae consigo una serie de impactos sociales, territoriales y ambientales, pero sobre todo hemos evidenciado una serie de violaciones de derechos humanos.

El ex-presidente Uribe, su ex Vicepresidente Santos, representantes de agremiaciones petroleras del país, se dedicaron por los medios masivos de comunicación a señalar a la U.S.O como parte del sindicalismo armado colombiano, hechos que consideramos como la construcción de una Otredad Negativa, con una intencionalidad clara, allanar el terreno para la eliminación física y legitimar y justificar la misma.

En el mes de diciembre en el marco de la reunión semestral de comisionados de DDHH, USO-Ecopetrol, el sindicato planteo el tema y le exigió a la empresa un pronunciamiento público frente a esas declaraciones, que desmintiera tales afirmaciones, el mismo nunca fue realizado, constituyéndose en silencio cómplice.

En dicha reunión, advertimos a los representantes de la empresa de un cercano asesinato de un miembro de la U.S.O y le exigíamos respondiera por la seguridad de los miembros del sindicato.

Hechos:

El 17 de enero de 2012 en horas de la noche, en la vía Puerto Asís, fueron asesinado el compañero MAURICIO ARREDONDO y su esposa JANETH ORDOÑEZ CARLOSAMA

El compañero es trabajador de la empresa PEI, Servicios Petroleros, reconocido dirigente y líder comunitario de la vereda Teteye en el municipio de Puerto Asís, el pasado 13 de enero había participado en el foro regional petrolero, que se realizó en Orito, departamento del Putumayo.

Solicitudes y Responsabilidades:

• Solicitamos a las autoridades judiciales se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y judicializar a los responsables, para que no exista impunidad en el caso.

• Responsabilizamos al Estado colombiano y a Ecopetrol S.A, por su negligencia y actuación tardía en prevenir agresiones y atentados contra nuestro sindicato.

• Solicitamos a las organizaciones de DDHH y sindicales nacionales e internacionales, rechazar estos hechos y solicitar al gobierno nacional y a ECOPETROL S.A. responda por la seguridad de los miembros de la USO.

DE MANERA SOLIDARIA, NOS SUMAMOS AL DOLOR DE LAS FAMILIAS DEL COMPAÑERO Y SU ESPOSA, LES OFRECEMOS TODO NUESTRO RESPALDO MORAL, POLÍTICO Y JURIDICO PARA EXCLARECER LOS HECHOS.

COMISION NACIONAL DE DDHH Y PAZ USO
JUNTA DIRECTIVA USO NACIONAL

Militares y Paramilitares. Informes de Fiscalía.

2012-02-02T23:01:00.003Z

Informes de Fiscalía.

http://prensarural.org/spip/spip.php?article7109

http://prensarural.org/spip/spip.php?article7116

http://prensarural.org/spip/spip.php?article7111

Solidaridad para Remedios

2012-02-02T22:55:00.002Z

Queremos poner en vuestro conocimiento la NUEVA CUENTA CORRIENTE DE CAJAMADRID donde podéis realizar aportaciones en solidaridad con Remedios García Albert. Puede escribirse ese concepto, o no poner ninguno, y simplemente aportar la cantidad que sea.

Es la siguiente:

2038 - 1170 - 32 - 6000454324

El trabajo de Remedios García Albert era la solidaridad y la paz. Sigue siendo su voluntad y su intención pero la guerra jurídica del terrorismo de Estado le ha impuesto un bloqueo laboral y la amenaza del procesamiento por su supuesta y nunca demostrada colaboración con los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los grandes medios de comunicación violaron su presunción de inocencia, estigmatizándola al difundir las falsas acusaciones sobre su inventada participación en la proyección internacional de la guerrilla colombiana.

La difamación le impide conseguir un trabajo y la injusticia la mantiene atrapada en un cepo de violencia institucional, precisamente por hacer lo contrario de lo que dicen: facilitar el conocimiento y las aproximaciones para que sea posible una negociación que resuelva el conflicto de Colombia mediante la democratización política y económica.

Acusada desde hace más de tres años por su supuesta colaboración con los insurgentes colombianos (¡nunca demostrada!), pretendieron también enredarla en el montaje sobre la tampoco demostrada complicidad de las FARC con ETA.

La acusación contra Remedios se basa en la amañada documentación de los ordenadores supuestamente encontrados (¡todo son suposiciones y pruebas falsificadas!) en la invasión del territorio ecuatoriano por el ejército colombiano para atacar un campamento de las FARC. El Tribunal Supremo de Colombia ya ha sentenciado que esas pruebas no tienen valor y no pueden utilizarse en un procedimiento judicial.

ASESINATO DE LÍDER DEL RESGUARDO INDÏGENA DE GUACHAVÉS - NARIÑO

2012-02-02T22:41:00.005Z

La Fundación del Sur Occidente y Macizo Colombiano – Fundesuma,

la FundaciónEstrella Orográfica del Macizo Colombiano – Fundecima,

el Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA,

el Coordinador Agrario del Suroccidente de Nariño,

el Comité de Integración del Galeras – CIGA,

la Red de Chagreros y Agrosembradores de la Cordillera,

Confluencia de Mujeres para la Acción Pública en Nariño

y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Nariño –Movicenar,

Repudiamos la muerte violenta de JAIME ALBERTO CHASATAR BASTIDAS, líder de la comunidad de los Pastos perteneciente al Resguardo Indígena de Guachavés - Nariño y alcalde electo de las Autoridades Indígenas de Colombia – AICO para el periodo 2012 -2015. JAIME ALBERTO CHASATAR BASTIDAS murió violentamente el día 31 de Diciembre de 2011, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, como resultado de la acción contundente de dos sicarios que se movilizaron en una moto Suzuky roja hasta su lugar de residencia, donde le dispararon en repetidas ocasiones. Posteriormente los sicarios lograron huir, a pesar de que la estación de Policía se encuentra a muy poca distancia de la residencia del líder.

JAIME ALBERTO CHASATAR BASTIDAS fue una persona reconocida por los indígenas de los Pastos y campesinos por su labor como defensor de los Derechos Humanos de su comunidad. Por mandato de la comunidad indígena y campesina del municipio, JAIME ALBERTO CHASATAR BASTIDAS se posicionaba el 01 de Enero de 2012, como primera autoridad del municipio de Guachavés. Su asesinato deja huérfanos a tres menores de edad, a Damián de 17 años, a José de 10 años y a Valeria de 3 años; y viuda a la señora Nancy Pazos Arteaga, madre de sus tres hijos.

Exigimos a las autoridades colombianas:

Que tome las medidas necesarias para que inmediatamente se investigue, se encuentre y se procese judicialmente a los responsables intelectuales y materiales del asesinato del compañero JAIME ALBERTO CHASATAR BASTIDAS para impedir que este acto de violencia quede en la impunidad. Por otra parte, solicitamos a todas las organizaciones sociales, defensoras de los Derechos Humanos, nacionales e internacionales, solidaridad y rechazo al atroz crimen del líder y alcalde indígena JAIME ALBERTO CHASATAR BASTIDAS y exigir a las autoridades Colombianas el castigo para los responsables para que este asesinato no quede impune.

Expresamos nuestras sinceras condolencias y solidaridad a los familiares de JAIME ALBERTO CHASATAR BASTIDAS y a toda su comunidad.

San Juan de Pasto, 01 de Enero de 2012

Comunicado Público: Aparece con vida Fernando Riascos, Integrante del MOVICE, Capítulo Cundinamarca

2012-02-02T22:38:00.001Z

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, da a conocer que el señor Fernando Riascos, integrante del MOVICE, Capítulo Cundinamarca, apareció con vida, junto a su hija de 5 años, luego de las acciones emprendidas para su búsqueda.

El MOVICE extiende un agradecimiento a instituciones, medios de comunicación y organizaciones sociales y de derechos humanos, que participaron en la búsqueda del señor Fernando Riascos y que permitieron ubicarlo a él y a su hija menor.

Como es de público conocimiento, el MOVICE informó y denunció la desaparición del señor Fernando Riascos a las autoridades, luego de aproximadamente tres meses y medio sin que se conociera su paradero y el de su hija de 5 años.

La ausencia repentina y prolongada de Fernando hizo que se activaran todos los mecanismos para su búsqueda, dado que ha sufrido repetidas amenazas por sus denuncias en contra del Ejército, desde el 2008, tras el asesinato de su esposa, Zenaida Leguizamón Mora.

El Movice le pide a la justicia colombiana que avance en las investigaciones para el esclarecimiento y condena efectiva de los responsables del asesinato de Zenaida Leguizamón Mora, esposa del señor Fernando Riascos, crimen que hoy se encuentra en la impunidad.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice
20 de enero de 2012

Por qué la CUT rechaza que Colombia presida la OIT.

2012-02-02T22:34:00.001Z

Notas de Juan Cendales

Felicidades que matan y candidaturas que espantan

Colombia sigue sorprendiendo. No ha dejado de hacerlo casi nunca y es lo más natural en un país de tanto entrecruzamiento de razas y culturas. Esta semana, por ejemplo, coincidieron dos noticias de sendos estudios e investigaciones. Uno de ellos dice que somos el segundo país con mayor desempleo en Suramérica y el otro que somos uno de los países donde la gente se siente más feliz. Quizás sea por la influencia ideológica del negrito del batey aquel que sin vergüenza y muy buen ritmo cantaba que “el trabajo para mi es un enemigo y el trabajo se lo dejo solo al buey porque el trabajo lo hizo dios como un castigo”. Sería la única explicación a tanta felicidad en medio de tanto desempleo. O quizás que los encuestadores de la felicidad hicieron sus trabajos en las salas mortuorias, sitios donde se escuchan largas jornadas de muy buenos chistes que ayudan a mitigar las tristezas y a que el muerto que se está velando se lleve una ultima buena impresión de este mundo. Y con tantas guerras y conflictos y con la altísima tasa de homicidios que tenemos, ir a los funerales es una de las actividades sociales más recurrentes de los colombianos.

Por eso no es de extrañar que del país donde más sindicalistas se matan en el mundo y que tiene más sindicalistas desplazados internamente y exiliados por todos los continentes el actual Vicepresidente de la Republica, Angelino Garzón, se haya candidatizado para Director de la Organización Internacional del Trabajo OIT, teniendo como jefe de campaña al propio presidente Juan Manuel Santos.

Es cierto que Angelino Garzón fue sindicalista y fue dirigente del Partido Comunista Colombiano. Y que estuvo, como miles, exiliado por las amenazas contra su vida. Pero también es cierto que hace muchos años dio una voltereta espectacular hasta terminar siendo un alto funcionario del régimen de Uribe Vélez. Sería injusto no reconocer que Angelino en su etapa neoliberal ha sido un hombre de ciertas conciliaciones y generosidades burocráticas con algunos o hasta con bastantes de sus antiguos camaradas de lides sindicales y utopías izquierdistas. Pero indudablemente la más profunda y real conciliación, o postración, ha sido con los patronos y sus idearios neoliberales y antisindicales.

Por esto es una aberración que un régimen como el colombiano se apodere de la OIT. Una ofensa a la memoria de los más de 3.000 dirigentes sindicales asesinados. Sería un respaldo a la estrategia de exterminio de la dirigencia sindical como manera de apuntalar proyectos económicos antipopulares sin oposiciones incomodas.

Prohibido Olvidar. Desaparición de 43 campesinos en Puerto Bello.

2012-02-02T22:22:00.004Z

La desaparición de 43 campesinos en Pueblo Bello.

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article32853
¿Por qué les torturaron, mutilaron y asesinaron? Para que la población aprendiera a respetar a unos terratenientes.

La masacre de la Rochela: cita el miércoles 18:

http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=333:reconstruyendo-la-memoria-colectiva-conmemoracion-masacre-de-la-rochela&catid=7:ddhh&Itemid=10

http://www.notimundo.in/

Otras masacres..

Trujillo . 342 personas desaparecidas-asesinadas.
El Salado año 2000. 100 personas asesinadas por paramilitares durante tres dias..
Mapiripan 1997. numero indeterminado campesinos.(más de 50) paramilitares y ejercito
la Rochela-1989 12 funcionarios judiciales asesinados por paramilitares
san José Apartadó. casi 200 personas asesinadas (hasta el presente).
Jamundí 2006 policias asesinados por el ejercito (por orden de narcos)
Chengue 2001- 27 asesinados por paramilitares
el Aro- 1997 15 muertos por paramilitares
el Nilo-1991. 21 indigenas asesinados por la policia
Segovia. 1988 43 personas asesinadas por paracos
Macayepo año 2000 16 campesinos asesinados por paramilitares
Caño Sibao 1992 alcalde y concejales El Castillo asesinados
la Mejor Esquina 1988 27 campesinos asesinados
el Tomate . 16 campesinos muertos . 1988
Alto Naya 37 campesinos asesinados 2001
Caño Jabón 20 personas 1998
...
Las Bananeras-1928. de 800 a 3mil asesinados por ejercito, como relata en su obra más famosa el nobel Garcia Márquez.

Somos raíces, somos semilla, exigimos Justicia

premio en Siero http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2011_2/premio-ddhh-afavit.html

Fabio Vargas Herrera desparecido el pasado 28 de noviembre. Es familiar de otras víctimas de desaparición vinculadas a la U.P. y al PCC

2012-01-15T14:51:00.006Z

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS

DERECHOS HUMANOS

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, denuncia a la opinión pública nacional e internacional la desaparición de Fabio Vargas Herrera de 41 años, el pasado lunes 28 de noviembre del presente año, En desarrollo de los siguientes hechos:

1. El señor Fabio Vargas Herrera se dedica a la compra y venta de ganado, motivo por el cual se encontraba desde hace dos meses en la ciudad de Medellín - Antioquia.

2. El día de los hechos le solicita a un compañero de trabajo que lo lleve hasta Belén, comuna nº 16, barrio San Bernardo de Medellín, y le comenta que un señor había lo llamado para una opción de negocio.

3. El señor Fabio Vargas se queda en dicho barrio a la 5:30 de la tarde, y no se vuelve a comunicar, al ver la demora su compañero de trabajo comienza a llamarlo pero este no contesta.

El día de la desaparición el señor Fabio Vargas, vestía una camisa café manga larga, un pantalón jean azul claro, botas Caterpillar color café de cordones y un reloj Forum.

Es de contextura gruesa, cara alargada, color de piel blanca, ojos color café, de aproximadamente 1.74 de estatura, cabello indio, corto negro, al lado izquierdo de la boca tiene una cicatriz.

El padre del desaparecido se encuentra muy preocupado pues su familia ha sido victima de la violencia de este país en anteriores ocasiones, por ser dirigentes sociales. Varios de los miembros de la familia Vargas han sido desplazados, sus fincas quemadas, asesinados y desaparecidos, casos que las autoridades ya conocen y que hasta ahora se encuentran en la impunidad, entre ellos el caso de Octavio Vargas Cuellar (tío de la victima) Representante a la Cámara por la UP asesinado en San José del Guaviare (1986), Gilberto Vargas primo de la victima, Desaparecido, Delio Vargas (hermano), dirigente de PCC Meta y ASCODAS, desaparecido… entre otros.

Exigimos a las autoridades departamentales y municipales iniciar una real, eficaz y eficiente acción de búsqueda y protección a la vida y la dignidad humana que permita ubicar el paradero del señor Fabio Varga Herrera.

Acción Bélica del Ejército Nacional provoca el desplazamiento masivo de 13 familias Indígenas en el Alto Andágueda

2012-01-15T14:46:00.002Z

Martes 13 de diciembre de 2011, por Orewa

No paran las agresiones contra las comunidades indígenas del departamento del Chocó. Una vez más la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó – OREWA, denuncia nuevas afectaciones en las comunidades indígenas de la etnia Embera Katío del resguardo indígena de Alto Andágueda.

Indígenas | Chocó |

El día 7 de diciembre de 2011, siendo aproximadamente las 7:00 PM, en la comunidad indígena de Chichidó, Cabildo mayor zona uno, resguardo indígena Alto Andágueda, municipio de Bagadó Chocó, miembros del ejército nacional realizaron disparos indiscriminados cerca a las comunidades indígenas de Chichidó y Aguasal. Situación que provocó el pánico en los habitantes de estas comunidades. Posteriormente a eso de las 4:00 AM del 8 de diciembre de 2011, el ejército volvió a realizar disparos indiscriminados muy cerca de la comunidad de Chichidó.

Estos hechos, sumados a la fuerte militarización que se vive en estos territorios indígenas, provocaron el desplazamiento masivo de 13 familias indígenas Embera Katío de la comunidad de bajo Chichidó, las cuales se desplazaron hacia las comunidades indígenas de Currupipi y Cebede. Las comunidades denunciaron que en el momento del desplazamiento casi caen dos niños al río Chichidó, pues además del pánico de la huida, las fuertes lluvias de los últimos días han provocado el deslizamiento de tierra sobre los caminos, impidiendo así el tránsito normal hacia las comunidades Currupipi, Cebede y el casco urbano de Santa Cecilia, Risaralda.

Lo anterior se suma a las continuas denuncias que hemos venido realizando, desde la Asociación OREWA debido a la fuerte militarización que se vive en el Resguardo Indígena del Alto Andágueda, situación que ha provocado, amenazas de grupos armados legales e ilegales, acusaciones y señalamientos del ejército nacional a miembros de las comunidades, intromisión a la justicia indígena, restricción a la libre movilización en el territorio y disparos indiscriminados en las comunidades indígenas.

Es por eso que hacemos responsable al Gobierno Nacional, particularmente al Ejército Nacional por las afectaciones que se están presentando en el resguardo indígena del Alto Andágueda. Así mismo una vez más denunciamos y rechazamos los altos índices de confinamiento, desplazamientos, asesinatos, atentados, amenazas y demás afectaciones que vienen sufriendo las comunidades Indígenas, en todo el departamento del Chocó.

Por último, una vez más hacemos un llamado urgente a todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales de defensa de derechos humanos, entre ellos la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y demás organismos de verificación para que conformen una comisión que evalué la difícil situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades Indígenas del Resguardo Indígena del Alto Andágueda, en miras de salvaguardar la vida de estás comunidades indígenas.

El Territorio Indígena del Resguardo Alto Río Neguá, afectado por la explotación Minera

2012-01-15T14:39:00.003Z

Miércoles 7 de diciembre de 2011, por Asociación OREWA

Una vez más la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó – OREWA, rechaza ante la opinión pública las recientes amenazas recibidas contras las autoridades, líderes y miembros de las comunidades del resguardo indígena del Alto Río Neguá a causa de la explotación minera que se tiene previsto desarrollar por empresas mineras en este territorio indígena.

Chocó | Mineros |

Hechos recientes:

Durante las últimas semanas del mes de noviembre del presente año, las autoridades indígenas de la comunidad de Comitá, líderes de la zona y asesores de la Asociación OREWA han sido víctimas de amenazas, debido a las denuncias que se vienen realizado por la explotación minera que la empresa transnacional AngloGold Ashanti tiene planeado iniciar el próximo año en el resguardo indígena del Alto Río Neguá.

Las autoridades indígenas han sido informadas que en San Francisco de Ichó municipio de Quibdó, próximamente se dará inicio a las labores de exploración y explotación minera de los títulos otorgados a la AngloGold Ashanti. De igual manera le han informado a las autoridades Indígenas que en enero de 2012 se iniciará la construcción de una carretera que irá hasta la comunidad de Comitá en la zona nororiente del resguardo indígena del Alto Río Neguá. Las autoridades indígenas han denunciado que ninguna de estas decisiones y acciones institucionales se han informado y consultado de manera adecuada y oportuna con las comunidades indígenas del resguardo del río Neguá.

Las autoridades exigen se respete el territorio indígena, y a su vez la autonomía de las comunidades indígenas quienes han decidido no aprobar o autorizar trabajos de extracción minera en el territorio, mucho menos proyectos de extracción minera a gran escala como proyecta INGEOMINAS.

Los anteriores hechos se suman a las continuas denuncias que han venido realizando las comunidades y autoridades Indígenas en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2005 La comunidad de Comitá, integrada por 16 familias Embera Dobida, denunciaron que funcionarios de INGEOMINAS, en compañía de geólogos de una empresa privada de exploraciones sin identificar, más unidades del Ejército Nacional, ingresaron de manera inconsulta a la comunidad de Comitá resguardo indígena del Alto Río Neguá, allí llevaron a cabo labores de exploración y recolección de material para el proceso de explotación minera correspondiente a títulos otorgados a la empresa minera AngloGold Ashanti.

Contexto y Antecedentes.

El resguardo indígena del Alto Río Neguá se encuentra ubicado en la zona nororiental del municipio de Quibdó. Este resguardo esta conformado por 97 familias indígenas pertenecientes al pueblo Embera Dobida, distribuidas en tres comunidades, las cuales son Necorá, Comitá y el Guamo. A estas comunidades les fue reconocido el título del resguardo indígena mediante resolución del INCODER en el año 2000, el resguardo indígena tiene una extensión de 5.265 hectáreas, las cuales colindan con la cabecera del río Neguá, el resguardo indígena del Río Ichó , la quebrada Baratúo y el Consejo Comunitario local del río Neguá, perteneciente a COCOMACIA.

A finales del año 2000 un minero proveniente del Valle del Cauca ingresó con 3 retroexcavadoras al territorio del resguardo indígena con el apoyo de los grupos armados que hacen presencia en la zona, lo cual se suma a la omisión de la Corporación Regional CODECHOCÓ, encargada del control ambiental del departamento.

En ese momento autoridades indígenas interpusieron viarias denuncias por la violación del territorio indígena. Sin embargo, cuando las comunidades Indígenas salieron a impedir la explotación minera en el resguardo, fueron perseguidos por miembros de grupos armados quienes los amenazaron, forzando a las autoridades indígenas a “permitir” las labores de explotación minera en el territorio. De esta manera bajo intimidaciones y presiones los miembros de la comunidad de el Alto río Neguá vieron como las dragas seguían avanzando hacia el interior del territorio del resguardo.

Posteriormente en el año 2003 ingresó al territorio del resguardo el señor Ezequiel Uribe Gutiérrez, empresario minero, quien expuso estar interesado en llevar a cabo un proceso de consulta previa con las autoridades del resguardo. Esta supuesta consulta se llevó a cabo sin la participación de las autoridades competentes en el orden nacional o regional, sin la veeduría de los organismos de control y sin las garantías necesarias para este tipo de procesos, dado que los integrantes de la comunidad no fueron informados de manera adecuada sobre el proyecto y mucho menos se les explicó el impacto que tendría sobre la comunidad y el medio ambiente.

Desde ese momento se han intensificado las actividades ilegales de explotación minera en el resguardo del alto río Neguá, lo cual justificó la invasión del territorio de El Guamo por parte de mineros que han instalado un campamento permanente cercando la comunidad. Además el señor Ezequiel de Jesús Uribe Gutiérrez solicitó título para explotación de minerales en 2006, el cual le fue otorgado el 15 de febrero de 2007, contrato con el cual se autorizó la explotación de oro y platino en jurisdicción del municipio de Quibdó hasta febrero de 2037 en un área de más de 402 Hectáreas.

Sin embargo, lo peor está por venir, dado que casi la totalidad del territorio del Resguardo, así como de los resguardos aledaños (Bebará, Bebaramá y Baratudó y río Ichó) han sido concesionados a la empresa AngloGold Ashanti, con 15 títulos otorgados (13 directamente y 2 a su filial Exploraciones Chocó Colombia S.A.) que representan una gran zona de explotación minera que abarca 43.298 Hectáreas.

Por lo anterior Exigimos:

Al Ministerio del Interior: informe sobre los procesos de certificación y consulta previa que se vienen llevando a cabo para proyectos de explotación minera en los Resguardos Embera Dóbida del Alto río Neguá, Bebará, Bebaramá y Baratudó y río Ichó.

Al Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: informe sobre los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos de explotación minera en los Resguardos Embera Dóbida del Alto río Neguá, Bebará, Bebaramá y Baratudó y río Ichó.

A CODECHOCÓ: informe sobre los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos de explotación minera en los Resguardos Embera Dóbida del Alto río Neguá, Bebará, Bebaramá y Baratudó y río Ichó y los mecanismos de mitigación de los impactos ambientales que se generarían con dichos proyectos.

Consejo de Autoridades Indígenas Asociación OREWA 04 de diciembre de 2011

Incremento de denuncias de desaparición forzada. 287 desaparecidos en 3 meses de gobierno de Santos

2012-01-15T14:13:00.007Z

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Incremento de denuncias de desaparición forzada.

Manifestamos nuestra seria preocupación por la persistencia reiterada y sistemática de la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, y el incremento de denuncias y casos en varias regiones del país.

Derecho a la Vida | Víctimas de Crímenes de Estado |

De acuerdo al SIRDEC entre el 7 de agosto 2010 y el 10 de noviembre 2011, periodo del actual Gobierno se han registrado 287 personas desaparecidas forzadamente de las cuales 223 siguen desaparecidas. [1]

Solo en este periodo han sido desaparecidos 8 defensores de derechos humanos, entre los cuales se cuenta la desaparición de Eberto González Hoyos, líder afrodescendiente reclamante de tierras en el Curvaradó, Chocó ocurrido el 23 de julio a manos de grupos paramilitares; la desaparición del abogado defensor de víctimas de los paramilitares Enrique Salazar Contreras, mientras se desplazaba de Bogotá a Zipaquirá y la desaparición de 3 líderes de la Mesa de Concertación de Tierras del Departamento del Tolima Andrés Alfonso Arenas Buelvas y los hermanos Yonnel y José Alfonso Delgado Villamil, desaparecidos el pasado 23 de diciembre de 2010 y hallados asesinados a comienzos de enero de este año [2]

De acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda hay un registro de 61.311 desapariciones, de las cuales 16.554 son desapariciones forzadas, y 15.750 personas siguen desaparecidas [3], entre ellas más de 6.000 mujeres y niño/as [4]

Preocupa aún más esa magnitud de desapariciones teniendo en cuenta un subregistro grande en esos casos y la falta de un diagnóstico oficial sobre cuantas personas desaparecidas hay en Colombia. En este sentido urgimos a las entidades colombianas de retipificar los casos de desapariciones que antes del 2000 fueron erróneamente tipificados como secuestro. Sólo con un diagnóstico acertado Colombia puede diseñar una política pública para la prevención, investigación y sanción de ese crimen de Lesa Humanidad así como avanzar en la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas.

Preocupa sumamente la grave situación de miles de personas no identificadas en el país. Es indispensable el esclarecimiento de su situación, de la ubicación y protección de las múltiples fosas individuales, comunes, en cementerios oficiales o sitios clandestinos. Para que el Estado colombiano cumpla sus obligaciones internacionales y con las víctimas es igualmente necesaria la ubicación, identificación y devolución digna de los restos a sus familias con respeto al debido proceso y el respeto del derecho de los familiares a la participación. Llamamos al Gobierno colombiano a cumplir las recomendaciones de las diversas instancias internacionales así como incluir en la política pública los estándares recogidos en el “Consenso mundial de principios y normas mínimas de trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigación forense para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y arbitrarias” resultado del proceso de consulta a más de 150 organizaciones de familiares, acompañantes, expertos legales, psicosociales y forenses, organismos internacionales como el CICR y NNUU así como dos congresos mundiales, el último en abril 2010 en Bogotá.

A pesar de la existencia de un marco legal avanzado sobre desaparición forzada se encuentran problemas en la implementación de varios de los mecanismo por la negligencia de funcionarios públicos y fuerzas militares, se destaca la ausencia de efectividad del Mecanismo de Búsqueda Urgente, la falta de aplicación del Plan Nacional de Búsqueda en la mayoría de los casos y la impunidad casi absoluta en los casos de desapariciones forzadas.

Rechazamos la iniciativa del Gobierno del Presidente Santos de reformar la Constitución Política para consagrar una ampliación irrestricta del fuero militar a todas las actuaciones desarrolladas por miembros de la Policía y las Fuerzas Militares, entendiéndolas siempre como “actos del servicio” y desplazando la competencia de la Justicia Ordinaria para adelantar las primeras diligencias cuando se cometan acciones en que civiles resulten muertos o sometidos a desaparición, y para investigar los crímenes contra los civiles perpetrados por miembros de los organismos de seguridad, asegurando que solo funcionarios de la Justicia Penal Militar puedan conocer de estos delitos.

No obstante, es un retroceso enorme frente a las salvaguardas para luchar contra las desapariciones forzadas logradas en el pasado, que la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana, haya reinstalado en la legislación colombiana la autorización a los organismos de seguridad del Estado para realizar allanamientos de domicilios en horas de la noche, lo que abre una vía peligrosa para la comisión de desapariciones forzadas, amparando a sus perpetradores con la protección de la oscuridad y la ausencia de testigos presenciales, poco probables a altas horas de la noche, y máxime cuando se autoriza que estos procedimientos se puedan llevar a cabo sin la presencia de delegados del Ministerio Público, y aún sin el requisito de orden judicial.

En la Ley de Víctimas, las desapariciones forzadas lamentablemente no fueron consideradas seriamente, como tampoco en el actual borrador de Decreto Reglamentario que el Gobierno nacional presentará en diciembre de 2011, el cual la contempla sólo en uno de sus 339 artículos, dejando de lado el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de las víctimas y su recuperación si están inhumadas como N.N. Muestra de la ausencia de una voluntad política a favor de estas víctimas fue la eliminación de una Comisión de la Verdad incluida en el proyecto Ley de víctimas en diciembre de 2010, pero erradicada y reemplazada por la Ley 1424 que aprobó un mecanismo de “contribución a la verdad” para conceder beneficios a paramilitares desmovilizados.

Por lo anterior, solicitamos al señor Presidente de la República que:

1. Condene clara y públicamente como jefe de Estado y jefe de las fuerzas militares los cuestionamientos de funcionarios públicos e integrantes de las fuerzas militares o de policía que apuntan a legitimar desapariciones forzadas como sucedió en el caso del Palacio de Justicia con los recientes afirmaciones del General Navas, comandante general de las fuerzas militares de Colombia en favor del Coronel retirado Plazas Vega rindiendo honor a una persona condenada por desapariciones forzadas interfiriendo además en la independencia de la justicia [5].

Es indispensable un respaldo decidido a la labor legítima de exigencias de sus derechos a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral de las familias y acompañantes de personas desaparecidas forzadamente.

2. Usted como presidente de la República acepte la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas creado por la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y ratifique plenamente este tratado internacional. Apoyamos decididamente la petición de audiencia presentada el 16 de noviembre por 17 organismos de familiares de víctimas de desaparición forzada de distintas regiones del país, mesas y redes que las apoyan y el Dr. Iván Cepeda y hacemos un llamado a Usted para que sean recibidas y escuchadas en su despacho.

3. Usted y su Gobierno no presente ni apoye ningún proyecto legislativo que permita la ampliación incondicionada del fuero militar a la investigación de todo tipo de acciones de miembros de las Fuerzas de Seguridad, que pudieran amparar con la impunidad, casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.

4. Su Gobierno tomará las medidas necesarias para derogar el parágrafo del artículo 50 y el artículo 51 de la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana que autoriza los allanamientos domiciliarios en horas de la noche a miembros de los organismos oficiales de seguridad, sin el control de la presencia de la Procuraduría y con la excepción de orden escrita de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto representa un grave retroceso en las medidas que salvaguardan la prevención de la ocurrencia de desapariciones forzadas, fenómeno que en Colombia es una práctica generalizada que ha afectado a decenas de miles de ciudadanos, sino que constituye uno de los delitos más graves en los que frecuentemente se han visto comprometidos miembros de la fuerza pública en este país.

5. Su Gobierno incluya en sus propuestas para implementar el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos financieros suficientes para que se desarrolle una política pública coherente de prevención, y de investigación y sanción de los responsables de la desaparición forzada, de la búsqueda de las personas desaparecidas, su exhumación, identificación y entrega digna. Así mismo los recursos financieros, personales y técnicos necesarios para la labor de campo en los cementerios y otros sitios donde se encuentran personas desaparecidas y/o no identificadas.

6. Su Gobierno deben garantizar inequívocamente la participación de las víctimas en la reglamentación de la ley de víctimas y el Plan Nacional de Atención y Reparación e incluir:

a) Medidas de Satisfacción, para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, necesarias en este delito como la Creación del Grupo de Trabajo Técnico de policía Judicial para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.

b) Medidas de Restitución del derecho a la identidad como la propuesta de un Programa para la ubicación y recuperación de las víctimas de desaparición forzada de cementerios y otros lugares de inhumación y

c) Garantías de no repetición, para la verificación de los hechos y difusión de la verdad completa como lo manda explícitamente la Ley 1448/11, para las víctimas de desaparición forzada como la creación de una Comisión Especial de investigación de la situación de las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada.

7. Su Gobierno cumpla con lo ordenando por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a las medidas provisionales y cautelares de las organizaciones que trabajan sobre desapariciones forzadas, así como garantice la protección de los familiares y organizaciones contra los hostigamientos, amenazas, seguimientos y señalamientos realizados por miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares, entre otros reconociéndolos como defensoras y defensores de derechos humanos.

Mesa de Trabajo sobre desaparición forzada de la Coordinación-Colombia-Europa-Estados Unidos

Notas

[1] Información suministrada del INMLCF el 11 de noviembre 2011.

[2] A estos casos se suman los de Sandra Viviana Cuéllar Gallego, defensora de derechos ambientales quien desapareció el día jueves 17 de febrero, en la ciudad de Cali y el de los esposos y líderes comunitarios del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cajambre Ana Julia Rentería y Miguel Santos Rentería Caicedo desaparecidos el miércoles 02 de marzo del 2011, en la vereda Guayabal del Río Cajambre en Buenaventura, Valle del Cauca. Acción Urgente Campaña Nacional e Internacional por el derecho a defender los derechos humanos; en http://www.colombiadefensores.org/n...

[3] Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, consultada 15 de septiembre 2011. http://www.comisiondebusqueda.com/m...

[4] Christian Salazar,Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el seminario Nacional LA protección de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito nacional e internacional; Bogotá, 23-24 de mayo 2011.

[5] Entrevista a YAMID el 14 de septiembre: Plazas Vega “defendió la democracia en su momento, un hombre que los militares de Colombia lo apoyamos, por espíritu de cuerpo, por dignidad". "Nosotros apoyamos al señor coronel, tenemos en nuestro fuero interior, en nuestro interior, que él es inocente".

Entrevista a la Abogada Yessika Hoyos del CAJAR En el homenaje al profe Freytter, estaba la integrante de Hij@s, pues su padre también fue asesinado,

2011-12-01T00:11:00.004Z

Entrevista a Yessika Hoyos en Bilbao.

Pachakuti: Has venido al País Vasco a un homenaje al profesor Freytter: ¿cual es la relación del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo con esta investigación?

Jessica:- Nosotros representamos a los familiares del profesor y sindicalista Jorge Freytter dentro del proceso penal. Porque en Colombia existe la figura de representación de víctimas, y lo que hacemos es impulsar un poco el proceso penal para que se continúe investigando a todos los autores intelectuales de este crimen.

P:-En el momento presente ha habido un revuelo grande en Colombia en relación con el CAJAR y el intento del gobierno de revisar el caso de la masacre de Mapiripan..¿al Colectivo y a ti como abogada..cómo os afecta?

Y:-Mucho. Se afecta muchísimo pues en el último mes han salido más de 300 artículos de prensa donde las diferentes autoridades, por ejemplo entre ellas el Procurador General de la Nación..nos comparó con las bacrim (bandas criminales o paramilitares)

con un grupo organizado al margen de la ley, armado, o sea los mismos paramilitares..y nos hizo esa comparación cuando nosotros históricamente hemos denunciado y hemos exigido que haya un desmonte del paramilitarismo en Colombia…esto lo que pretende realmente es acabar con el Colectivo de Abogados ..todoa esa persecución, deslegitimación… y pretende acabar con el colectivo de abogados cumpliendo un Plan: esto no va para nosotros solo. Descubrimos hace poco cómo en el 2003 el Departamento Administrativo de Seguridad DAS nos hizo todo un seguimiento y toda una inteligencia donde uno de los objetivos era neutralizarnos, y otro objetivo deslegitimarnos. Y efectivamente hoy la campaña responde a toda esa actividad de inteligencia por que no pudieron..

primero nos señalaron de terroristas, después que nosotras recaudábamos dinero para los grupos guerrilleros, como nos esculcaron absolutamente todas las cuentas , todo el movimiento financiero, se dieron cuenta que no era cierto ..entonces ahora a través del caso de una señora que al parecer nos mintió y que nosotros representamos , pues pretenden deslegitimarnos y acabar con el Colectivo de Abogados , y no sólo con el Colectivo sino con todo el Movimiento de Derechos Humanos en Colombia.

P:-El homenaje al profesor Freytter se hace un poco después de diez años de su asesinato ..en tu caso también son 10 años aproximadamente del asesinato de tu papá..

Y:-Si, el 3 de marzo se cumplieron diez años del homicidio de mi papá.

P:- Tu padre era sindicalista, dirigente sindical..

Y:-Si mi padre era sindicalista, Jorge Darío Hoyos Franco

P:- hay similitudes, en el tiempo, y en el accionar entre fuerzas paramilitares, fuerza pública, en el caso de estos dos asesinatos y de los 23 que van asesinados este año..

Y:- Sí hay similitudes, no sólo por la fecha, porque en 2001 hubo un punto muy alto no solo de asesinatos de sindicalistas sino contra otros dirigentes sociales, sino en las pruebas encontradas de que efectivamente miembros de la fuerza pública han estado involucrados con paramilitares para asesinar sindicalistas, en el caso de mi padre fue condenado un policía y en este momento se va a vincular a otros policías y miembros del ejército nacional y exactamente ocurre en el homicidio de Jorge Freytter, la estructura criminal que lo va a asesinar estuvieron involucrados agentes estatales que no solamente afectan a policías y militares sino que se ha podido establecer cómo también agentes del DAS están involucrados, y lo más triste, como rectores de las Universidades han estado ya condenados por crímenes contra sindicalistas.

P:- Muchísimas Gracias.

notas:

-El dirigente sindical Jorge Darío Hoyos, fue miembro de la Federación Internacional de Trabajadores de las Plantaciones, Agrícolas y Similares (FITPAS), federación sindical global que se convirtió luego en parte de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA).

- La AFL-CIO de Estados Unidos otorgó el premio George Meany-Lane Kirkland Human Rights Award 2008, como un reconocimiento a la labor de defensa de derechos humanos realizada por Yessika Hoyos, sino que es un homenaje a todas los más de 2.700 sindicalistas que han sido asesinados en Colombia. Es otra forma de rescatar la vida, otra forma de hacer memoria.

-Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de la Universidad del Atlántico y abogado de la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico, Asojua, fue secuestrado, torturado y asesinado, una semana después de que fuera abordado por varios sujetos que se identificaron como miembros de la Sijìn, deteniéndolo por falsas acusaciones por estos hechos, Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, miembro del Bloque Norte, que delinquía en Barranquilla, fue condenado a 18 años de prisión, así como un policía y un militar pertenecientes al GAULA.

http://www.kaosenlared.info/noticia/bilbao-homenaje-profesor-freytter-asesinado-gaula-colombiano

MISIÓN DE VERIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DDHH.

2011-12-01T00:07:00.001Z

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS PRESENTAN LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DDHH

http://es.justin.tv/3ercanal

www.colectivodeabogados.org

Diputados, juristas y organizaciones de 15 países, verificarán la situación de la defensa de los DDHH en Colombia

¿Qué ha cambiado desde el año 2009 cuando se lanzó la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia? Con este interrogante, cerca de 46 personalidades internacionales de organizaciones sociales de derechos humanos visitarán el país entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2011, para llevar a cabo la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación de la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

Ver más

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Prensa
Colectivo de Abogados "José Alver Restrepo"
www.colectivodeabogados.org
Twitter: ccajar
Facebook: José Alvear Restrepo
Tel: 2 846120/2846040
Fax:2824270

INTENTO DE ASESINAR A SINDICALISTA DE SINALTRAINAL, MUERTE DE UN PRESO, Y OTRAS NOTICIAS.

2011-12-01T00:02:00.002Z

Boletín informativo RedHer Colombia 18/11/11

Noticias y denuncias:

Dos encapuchados entraron en la casa de una integrante de la OFP y de un sindicalista de SINALTRAINAL en Barrancabermeja (Notiagen)

Miembros del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barrancabermeja (Santander) denuncian que se trata de «un operativo de inteligencia militar» cuyo objetivo era «el asesinato del sindicalista.
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Muere un preso de la cárcel Picota de Bogotá. (FCSPP)

El recluso JHON JAIRO GARCIA, TD. 55974, privado de su libertad en la Torre F, nivel 5, patio 14, de la cárcel Nueva Picota -ERON- en la ciudad de Bogotá, y quien se encontraba enfermo de SIDA, falleció el 15 de noviembre en una clínica de Saludcoop, en la ciudad de Bogotá.
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Prohíben el ingreso a 1200 contratistas en refinería de Barrancabermeja (Aury Sará)

Según el periódico vanguardia Liberal de hoy 10 de noviembre, la finalización del paro que en principio sería por 24 horas y que fue convocado por la Unión Sindical Obrera, USO, en los campos y refinerías de todo el país, se aplazó hasta nueva orden para la sede de la estatal petrolera en Barrancabermeja.
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Declaración Política de la MANE (Red Revuelta)

En el marco de la sesión de emergencia convocada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), desarrollada en Bogotá el día 12 de noviembre del año en curso y la cual contó con la presencia de más de 60 instituciones de educación superior de todo el país, concluye:
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Carta de consejos comunitarios y organizaciones al presidente Juan Manuel Santos (PCN)
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Estado pretende evadir su responsabilidad en Crímenes de Lesa Humanidad (Organizaciones Sociales de Arauca)

En los últimos días el Estado colombiano ha tratado de evadir, esconder o minimizar su responsabilidad en los más horrendos crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el pueblo colombiano y por los cuales ya ha sido condenado en el orden interno y/o internacional.
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Macizo Colombiano: El encuentro, la palabra y movilización maciceña resiembran la vida digna (ACIN)

Somos mujeres y hombres que con alegría y dignidad habitamos en el Macizo Colombiano. Nos hemos movilizado desde nuestros territorios del Sur del Cauca, Nororiente, Centro y Sur de Nariño, con nuestros problemas, sueños, propuestas, cultura, alimentos, semillas y voces, para encontrarnos en la Segunda Asamblea del Movimiento Social del Macizo Colombiano.
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Suspendido juicio oral contra seis militares acusados del homicidio del campesino José Orlando Giraldo (FCSPP)

José Orlando Giraldo Barrera, fue un campesino asesinado por miembros del batallón de alta montaña No. 3 en la finca ubicada en la vereda Golondrinas donde prestaba sus servicios, quien fue presentado posteriormente como un jefe de milicias abatido en un supuesto combate.
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DETENCIONES ARBITRARIAS Y TORTURAS

2011-11-30T23:52:00.002Z

Boletín Informativo RedHer Colombia 12/11/11
Noticias y denuncias:

Detención arbitraria e ilegal a estudiantes de la Universidad del Cauca (Territorios por vida digna)

La Fundación Territorios por Vida Digna, el proceso de Identidad Estudiantil y Minga de Resistencia Social y Comunitaria Cauca denuncian ante la comunidad nacional e internacional la detención arbitraria e ilegal de la que son objeto los estudiantes de las Universidad del Cauca y otros personas que se manifestaban pacíficamente en el centro de la ciudad de Popayán.
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Detenida arbitrariamente una integrante de la Confluencia de mujeres en Cauca (Confluencia de mujeres)

En el día 10 de noviembre a las 2:30 de la tarde, el Esmad en uso de los atributos represivos que parece concederle el gobierno colombiano, violando el derecho a la libre circulación, a la libertad, a la honra y demás derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, arremete contra un grupo de personas que caminaban tranquilamente en Popayán, descargándoles gases lacrimógenos y llevándolos/as detenidos/as de manera arbitraria.

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El Esmad reprime protesta legal de la USO (Aury Sará)

Unos 15 trabajadores resultaron heridos el miércoles 10 a manos de policías antidisturbios las afueras de dos plantas de la petrolera estatal colombiana, afectada por una protesta nacional de 24 horas, aseguraron fuentes sindicales del sector.

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Torturas a detenidos en Puerto Gaitán (FCSPP)

De acuerdo con información entregada por los abogadas de la Fundación que se encuentran asistiendo a siete personas privadas de libertad que van a ser judicializadas con la ley 1453 de seguridad ciudadana, en el municipio de Puerto Gaitán, varios de ellos han denunciado ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por miembros de la policía durante el procedimiento de captura.

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Estudiantes De Secundaria se Suman a la Movilización (Red Revuelta)

A pesar de las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos el día 9 de noviembre del 2011 de retirar el proyecto de reforma a la ley 30, (siempre y cuando los estudiantes cesen el paro y reanuden sus clases), los estudiantes marcharon exigiendo un retiro efectivo de la ley en el congreso de la república y la posibilidad real de construir de manera participativa y democrática una alternativa de educación para Colombia.

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Suspendido juicio oral contra militares acusados del homicidio de José Orlando Giraldo (FCSPP)

José Orlando Giraldo Barrera fue un campesino asesinado por miembros del batallón de alta montaña No. 3 en la finca ubicada en la vereda Golondrinas donde prestaba sus servicios, quien fue presentado posteriormente como un jefe de milicias abatido en un supuesto combate.

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Levantémonos frente a la persecución política al compañero Feliciano Valencia (Asociación Minga)

Llamamos a las autoridades y comunidades indígenas, la Minga Social y Comunitaria, Organizaciones de Defensores de Derechos Humanos y todas las organizaciones y personas que creen y apoyan la justicia para que actuemos frente al caso del compañero Feliciano Valencia.

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La movilización estudiantil en Neiva-Huila (Notiagen)

Tras la declaración del presidente colombiano Juan Manuel Santos el día 9 de noviembre de 2011 a través de diferentes medios de comunicación que retiraría el proyecto de reforma de la Ley 30 si los estudiantes volvían a sus clases, la respuesta de la comunidad académica no se hizo esperar.

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Agresión contra una integrante de la Organización Femenina Popular (OFP)

Denunciamos los hechos ocurridos sobre nuestra compañera Jackeline Rojas Castañeda, integrante de la Organización Femenina Popular desde hace 20 años, miembro del equipo de dirección, madre de dos hijos, un joven y una niña especial.

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HOY SE CUMPLEN 40 DIAS DE INJUSTO CAUTIVERIO DE LUIS ALFREDO FERNÁNDEZ, MIEMBRO DEL COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS (CPDH) DE ALGECIRAS EN EL DE

2011-11-30T23:36:00.003Z

Campesino en el municipio de Algeciras Huila, fiscal del Comité Permanente por la Defensa de los DDHH (CPDH) Seccional Algeciras, defensor de DDHH, sobreviviente de la UP, perteneció a FENSUAGRO (Federación Nacional Sindical Agropecuaria), prisionero político desde el 02 de Octubre de 2011, víctima de una persecución política, por su calidad de defensor de DDHH.

LUIS ALFREDO FERNÁNDEZ, es un campesino que vive en el municipio de Algeciras, en la vereda Bella Vista, tiene 4 hijos, vive con su esposa, su hijo mayor, su hija menor y su nieto, es padre cabeza de familia. Su sustento económico lo adquiere de lo que gana producto de su trabajo en la finca.

LUIS ALFREFO es un ejemplo del campesino, defensor de DDHH, líder en la comunidad, con una incansable lucha por la dignidad humana, trabajador y víctima directa del conflicto político, social y armado que vive nuestro país en una modalidad que sistemáticamente viene aplicando el actual gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación a través de las “detenciones masivas ” y los “montajes judiciales”, principalmente en las zonas rurales y desafortunadamente silenciada por los medios de comunicación.

El 02 de Octubre de 2011, siendo las 4:30 PM, LUIS ALFREDO se encontraba en la oficina del CPDH, local Algeciras, en ese momento la Policía Nacional junto con la SIJÍN, rodea mediante operativo toda la cuadra donde se ubica la sede del CPDH en el municipio de ALGECIRAS, no dejando acercar a nadie de la población del municipio, capturando en dicho procedimiento descomunal a LUIS ALFREDO y trasladándolo posteriormente sin ninguna posibilidad de abrigo a la ciudad de Bogotá.

Los días 03, 04 y 05 de Octubre de 2011, el Juez 23 Penal Municipal con función de control de garantías realiza las siguientes audiencias: legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento, donde se le imputaron los cargos de: Concierto para delinquir con fines terroristas, financiación del terrorismo y rebelión, al final después de un show mediático se dicta medida de aseguramiento intramural y es trasladado a la cárcel Modelo de Bogotá, solamente por el delito de Rebelión.

En este momento la Cárcel Modelo de Bogotá atraviesa por una crisis Sanitaria con una epidemia de paperas y de varicela; la familia de LUIS ALFREDO vive en Algeciras en el departamento del Huila, a una considerable distancia del lugar donde se encuentra recluido , dificultándose el contacto con su núcleo familiar en conjunto.

En dicho proceso impulsado por la fiscalía 14 nacional contra el terrorismo, con base a informes de inteligencia producidos por la Policía Nacional, se mencionan como terroristas varios dirigentes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, entre ellos ABDAY GALLO (Secretario Ejecutivo del CPDH de ALGECIRAS) y JAIME LIZCANO (Profesor y miembro de la Junta Directiva del CPDH), además de JAIRO RAMIREZ (miembro de la Junta Directiva nacional del CPDH) y DIEGO MARTINEZ (actual secretario ejecutivo nacional del CPDH) entre otros.

El CPDH del municipio de ALGECIRAS, es uno de los principales comités rurales, que sin temor han denunciado graves atropellos cometidos en contra de la población civil por parte de la fuerza pública y los grupos armados que operan en la zona por razones del conflicto social y armado que vive la región, además de haber capacitado durante el año 2010 y 2011, a más de 1000 campesinos de los municipios de Algeciras Huila y Santa Ramos en el departamento del Caquetá en temas relacionados con derechos humanos, derecho internacional humanitario entre otros.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, exige a la fiscalía general de la nación todas las garantías procesales y la libertad inmediata de libertad de LUIS ALFREDO FERNANDEZ.

Frente a las graves acusaciones en contra de los miembros del CPDH, hacemos responsables a la Fiscalía General de la Nación y al gobierno nacional de cualquier daño o agresión física cometida contra miembros del CPDH en sus 14 seccionales.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

CPDH

CONCLUSIONES: JORNADAS INTERNACIONALES

2011-11-08T08:57:00.002Z

“Situación en el mundo del derecho a la rebelión”

Tenerife, 28-29 de octubre de 2011

El derecho a la rebelión que acá hemos reconocido y analizado, no concluye. Ni en los procesos sociales y políticos, ni en la labor reflexiva sobre sus valores y características, tanto éticas como jurídicas. Por eso éstas no son conclusiones sino planteamientos de cara a un futuro de lucha y de debate.

En ese orden, ponemos a consideración de esta Asamblea y de quienes en diferentes partes del mundo han seguido el desarrollo de estas Jornadas, estos enunciados y compromisos.

I. El derecho a la rebelión es un derecho fundamental e inalienable de los pueblos, que nos conforma históricamente como especie e inteligencia ante la negación y la opresión, reconocido en el orden internacional y entroncado en los valores más progresistas de las más profundas culturas y vertientes humanistas. Su desenvolvimiento se basa en motivaciones altruistas y colectivas, en el bien común, para edificar sociedades más justas e igualitarias, para liberarse de esclavitudes en cualquiera de las formas que éstas se presenten.

II. Hoy día ante el sistema capitalista y su carácter irreformable, un depredador modelo que traspasa límites humanos y del planeta, la rebelión se reafirma como un derecho y una necesidad de vida cuando en condiciones extremas las alternativas deben también considerar caminos para su ejercicio.

III. La rebelión misma es fuente de derechos. En nuestra construcción de valores frente a la barbarie, debe mantenerse la defensa de una serie de principios básicos que no pueden ser objeto de decisión alguna, respecto de la dignidad humana. En ese sentido, cabe hoy la radical defensa de todo aquello que asegure límites y formas adecuadas para su desarrollo.

IV. La conceptualización que de la rebelión hacen en general los Estados y poderes dominantes, pretende tratar ésta como terrorismo, para negar los contextos de confrontación y sus causas, y por lo tanto deslegitimar y criminalizar toda aspiración de rebeldía frente al sistema. Es necesario por lo tanto debatir y desmontar dicha política falaz que confunde terrorismo con rebelión.

V. Es por lo tanto imperioso seguir denunciando decisiones e instrumentos tanto de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Israel, y de otros centros de poder, así como legislaciones de diferentes países, que violan garantías básicas de protección, que desconocen y diluyen la categoría de la rebelión y de la resistencia como derechos humanos y de los pueblos.

VI. En estas Jornadas comprobamos por lo tanto que resulta inadmisible el supuesto fundamento de las llamadas listas anti-terroristas, que impiden soluciones negociadas y esfuerzos de regulación y humanización. Esos mecanismos junto con otras figuras recientemente creadas, sólo sirven a la doble moral y a la perversión del derecho internacional, el cual debe ser recobrado como instrumento de civilización.

VII. En estas Jornadas hemos analizado y comprobado la desgarradora situación de países y pueblos, como Palestina y Colombia, que nos apremian a buscar formas de solidaridad con quienes luchan y resisten legítimamente para mejor un futuro.

VIII. Nuestra mirada sobre la rebelión nos obliga a incluir la perspectiva de la lucha de las mujeres que resisten y lideran procesos en diferentes contextos, así como el papel de pueblos indígenas y otros sectores, así como a realizar un llamado a los medios de comunicación y periodistas para que actúen éticamente en la información y el tratamiento de los conflictos en los que la rebelión tiene lugar.

IX. Solicitamos la puesta en libertad de presos por razones políticas y sociales; desde los cinco anti-terroristas cubanos presos en USA, hasta los presos y presas mapuches, pasando por indígenas de Ecuador hoy día detenidos por acciones de lucha social. Abogamos también por liberaciones y acuerdos en relación con los presos políticos y prisioneros de guerra en Colombia y también que Israel cumpla con la puesta en libertad de luchadores políticos de Palestina y cese su política de nuevas detenciones.

X. Fuera de todo cálculo y coyuntura de supuesta derrota, reafirmamos el derecho que asiste a las organizaciones resistentes a emprender procesos de diálogo y solución pacífica con base en los mismos valores que explican históricamente su alzamiento. La defensa de la solución política a los conflictos no contradice los valores de la rebelión. Como Mandela y otros insignes luchadores de los pueblos lo han expresado, deben buscarse alternativas a las confrontaciones, siempre y cuando existan garantías para sus interlocutores y se den pasos de transformación que correspondan al anhelo de una paz con justicia, con dignidad, basada en el reconocimiento de los derechos de los pueblos.

Tenerife, 29 de octubre de 2011

JORNADAS INTERNACIONALES: "Situación en el mundo del Derecho a la Rebelión"

2011-09-23T00:22:00.009+01:00

La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia es un espacio de coordinación de colectivos sociales, sindicales y políticos de Canarias, que decidieron emprender tareas de solidaridad con las víctimas de los crímenes de Estado para denunciar las sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que sufren personas y colectivos civiles colombianos, especialmente organizaciones sindicales, campesinas, de derechos humanos y grupos políticos de oposición.

Estamos organizando para los días 28 y 29 de Octubre de 2011 en Tenerife (Islas Canarias), unas jornadas para tratar de “analizar la situación en el mundo del Derecho del recurso a la Rebelión desde las ópticas jurídica, ética, política, económica y social, y los intentos de aplicación del Derecho Internacional Humanitario a distintos modelos de conflictos armados”. Pretendemos comenzar analizando el concepto mismo de rebelde, su aplicación perversa en algunos casos y su negación en otros. A pesar de ser un tema difícil de abordar lo consideramos impostergable ante la deriva autoritaria de los Estados con el desarrollo de las denominadas “legislaciones antiterroristas” que, desde nuestra postura, niegan el carácter político del rebelde para tipificarlo como un delincuente de especial peligrosidad ajeno a móviles altruistas. De esta manera se niega al interlocutor político en la resolución de los conflictos y, por tanto, también el carácter político, económico y social de los conflictos armados. Se cierra así, de ese modo, las posibles soluciones a través de la negociación política o, al menos, la negociación para la aplicación de los principios más universales del Derecho Internacional Humanitario. Entendemos que si bien el Derecho Internacional Humanitario fue concebido para las guerras entre Estados, es posible y necesario hacer un esfuerzo a fin de adaptarlo a guerras asimétricas como la colombiana con el objetivo, a corto plazo, de limitar las hostilidades y el sufrimiento, permitiendo en consecuencia un clima más apropiado para unas negociaciones políticas más profundas que trasciendan la mera promesa de amnistía y que aborden la resolución de un conflicto armado que hunde sus raíces en las enormes injusticias sociales que sufren las clases oprimidas en Colombia, situación estructural que de ser mantenida impedirá alcanzar una paz duradera.

Las jornadas tendrán lugar los días 28 y 29 de Octubre de 2011, y en ellas contaremos con la participación de los siguientes ponentes:

Día 28 de Octubre:

• Santiago Alba Rico, cuya aportación a las jornadas sería la ponencia: “Condición humana, derecho a la rebelión y alternativas post-capitalistas”. Es escritor, ensayista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, que ha publicado multitud de libros de ensayo sobre filosofía, política y antropología, como por ejemplo: “Las reglas del caos. Apuntes para una antropología del mercado”, “Iraq un cuento para niños”, “Partes de guerra y prosas de resistencia”; y también junto a otros autores: “Crímenes de guerra”, "Medios violentos. Palabras e imágenes para la guerra", "Washington contra el

mundo". Además de colaborar como redactor en varias revistas y medios de comunicación, también hizo aportaciones al guión del documental “Bagdad Rap” de Arturo Cisneros. Ha vivido varios años en el Cairo y actualmente reside en Túnez.

Enrique Santiago Romero, desarrollará la ponencia: “Terrorismo o Rebelión”. Aspectos jurídicos globales”. Este político y abogado español es autor de un intenso trabajo de gran interés en el ámbito de la Solidaridad y los Derechos Humanos. Ha sido hasta noviembre de 2006, Secretario General de CEAR, (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Como político, procede de los Colectivos de Jóvenes Comunistas, (organización juvenil del P.C.P.E.), posteriormente ingresó en la Unión de Juventudes

Comunistas de España (organización juvenil del PCE), donde se desempeño como Secretario General entre 1990 y 1992, y actualmente es Secretario de Refundación y Movimientos Sociales de Izquierda Unida. Como abogado ha desempeñado un importante trabajo en diversas organizaciones de solidaridad internacional. Fue miembro del equipo jurídico en la acusación popular contra el ex-dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad; representó a la delegación de ONG’s y organizaciones sociales que participaron como observadores en el referéndum presidencial en Venezuela en agosto de 2004; ejerce como abogado de Remedios García, defensora de derechos humanos española, la cual fue técnico cooperante que participó en los diálogos del Caguán, donde se buscaba una salida negociada al conflicto armado colombiano y actualmente acusada en España de pertenecer a “organización terrorista”.

Para el sábado 29 de Octubre bajo el título de Análisis del Conflicto Colombiano, está previsto abordar la evolución en el tratamiento jurídico de la rebelión por parte del Estado colombiano en el actual conflicto armado.

Día 29 de Octubre:

Abrirá las jornadas de la mañana Mª Lledón Soriano Segarra (Lidón) con la ponencia “Escenarios de luchas, violencias y emancipación”. Lidón es profesora en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, coordinadora de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y coordinadora desde hace varios años de las brigadas a Palestina del Komite Internazionalistak de Euskal Herria. Ha participado como coautora en dos libros, “Palestina tiene nombre de mujer” y “El siglo XXI: el siglo de oro de las mujeres”. Sus crónicas sobre el conflicto abierto en Oriente Medio son reflejo de una lucha encarnizada en la que, según opina, "todos y todas tenemos una pequeña gran responsabilidad".

La segunda ponencia de la mañana que lleva el título “¿Resistencias o terrorismo?” El testimonio de un periodista en varias guerras” correrá a cargo de Unai Aranzadi, un premiado documentalista, escritor y fotoperiodista especializado en conflictos armados y derechos humanos. Sus documentales han sido emitidos en la BBC WORLD SERVICE, AL JAZEERA ENGLISH y CANAL +, entre otros. Sus escritos y fotografías han sido publicados por El País, Der Spiegel, Reuters y The Washington Post. Ha trabajado en Somalia, Irak, Afganistán, Líbano, Chechenia, Palestina, Congo, Colombia, Kurdistán, Chiapas y Honduras entre otros espacios de conflicto. Desde 2001 es Director de INDEPENDENT DOCS TV News and Media. Su trabajo se define desde un ángulo periodístico alternativo, que utiliza los medios de comunicación para promover un cambio social que mejore la vida de las mayorías. Ejerce un periodismo que permite conocer, por ejemplo, los motivos de la rebelión alegados por los propios rebeldes, sin adulterar los contenidos con efectos que generen impacto, morbo, sensacionalismo y que persiguen construir una opinión interesada, limitándose a mostrar simplemente lo que ve y escucha. Esto es imprescindible para romper con el cliché de “terrorista”, cuyo objetivo es desposeer al rebelde de su carácter político altruista, rebajándolo a “delincuente especialmente peligroso”, con “fines ocultos y egoístas” con el que no cabe la negociación, porque se trata de un “problema de seguridad del Estado”.

El mismo sábado 29 de octubre en horario de tarde, continuaremos con dos ponencias con las que se pretende abordar la temática de la “geopolítica de la rebeldía y sentidos de las nuevas revueltas sociales”. Comenzaremos con la ponencia “el delito político en Colombia y la legislación anti-terrorista” que expondrá Leonardo Jaimes Marín, abogado colombiano especializado en Derecho Penal y en la defensa de población judicializada por razones políticas. Acompaña desde lo jurídico a comunidades campesinas en resistencia en su proceso de construcción de la memoria histórica. Ha participado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en casos como la masacre de Trujillo y ha colaborado en la preparación de casos ante la Audiencia Nacional española por crímenes de lesa humanidad. Es apoderado judicial de rebeldes capturados por el Estado colombiano y autor de varias publicaciones sobre Delito Político y Derecho Internacional Humanitario. Su papel en las jornadas sería abordar la evolución en el tratamiento jurídico de la rebelión por parte del Estado colombiano.

Tras su intervención se abordará la ponencia: “derecho humanitario, guerras asimétricas y rebelión” por parte del también colombiano, Carlos Alberto Ruiz Socha, abogado residente en España, exiliado desde 1998. Trabajó en la década de los 90 como defensor de Derechos Humanos y presos políticos. Es miembro de varios organismos defensores de derechos humanos como la Comisión Justicia y Paz y el Instituto ILSA, directivo de la Liga Internacional por los Derechos de los Pueblos y asesor externo de la Comisión Gubernamental para la Humanización del Conflicto Armado y la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Profesor universitario y Doctor en Derecho, con Tesis Cum Laude por unanimidad, por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Autor del libro "La rebelión de los límites. Quimeras y porvenir de derechos y resistencia ante la opresión" y de multitud de ensayos de análisis político y jurídico sobre Palestina, Colombia y temas de derecho internacional.

Por último, bajo el título: “Las tareas de la indignación”, pretendemos englobar la presentación de las conclusiones y el plan de trabajo. Nuestra intención es dar a estas jornadas un carácter internacional para reactivar un debate necesario e impostergable como hemos explicado antes. Por ello también hemos solicitado la asistencia en condición de invitados, de representantes del Frente Polisario y del Frente Popular de liberación Palestina, así como delegados observadores del ALBA y del Tribunal Permanente de los Pueblos y de diferentes organizaciones dentro de los ámbitos, político, social y sindical, tanto nacionales, como internacionales.

PETICIÓN AL GOBIERNO DE ESPAÑA: POR UN GIRO ÉTICO EN LA POLÍTICA EXTERIOR

2011-09-07T00:16:00.007+01:00

A/A: Presidencia del Gobierno de España

Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n.

28071 Madrid. (España)

CC: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Dirección: Plaza de la Provincia, 1 - 28012 Madrid.
Teléfono centralita: 91 379 97 00 / 91 379 83 00 .
Dirección: Edificio Torres Ágora. C/ Serrano Galvache, 26-28033 Madrid

De: Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (1)

Secretaría Técnica.

ASUNTO: “POR UN CAMBIO EN LA POLÍTICA EXTERIOR HACIA LA ÉTICA, ANTE LA CRISIS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DEL D.I.H. EN COLOMBIA”

Sr. Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, nos dirigimos a Vd. nuevamente para clamar un cambio en su política exterior hacia posiciones de una mínima ética ante situaciones de una gravedad extrema.

España, bajo su mandato, recibió con todo lujo de honores al ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, y firmó un acuerdo estratégico bilateral con Colombia, convirtiéndole en socio de primer orden en América Latina, sin olvidar la labor de su gobierno, Sr. Zapatero, en el seno de la Unión Europea para la firma del TLC con Colombia, a pesar de la multitud de informes que señalaban los crímenes de Estado bajo los mandatos de Uribe, aproximadamente unos 6.000 casos de desapariciones y homicidios por motivos socio-políticos en contexto distinto al combate e imputables al Estado colombiano, tanto a su brazo militar y policial, como al paramilitar, (Informes de la Comisión Colombiana de Juristas), más de 600 sindicalistas asesinados durante dicho mandato, unos 1.600 casos de falsos positivos denunciados, (ejecuciones extrajudiciales del ejército donde asesinan a civiles no combatientes y los presentan como guerrilleros dados de baja), siendo el actual presidente de Colombia, el Sr. José Manuel Santos, Ministro de Defensa en aquél periodo, y la existencia de unos 7.500 presos políticos en pésimas condiciones, (Informes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y de la Corporación de Abogados José Alvear Restrepo).

Hoy, tras confirmar la continuidad de la política represiva y violatoria de los DD.HH. y del D.I.H por parte del actual gobierno colombiano encabezado por el Sr. José Manuel Santos, y temiendo por la vida de varias personas en grave riesgo tras conocer la gravedad de los últimos sucesos acontecidos, nos dirigimos a Vd. para solicitarle un mínimo de dignidad y ética en su política exterior para con las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, y su colaboración para exigir que se garantice la vida de varios defensores de DD.HH., militantes de partidos de oposición, líderes comunitarios y campesinos en grave peligro.

El Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos informó del terrible homicidio cometido contra una menor de 14 años, el 9 de Agosto de 2011 y el asesinato del indígena SILVESTRE MORENO el 1 de Agosto de 2011, perteneciente al cabildo indígena “El Vigía”, formando parte de una serie de agresiones en los últimos meses contra pueblos ancestrales. También la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Corporación SEMBRAR, MOVICE-Capítulo Sur de Bolívar y otras organizaciones sociales nos informaban de una terrible masacre protagonizada por paramilitares en el Sur de Bolívar, confirmando nuevamente la farsa de la desmovilización montada desde el gobierno del ex-presidente Uribe.

El 17 de agosto de 2011 en la localidad Casa Zinc, entre los corregimientos del Dorado y Canónico, incursionó un grupo paramilitar denominado “Águilas Negras”, liderado por un hombre que la comunidad reconoce como “desmovilizado”, de nombre Javier, alias “el enano”. Procedieron a reunir a toda la comunidad. Alias “el enano”, señaló a los señores IVAN SERRANO, reconocido tendero y habitante de la región, LUIS ALBEIRO ROPERO joven minero de 18 años de edad y al señor PEDRO SIERRA de 37 años, de oficio agricultor. Los tres hombres fueron amarrados, posteriormente asesinaron delante de la comunidad a PEDRO SIERRA. A IVÁN SERRANO y al joven LUIS ALBEIRO ROPERO, les cortaron la lengua, les torturaron y asesinaron a continuación. También hirieron al agrominero CARLOS PALENCIA. También retuvieron durante toda la noche a varios jóvenes de la comunidad.

Todo esto sucede a 20 minutos en vehículo de un acantonamiento del ejército en el corregimiento del Dorado, concretamente del Batallón de Infantería Mecanizado nº 4 Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada del ejército colombiano.

A esto hay que sumar también el homicidio reciente, el 16 de agosto en Cartagena del Chairá, de RAFAEL ANDRÉS GONZÁLEZ GARNICA, un joven comunista, tiroteado por dos sicarios. Otro militante de la Juventud Comunista Colombiana, FRANKLIN MEDINA, presenció el crimen y logró escapar del tiroteo, pero está en paradero desconocido. Ambos trabajaban en una empresa de fotocopiadoras y habían sido señalados por la fuerza pública de presuntamente reproducir propaganda del las FARC-EP.

Durante los primeros 300 días de gobierno de José Manuel Santos, siguen actuando grupos paramilitares en 32 departamentos del país y sus crímenes contra organizaciones y defensores de derechos humanos son presentados como consecuencia de la violencia común. La impunidad en violaciones a los DD.HH. ronda el 97%.

A pesar de los esfuerzos de sectores de la rama judicial por investigar y juzgar los crímenes, no existe el apoyo necesario del Estado, ni en recursos, ni en protección de jueces, testigos y denunciantes. Por ejemplo, en Arauca, en Octubre de 2010, el subteniente Raúl Muñoz Linares del ejército colombiano, autor confeso de las violaciones de dos niñas, fue procesado por ello y por el presunto homicidio de una de ellas y de sus dos hermanos. Mientras la investigación transcurría con enormes dificultades, la Jueza Penal del Circuito de Saravena, doctora GLORIA CONSTANZA GAONA RODRÍGUEZ que investigaba el caso, fue asesinada la mañana del 22 de Marzo de 2011.

También nos hemos enterado del terrible homicidio de ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA, superviviente de una familia aniquilada en la región del Urabá por los grupos paramilitares, (mataron a su padre, su madre y varios de sus hermanos). Ana llegó a Medellín con otros desplazados forzosos y se convirtió en líder comunitaria, (LATEPAZ), denunció los crímenes que sufrieron sus familiares y la connivencia de la fuerza pública con los paramilitares. Asesinaron a su hijo CARLOS MARIO OSPINA, crimen por el que Ana culpaba a la Policía. Sus denuncias le costaron hostigamiento, allanamientos de su domicilio, amenazas y un proceso de judicialización del que salió absuelta. El 7 de julio de 2010 le asesinaron otro hijo, JONATAN ARLEY OSPINA CORDOBA. Ana volvió a denunciar a la Policía como responsable del crimen, por lo que cursa una investigación en Fiscalía, pero el 7 de Junio del presente, Ana Fabricia fue asesinada, le dispararon en la cabeza usando armas con silenciador.

Además, en los 300 primeros días del mandato de Santos han sido asesinados 15 líderes comunitarios que representaban a sus comunidades en los procesos de restitución de tierras que les fueron arrebatadas por la violencia paramilitar. Las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó han recibido el asesoramiento jurídico de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz en estos procesos, por lo que miembros de la ONG, (entre ellos, ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA y el sacerdote ALBERTO FRANCO), han sufrido multitud de amenazas, seguimientos y hostigamientos durante Junio de 2011, tras el hurto en Mayo de información de la residencia de Danilo Rueda concerniente a un proceso contra el general Rito Alejo del Río y una demanda contra Álvaro Uribe.

Las organizaciones de DDHH han soportado 206 agresiones individuales contra sus miembros y han sufrido el asesinato de 34 defensores. En cuanto al sindicalismo, perseguido tanto por grupos paramilitares de extrema derecha como por agentes de seguridad del Estado, 233 líderes han sido víctimas de diversos tipos de agresión y 24 sindicalistas han sido asesinados. Los pueblos indígenas, en muchos casos bajo riesgo de extinción, son perseguidos, amenazados y asesinados por oponerse a megaproyectos de explotación en sus territorios. Sólo en 2010 fueron asesinados 122 indígenas. La grave crisis en derechos humanos en Colombia no sólo no ha cesado, sino que se ha incrementado.

Sr. Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, no vamos a solicitarle la ruptura de acuerdos estratégicos con Colombia de carácter comercial o militar mientras persista esta grave situación, porque sabemos que esas medidas no serán adoptadas, simplemente le solicitamos: una declaración pública exigiendo al gobierno colombiano el respeto y especial protección de las vidas de los defensores de Derechos Humanos, entre ellos, los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, de los líderes de MOVICE que han presentado denuncias de crímenes de Estado y de lesa humanidad, de los miembros de la C.U.T. y de otros sindicatos colombianos que han denunciado amenazas contra su vida o la de sus familiares, de los líderes comunitarios que representan a las comunidades de desplazados forzosos en los procesos judiciales de restitución de tierras, de los miembros de las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó y el Curvaradó, de la comunidad de paz de San José de Apartadó y de las comunidades agromineras del Sur de Bolívar, también de los militantes de partidos de oposición (PDA, PCC,…) amenazados, hostigados o judicializados. Rogamos que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se solicite información sobre los casos reseñados arriba, al gobierno de Colombia. Esto es algo realmente fácil para un gobierno que se dice progresista.

Esperando su respuesta, enviamos un saludo.

Secretaría Técnica de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado Español).

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de septiembre de 2011.

Otro joven comunista colombiano asesinado el 16 de agosto.

2011-08-20T02:12:00.005+01:00

Siendo las 9:00 pm del día 16 de agosto del presente, se encontraban departiendo los camaradas RAFAEL ANDRÉS GONZALEZ GARNICA y FRANKLIN MEDINA en el restaurante Tricarne ubicado en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), cuando dos sicarios abrieron fuego indiscriminadamente matando en el acto a RAFAEL ANDRÉS. El camarada FRANKLIN logró escapar del tiroteo pero hasta la fecha se desconoce de su paradero.

Los camaradas administraban un negocio de fotocopiadoras en este municipio y hacía varios días se venían presentado provocaciones por parte de la fuerza pública, en el sentido de sindicarlos como colaboradores de la subversión porque supuestamente en ese establecimiento se reproducía propaganda de las FARC – EP. Es importante mencionar que el municipio de Cartagena del Chairá se ha convertido en los últimos tiempos en un teatro de operaciones militares generando una verdadera crisis humanitaria por razones de desplazamiento y de violaciones de derechos humanos.

La JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA - JUCO condena estos criminales hechos y exhorta a las fuerzas vivas de la nación y la comunidad internacional a rechazar el exterminio sistemático y la desaparición forzada como estrategia de Estado para eliminar las fuerzas de izquierda y la oposición democrática en Colombia. A la fiscalía,procuraduría y la defensoría del pueblo solicitamos las debidas investigaciones penales y disciplinarias con el fin de establecer la responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado con estos execrables hechos.

Finalmente queremos expresar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y exigimos a los responsables de esta barbarie el respeto por la vida, la libertad y la integridad física del camarada FRANKLIN MEDINA.Lo queremos pronto de regreso, sano y salvo con sus familiares, amigos y camaradas.

¡POR NUESTROS MUERTOS NI UN MINUTO DE SILENCIO,

TODA UNA VIDA DE COMBATE!

COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL - CEC

¿DESMOVILIZADOS? NUEVA MASACRE PARAMILITAR EN EL SUR DE BOLÍVAR.

2011-08-20T01:26:00.005+01:00

El día 17 de agosto de 2011, aproximadamente a las 7:00 p.m., en el sitio denominado Casa Zinc, ubicado entre los corregimientos del Dorado y Canónico del municipio de Montecristo del Sur del Departamento de Bolívar, incursionó un grupo de aproximadamente 20 hombres armados y uniformados, en compañía de un hombre que la comunidad reconoce como desmovilizado, de nombre Javier, alias “el enano”.

El grupo armado que se identificó ante la población como Águilas Negras, procedió a reunir a toda la comunidad. Alias el enano, señaló a los señores IVAN SERRANO, reconocido tendero y habitante de la región, LUIS ALBEIRO ROPERO joven minero, de 18 años de edad y al señor PEDRO SIERRA de 37 años de oficio agricultor, los tres hombres fueron amarrados. Los hombres armados procedieron a ingerir licor y posteriormente asesinaron delante de la comunidad a PEDRO SIERRA, e hicieron a un lado a los señores IVAN SERRANO y al joven LUIS ALBEIRO ROPERO, a quienes torturaron, les cortaron la lengua y asesinaron posteriormente. De dicha incursión quedó herido el señor CARLOS PALENCIA, agrominero de la región.

El grupo armado había establecido un retén en el camino que del corregimiento de Canónico conduce a Casa de Zinc, desde las 3:00 p.m., allí retuvieron durante toda la noche a varios jóvenes habitantes de la comunidad que transitaban por el camino.

El parecer, el grupo armado venía de los corregimientos dos bocas, y la ventura del municipio de Tiquisio, lugar donde tienen una base paramilitar de acuerdo a versiones publicas en la región.

Es importante señalar que en el corregimiento el Dorado, hace presencia el Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada del ejército Nacional, con sede en Malambo Atlántico. De acuerdo a versiones de la comunidad, el Ejército se encontraba acantonado en el corregimiento el Dorado, justo desde el día anterior (16 de agosto), a una distancia de tan solo 20 minutos en carro del sitio donde ocurrió la masacre. De la misma manera, el ejército se encuentra en la vereda la victoria del municipio de Norosí a tres (3) horas de donde ocurrieron los hechos.

Esta zona tiene una alta presencia de retroexcavadoras, las cuales incursionaron desde el año 2009, ante la mirada cómplice de las autoridades locales y regionales. Estos hechos que han sido oportunamente denunciados por la comunidad y las organizaciones que les acompañan han venido agravándose. Se calcula que existen en la región aproximadamente 60 retroexcavadoras.

Así mismo se ha venido realizando alertas ante la presencia, fortalecimiento y crecimiento acelerado de los grupos paramilitares en la región. El accionar paramilitar se ha observado principalmente en los municipios de Montecristo y Tiquisio, sin que se conozca de acciones por parte de la Fuerza Pública tendientes a neutralizarlos.

Desde el día 28 de marzo de 2011, dados los elevados riesgos para la vida e integridad personal de los habitantes del Sur de Bolívar, así como de los líderes sociales de la región, se había solicitado al Vicepresidente de la República, y los Ministros del Interior y Justicia, Defensa Nacional, así como a la Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Gobernador del Departamento de Bolívar, entre otras autoridades, se convocara con URGENCIA la reunión de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar. Aproximadamente cinco meses después ocurre esta masacre, ante el silencio y abierta y descarada omisión de estos servidores públicos.

Bogotá, 18 de agosto de 2011.

FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR

COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR

RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA

CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS SEMBRAR

ASOCIACION NOMADESC

CAPITULO DE VICTIMAS SUR DE BOLIVAR Y SUR DEL CESAR

MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO - MOVICE

Asesinan a una menor en el Tame-Arauca y al indígena Silvestre Moreno del Cabildo "El Vigía".

2011-08-20T00:30:00.006+01:00

El Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, RECHAZA, REPUDIA Y DENUNCIA ante las organizaciones defensoras de DDHH nacionales e internacionales y ante las autoridades e instituciones públicas y judiciales del orden municipal, departamental y nacional encargadas de velar por la vida, la honra, el buen nombre, la seguridad y la libertad de los ciudadanos, los hechos violatorios a las garantías fundamentales que se continúan presentando pese a las denuncias realizadas en el CABILDO ABIERTO efectuado en la ciudad de Saravena-Arauca el 29 de Julio de 2011, donde participaron diferentes sectores sociales, comunales, delegados nacionales e internacionales; siendo tema de gran preocupación las acciones en contra de los niños, niñas y adolescentes de la región.

El 09 de Agosto de 2011, una menor de 14 años de edad fue asesinada y su hermana de 17 años gravemente herida por el sicópata MARIO ALBERTO TORRES MENDEZ, de 20 años de edad en la vereda Costa Rica, zona rural del Municipio de Tame-Arauca. EXIGIMOS, respeto y garantías para los niños, niñas y adolescentes del departamento de Arauca como sujetos especiales de Derechos consagrados en los tratados internacionales, la Constitución Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006.

El 01 de Agosto de 2011 en la Vereda San Lorenzo-Municipio de Arauquita, fue asesinado el indígena, SILVESTRE MORENO, de 28 años de edad, perteneciente al cabildo indígena “El Vigía”. Situación de alarma para los Defensores de Derechos Humanos, dado que en los últimos meses han sido reiterativas las agresiones en contra de los miembros de nuestros pueblos ancestrales.

Exigimos la inmediata libertad de los tres ciudadanos que fueron falsamente señalados y detenidos por el repudiable crimen de la juez GLORIA CONSTANZA GAONA y celebramos la decisión de la Fiscalía de pedir la máxima pena al teniente RAUL MUÑOZ por el asesinato de los tres niños en la vereda Caño Temblador- municipio de Tame.

Por ultimo rechazamos y denunciamos la persecución de que viene siendo víctima, por parte de un servidor público el ex presidente y miembro activo del CPDH Arauca y presidente del Polo Democrático Alternativo de Arauquita MARTIN SANDOVAL ROZO.

Arauca-Agosto 17- de 2011

JUNTA DIRECTICA CPDH-ARAUCA

Balance 300 días de gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos

2011-07-30T23:24:00.003+01:00

Oidhaco

Jueves 2 de junio de 2011

la crisis de derechos humanos no cesa“La UE no puede seguir callando ante las violaciones de derechos humanos en Colombia”

• Oidhaco solicita a la UE que exija verdaderos avances al gobierno de Santos porque las cifras de violaciones a los derechos humanos no sólo no han cesado durante su gobierno sino que en algunos casos se han incrementado.

• La organización le pide a Bogotá que reconozca públicamente la existencia de grupos paramilitares en 32 departamentos del país. Actualmente los presentan como delincuentes comunes y sus crímenes contra organizaciones y defensores de derechos humanos parece que fuesen consecuencia de la violencia común

• Insta a la UE que pida resultados a Colombia en justicia porque la impunidad en violaciones a los DDHH ronda el 97%.

• Los miembros de Oidhaco, Justicia por Colombia y La Taula Catalana, presentan en España un documento con las cifras sobre la realidad en DDHH de los 300 días de Santos, firmado por cerca de 100 organizaciones españolas y europeas [ver anexo]

Bruselas, 2 de junio de 2011. Se cumplen 300 días del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Tras los ocho años de Álvaro Uribe, muy negativos para los avances sociales y nefastos para los derechos humanos, con la asunción al poder del nuevo presidente colombiano se ha creado una sensación general de mejora.

Sin embargo, tras las buenas formas del discurso público, en la realidad nada ha cambiado. Por tanto, Oidhaco -Oficina Internacional de Derechos humanos-Acción Colombia-, le solicita a la Unión Europea que exija resultados en derechos humanos a Bogotá. “La UE no puede seguir callando ante las violaciones en esta materia en Colombia”, argumenta Vincent Vallies, su portavoz en Bruselas.

No es posible que allí la impunidad ronde el 97% en las violaciones a los DDHH, denuncia Oidhaco: “No se puede hablar de cambio cuando, a pesar de los esfuerzos de la rama judicial para investigar y juzgar los crímenes, no encuentra el suficiente apoyo del Estado ni en recursos ni en protección a sus jueces”, advierte Vallies. “Sólo a manera de ilustración, en Arauca, provincia al noreste del país, en octubre de 2010, un miembro del ejército violó a dos niñas, asesinó a una de ellas y a sus dos hermanos. Hasta ahora no se sabe de ninguna investigación rigurosa; a cambio, la juez que investigaba el caso fue asesinada también”. “La UE”, expone el portavoz, “debe exigir al Estado colombiano que luche públicamente y con recursos y apoyos contra la impunidad”.

Durante la administración Santos han sido asesinados 15 líderes que representan a sus comunidades en la restitución de tierras que les fueron arrebatadas a millones de campesinos, afrocolombianos e indígenas, a través de la violencia. Las organizaciones de DDHH han soportado 206 agresiones individuales contra sus miembros y han sufrido el asesinato de 34 defensores. En cuanto al sindicalismo, perseguido tanto por grupos paramilitares de extrema derecha como por miembros de seguridad del Estado, 233 líderes han sido víctimas de diversos tipos de agresión y 24 sindicalistas han sido asesinados. Los pueblos indígenas, que en muchos casos corren riesgo de extinción, son perseguidos, amenazados y asesinados por oponerse entre otras cosas a megaproyectos de explotación en sus territorios; sólo en 2010 fueron asesinados 122.

La grave crisis en derechos humanos en Colombia no sólo no ha cesado sino que se ha incrementado. “Y ahora parece adquirir mayor crueldad contra las mujeres”, destaca Vallies. “Nos preocupa cómo cada vez crecen las agresiones contra las mujeres sindicalistas. La tercera parte de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en último año fueron en contra de mujeres, según ha denunciado la CUT [Central Unitaria de Trabajadores]”.

Intermón-Oxfam, denuncia que entre 2001 y 2009, 490.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. “Santos y el Estado colombiano deben hablar públicamente de ello y crear mecanismos de protección, además de llevar a los responsables ante la justicia”, dice el portavoz de Oidhaco.

La organización, por último, pide al presidente Santos “una verdadera voluntad política para erradicar la impunidad, proteger a los defensores de derechos humanos, líderes indígenas, campesinos y comunidades afrocolombianos, así como a los sindicalistas y todas las víctimas del conflicto armado, entre ellas a las mujeres que son unas de las grandes ignoradas tanto por el Estado como por el gobierno”.

Las buenas palabras no frenan la violación de los derechos humanos en Colombia.

Hostigamientos y amenazas a Comisión de Justicia y Paz

2011-07-30T22:59:00.005+01:00

Hostigamientos, seguimientos, señalamientos, amenazas contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz y Brigadas de Paz, directivo CGT de Antioquia se suma a campaña de desprestigio.

Bogotá, D.C. junio 17 de 2010

http://justiciaypazcolombia.com/Hostigamientos-y-amenazas-a

JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de la República de Colombia

GERMÁN VARGAS LLERAS

Ministerio del Interior

MARÍA ANGELA HOLGUÍN

Ministra de Relaciones Exteriores

JUAN CAMILO RESTREPO

Ministro de Agricultura

VIVIANE MORALES

Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDOÑEZ

Procurador General de la Nación

VOLMAR PÉREZ

Defensor Nacional del Pueblo

JUAN MANUEL OSPINA

Gerente del Incoder

la ética del bien común surge en conflicto con el sistema porque no es derivable de ningún calculo de utilidad, el bien común se destruye en la medida en que toda acción humana es sometida a un cálculo de utilidad, Franz Hinkelamert

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética, la tercera en menos de dos meses, sobre los hostigamientos, seguimientos, amenazas, y continuidad de la campaña de difamación sobre integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Curbaradó y Bogotá debido al acompañamiento jurídico, pedagógico y de afirmación de derechos humanos integralmente concebidos a los consejos menores que reclaman la restitución de los predios colectivos de los que fueron desalojados violentamente y mediante mecanismos fraudulentos desde 1996 hasta el día de hoy.

En el día de ayer a las 12:20 p.m. se recibió una llamada de advertencia sobre la eventual ocurrencia de daños contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz debida a las actuaciones judiciales que adelantamos frente a los crímenes de lesa humanidad, daños ambientales cometidos contra las comunidades negras de Jiguamiandó y Curbaradó desde 1996.

Igualmente, durante los últimos 10 días se han desarrollado seguimientos y hostigamientos en la ciudad de Bogotá en los movimientos y lugares de habitación de ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA y extrañamente las comunicaciones del sacerdote ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo se cruzan con el GAULA.

Estos hechos vienen sucediendo luego que desde el 13 de mayo, de la residencia del defensor de derechos humanos DANILO RUEDA, se realizara una operación ilegal con el hurto de información sobre casos de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, un documento de un proceso contra el general RITO ALEJO DEL RÍO y una demanda proyectada contra ÁLVARO URIBE VÉLEZ.

Simultáneamente se ha conocido que el sindicato de la Confederación General del Trabajo, CGT, su presidente JULIO ROBERTO GÓMEZ, y uno de sus dirigentes en Antioquia, ALBEIRO FRANCO VALDERRAMA, sin contextualización, vienen haciendo eco de difamaciones con declaraciones públicas y con su intervención en el seno de la Comisión de Expertos de la OIT, en las que se difama de organizaciones de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, la Comisión Colombiana de Juristas, el CINEP, la Diócesis de Quibdó, la Diócesis de Apartadó y nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Ante ustedes nuestra Constancia ante los siguientes fundamentos fácticos.

* Domingo 5 de junio hacia las 9:30 a.m. en comunicación con nuestra Comisión de Justicia y Paz, testigos afirmaron que escucharon la conversación, entre hombres que participan de operaciones armadas ilegales, un llamado “Franklin” y PEDRO TORDECILLAS en el Terminal de transporte colectivo en Belén de Bajirá en horas de la mañana.

Sostuvieron que cuentan con apoyo económico de ANGELA MARÍA OSORIO GALEANO, para asesinar a las personas de Belén de Bajirá que participaron en el intento de desalojo de invasores en el consejo menor de Camelias, a integrantes de PBI y de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

OSORIO GALEANO, de acuerdo con la información ha sido secretaria de las empresas palmicultoras que operan ilegalmente en Curvaradó y Jiguamiandó, en particular de GABRIEL JAIME SIERRA.

* Miércoles 8 de junio hacia las 2:00 p.m. paramilitares abordaron a habitantes de la Zona Humanitaria de El Tesoro y les manifestaron que estaban esperando a algún integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz para atacarle. De acuerdo con la información recibida, los armados manifestaron: “estamos esperando encontrarnos con alguno de esa ONG Justicia y Paz, para apretarlos”

* Viernes 10 de junio desde las 6:00 a.m. y hasta cerca de las 8: 00 a.m. dos hombres en una moto estuvieron observando el lugar de residencia de DANILO RUEDA. Al tomar el vehículo hacia su oficina le siguieron durante 5 cuadras.

*Lunes 13 de junio entre las 7:30 p.m. hasta las 9:00 p.m. se constató el seguimiento del vehículo en que se transporta el P. ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

*Martes 14 de junio entre las 6:30 p.m. y las 7:00 p.m. un vehículo marca Chevrolet Sprint de color verde con dos hombres en su interior observaron el lugar de habitación del defensor de derechos humanos, DANILO RUEDA, mientras se encendían las luces del apartamento, tomaron apuntes, posteriormente, uno de los hombres se bajó y tomó nota. Luego se marcharon del lugar

Hacia las 9:30 p.m. y por espacio de una hora, de acuerdo con vecinos del lugar de residencia, un vehículo similar y una motocicleta se parqueó enfrente de la residencia del defensor de derechos humanos.

*Miércoles 15 de junio en horas de la tarde, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció la publicación de la última semana de mayo del semanario El Heraldo de Urabá en el que presenta un artículo titulado:“Afrodescendientes desplazados no deben vivir de limosnas: CGT”.

El artículo contiene declaraciones difamatorias de ALBEIRO FRANCO VALDERRAMA, miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia General del Trabajo CGT en Antioquia respecto a la situación de las comunidades de lo consejos menores de Curbaradó y Jiguamiandó.

VALDERRAMA afirmó que: “la ONG Justicia y Paz influencia a funcionarios de tercera categoría del Ministerio del Interior para entorpecer y además no permitir el reconocimiento de los líderes” (...) “Lo que planteamos en la CGT es que estas comunidades no vivan de limosnas, yo habló a nombre de la confederación y queremos colaborar por nuestra misión estatutaria. La tarea que viene es un censo que adelanta el Ministerio del Interior para definir realmente cuales son las comunidades negras y cuales las mestizas para definir la entrega del territorio y en eso están en ese momento”.

El miembro de la CGT desconociendo las decisiones de la Corte Constitucional y el proceso jurídico y constitucional sostuvo faltando a la verdad que nuestra Comisión de Justicia y Paz, no quería el censo y “pero la Confederación lo propició y en eso ha incidido mucho el vicepresidente Angelino Garzón porque conoce la discusión con la ONG”.

El integrante de la CGT con una expresión descontextualizada, ignorando el auto de la Corte Constitucional de Mayo de 2008, sostuvo que nuestra Comisión desconoce a GERMÁN MARMOLEJO, como representante legal de Curbaradó.

Una acusación más grave se refiere a la responsabilidad de organizaciones humanitarias de derechos humanos nacionales e internacionales en el desplazamiento y en el impedimento de lo que VALDERRAMA, llama desarrollo. “Aparecen unas ONG internacionales montando unas comunidades de paz alrededor de estas tierras, con la participación de otras organizaciones nacionales, que buscan crear conflictos con el sentido de desplazar a las comunidades negras e indígenas y de paso impiden que llegue el desarrollo, no permiten que el Estado llegue. Ya no está solo Justicia y Paz, hay otras ONG y se instalan con banderas, no permiten que el Estado llegue, no hay campo para el desarrollo” (…) “Ya se han adelantado conversaciones con empresas bananeras para desarrollar proyectos de plátano, existen recursos, hay facilidad para hacerlo, pero estos señores (ONG) se atraviesan. ’Por ejemplo ejemplo estamos trabajando proyectos para carreteras que ya están desde hace tiempo en el Ministerio para la carretera Curbaradó – Murindó y estos señores (ONG) no dejan”

* Miércoles 15 de junio entre las 8:00 p.m. y las 9:30 p.m. se apostó enfrente de la residencia de DANILO RUEDA un taxi. Este siguió la marcha del vehículo en que se movilizaba el defensor de derechos humanos hasta el centro de la ciudad.

* Jueves 16 de junio a las 12:20 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en la ciudad de Bogotá recibió una llamada de un hombre que en dos ocasiones expresó:”ustedes están ganando en el proceso legal de la palma, pero cuídense” Al preguntársele por su nombre o identificación volvió a repetir: “Cuídense, ya saben, van ganando en lo de la palma, cuídense”

* Jueves 16 de junio entre 2:00 p.m. y las 2:30 p.m. en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, el dependiente auxiliar del proceso 3856, MANUEL GARZÓN vinculado con nuestra Comisión de Justicia y Paz, revisa las últimas actuaciones realizadas en el proceso con radicado 3856. Uno de los abogados de la defensa al terminar de leer el expediente le preguntó a quién defendía en el proceso, sin haber este respondido, la secretaria manifestó: “es Parte Civil, de los del cura Giraldo”.

Mientras esperaba MANUEL las fotocopias se acercó alguien que dijo ser un abogado de Medellín que había llegado hacía poco a Bogotá, y le ofreció pagarle por revisar unos procesos, y le solicito el número telefónico. MANUEL manifestó que no estaba interesado.

* Viernes 17 de junio hacia las 6: 35 a.m. sobre la Avenida Suba con Boyacá dos vehículos, 4 puertas con vidrios oscuros se detuvieron delante del vehículo en que se transportaba el defensor de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz ABILIO PEÑA. De uno de los vehículos descendió un hombre, habló con personas del vehículo de adelante y regresó de nuevo a su vehículo. Los dos vehículos obstruyeron la movilización del vehículo en que se transportaba ABILIO por varios minutos.

Luego de lograr sobrepasar los vehículos, doscientos metros después, sobre la avenida Boyacá, un hombre en una motocicleta de placas NCR 51 tocó la puerta del conductor y solicitó, en dos ocasiones, bajar los vidrios.

En ese mismo momento, el conductor del vehículo de protección desde el altavoz , le preguntó qué quería y el hombre huyó en la motocicleta.

* Viernes 17 de junio a las 9:24 a.m. por quinta ocasión el padre ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo de nuestra comisión de Justicia y Paz, al realizar llamadas desde su número telefónico celular le respondieron en el GAULA de la policía. Al preguntar la razón por la que constantemente responden en el GAULA, la agente DIANA, quién se negó, a dar su apellido, manifestó que las comunicaciones se cruzan, y que esas llamadas quedan grabadas.

*Viernes 17 de junio hacia las 10:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz leyó el documento titulado: “Informe Ejecutivo situación de la comunidad negra de Curbaradó – Chocó Colombia- Frente al trámite surtido ante la Comisión de Expertos de la OIT” en cuya portada aparece la foto de un pancarta en la que se lee: “El territorio colectivo es de los negros no de la Ong Justicia y Paz” , presentado, según aparece en el texto por JULIO ROBERTO GÓMEZ, Central General de Trabajadores, CGT; GERMÁN ANTONIO MARMOLEJO RENTERÍA quien figura, de modo fraudulento, como Representante Legal del Consejo Comunitario del Curvaradó y con fecha de febrero de 2011.

El documento dirigido a la OIT contiene transcripciones de falsas acusaciones, contra los denunciantes del proceso 3856, MARÍA LIGIA CHAVERRA y MANUEL DENIS BLANDÓN, y contra nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Contra la verdad habla del “desarrollo de las estrategia del proyecto POLITICO – MILITAR DE LAS FARC & ONGS en escenarios Internacionales (sic) abogando por el Consejo Comunitario de la cuenca del río Curbaradó para entender los verdaderos alcances de esta compleja estrategia, que trajo como consecuencia una irrupción ilegal en la etnia negra de Curbarado, es necesario detenernos en las lineas de acción Internacional (sic) dirreccionadas por la Ong COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA PAZ, acompañada por el PBI, utilizando militantes del PROYECTO POLITICO MILITAR DE LAS FARC, una vez este grupo terrorista logró obtener el control absoluto del Consejo Comunitario de Curbaradó”.

El documento sostiene que MANUEL MOYA y GRACIANO BLANDON, asesinados en diciembre de 2009, “valerosamente denunciaron las relaciones de ésta organización ilegal con las Ongs JUSTICIA Y PAZ, CINEP, PIB (sic) entre otras y además pusieron de manifiesto los peligros que corrían por haber sido declarados objetivos militares por parte de las FARC”.

En el aparte “Antecedentes en Sistema Interamericano de DD.HH” el documento acusa a DANILO RUEDA, y a nuestra Comisión de Justicia y Paz, como responsables de fraude procesal. Repite el documento falsas afirmaciones sin fundamento fáctico ni jurídico, según las cuales: “está plenamente demostrado ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que el señor DANILO RUEDA, res responsable de un FRAUDE PROCESAL INTERNACIONAL” y pide que la OIT, “al igual de lo que ocurrió en la CORTE CIDH, en donde la Ong Comisión Intereclesial de Justicia y Paz actuó fraudulentamente en nombre y representación de 515 familias y luego en audiencia del 5 de febrero de 2008 su representante DANILO RUEDA, admitió que solamente representaban 161 familias”

El documento anota, además, que “es necesario definir un marco de responsabilidad frente a nuestra etnia negra, de acuerdo de acuerdo a los momentos en que cada actor legal y/o ilegal sea cual fuere su ideario, han actuado en detrimento de nuestros DD.HH. Para el caso concreto de irrupción ilegal, esbozamos los siguientes argumentos: Intervención ilegal de las FARC, Ong’s, Diócesis de Quibdó y Apartadó, en el proceso de titulación colectiva...”

El documento, aparte de faltar a la verdad pretende hacer incurrir en error a la Comisión de Expertos de la OIT al presentar como Representante Legal de la Cuenca del Curvaradó al señor GERMÁN MARMOLEJO, desconociendo el auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo de 2010 que deja sin fundamento cualquier representación legal hasta tanto se adelante un censo y elección del representante legal; deja a un lado, la comunicación de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior de mayo del presente año que asume lo ordenado por Auto referido de la Corte.

Nuestra Censura Ética ante la continuidad de esta operación de persecución que no cesa desde 1998 contra nuestra Comisión de Justicia y Paz en la que se han combinado diversas formas y técnicas. Sufragios con amenazas de muerte, amenazas de muerte escritas, secuestro, allanamientos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes de correo electrónico, seguimientos ilegales en Colombia, Mexico y en Europa, campañas de difamación y operaciones mediáticas, montajes judiciales, hurto de información sobre casos de violaciones de derechos humanos y la proyección de demandas a Álvaro Uribe Vélez con ingreso a lugares de residencia.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de una investigación eficaz, con identificación de un tipo penal correspondiente a la gravedad de los hechos que ha significado 2 exilios definitivos, 5 exilios temporales, cambios permanentes de lugar de habitación, la obstaculización en el ejercicio legal y el apoyo psicológico y físico permanente a víctimas del conflicto armado interno y de la usurpación de tierras, afecciones familiares y cambios en las dinámicas de la vida cotidiana y el desprestigio ante una campaña sistemática de difamaciones, calumnias e injurias que no ha sido investigada eficazmente.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de garantías para que podamos ejercer nuestra labor de protección, de promoción y de defensa de los derechos humanos. Amplios sectores militares, policiales, económicos beneficiados del paramilitarismo y otros sectores de la economía y del sindicalismo hacen eco de esa mentalidad sin el debido proceso, la sana crítica y el conocimiento de lo que está sucediendo y desconociendo las actuaciones en derecho y las que ha fallado la Corte Constitucional y los alcances de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se continúa percibiendo esta labor legal y legitima como parte de una guerra jurídica contra los militares. Si el general RITO ALEJO DEL RÍO continúa siendo procesado por su responsabilidad en el crimen de MARINO LÓPEZ, y somos los representantes de las víctimas, no es por una sino por centenares de pruebas que reposan en este proceso. Esto sin contar otros procesos que se adelantan contra él, aquí en Colombia y en el exterior, en los que somos parte civil y que no han tenido a la fecha avances sustanciales.

Se continúa valorando nuestra labor legal y legítima como parte de una guerra jurídica contra el sector empresarial palmero, bananero y ganadero. Si sectores empresariales continúan siendo investigados, vinculados, indagados y acusados no es por una operación de desprestigio si no por centenares de pruebas, millares de víctimas y de testigos directos que han sostenido como a través del paramilitarismo se produjo el despojo violento, como esta ocupación ilegal persiste protegida por los paramilitares y por las omisiones y participación de la brigada 17.

Aportar al develamiento, al descubrimiento, a la revelación de un entramado criminal detrás del despojo violento, la siembra de palma, la siembra de banano y de la ganadería extensiva se ha convertido en una labor contra derecho, mientras los ocupantes de mala fe, los empresarios de Uniban, Banacol, Subastas de Urabá, La Tukeka, y otros finqueros, continúan usufructuando la tierra apropiada con crímenes de lesa humanidad y destrucción ambiental.

Mientras avanza, lenta, parcialmente el proceso 3856 y el cronograma en la implementación del Censo, los factores de riesgo en la región y en Bogotá se expresan con mayor presión y el desarrollo de operaciones psicológicas y de guerra turbia avanza con mentiras en escenarios internacionales. Al conocerse la Resolución de Acusación que la Fiscalía 8 de la UNDH-DIH profirió en contra de HERNÁN ÍÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, SOR TERESA GÓMEZ y RAMIRO ENRIQUE ÁLVAREZ PORRAS alias NAPO, como posibles coautores materiales de los punibles de Desplazamiento forzado Concierto para Delinquir e Invasión de áreas de especial importancia ecológica, aumentan las presiones.

Nuestra Censura Ética ante la eventualidad de que el presidente de la CGT, JULIO ROBERTO GÓMEZ, sea nombrado como Ministro de Trabajo, cuando este sea reabierto por las facultades con que cuenta el ejecutivo, pues si se confirma que él ha presentado a la Comisión de Expertos de la OIT, pues las ligerezas del texto son irresponsables y dejan en tela de juicio la capacidad de valoración de las causas de conflictos y situaciones que se encuentran detrás del despojo violento. El informe ha incurrido no solamente en difamaciones, injurias y calumnias en un escenario internacional de protección como la OIT, desprotegiendo los derechos de las víctimas, pero también ha omitido presentar las pruebas pertinentes ante la Fiscalía y está legitimando las operaciones criminales y los fraudes cometidos contra los consejos menores de Curbaradó y Jiguamiandó.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, les solicitamos, nos informe

1. Desde el 13 de mayo a la fecha, luego del robo de información en el lugar de residencia de DANILO RUEDA, con información sobre casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y la proyección de una demanda contra Álvaro Uribe, qué medidas han adoptado de investigación, de protección preventiva y de garantías frente a este defensor de derechos humanos y demás integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz?

2. Qué investigaciones se vienen adelantando, con qué tipo penal, frente a la persecución de la que vienen siendo blanco integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz?

3.Cómo se explican las llamadas intercomunicadas entre el teléfono del padre ALBERTO FRANCO CSsR y el GAULA?

4. Ante la llamada de advertencia a nuestra Comisión de Justicia y Paz en respuesta a los avances judiciales en el proceso 3856 en el que se encuentran detenidos o con órdenes de captura empresarios palmeros, qué medidas se van a adoptar para la continuidad de un debido proceso y garantías para los testigos y los abogados representantes de las víctimas?

5. El señor VicePresidente avala el contenido de la entrevista del señor FRANCO VALDERRAMA respecto a lo que ha sido su papel e intervención frente a la situación de las comunidades de Curbaradó?

6. De ser así, podría explicar el alcance de la expresión que usted ha “incidido”, respecto a nuestra postura frente a la negativa al desarrollo del Censo?

7. Ante las aseveraciones aparentemente suscritas y avaladas por JULIO ROBERTO GÓMEZ en el Informe a la Comisión de Expertos de la OIT, urge que la Fiscalía General de la Nación verifique la autenticidad del respaldo del señor GÓMEZ. De ser cierto, le requiera para presentar las pruebas de las afirmaciones escritas en el Informe remitido a la Comisión de Expertos de la OIT. En este mismo sentido, urge que las afirmaciones del señor FRANCO VALDERRAMA, en la entrevista al Heraldo de Urabá sean judicializadas, con la solicitud de presentación de pruebas.

Ante la persistencia de la operación de persecución contra la Comisión de Justicia y Paz, se evidencia la ausencia de garantías para el desarrollo de nuestra la labor legal y legítima en defensa de las víctimas de crímenes de Estado, del despojo violento para el desarrollo de agronegocios de palma, de banano, de yuca, la extensión ganadera, la extracción minera y la siembra de coca. Cualquier daño irreparable a la vida e integridad de alguna y alguno de las y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, es de su responsabilidad.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Asesinada integrante de la liga de mujeres desplazadas en el municipio de Turbaco-Bolivar

2011-07-30T00:27:00.003+01:00

Escrito por Liga de Mujeres Desplazadas LMD
miércoles, 27 de julio de 2011
El Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y la Liga de Mujeres Desplazadas organizaciónes basadas en el Departamento de Bolívar Colombia, denuncian ante la opinión nacional e internacional el asesinato de nuestra compañera KEILA ESTHER BERRÍO ALMANZA de 31 años, madre de una niña de 9 y dos niños de 11 y 12 años de edad. Keila; de la segunda generación de mujeres integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas, es hija de la señora EVERLEDIS ALMANZA CHARRY mujer fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas en el Municipio de Turbaco Bolívar. Asesinada integrante de la liga de mujeres desplazadas en el municipio de Turbaco-Bolivar El Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y la Liga de Mujeres Desplazadas organizaciónes basadas en el Departamento de Bolívar Colombia, denuncian ante la opinión nacional e internacional el asesinato de nuestra compañera KEILA ESTHER BERRÍO ALMANZA de 31 años, madre de una niña de 9 y dos niños de 11 y 12 años de edad. Keila; de la segunda generación de mujeres integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas, es hija de la señora EVERLEDIS ALMANZA CHARRY mujer fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas en el Municipio de Turbaco Bolívar. Keila habitaba en la Ciudad de las Mujeres ubicada en el Municipio de Turbaco como beneficiaria del proyecto de vivienda de la Liga de Mujeres Desplazadas fundada en el año 2006. Keila y su familia son beneficiarias de Medidas Cautelares 319-09 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. La Liga de Mujeres Desplazadas ha solicitado al Estado colombiano de manera reiterada desde el otorgamiento de las Medidas Cautelares en el mes de noviembre de 2009 ; ampliadas el 16 de junio de 2010 y el 7 de marzo de 2011 a toda la organización, neutralizar el riesgo creciente de los factores generadores de violencia contra las mujeres de la organización y sus familias en razón de su reconocido liderazgo como activas defensoras de sus derechos humanos, y víctimas del conflicto armado en la región. Desde su fundación en el año 1999 la organización, sus proyectos y lideresas han sido atacadas crímenes que hasta la fecha permanecen en la impunidad. La Liga de Mujeres Desplazadas ha sido amenazada por las autodenominadas Águilas Negras y el Ejercito Revolucionario Anticomunista ERPAC en más de cinco oportunidades durante los años 2010 y lo que va corrido del 2011. A pesar de las afirmaciones de las autoridades de que los crímenes contra la LMD son hechos aislados, la organización reconoce un ciclo de violencia y un patrón de discriminación en donde se ataca a las mujeres por sus relaciones amorosas, el consumo de sustancias, el manejo de recursos, desviando así las investigaciones, lo que es más grave, tratando de hacer recaer la responsabilidad de los hechos en las mismas víctimas como generadoras de su propio riesgo. El Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y La Liga de Mujeres Desplazadas responsabilizan al Estado por la negligencia en su deber de prevención y protección y por la impunidad absoluta en las investigaciones de los hechos criminales contra la organización, lo que ha venido permitiendo la repetición de los hechos de violencia contra las mujeres de la organización sus familias y sus proyectos. Liga de Mujeres Desplazadas LMD Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos OGDDHH www.ligademujeres.org www.observatoriogenero.org

ASESINADO OTRO LÍDER MINERO EN SEGORIA.

2011-07-30T00:19:00.002+01:00

FEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES MINEROS, ENERGÉTICOS,

QUÍMICOS Y DE INDUSTRIAS SIMILARES DE COLOMBIA

PERSONERÍA JURÍDICA No. 286 DE JULIO DE 1945

Filial de FEDERACION SINDICAL MUNDIAL –F.S.M.- UISMETAL – UISTE

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA
ASESINADO OTRO LÍDER MINERO EN SEGOVIA

Bogotá 27 de Julio de 2011

En el corregimiento de campoalegre del municipio de Segovia – Antioquia, el martes 26 de
julio de 2011, el compañero Rafael Tobón Zea fue vilmente asesinado por grupos de extrema
derecha con 3 impactos de bala, el compañero fue fundador de Sintramienergética-seccional
Segovia, laboró para la Frontino Gold Mines por mas de 15 años y despedido por esta empresa
en el proceso de enajenación de la mina, propiedad de los trabajadores y pensionados, la cual
fue llevada a liquidación y posteriormente entregada al capital transnacional en forma ilícita,
desconociendo el derecho de los trabajadores y pensionados.

El compañero Tobón laboraba en la actualidad en una pequeña mina con otros mineros y desde
su sitio de trabajo defendía la pequeña y mediana minería, acompaño a Sintramienergética, a
los trabajadores de la Frontino y a la comunidad en sus luchas por rescatar esta empresa de las
garras del capital transnacional.

Funtraenergética condena este crimen de lesa humanidad contra nuestro compañero Rafael
Tobón y demás compañeros que han resultado muertos, heridos como son los casos de Alfredo
Tobón y Jhon Jairo Zapata Marulanda y han sido amenazados; nos solidarizamos con la familia
Tobón, con los trabajadores y las organizaciones a las cuales él pertenecía y colaboraba, en
estos momentos de dolor y sacrificio, exigimos enérgicamente del gobierno nacional y las
autoridades regionales, así como de los entes del control del Estado y de Justicia, esclarecer
este crimen y castigar a los asesinos con el fin de que no se sume a la impunidad reinante en
el país en contra de la dirigencia sindical y popular. Sintramienergética ha venido denunciando
públicamente las amenazas que se han venido fraguando contra la dirección sindical y otras
organizaciones populares de la región, e incluso ha señalado declaraciones amenazantes,
contra quienes defienden a la empresa nacional Frontino Gold Mines, hechas por algunos
funcionarios de la transnacional Medoro Resources y de la Zandor Capital, filial de Gran
Colombia Gold Corp.

Solicitamos del movimiento sindical nacional e internacional, de las organizaciones defensoras
de los derechos humanos y de la opinión publica, brindar la más amplia solidaridad con la
organización sindical, la familia del compañero Rafael Tobón y las comunidades de Segovia
duramente castigadas por la acción de la extrema derecha que han dejado cantidad de
masacres en este pueblo durante los últimos 25 años.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
FUNTRAENERGETICA

Asesinato de ANTONIO MENDOZA MORALES, líder de tierras en San Onofre, Sucre

2011-07-30T00:06:00.002+01:00

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, rechaza y denuncia ante la opinión pública, nacional e internacional los recientes hechos acaecidos en el departamento de Sucre, y exige al gobierno nacional que brinde garantías serias y reales e inmediatas a la integridad física de las y los defensores de derechos humanos que valientemente promueven, defienden la tierra y exigen derechos de las víctimas de Crímenes de Estado.

Hechos

El día 30 de junio fue asesinado por desconocidos, el compañero ANTONIO MENDOZA MORALES, dirigente de Asociación de Desplazados de San Onofre y Los Montes de María, además de ser el único concejal del Polo Democrático en el departamento.

ANTONIO lideraba procesos de retorno de desplazados en tierras que habían sido despojadas por grupos armados y venían apoyando un proceso de exigibilidad de restitución de tierras ante las autoridades departamentales y municipales.

Este hecho se suma a un grave contexto de violencia y persecución, donde tan solo en el mes de junio ya son 5 (cinco) las agresiones contra dirigentes del MOVICE Capítulo – Sucre.

Resaltamos la situación que padece en todo el país los y las líderes y comunidades que exigen restitución legítima de sus tierras, el gobierno y los organismos de control no han tenido una verdadera voluntad política para frenar los asesinatos, desplazamientos y amenazas que siguen padeciendo estas comunidades.

Exigimos que:

Se garantice la vida y la integridad física de las y los líderes y comunidades que defienden su derecho a la tierra en Sucre y a lo largo y ancho del país.
Se investiguen a fondo estos crímenes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación y garantías para la no repetición.
Al gobierno nacional reactivar la interlocución con el Movimiento, según acuerdos establecidos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha dilatado este proceso de concertación y demostrado poca voluntad para el dialogo y la disposición de salvaguardar los derechos de las víctimas
Garantías políticas inmediatas para quienes se encuentran en riesgo y amenaza por su condición de defensor(a) de derechos humanos, líderes y comunidades organizadas en pro de la defensa de sus derechos.

Delegación Asturiana en Sucre:

http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2011_1/tierras-sucre.html

ASCATIDAR demandará al Ejército colombiano por asesinato de indígena

2011-07-29T16:24:00.003+01:00

Lunes, 20 de Junio de 2011 10:49 - Escrito por minga

La asociación de cabildo y autoridades tradicionales indígenas de Arauca-ASCATIDAR, iniciara demanda contra el Ejercito Nacional por el asesinato del indígena Humberto Peroza y su presentación como guerrillero caído en combate.

En acción militar desarrollada el 10 de junio en camino de la finca La Guarura en zona rural del municipio de Arauca, miembros de la Brigada 18 reportaron enfrentamientos con una columna de las FARC, de los cuales resulto muerto un hombre reportado inicialmente como N.N. y al que se le incauto un radio escáner, tres sillas tácticas y prendas de vestir con logotipos del grupo subversivo.

Aunque inicialmente en comunicado de la Décima octava Brigada, el coronel Oscar Cardona, jefe de Estado Mayor y comandante encargado de la institución militar, presentó a la victima como un miliciano de las FARC, debió ceder a las denuncias e investigaciones iniciadas por las autoridades indígenas quienes dijeron que se trataba de Humberto Peroza Wampiare, de 29 años, integrante del cabildo indígena del resguardo “la vorágine”, comunidad La Ilusión del pueblo Hitnu, quien además de participar activamente en las actividades que la comunidad ha desarrollado dentro de la autonomía y gobierno propio, como planes de acción, planes de salvaguarda, etc., tenía medida de protección del auto 382 de la Corte Constitucional.

En comunicado expedido el 18 de junio, el ejército informó que se inició investigación disciplinaria contra los uniformados que presuntamente habrían incurrido en un caso mas de “falso positivo” en la zona. El juzgado 46 penal militar inicio la investigación, la cual contará con la vigilancia especial de la Procuraduría General de la Nación.

Alexander Uncacía, abogado de ASCATIDAR, manifestó que la demanda es un hecho necesario, inaplazable que se fundamenta en que Peroza no era ningún subversivo, que se trató de "(…) un 'falso positivo', porque no es cierto eso de que cargaba armas y radios de comunicaciones".

Preocupa que el asesinato del indígena se suma a una lista de hechos irregulares de persecución contra diferentes miembros de la asociación como el cacique Ismael Uncancia Uncancia, presidente de la asociación quien fue encarcelado luego de un montaje judicial realizado en su contra. Igual suerte corrieron Verónica Solís Fuentes, quien es la coordinadora de asuntos étnicos del departamento y Álvaro Leal Toloza, etno-educador.

Continúan las ejecuciones extrajudiciales en Arauca

2011-07-29T16:12:00.003+01:00

Lunes, 13 de Junio de 2011 14:17 - Escrito por minga

El Ejercito colombiano asesino al indígena Humberto Peroza Wampiare, en camino de la finca La Guarura en zona rural del municipio de Arauca, el pasado 10 de Junio, queriéndolo presentar como un guerrillero caído en combate.

No se trata de un caso aislado. La persecución contra el movimiento indígena en general, y, particularmente contra el pueblo Hitnu, se ha hecho notoria en el departamento, por medio de prácticas de persecución judicial, política y violenta que ha ocasionado desplazamientos y asesinatos.

Al cacique Ismael Uncancia Uncancia, presidente de Asociación de Autoridades Indígenas de Arauca –ASCATIDAR, lo encarcelaron luego de un montaje judicial realizado en su contra. Igual suerte corrieron Verónica Solís Fuentes, quien es la coordinadora de asuntos étnicos del departamento y Alvaro Leal Toloza, etno-educador.

Parece que el “crimen” cometido por el pueblo Hitnu es que su territorio se encuentra en zonas estratégicas para las trasnacionales y los mega proyectos de explotación petrolera. La defensa del territorio adelantada por la comunidad, y su vulnerabilidad que los lleva a estar al borde del exterminio, les ha valido una atención especial por parte de la Corte Constitucional.

El pueblo indígena ha solicitado que se haga presencia y se preste acompañamiento nacional e internacional, de las organizaciones de derechos humanos, los organismos de justicia y de control, de tal forma que se eviten los abusos de la fuerza publica. También por medio del Auto 382 de 2010, se solicito medidas urgentes de protección y salvaguarda, que impida que como pueblo y cultura desaparezcan.

REPRESIÓN VIOLENTA DE PROTESTA PACÍFICA EN CÁRCEL DE VALLEDUPAR

2011-07-29T15:54:00.004+01:00

Desalojo violento contra detenidos que protestaban pacíficamente en la cárcel de Valledupar
Publicado: 12 junio, 2011 | Autor: notiagen | Archivado en: Cárceles, Derechos humanos, Movilización social, Noticias, Valledupar/Cesar | Deja un comentario »

Cuatro heridos graves tras ser forzados por el INPEC a bajar desde estructuras situadas a 8 y 15 metros de altura del penal desde donde realizaban la protesta desde el 2 de mayo. Hasta esta misma mañana de domingo 12 de junio, organizaciones defensoras de derechos humanos creen que pueden haber muerto aunque el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos lo niega y enfatiza la situación de gravedad de esas personas.

Las fundaciones Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y Lazos de Dignidad —organizaciones defensoras de derechos de presos por razones políticas— informaron la noche del sábado 11 de junio de 2001 sobre el operativo realizado desde las 6.00 PM del mismo día por el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar), conocida como La Tramacúa.

Desde el 2 de mayo más de 300 prisioneros detenidos en La Tramacúa se declararon en desobediencia civil a causa de, según los internos contactados, «la sistemática violación a los derechos humanos a las que son sometidos y la omisión de las autoridades colombianas en resolver sus peticiones». El 8 de mayo nueve internos de la Torre 2 decidieron iniciar las acciones y ahí le siguieron otros compañeros: «Decidimos subirnos y amarrarnos en lo alto de la estructura del penal. Lo hacemos para exigir nuestros derechos a la vida digna», manifestó uno de los detenidos. El resto de detenidos por razones políticas no se dejaban contar de la guardia, se rehusaban a portar el uniforme de la cárcel y exigían que se le proporcionara alimento a sus compañeros que se encontraban amarrados de sus cuerpos y colgando como forma de protesta.

Según Lazos de Dignidad, ayer 11 de junio de 2011 desde las 6:00 PM y en compañía del director de la cárcel de Valledupar, Leopoldo López Pinzón, el subdirector, Uriel Jaramillo, y el comandante de vigilancia, Teniente Nelson Gutiérrez, el GRI ingresó a las torres 1, 2, 3, 4 y 5 donde los detenidos protestaban y procedieron a soltar y bajar a los 132 que se encontraban atados a la estructura del penal. Este procedimiento se inició en la Torre 3.

A la 1.00 AM y según información no verificada, el CSPP asumía que había tres muertos que poco antes cayeron de las estructuras desde donde protestaban en la Torre 3. Esa información partía del hecho de que los detenidos sufrieron múltiples golpes al caer y perdieron el conocimiento. Por su parte, el encargado de Derechos Humanos de la regional Norte del INPEC niega que las personas estén muertas, pero admite que «tres personas se encuentran en el departamento de sanidad, que cayeron de las estructuras y que se les colocó oxigeno y estamos tratando la situación». Lazos de Dignidad no puede verificar la gravedad de las lesiones de los reclusos de la Torre 3 Wilson ‘el Paisa’, Luis Alberto Macilla Polo, Mnuel Bermúdez Cuello y Nilson Céspedes ni siquiera si están vivos. No tienen confirmación desde el interior del penal ni de los detenidos ni del INPEC. Lazos de Dignidad aseguró hoy domingo en la mañana que su cuerpos gravemente heridos y en estado de inconsciencia fueron sustraídos por el INPEC sin que se conozca el lugar al que fueron llevados. Sin embargo, el secretario de Gobierno de Valledupar, Víctor Martínez, niega las muertes de los detenidos. El CSPP dice que tras comunicación con el interior garantiza que no hay muertos y se encuentra haciendo seguimiento a su situación para poder aclarar el estado actual.

El CSPP argumenta que «en casos anteriores se ha utilizado el ocultamiento de la información; sin embargo, también se ha utilizado como mecanismo de presión a los detenidos y como forma de afectar su moral y resistencia en la protesta dar por muertos a detenidos heridos que han sufrido heridas o lesiones graves».

Según el encargado de Derechos Humanos de la regional Norte del INPEC, la orden del desalojo la dio el Ministerio del Interior enfatizando el respeto a los derechos de los reclusos.

Díez horas de operativo

Los prisioneros en las Torres 8 y 9 manifiestan que «durante las horas que duró el operativo escuchaban fuertes gritos provenientes de las otras torres donde los prisioneros rogaban por sus vidas y por no ser golpeados brutalmente, sin que el INPEC cediera a sus ruegos, alcanzándose a observar desde esas torres la salida de varios cuerpos de prisioneros en estado de inconsciencia conducidos por el INPEC en camillas improvisadas o sábanas». El CSPP explica que el operativo se desarrolló «con diferentes grados de intensidad y brutalidad por parte de los funcionarios». Entre los hechos que denuncian destaca la utilización de gases lacrimógenos y gas pimienta cuando la mayoría de los detenidos se encontraba en el interior de su celda o sin poder salir de los pasillos. Ello ocasionó, según el CSPP, «desmayos, desespero, terror y finalmente la caída de varios internos».

Según las comunicaciones de los detenidos, «el operativo se desarrolló con particular violencia en las Torres 3 y 1; en estas torres se lanzarían al menos unas 20 pipetas de gas lacrimógeno que causó desmayos a partir de producir asfixia controlada y a los detenidos que no pudieron someter por medio de estas torturas y actos crueles los lanzaron desde las estructuras, a unas pequeñas colchonetas que fueron apiladas a manera de colchón neumático».

Lazos de Dignidad informa que los voceros del Comité de Crisis conformado por los prisioneros de las torres en desobediencia fueron aislados en calabozos sin que se conozca su actual estado físico y de seguridad. Otros internos fueron llevados a celdas de aislamiento u otras partes del penal, sin que el CSPP conozca sepa hoy su paradero. El interno José Gregorio Díaz que se encontraba en la Torre 1 y que en diferentes ocasiones ha denunciado el peligro inminente de ser asesinado dentro del penal, fue capturado por el GRI y en este momento los internos desconocen su paradero.

Sin embargo, el CSPP confirma a través de comunicación con detenidos en Valledupar que «el INPEC está utilizando gases lacrimógenos y golpeando y amenazando a los detenidos que se encuentran colgados de las estructuras lo que puede provocar su caída». Lazos de Dignidad añade que el INPEC también usó granadas de aturdimiento. El CSPP también confirma las «golpizas a las que han sido sometidos varios detenidos». Según comunicación con el interior de la cárcel, «las personas que bajan de las estructuras son reducidas, arrojadas al piso, amarradas de pies y manos con grilletes, golpeadas con palos y puñetazos en presencia del director del penal».

En la Torre 5 los detenidos fueron bajados por la fuerza y volvieron a colgarse de las estructuras.

Según Lazos de Dignidad, el operativo duró hasta las 4.00 AM, hora a la que el INPEC dio por terminada por la fuerza la protesta de los detenidos en casi todas las torres y, según el CSPP, «se encontraba golpeando a los detenidos que habían sido bajados de las estructuras del penal en medio de gases lacrimógenos lanzados por el GRI y las protestas que en el exterior realizaban cerca de 150 mujeres que se encontraban durmiendo a las afueras del penal a la espera de un posible ingreso de visita hoy mismo —el cual ha sido cancelado— y velando por el respeto de los derechos de los detenidos». El CSPP afirma que el INPEC comunicó a la fundación que alrededor de la 1.00 AM y debido a los hechos denunciados el operativo cesaría.

Campaña por el cierre y visita oficial

Estos hechos se producen cuando mañana lunes tiene lugar la visita oficial que varios congresistas —entre ellos Iván Cepeda quien hace 15 días también visitó el penal— en compañía de miembros del Gobierno Nacional, entes de control y organismos no gubernamentales de derechos humanos así como integrantes de diferentes organizaciones en defensa de los derechos de los presos por cuestiones políticas realizarán con el fin de verificar la situación de derechos humanos en esta cárcel. Esta visita obedece a que, según el CSPP, el Gobierno había reconocido la justeza de la protesta. Igualmente, el CSPP denuncia que entre los meses de mayo y junio el INPEC ha efectuado más de 20 traslados de personas privadas de libertad que realizan acciones de denuncia y exigencia de derechos en diferentes centros penitenciarios del país. El mayor número de traslados ha tenido lugar en Valledupar, cárcel frente a la cual se desarrolla una campaña nacional e internacional por su cierre definitivo.

Según el CSPP, «por fin tras 11 años de funcionamiento del penal se empiezan a hacer públicas sus condiciones». La misma organización afirma que, tal y como ha manifestado en diversas ocasiones, el problema de la cárcel de Valledupar no es solamente la restricción o no prestación del servicio de agua, «sino que ésta se caracteriza por ser la cárcel del país donde acciones como las ocurridas en el último mes y en particular en la noche de ayer y la madrugada de hoy se hacen con mayor frecuencia; así, La Tramacúa se lleva el triste reconocimiento de ser la cárcel castigo de Colombia y uno de los centros de mayor violación sistemática de los derechos humanos ya que es la cárcel con mayor número de investigaciones penales y disciplinarias abiertas actualmente, la de mayor número de acciones de tutela interpuestas por los detenidos para defender sus derechos y, paradójicamente, la de un mayor porcentaje de impunidad por los hechos denunciados».

Las exigencias por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos al Gobierno para que cumpla con su mandato constitucional y los compromisos adquiridos internacionalmente de respetar los derechos de las personas privadas de libertad son insistentes, y de manera particular exigen que el Estado respete la vida, integridad física y el derecho a protestar pacíficamente. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prepara un llamado de atención al Estado sobre este caso y revisará denuncias similares en otras cárceles del país.

Vídeo de denuncia anterior hecha por la Senadora Gloria Inés Ramírez en su momento.

En caso Alfredo Correa por primera vez un fallo judicial afirma que existió una alianza criminal entre DAS y AUC para matar al protegido. VER VÍDEO

2011-07-29T15:33:00.007+01:00

Con el caso por el asesinato de Alfredo Correa de Andreis, por primera vez un fallo judicial establece que existió una “alianza criminal” DAS-AUC para matar a una persona protegida por el DIH.

La campaña Sindicalismo es democracia acompaña esta sentencia para que no quede como

UN GRITO EN EL SILENCIO.

FECHA Jueves 9 de junio, 10 a.m.

LUGAR Hotel Tequendama – Salón Bolívar 2 - Bogotá

Alfredo Correa de Andreis fue tratado como guerrillero durante todo el juicio contra sus asesinos. Solo con este fallo se “absuelve” a esta víctima, quien previamente a su asesinato fue “blanco” de un montaje judicial promovido por el DAS.

La sentencia fue emitida por un juzgado especializado en resolver crímenes contra sindicalistas, en el marco del Acuerdo Tripartito ante la OIT en 2006.

Sentencia caso Alfredo Correa de Andreis – Más información:

http://laobreriada.blogspot.com/

(Perfil de Correa de Andreis – Resumen de la sentencia - Texto de la sentencia – Acuerdo Tripartito OIT – Noche y Niebla – otros links)

VER VÍDEO:

Documentos inéditos –Con investigación de la periodista Claudia Julieta Duque, Contravía TV presenta un video clip con documentos inéditos incautados al DAS por la Fiscalía General de la Nación, y que muestran la cacería del organismo de inteligencia contra el movimiento sindical colombiano. Se han hallado más de 500 documentos DAS contra sindicalistas entre 2003-2009 y hay evidencia de que incluso se hizo seguimiento a la OIT.

Participan la familia de Alfredo Correa de Andreis y Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, apoderado de las víctimas del DAS en el proceso contra el ex director de ese organismo, Jorge Noguera, cuyas audiencias se reanudan el lunes 13 en la Corte Suprema de Justicia. Uribe se referirá a la estrategia criminal del DAS contra sindicalistas

Luis Alberto Vanegas, de la CUT, y Julio González, de la CTC, comentan la “alianza criminal” DAS-AUC, así como la Ley de Víctimas.

Acerca de los avances fijados en dicha Ley y relacionados con el movimiento sindical habla el jurista Álvaro Córdoba, del Proyecto ISCOD-CODHES.

Campaña Sindicalismo es Democracia

Reconocimiento, memoria, justicia y reparación colectiva para el movimiento sindical colombiano

Proyecto ISCOD-CODHES

Transmisión en vivo por Internet en alianza con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y su 3er Canal,

un canal con derechos

http://es.justin.tv/3ercanal

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. LA PERSECUSIÓN -JUDICIALIZADA DEL CATEDRÁTICO MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN. VER VÍDEOS.

2011-07-29T15:11:00.004+01:00

El proceso kafkiano de un inocente: catedrático Miguel Ángel Beltrán.

Martes 31 de mayo de 2011, por Prensa - Colectivo

El día 27 de mayo de 2011, en el proceso contra el catedrático Miguel Ángel Beltrán, la justicia colombiana negó la posibilidad de recibir como prueba de referencia el testimonio de un agente de inteligencia mexicano, que trabajara como fuente para el Departamento Administrativo de Seguridad –Das- de Colombia.

Defensores de derechos humanos | Colombia |

Este agente de inteligencia mexicano fue encargado por el DAS de hacer trabajo de inteligencia contra la senadora Piedad Córdoba Ruiz en sus viajes por América Latina y en México contra el académico Miguel Ángel Beltrán y luego de su expulsión ilegal a Colombia el 22 de mayo de 2009 solicitado por sus presuntos nexos con las FARC EP

En el testimonio recibido en la sede de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, ante un observador de esta entidad y dos directivos de la Federación Internacional de Derechos Humanos –FIDH-, la persona de inteligencia al servicio del DAS, manifestó que luego de los intensivos seguimientos al profesor Beltrán, hizo un informe escrito para esta entidad en la que constató que este “no tiene ningún vínculo con las FARC ni con ninguna otra organización insurgente”. Preguntó entonces por qué seguía siendo perseguido en Colombia un inocente y se le respondió por parte de los directivos del DAS, que “era un trofeo para el presidente Uribe Vélez”.

La juez especializada citó al testigo para declarar en el consulado de Colombia en México quien se negó a comparecer por temer por “su vida e integridad personal”, lo que facultaba para recibir el testimonio grabado como prueba de referencia solicitada por el abogado de la defensa, presentado por el Secretario General de la FIDH, Luis Guillermo Pérez Casas. La juez negó la prueba solicitada, atendiendo la petición de los representantes de la Fiscalìa y la procuraduría, por cuanto no se habría demostrado la identificación del testigo, ni prueba alguna de las amenazas recibidas en su contra, pese a que se entregaba el registro de audio de su declaración y el testimonio bajo juramento del abogado Pérez Casas que la había recibido.

Esta decisión viola de manera fragante los derechos constitucionales de Miguel Ángel Beltrán y de la sociedad colombiana a conocer la verdad de la persecución de que ha sido objeto. La prevalencia del derecho substancial es una garantía constitucional del debido proceso, máxime cuando se trata no solamente de una arbitraria y prologada privación de la libertad que ya pasa de dos años, sino que se ha acompañado de una condena anticipada ante los medios de comunicación.

En la convicción de estar ante un proceso sustentado en pruebas ilícitas, siempre admitidas y valoradas en diferentes escenarios judiciales y cuya exclusión solo fue viable mediante decisión reciente de la Corte Suprema –caso del ex congresista Wilson Borja-, en tanto, que a la defensa, bajo argumentos formales y en forma precaria sustentados, siempre se le ha denegado la posibilidad de allegar pruebas tendientes a ratificar la inocencia del profesor Miguel Ángel Beltrán. El CAJAR llama a la comunidad nacional e internacional a que se manifiesten por la libertad inmediata del Profesor Miguel Ángel Beltrán y por su absolución definitiva.

HACE DOS AÑOS.

EN JUNIO DE 2011 FUE LIBERADO POR QUEDAR ABSUELTO.

BELTRAN DENUNCIA VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS A LOS PRESOS POLÍTICOS EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS.

LA FISCALÍA COLOMBIANA SOLICITARÁ LA REAPERTURA DEL CASO CONTRA BELTRÁN APORTANDO AHORA OTRAS PRUEBAS, PUES LAS ANTERIORES FUERON INVALIDADAS POR EL PODER JUDICIAL.

Sicarios asesinan en Pereira a defensor de recursos naturales y contra la explotación minera

2011-07-29T14:53:00.006+01:00

Viernes, 10 de Junio de 2011 11:01 Aurysara

El ambientalista y filósofo Jorge Eliécer de los Ríos fue asesinado por unos sicarios a las afueras de un colegio público de Dosquebradas, población en el oeste del país, denunciaron fuentes sindicales. Dos sicarios que se transportaban en una motocicleta tirotearon a De los Ríos, quien lideraba una campaña de denuncia de la minería a cielo abierto por parte de multinacionales, dijo a Efe el sindicalista Diego María Osorio, de una organización regional de profesores a la que pertenecía la víctima.

El crimen fue cometido el miércoles cuando De los Ríos se desplazaba de una sede a otra de la Institución Educativa Santa Sofía, de Dosquebradas, localidad en el área metropolitana de Pereira, la capital departamental de Risaralda.

"El ambientalista había denunciado la semana pasada, en declaraciones a medios de radio, los efectos de la minería a cielo abierto", dijo Osorio, fiscal y coordinador de la comisión de derechos humanos del Sindicato de Educadores de Risaralda (SER).

El sindicalista explicó que De los Ríos pertenecía a Meedrua (Zona Minera, en dialecto de la etnia indígena quechua), organización no gubernamental (ONG) ambientalista desde la que elaboraba estudios sobre la explotación minera a cielo abierto en la región y el país.

En particular, indicó Osorio, el profesor centraba esta actividad en Quinchía, población risaraldense de la que era oriundo, así como en las vecina de Mistrató y Pueblo Rico, todas ellas con riqueza aurífera y en explotación por la multinacional canadiense Quedada.

Además de sus actividades en Meedrua, De los Ríos era el responsable del llamado Proyecto Ambiental Educativo (Prae) del colegio Santa Sofía, en el que impartía clases de ciencias sociales.

"Era una persona muy querida en la comunidad educativa, y no tenía dificultades, como amenazas, por lo que su asesinato nos sorprendió", expresó Osorio, quien indicó que De los Ríos es el tercer educador de Risaralda que es asesinado este año y el 67 desde octubre de 1989, fecha del primer crimen de un profesor en la región.

Primero asesinaron a sus hijos, ahora la asesinan a ella, Ana Fabricia Córdoba, líder comunitaria víctima de crímenes de Estado. VER VÍDEOS.

2011-07-29T13:59:00.009+01:00

Organizaciones Sociales denuncian asesinato de líder comunitaria, Ana F. Córdoba. En años anteriores le asesinaron a dos hijos.

Escrito por Organizaciones Sociales Antioquia
miércoles, 08 de junio de 2011
Las Organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional el asesinato del que fue víctima la líder comunitaria ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA, quien pertenecía a la Asociación Líderes Hacia Adelante Por Un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ), a la Mesa Interbarrial de Desconectados y a la Ruta Pacífica de las Mujeres en la ciudad de Medellín, Antioquia. Antecedentes: ANA FABRICIA llegó a Medellín hace cerca de una década huyendo de las matanzas cometidas por grupos paramilitares de las que fueron víctimas varios de sus familiares en la región del Urabá, desde entonces se asentó como desplazada en el barrio La Cruz de la comuna tres (Manrique). Desde esa época, ANA FABRICIA denunció con claridad los hechos y exigió se investigara a los responsables. Por su calidad de líder comunitaria, inmediatamente se vinculó a diferentes procesos organizativos de desplazados y de mujeres en el barrio La Cruz y en la ciudad de Medellín. En el año 2002 se inició el proceso de paramilitarización en los barrios de Medellín, entre ellos La Cruz y La Honda, denunciando ANA FABRICIA CÓRDOBA estos hechos y la connivencia de la fuerza pública con los grupos paramilitares. Particularmente la señora CÓRDOBA fue clara en señalar a miembros de la Policía pertenecientes a la Estación de San Blas (Manrique) de apoyar la estructura paramilitar en la zona, además de cometer actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra jóvenes del barrio, entre ellos a uno de sus hijos. Estas denuncias le acarrearon persecuciones, señalamientos y amenazas que fueron denunciados ante los Organismos de Control de la ciudad, la Alcaldía de Medellín y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Suboficina Medellín. A raíz de las persecuciones de las que fue objeto, fue víctima de un montaje judicial en el año 2004, como supuesta colaboradora de la guerrilla de las FARC y como consecuencia de ello, estuvo dos meses privada de la libertad en la cárcel del Buen Pastor, siendo finalmente absuelta de los cargos. Posteriormente, su hijo CARLOS MARIO OSPINA fue asesinado, hecho del que ANA FABRICIA también culpaba a la Policía del barrio La Cruz por las constantes persecuciones y maltratos de los que CARLOS MARIO había sido objeto con sus otros dos hijos, también por parte de agentes policiales. La señora ANA FABRICIA CÓRDOBA denunció constantemente a la Policía de la ciudad por actos de intimidación en su contra. Denunció en varias ocasiones el allanamiento a su vivienda sin orden judicial a altas horas de la noche acusándola de proteger a grupos armados. En otras ocasiones, civiles también entraron a su casa a intimidarla. Por lo anterior se veía obligada a dormir en diferentes casas por fuera del barrio como medida para proteger su vida. A finales del año 2009 fue acreedora de un subsidio de vivienda por ser madre cabeza de familia desplazada y adquirió una vivienda en el barrio Popular de la comuna uno de la ciudad, situación que no mejoró del todo su seguridad pues denunciaba que la vivienda estaba ubicada en un sector muy conflictivo de la comuna, y las amenazas en su contra no cesaron. El 7 de julio de 2010 fue asesinado su hijo JONATAN ARLEY OSPINA CORDOBA de 19 años de edad. Desde ese mismo instante ANA FABRICIA denunció a la policía del barrio La Cruz como la responsable del hecho, a raíz de ello cursa actualmente una investigación en La Fiscalía. Hechos: Desde la muerte de JHONATAN ARLEY y sus consecuentes denuncias, la señora ANA FABRICIA fue objeto de reiteradas Amenazas por parte de desconocidos. La Policía Metropolitana del Valle del Aburrá le propuso a ANA FABRICIA la práctica de un Análisis de Riesgo, que únicamente implica una evaluación para eventuales medidas de chequeo de seguridad, por parte del órgano policial. ANA FABRICIA se negó a dicho análisis, por la desconfianza que le generaba los antecedentes que señalan a la Policía como el organismo que siempre la persiguió a ella y a su familia. En la sesión del Comité Metropolitano de Derechos Humanos, realizada en el mes de abril de 2011, ANA FABRICIA hizo de público conocimiento las amenazas de las que era víctima. El día 7 de junio, ANA FABRICIA CÓRDOBA fue asesinada cuando se movilizaba en un bus de la ruta Santa Cruz, por un hombre que le disparó en la cabeza con un arma con silenciador, quien después emprendió la huida. El asesinato de ANA FABRICIA CÓRDOBA, evidencia la constante persecución y agresión contra los y las líderes comunitarias que trabajan en las diferentes regiones del país. Pese a todas las denuncias es clara la negligencia de parte de las autoridades que no le garantizaron la vida. Desde julio de 2010 hasta abril de 2011 se han registrado 206 agresiones individuales contra defensores y defensoras, de los cuales 34 han sido asesinatos. En el mismo periodo, 127 organizaciones sociales o de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo la vida e integridad de sus miembros y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos. EXIGIMOS Se adelanten las investigaciones pertinentes, que logren esclarecer los hechos, móviles y autores materiales e intelectuales de este asesinato. Que el Estado Colombiano brinde garantías reales a los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado en Colombia. Que se garantice la vida y la integridad de los familiares sobrevivientes de la señora ANA FABRICIA CÓRDOBA SUSCRIBEN Corporación Jurídica Libertad Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –Seccional Antioquia- Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Capítulo Antioquia- Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia Medellín, 8 de junio de 2011 [1] Campaña Por el derecho defender los derechos humanos en Colombia. Informe 2010 y primeros 90 días de gobierno de Santos.

LOS MEDIOS LO PRESENTAN COMO UN CASO DE VIOLENCIA DE GENERO, SIN MENCIONAR SU HISTORIA COMO LUCHADORA SOCIAL Y DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS, Y LA PERSECUCIÓN QUE HA SUFRIDO ELLA Y SU FAMILIA POR PARTE DEL ESTADO (TANTO DE SU BRAZO POLICIAL COMO PARAMILITAR).

Defensores sociales condenan asesinato de Fabricia Córdoba. TELESUR.

DISCURSO DE ANA FABRICIA, UNA MUJER VALIENTE QUE LUCHÓ HASTA SU ÚLTIMO SEGUNDO CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE ESTADO Y POR LOS DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS.
ROGAMOS QUE LA ESCUCHEN Y DIFUNDAN SU MENSAJE MÁS ALLÁ DE SU MUERTE.

FAMILIARES DE ANA:

DENUNCIA DE PIEDAD CORDOBA, EX - SENADORA, Y DECLARACIÓN PÚBLICA DE MANDO POLICIAL.

Heridos 3 menores por armas de fuego. ACIN exige respeto a la población no combatiente.

2011-07-28T18:54:00.005+01:00

Miércoles, 25 de Mayo de 2011 20:46 - Escrito por minga

No han transcurrido dos meses desde la masacre de 4 menores de edad en un bombardeo aéreo en el Resguardo de Tacueyó cuando el conflicto armado cobra otras 3 víctimas menores de edad en el Resguardo Indígena de Huellas - Caloto.

Ya ni el derecho a dormir tranquilos en sus humildes viviendas tienen los niños y niñas indígenas en el norte del Cauca.

La ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN – CXHAB WALA KIWE, denuncia y repudia enérgicamente los hechos de violencia donde resultaron heridos con arma de fuego tres menores de edad pertenecientes al Resguardo Indígena de Huellas - Caloto.

Hechos.

El día 23 de mayo del año 2011, siendo a las 7:30 p.m aproximadamente, en la vereda Huellas perteneciente al resguardo del mismo nombre, tres menores de edad quienes responden a los nombres de NELLY BAICUE de 13 años, ERMINSON BAICUE de 1 año y EDY ZORAYI BAICUE de 10 años resultaron heridos con disparos en diferentes partes del cuerpo que los tienen al borde la muerte en el hospital Valle del Lili de la ciudad de Cali.

Los hechos se presentaron cuando tres sujetos desconocidos fuertemente armados aprovechando la oscuridad irrumpieron en la humilde vivienda disparando de manera indiscriminada en momentos que los tres menores se encontraban durmiendo solo en compañía de sus sueños puesto que sus padres al momento de los hechos no se encontraban en la vivienda.

Indignación, dolor y tristeza ha producido en las comunidades este lamentable hecho resultado de los fuertes enfrentamientos armados que desde hace varios días libran efectivos del Ejército Nacional y miembros de la guerrilla de las Farc en la región.

Pedirles al gobierno nacional y a la guerrilla de las Farc que atienda el llamado insistente de las comunidades se convirtieron en solo palabras al aire, ni siquiera la voz y el llanto de los niños despierta sentimientos de razón en los armados, al contrario hechos como los ocurridos evidencian la cruda realidad que se vive a diario en las comunidades. Por eso en esta ocasión acudimos a la solidaridad del pueblo para superar esta difícil situación que desde hace días azota a las comunidades indígenas de esta región.

COMUNIDADES Y AUTORIDADES INDIGENAS AGRUPADAS EN LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN – CXHAB WALA KIWE.

Santander de Quilichao Cauca, mayo 24 de 2011

Atentado contra MIRIAN, mujer líder del Consejo Comunitario del Río Calima

2011-07-28T18:47:00.003+01:00

Martes 24 de Mayo de 2011 20:16

El 21 de mayo de 2011 a las 10:15 pm en la vereda, la colonia del concejo comunitario del rio calima, un hombre no identificado irrumpió en horas de la noche en la casa de la tesorera y rectora del colegio y además reconocida lideresa de este concejo, le propino un disparo que tenía como objetivo darle en la cabeza, pero al ella percatarse de la presencia de el individuo, alcanza a reaccionar y la bala le impacta el hombro, rápidamente algunos miembros de la comunidad acuden al lugar de los hechos y le prestan ayuda llevándola hasta una de las clínicas del municipio de buenaventura, zona urbana.

Antecedentes Hechos.

Meses antes a esta misma lideresa, le robaron su computadora personal en donde tenía parte de algunas denuncias que se iban a realizar, a esto se suma que semanas antes sujetos intentaron quemar el vehículo tipo camioneta del Concejo Comunitario.

Cabe destacar que además todos los miembros de la Junta del Concejo Comunitario de este territorio colectivo ancestral fueron amenazados meses antes y aun lo están, debido a que el consejo comunitario promueve la erradicación de cultivos de uso ilícitos (COCA) que sembraron foráneos Blanco mestizos que han llegado hasta esta parte del Territorio, Región del Pacifico.

Nota importante:

En el día de ayer, en las horas de la mañana se realizó una marcha en la vereda donde ocurrió este lamentable hecho. La movilización comenzó desde la entrada de la vereda hasta el centro de esta misma, la marcha conto con un alto grado de participantes miembros de la comunidad, muchos estudiantes y miembros de otros concejos comunitarios etc. La movilización tiene como objetivo repudiar este hecho y otros más. Además demostrarles a los violentos que no nos amedrantaran, este atentado lo asumimos que no fue un atentado contra la RECTORA, LIDEREZA MIRIAN si no que fue contra los intereses de la comunidad negra del calima que ella abandera en su lucha, y además contra el proyecto político de PNC, por ser este un territorio nuestro.

Cabe resaltar que en el territorio están foráneos Blancos y Mestizos que se dedican al cultivo de usos ilícitos y además están comprando tierras para cultivos extensivos, de igual manera estos entorpecen el ejerció pleno de la gobernabilidad y la autonomía, al igual que está pasando en otros territorios de la comunidades negras en el Territorio Región del Pacifico.

Otras denuncias sobre fosas comunes en fosas comunes en La Escombrera, San Cristóbal, San Antonio de Prado y la Comuna 8

2011-07-28T18:32:00.003+01:00

MADRES VUELVEN A EXIGIR LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE SUS HIJOS DESAPARAECIDOS.

Un operativo conjunto de brigadas del ejército, autodefensas y policías actuaron para supuestamente "exterminar a las organizaciones insurgentes"en la Comuna 13 de Medellin, pero el resultado fue el control paramilitar de la zona y centenares de crímenes de Estado, desapariciones y homicidios de pobladores. Hoy las madres piden justicia.

Miércoles, 25 de Mayo de 2011 11:14 Comunicaciones CJL

A nueve años de ejecutados los seis operativos militares[i] con los que se buscaba el exterminio de las organizaciones insurgentes que operaban en la Comuna 13 de Medellín, y en cuyo desarrollo se violaron gravemente los Derechos Humanos de los habitantes de esta zona de la ciudad, especialmente en la Operación Orión; las madres de los más de cien desaparecidos caminaron rumbo a La Escombrera para exigir nuevamente la búsqueda e identificación de sus familiares.

En el transcurso del año 2002, durante el desarrollo de las operaciones Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión, los habitantes de los 23 barrios de la Comuna 13 padecieron constantes enfrentamientos armados, allanamientos ilegales, capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles, desapariciones forzadas, y un sinnúmero de violaciones a sus derechos.

Nada más durante los tres primeros días de la Operación Orión fueron detenidas, reseñadas y en algunos casos torturadas y obligadas a desplazarse, 450 personas, de las cuales 170 fueron vinculadas formalmente a investigación como presuntas responsables de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, terrorismo y porte ilegal de armas. De esta cifra tan solo a 82 se les ordenó medida de aseguramiento, mientras las demás recuperaban su libertad. Al cabo de un año fueron acusadas formalmente 56 de estas personas, y desvinculadas definitivamente de la investigación 26 de las procesadas. Transcurridos nueve años, sólo fueron condenados dos de los 450 detenidos.

Tras los operativos militares, la zona no sólo resultó altamente militarizada por la Fuerza Pública, sino que el Bloque Cacique Nutibara tomó pleno control de lo que sucedía en la zona, como lo denunciaron en varias oportunidades algunos pobladores de estos barrios, sin que sus querellas tuvieran trascendencia alguna puesto que la Comuna 13 de Medellín se exponía como modelo de pacificación en el país y como uno de los grandes logros de la Política de Seguridad Democrática del hoy ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

No obstante, las organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad han denunciado que la mayoría de los crímenes se cometieron entre octubre de 2002 y diciembre de 2003, es decir, en meses posteriores a la Operación Orión. Asimismo, han elevado denuncias sobre la existencias de fosas comunes en La Escombrera, San Cristóbal, San Antonio de Prado y la Comuna 8, donde el Bloque Cacique Nutibara tenía fuerte presencia.

Pese a los testimonios que relatan fatídicos finales sobre personas que fueron trasladadas vivas hasta La Escombrera, y luego asesinadas y enterradas; pese al convenio firmado, en 2009, por la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín para realizar la búsqueda de fosas comunes en el Occidente y Oriente de la ciudad, y su recomendación de cerrar definitivamente de La Escombrera; pese a la declaración del extraditado narcotraficante y jefe del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Diego Fernando Murillo Bejarano[ii], alias Berna, donde admitía la alianza entre el Ejército y los paramilitares para llevar a cabo la Operación Orión, a finales del 2002, e implicaba directamente al ex comandante del Ejército Mario Montoya Uribe, y al ex general retirado de la Policía Nacional, Leonardo Gallego Castrillón. Ya son más de cinco millones de toneladas de escombros las que entierran la verdad sin que las autoridades se opongan, y la investigación alrededor de las declaraciones del ex jefe paramilitar no arrojan resultados.

Por esta privación de la verdad y la justicia a la que se han enfrentado los sobrevivientes de las atrocidades cometidas por la Fuerza Pública y por los paramilitares en la Comuna 13, el sábado 21 de mayo las víctimas volvieron a marchar solicitando a las autoridades judiciales y administrativas de la ciudad de Medellín “el cierre absoluto e inmediato de todas las escombreras del sector, para preservar el lugar y evitar que se sigan realizado actividades que impidan encontrar a las personas desaparecidas, que fueron inhumadas clandestina e ilegalmente en el lugar, tal como lo establecen las normas internacionales. La adopción de políticas y medidas urgentes y concertadas con las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos que representan y acompañan a los familiares, encaminadas a encontrar a todas las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de esta ciudad. Y la protección a la vida e integridad de los familiares que participan en los procesos, que continúan la búsqueda y que exigen el respeto y cumplimiento de las obligaciones estatales”.

Acceda al Comunicado Público

[i] Los operativos militares en la Comuna 13 de Medellín fueron ejecutados por la Fiscalía, el DAS, la Policía Metropolitana, el CTI, la Fuerza Aérea y tropas del Batallón de Infantería “Pedro Justo Berrío” de la IV Brigada del Ejército, en coordinación con los grupos paramilitares, como lo han corroborado las declaraciones de varios desmovilizados, entre ellos Diego Fernando Murillo, alias Berna.

[ii] “Las Autodefensas del BCN fueron al área de la Comuna 13 como parte de una alianza con la IV Brigada del Ejército, incluyendo al comandante General Mario Montoya, y el General de la Policía Leonardo Gallego, el Comandante de Policía de Medellín”, testificaba Don Berna, y agregaba: “La policía de Medellín asignó su Unidad Especial Anti Secuestro (GAULA) para asistir al BCN en los esfuerzos conjuntos de la Operación Orión”

Protesta contra la oleada de detenciones de campesinos, sindicalistas y líderes sociales de Arauca.

2011-07-28T18:17:00.004+01:00

Por el Respeto a la Vida, la Libertad y la Dignidad de un Pueblo

Comunicado por el Respeto a la Vida, la Libertad y la Dignidad de un Pueblo

El Movimiento Social del Centro Oriente Colombiano denuncia públicamente ante las instancias internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, la OEA; ante los entes judiciales de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos:

1. La persecución con sevicia por parte del Estado y sus instituciones judiciales contra la población civil del oriente colombiano y en especial la carnicería judicial que tienen contra los pobladores de Arauca.

2. El gobierno dice estar desarticulando y acabando las guerrillas y lo que se reciben es represión como pueblo humilde y trabajador. En la operación desafío al ELN, no vemos ni un solo guerrillero preso, pero sí de una forma mercantil entre Ejército, Fiscalía y gobierno departamental de Arauca, se dan el lujo de encarcelar campesinos, obreros, sindicalistas, indígenas, comerciantes y ganaderos, como terroristas y miembros de la guerrilla, como han sido los casos del reconocido ganadero Rodrigo Carrillo Payares en donde fueron detenidas otras 14 personas, el día 19 de octubre del año 2009; los dirigentes indígenas el Cacique Ismael Uncasia Uncasia, la compañera Verónica Solís Fuentes funcionaria de asuntos indígenas y el etno-educador Álvaro Leal Toloza, y los que tienen orden de captura, en el mismo proceso el prestante comerciante Domingo Arévalo, a quien el Estado no sólo ha detenido, sino que también ha secuestrado sus bienes.

3. Como si fuera poco ahora el Gobierno, la Fiscalía y la Fuerza Pública de una forma despiadada involucra guerrilla, dirigentes sociales y otros miembros de la población civil, en una circular de la interpol; siendo el Estado colombiano capaz de engañar con mentiras a la justicia internacional, y solicitar la captura de civiles como terroristas y guerrilleros, cual es el caso de SAMUEL MORALES FLÓREZ, expresidente de la Central Unitaria de Trabadores (CUT), subdirectiva Arauca y en la actualidad Primer Vicepresidente de este organismo sindical; VÍCTOR JULIO LAGUADO BOHADA, dirigente campesino y miembro de la Cooperativa Agropecuaria del Sarare (COAGROSARARE); ARIELA GELVIS QUINTERO, dirigente comunal y expresidenta de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (ECAAAS–ESP); FREDY RAMÍREZ BOCOTÁ, indígena del pueblo U’wa y miembro de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca (ASCATIDAR), quien habita en su resguardo con su esposa y sus 4 hijos.

Esta lista de dirigentes sociales y demás civiles incluida en las circulares de la interpol, manifiesta el más alto nivel de degradación del conflicto en Colombia, donde a quien se atropella es a la población civil; quienes no sólo tiene que soportar la agresión por los grupos armados en conflicto, sino también al Estado con sus organismos judiciales, empresas mercantilistas encargadas de encarcelar y quitar los bienes a los oprimidos del país.

Invitamos a los entes internacionales y nacionales que desean la justicia, a condenar las malas y represivas políticas del Estado colombiano, su gobierno e instituciones judiciales que reprimen y atropellan al pueblo trabajador.

Saravena, Arauca, 25 de mayo de 2011.
POR VIDA, SOBERANÍA Y PERMANENCIA EN TERRITORIO
ORGANIZACIONES SOCIALES DE ARAUCA

Modificado el ( miércoles, 25 de mayo de 2011 )

Entrevista al Padre Javier Giraldo, Defensor de DDHH

2011-07-05T12:13:00.006+01:00

Asesinato de líder de tierras en San Onofre, Sucre

2011-07-04T13:50:00.001+01:00

Hechos

Este hecho se suma a un grave contexto de violencia y persecución, donde tan solo en el mes de junio ya son 5 (cinco) las agresiones contra dirigentes del MOVICE Capítulo – Sucre.

Exigimos que:

Se garantice la vida y la integridad física de las y los líderes y comunidades que defienden su derecho a la tierra en Sucre y a lo largo y ancho del país.
Se investiguen a fondo estos crímenes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación y garantías para la no repetición.
Al gobierno nacional reactivar la interlocución con el Movimiento, según acuerdos establecidos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha dilatado este proceso de concertación y demostrado poca voluntad para el dialogo y la disposición de salvaguardar los derechos de las víctimas
Garantías políticas inmediatas para quienes se encuentran en riesgo y amenaza por su condición de defensor(a) de derechos humanos, líderes y comunidades organizadas en pro de la defensa de sus derechos.

Delegación Asturiana en Sucre:

http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2011_1/tierras-sucre.html

Nuevas amenazas contra Ingrid Vergara y sus hijos:

http://www.protectionline.org/Ingrid-Vergara-defensora,10687.html

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article23702

http://www.frontlinedefenders.org/es/node/15333

Recuérdese, que mientras los criminales andan sueltos, el defensor de ddhh de San Onofre, Carmelo Ágamez sigue preso.

SENDERO: LAGUNAS DE ERJOS – BOLICO – MONTE DEL AGUA.

2011-06-05T23:30:00.005+01:00

La excursión que se canceló por el mal tiempo el 17 abril de 2011 se llevará a cabo el 12 de junio.

FLORA, FAUNA Y PAISAJES ESPECTACULARES. CONTAMOS CON UN GUÍA EXPERTO EN LA ZONA.

APORTAMOS EL TRANSPORTE DESDE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE GUAGUAS DE LA LAGUNA HASTA ERJOS Y VUELTA A LA LAGUNA, SÓLO PARA LAS 10 PRIMERAS PERSONAS EN APUNTARSE.

INCLUYE BOCATA MIXTO Y ZUMO/AGUA.

DIFICULTAD BAJA.

PARTIMOS DE LAS CHARCAS DE ERJOS, DONDE PODRÁS OBSERVAR UNA GRAN CANTIDAD DE AVES ACUÁTICAS. SUBIMOS HASTA LA CUMBRE DEL BOLICO (PASANDO POR LA FUENTE DE LOS LOROS) Y AL MORRO VERDE, DONDE PODRÁS OBSERVAR UN PAISAJE ESPECTACULAR (BARRANCOS DEL NATERO, MASCA Y JUAN LÓPEZ DESDE LO ALTO) Y VOLVEMOS A ERJOS ATRAVESANDO EL MONTE DEL AGUA (BOSQUE DE LAURISILVA, CON UNA ENORME DIVERSIDAD DE ESPECIES), QUE EN ESTA TEMPORADA SUELE ESTAR SURCADO POR DIVERSOS TORRENTES DE AGUA.

ORGANIZADO POR LA RED CANARIA POR LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA.

BONO DE AYUDA PARA LAS JORNADAS DE OCTUBRE: 10 EUROS.

ENVÍA UN MENSAJE CON TU NOMBRE SEGUIDO DE "VOY AL BOLICO" A rcanddhhcolombia@gmail.com ANTES DEL VIERNES. NECESITAMOS SABER EL NÚMERO DE ASISTENTES. AÑADE EN EL MENSAJE UN NÚMERO DE TELÉFONO DE CONTACTO.

ABSUELTA ROSALBA GAVIRIA, DIRIGENTE SINDICAL VICTIMA DE MONTAJE JUDICIAL

2011-06-05T23:18:00.003+01:00

dos años y dos meses en las prisiones colombianas .. mientras los asesinos paramilitares andan sueltos, y recibiendo dinero de la cooperación oficial y privada española..

ABSUELTA ROSALBA GAVIRIA, DIRIGENTE SINDICAL VICTIMA DE MONTAJE JUDICIAL

La Fundación Lazos de Dignidad comunica a la Comunidad Nacional e Internacional que :

1. El día de hoy 30 de mayo de 2011, el Juez Primero Penal Especializado del Circuito de Florencia (Caquetá)absolvió a la dirigente sindical y social ROSALBA GAVIRIA TORO, quien se encontraba detenida desde el 3 de marzo de 2009, en la cárcel de mujeres de Villa Cristina-Armenia.

2. ROSALBA fue detenida arbitrariamente por órdenes de la Fiscalía Primera Especializada de Bogotá, acusada de REBELION Y CONCIERTO PARA DELINQUIR, sin pruebas que ameritaran su vinculación a un proceso penal, siendo afectada durante dos años y dos meses con la privación de la libertad.

3. Con esta absolución se evidencia una vez más los montajes judiciales en contra de los opositores políticos en Colombia.

EXIGIMOS INVESTIGACIONES Y SANCIONES PARA QUIENES ORDENARON

LA DETENCIÓN ARBITRARIA DE ROSALBA GAVIRIA TORO!!!

BIENVENIDA A LA LIBERTAD ROSALBA!

LIBERTAD A TODAS Y TODOS LOS PRESOS POLITICOS!

Mayo 30 de 2011

ASESINATO EL 26 DE MAYO DE RAMÓN FRANCO. MONTAJE JUDICIAL CONTRA GUILLERMO ANTONIO CALLE.

2011-06-05T22:52:00.006+01:00

Nos seguimos oponiendo a las prácticas sistemáticas de muerte y de injusticia en nuestro entorno

En nuestra búsqueda por generar un mundo alternativo queremos ser coherentes con la vida; por ello consideramos como una obligación moral y ética dejar constancias de todas las injusticias o acciones de muerte que ocurren en la zona donde estamos incrustados, contra el campesinado de nuestro entorno. Así, pues, dejamos constancia de los últimos crímenes perpetrados a nuestro
alrededor:

· El miercoles 1 de junio de 2011, hacia las 17:00 horas, en el barrio Alfonso López fue detenido por dos hombres el vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó hacia San José, se presentaron como autodefensas, estaban en una moto y portaban armas cortas, tomaron fotos a la gente que venía en el carro, entre los pasajeros se encontraban dos miembros de nuestra comunidad. Luego de ello le dijeron al conductor del carro que siguiera

· El jueves 26 de mayo de 2011, hacia las 6:00 horas, en la vereda Caracolí, fue asesinado RAMON FRANCO VAQUERO. Tres hombres vestidos de uniformes camuflados y con armas largas llegaron a su casa, lo llamaron a la puerta, y cuando salió lo asesinaron. Su casa se encuentra a 200 metros del reten permanente del Ejército.

· Damos a conocer la carta enviada a la Procuraduría por un campesino vecino nuestro, arbitrariamente detenido y víctima de montajes, que muestra con claridad la forma en que la fuerza pública trata a la gente de la zona y la forma como procede un aparato judicial que está
profundamente corrompido:

Señores

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

E. S. D.

- Referencia: Denuncia

GUILLERMO ANTONIO CALLE RESTREPO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 8.321.374, por medio del presente escrito quiero poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación una serie de hechos que nos afectan a mi familia y a mí, con el propósito que intervengan para garantizar nuestros derechos fundamentales, conforme a lo siguiente

- HECHOS

PRIMERO. Soy un campesino de 31 años, residente en la vereda La Victoria del Corregimiento de San José de Apartado, municipio de Apartadó. Mi familia está conformada por mi compañera permanente y nuestras tres niñas de 8, 6 y 5 años.

SEGUNDO. El 24 de junio de 2010 fui privado de la libertad mediante una orden de captura sustentada en un montaje realizado por los miembros del Departamento de Policía Urabá, principalmente por el Subintendente RAFAEL ANTONIO RAVELES SOLANO, quien mediante un “informe de inteligencia” señaló que una fuente humana anónima de su entera confianza, luego de observar las imágenes de las cámaras de seguridad del Almacén El Rey de la Moda, le había informado que GUILLERMO ANTONIO CALLE RESTREPO era la persona que había colocado un artefacto explosivo en dicho establecimiento, ubicado en el casco urbano del municipio de Apartadó, el día 11 de junio de 2010.

TERCERO. El día de mi captura fui presentado por diversos medios de comunicación locales, nacionales, televisión por cable e Internet como el terrorista que había colocado la bomba que causó la muerte a una persona y dejó gravemente heridas a diecisiete (17) más.

CUARTO. Pese a que desde el inicio de la investigación la Policía de Urabá tuvo acceso a los registros videográficos de las cámaras de seguridad del almacén, donde a simple vista se podían apreciar diferencias muy claras entre la persona que aparecía en los videos como quien colocó el artefacto explosivo y yo, entre otras el largo del cabello que era muy evidente y el color de piel; la Fiscalía General de la Nación en cabeza del Fiscal 39 Especializado SERGIO YEPES MARTÍNEZ, me acusó por los delitos de terrorismo, homicidio y lesiones personales y me llevó a juicio.

QUINTO. En desarrollo del juicio oral, se presentó a solicitud de la defensa un estudio morfológico de cotejo video-gráfico, por MARIO LEÓN ARTUNDUADA, reconocido morfólogo forense, quien concluyó que sin lugar a dudas se trataba de personas completamente diferentes.

SEXTO. Pese a que el juicio culminó el 1 de febrero de 2011 con sentencia absolutoria, luego de demostrarse que se trataba de un típico FALSO POSITIVO; el Fiscal 39 Especializado SERGIO YEPES MARTÍNEZ, no satisfecho con todos los perjuicios que nos había causado a mi grupo familiar y a mí, en la audiencia pública, a la cual asistieron muchas personas, hizo las
siguientes afirmaciones:

Apartadó, población que ha sido víctima de muchos atentados señoría y muy casualmente señoría por personas que todas son residentes en San José de Apartado, es una vereda donde infortunadamente la mayoría de las personas que tienen algún vínculo con la guerrilla, en este caso del Frente V de las FARC, generalmente residen en esta vereda donde casual y fatalmente reside el señor GUILLERMO ANTONIO CALLE RESTREPO.

(Archivo de audio:* 05001600020620102910000_

050003107002_0, minuto 22:23 a 22:51)*

Uno podría decir, y esto lo digo con mucho respeto, que una persona tan humilde, de un lugar tan lejano y un lugar tan abandonado de pronto, ya es una sensación, cómo hace una persona para ejercer un acto de estos y luego estar rodeado de tantas garantías desde el punto de vista defensivo, y sigue siendo una especulación, cómo un humilde campesino desarraigado si se quiere, que viven en techos de paja y de cartón y de bareque cómo hace para solventar una defensa y pagar un perito tan costoso, y son situaciones que no las podemos dejar al plano de la objetividad, son situaciones que quedan flotando en el ambiente, pero son coincidencias fatales su señoría. (Archivo de audio 05001600020620102910000_050003107002_0, minuto 23:21 a 24:09)*

Afirmaciones que no son de recibo después de que el mismo funcionario solicitó absolución, pero que muestran que el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del Fiscal 39 Especializado, no estaba encaminado a investigar los hechos y evitar que un crimen tan grave quedara en la impunidad, sino a mostrar una resultado positivo a cualquier precio. Pero, ante la contundencia de la prueba pericial, sabiendo que mi absolución era inminente, se dedicó de manera irresponsable a lanzar falsas acusaciones no solo en contra mía sino de todos quienes habitamos en el corregimiento de San José de Apartadó.

Como puede verse, esta denuncia pone al desnudo, una vez más, la podredumbre de la “justicia” en Urabá y en Colombia. No sólo se hace caso omiso de cualquier rectitud probatoria y se pisotean todos los principios del Debido Proceso contemplados en los Códigos internos e internacionales, sino que, frente a la contundencia del montaje, se recurre a estigmatizar a la población de la zona mediante calumnias infames y a intentar descalificar la misma defensa por tratarse de víctimas pobres, las cuales, según el Fiscal, no deberían tener recursos para defenderse y si lo hacen, quizás endeudándose de por vida, eso ya los hace “sospechosos” para él y le da pie para insinuar nuevas acusaciones infames.

Nuestra Comunidad ha desnudado multitud de veces este tipo de falsa justicia putrefacta y le ha suplicado a todas las altas Cortes del Estado mediante Derechos de Petición (enero de 2009) que declare un estado de cosas inconstitucional en Urabá y someta a examen el desempeño tan corrupto de fuerza pública (usurpadora del poder judicial), fiscales, jueces, magistrados, procuradores y defensores. No han querido hacerlo y la “justicia” sigue acumulando podredumbres, ayudada por los medios masivos de “información” que se gozan todos los días arruinando la vida de los pobres mediante infames calumnias y no son capaces de rectificar ni siquiera cuando una “justicia” tan perversa se ve obligada a absolver.

Esta situación nos reafirma en las convicciones de seguir buscando espacios en medio de esta confrontación armada desde la conciencia firme de una resistencia civil que genera paz desde la solidaridad y desde una vida en contra-vía a esa lógica de muerte que buscan imponernos.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO*

Junio 2 de 2011

--
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org

www.cdpsanjose.org
cdpsanjose@gmail.com
Colombia

La senador Piedad Cordoba afirma: "estoy esperando a que me peguen el tiro"

2011-06-05T22:42:00.004+01:00

“Muy difícil la situación mía, voy a sacar a mi hija del país nuevamente en los próximos días y a otro de mis hijos. Esto no es justo. Simplemente por el hecho de que yo tengo toda la posibilidad de denunciar y trabajar a favor de los derechos humanos”, dijo la ex congresista.

“¿Qué más quieren? Yo estoy esperando a que me peguen el tiro”, agregó Córdoba, quien anunció que acudirá a instancias internacionales para abogar por la protección de su familia.

La ex senadora liberal se pronunció en Bogotá en el marco de un evento denominado “Encuentro por la libertad de los presos políticos”, en el cual aseguró que en las prisiones colombianas hay más de 7.500 reclusos a quienes se les violan de manera reiterada sus derechos humanos y políticos.

Córdoba, que desde 2007 ha mediado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la liberación de secuestrados, consiguiendo que 17 rehenes recobraran la libertad, fue destituida por el Congreso el 4 de noviembre de 2010, luego de que la Procuraduría la sancionó con inhabilidad por 18 años, por considerar que apoyó a las FARC cuando mediaba ante ellas.

Actualmente dirige la organización social Colombianos por la Paz, que busca alternativas para acabar el conflicto armado interno que azota al país.

La ex senadora liberal indicó que tiene todo el derecho de conocer de parte del ex presidente Álvaro Uribe si ordenó los seguimientos ilegales que se realizaron en su contra.

“No solamente yo sino todo el pueblo colombiano, porque hay pruebas de que todo fue un montaje”, afirmó Córdoba.

Córdoba espera llevar a cabo el interrogatorio en la Comisión de Acusaciones que citó a Uribe el próximo 16 de junio para una versión libre en el marco del proceso que se le sigue por presunta participación en las ‘chuzadas’ desde el DAS.

No obstante, en la versión libre, solamente se permitirá que el Representante que investiga el caso le haga preguntas al ex mandatario.

Asesinada una líder que exigía la restitución de tierras robadas por los paracos.

2011-05-27T02:29:00.000+01:00

Una nueva víctima que reclamaba por sus tierras

Paraeconomía - Tierras

Jueves, 05 de Mayo de 2011 09:00

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Esta semana fue asesinada una líder que exigía la restitución de tierras robadas por paramilitares en Córdoba. Con ella, extraoficialmente, ya son 48 los líderes asesinados.

La mayoría de los asesinatos de líderes que reclaman tierras han ocurrido en Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca.

- Hugo Ulcué, una nueva víctima en el Naya
- Los reclamantes de tierras y la muerte en Urabá
- El miedo ronda a defensores y líderes de víctimas
- La muerte persigue a los que reclaman sus tierras
- La larga lista de víctimas de la vereda La Alemania en San Onofre

El asesinato de Martha Gaibao, en Córdoba, prende de nuevo las alarmas sobre la inseguridad que padecen las víctimas y los líderes que exigen la restitución de las tierras robadas por grupos armados ilegales.

En un comunicado, la Defensoría Nacional del Pueblo denunció el asesinato de Gaibao, quien representaba a un centenar familias de desplazados en Córdoba. “Martha era vocera del proceso de reubicación en el municipio de La Apartada. Fue víctima de varios impactos de bala por parte de desconocidos que huyeron”, señaló el pronunciamiento de la Defensoría.

Según fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, la líder campesina representaba a 100 familias que habían sido reubicadas en La Jagua, un predio ubicado en el municipio de Ayapel. Aunque el Estado ya les había asignado ese terreno, los campesinos no podían instalarse allí ante la presencia de extraños que de forma constante los merodeaba y amenazaba.

“Martha y los campesinos entonces se mudaron a un barrio de invasión llamado Alfonso Paz, en el municipio de La Apartada. Cuando empezaron las amenazas, el presidente de la Asociación de Desplazados tuvo que salir de la región. Martha se quedó en la zona dando la pelea y la mataron”, contó una persona que vive en la zona.

Panorama crítico
Con el asesinato de Gaibao, ya son 48 los líderes de tierras asesinados desde 2002 hasta la fecha, según un listado suministrado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes (haga clic aquí para ver la lista de personas asesinadas).

La víctima más reciente había sido Nayibis María Centeno, líder de una asociación de desplazados del César que exigía la restitución de terrenos robados a los campesinos por 'Jorge 40'. También David de Jesús Góez, un líder que representaba a 120 familias que perdieron 20.000 hectáreas en Turbo, Urabá; Bernardo Ríos Londoño, integrante de la Comunidad de Paz del Urabá, así como Éder Verbel Rocha, un campesino que se había negado a vender su finca a un sujeto señalado de tener vínculos con el grupo de Los Urabeños. Los tres campesinos fueron asesinados entre el 22 y 23 de marzo de 2011 en tres sitios diferentes.

Según lo han denunciado las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, los asesinatos de los líderes están relacionados con reclamaciones de tierra, que fueron robadas hace varios años por grupos armados ilegales y que en la actualidad están siendo explotadas por testaferros de paramilitares o empresarios que disponen de los predios para cultivos extensivos. Los homicidios y asesinatos sistemáticos contra los líderes han sido principalmente en Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca.

Los asesinatos de estos líderes vienen reportándose desde 2002, cuando los paramilitares comenzaron el proceso de negociación con el Gobierno para desmovilizarse. Con la formulación de la Ley de Tierras y de Víctimas, que está en proceso de aprobación en el Congreso, las organizaciones están solicitando al Gobierno garantías para retornar a sus tierras.

“La muerte violenta de líderes de tierras en Córdoba parece constituir una forma de presión armada para impedir los procesos de restitución de tierras, y un acto de intimidación sobre las personas que reclaman el respeto y la garantía de su derecho La Defensoría insta a las autoridades competentes a poner en marcha un programa de protección colectiva y adoptar medidas eficaces contra los factores de riesgo identificados en esta zona del país”, concluyó la Defensoría.

El riesgo que corría Martha Gaibao y la comunidad que vive en La Apartada había sido alertado en el Informe de Riesgo 012-10 de la Defensoría.

Asesinado dirigente comunista.- Multitudinario adiós al camarada Argemiro Hernández.

2011-05-27T02:21:00.005+01:00

Delegación asturiana y del gobierno vasco habia estado en Chaparral en marzo..

Mayo 18 de 2011 | 10:05 AM. | Noticias Por Nelson Lombana Silva .- Prensa PCC

Los despojos mortales del camarada Argemiro Hernández, vilmente asesinado el sábado 14 de mayo a media cuadra de su negocio ubicado en la plaza de mercado de Chaparral, Tolima, fue acompañado hasta su última morada por cientos y cientos de personas, venidas de diversas regiones del sur del departamento y una delegación numerosa del partido comunista colombiano, miembro del Polo Democrático Alternativo.

Con música, poesía y discursos del partido comunista y el Moir, se dijo adiós al hombre consecuente con la lucha revolucionaria, al padre de familia, al hermano, al hijo, al compañero y camarada de duras y difíciles batallas por la justicia social y las perspectivas de socialismo. Un sicario adoctrinado por el régimen le segó la vida con pistola provista de silenciador, indicaron citadinos de la población, en medio del dolor y la indignación general.

“Al camarada no lo asesinó un inexperto, ni un amigo, ni un hermano de clase, lo asesinó un “experto”, un “sicario profesional”, de esos que suele parir el régimen para impedir los cambios democráticos que necesita el país”, dijo el secretario político del regional partido comunista y miembro del comité central.

Agregó: “No es un crimen aislado y circunstancial. Hace parte de los miles de crímenes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista y personas consecuentes con el pueblo y los procesos democráticos. Es un crimen más de Estado, seguramente. Crimen que no puede quedar en la impunidad, crimen que se debe rechazar con la unidad popular y la movilización. Decimos, además, que no es un crimen aislado, porque hace un mes largo enterrábamos a dos líderes campesinos miembros de la Asociación de trabajadores campesinos del Tolima, ASTRACATOL, también asesinados, hace un mes luchábamos para que los militares de Planadas devolvieran sano y salvo al presidente de esta asociación campesina. Todo sucede en el marco de la mal llamada “seguridad democrática” y el denominado “Plan Consolidación”, plan de muerte y de terrorismo de Estado”.

Por su parte, el concejal del Polo Democrático Alternativo de Chaparral y miembro del Moir, Mario Álvarez, al destacar la personalidad del camarada Argemiro Hernández, señaló la necesidad de mantener vigente los sueños que iluminaron la existencia del compañero y hacerlo lo más rápido posible realidad. “Cuando enterramos a alguien, el mejor homenaje que le podemos hacer es que los sueños que él tuvo, los mantengamos vigentes y lo convirtamos más rápido en una realidad”.

Subrayó: “El sueño de Argemiro Hernández era que en esta Colombia, en este departamento y en particular en este municipio, los pobres y los humildes tuvieran en la mesa de la fraternidad, en la mesa de la riqueza de Colombia, un plato donde llenar sus necesidades, no simples migajas; el sueño de Argemiro Hernández era que esta fuera una sociedad justa, que tuviera la sociedad la posibilidad de entregar a sus hijos para que se desarrollaran, trabajaran, educarse y prepararse”.

Con la voz cortada por la emoción, el concejal terminó su intervención, afirmando: “Estamos, pues, hoy, entregando los despojos mortales de un hombre importante del pueblo, que con la presencia de todos ustedes, manifiesta Chaparral que ha sentido profundo dolor de este acto execrable de violencia”.

Mario Álvarez remató su intervención con un bello poema, el cual fue escuchado con profundo respeto y admiración por los centenares de hombres y mujeres que se hicieron presentes. Los mariachis cantaron, expresando de esta manera el afecto que el pueblo le tenía al compañero, al comunista, al miembro de la Unión Nacional de Oposición, UNO, al dirigente de la Unión Patriótica, UP, al militante del Polo Democrático Alternativo.