domingo 30 de septiembre de 2007

3. IMPUNIDAD DE GRUPOS PARAMILITARES - LEY 975 DE JUSTICIA Y PAZ (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

El Presidente Uribe emprendió un proceso de “reinserción” en la sociedad de los Grupos Paramilitares. Comenzó las conversaciones en septiembre de 2002 con las Autodefensas de Urabá, las del Bloque Central Bolívar y las del Bloque del Alto Oriente y Sur de Casanare. Desde 2002 hasta noviembre de 2003 el gobierno impulsa modificaciones en la Ley de Orden Público para omitir la condición de rebelde político en toda negociación, dando vía libre a las relaciones con los paramilitares y pretendiendo sustraerse de la competencia del Tribunal Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expide el decreto 128 de 2003 que reglamenta la Ley de Orden Público, con los siguientes beneficios:

1. Suspensión provisional de la ejecución de penas.

2. Cesación del procedimiento judicial.

Firma el acuerdo de Santa Fe de Ralito el 25 de Julio de 2003. No se produce cese de los crímenes. Se toleran masacres de campesinos.

La Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz tiene una demanda de inconstitucionalidad presentada por EL MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO, organizaciones de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales[i].

Por un lado, ven en la norma una lesión de los derechos de las víctimas porque el Estado decreta prácticamente un perdón y olvido de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares (la impunidad) y, por otro, al afectar a derechos fundamentales su procedimiento de elaboración no ha seguido lo estipulado por la Constitución colombiana.

Todo esto acompañado de una infiltración paramilitar en el Estado, en Organismos de Seguridad como el DAS, en gabinetes ministeriales y el staff gubernamental, y la legalización de más de 4 millones de hectáreas expropiadas violentamente a los campesinos desplazados[ii].

Pero estos grupos no han cesado el fuego, siguen cometiendo crímenes. El informe 2002/2006 de la Comisión Colombiana de Juristas (http://www.coljuristas.org/index.htm) denuncia al menos 3005 asesinatos y desapariciones atribuidos a los Paramilitares desde el comienzo de la negociación con el gobierno de Uribe (concretamente desde el 01/12/02) hasta el 31 de julio de 2006, a pesar de que la negociación estaba supeditada al cese de hostilidades. Para mayor desgracia de las víctimas y sus familiares, el Alto Comisionado para la Paz en Colombia, declaró al respecto "el cese de hostilidades es una metáfora que debe manejarse con mucha flexibilidad".


[i] Web de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”. http://guaiaie.colectivodeabogados.org/rubrique.php3?id_rubrique=167

[ii] Artículo de Horacio Duque. Uribe Vélez legaliza escuadrones de la muerte. 23.11.2003. Publicado en http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/duque2.html

2.4. OTRAS DENUNCIAS - REPRESIÓN, PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACIÓN, AMENAZAS, ... (DOSSIER DDHH COLOMBIA DURANTE MANDATO DE URIBE)

El 18 de mayo de 2004 manifestantes pacíficos contra el Tratado de Libre Comercio en las calles de Cartagena fueron brutalmente agredidos por efectivos del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD). El gobierno nacional y local movilizó 2000 efectivos de policía, reforzándola con DAS y Armada Nacional como si la manifestación fuera una guerra. Hubo más de un centenar de heridos y, por lo menos, 50 detenidos. También fueron víctimas de la represión representantes a la cámara: Alexander López Maya, Gustavo Petro, Wilson Borja, Venus Alveiro Silva, Piedad Cordoba, el senador Jorge Enrique Robledo, entre otros.

En las marchas y manifestaciones del suroccidente colombiano las fuerzas del Escuadrón Antidisturbios ESMAD, adscrito a la Policía Nacional asesinó a un indígena y causó heridas a más de 70 manifestantes. Se movilizaron unas 60.000 pidiendo que cese la represión y que se hiciera una consulta popular sobre el TLC. 30 activistas tomaron el 18.05.2006 la sede de la Defensoría del Pueblo para denunciar dichos abusos y la desaparición de varios defensores de DDHH y dirigentes sociales. Comunicado de: Organización Campesina del Alto y Bajo Ariari, Sinaltrainal, Organización Nacional Indígena de Colombia (O.N.I.C.), Instituto Nacional Sindical, Asociación de Mujeres Indígenas y campesinas de Colombia (ANMUCIC), Pueblo Kankuamo, Mesa de Unidad Agraria, Central Unitaria de Trabajadores, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Sembrar Justicia y Paz, Minga, Pueblo Pijao, Cabildos del Trapecio Amazónico (ACITAM), Justicia y Vida, Estudiantes Universidad Nacional, Comunidad Indígena de Soacha.[i]

Orlando Valencia, afrodescendiente, del Consejo Comunitario de Curvarado y protegido con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue detenido arbitrariamente y DESAPARECIDO. El vehículo en que viajaba con acompañantes fue interceptado por la Policía de Belén de Bajirá, fue detenido arbitrariamente junto a otros campesinos. Hacia las 12:30, todos los campesinos, incluido Orlando, habían recuperado la libertad y se dirigieron a la casa del campesino Enrique Petro. Orlando fue abordado por dos paramilitares, que habían seguido al grupo en una motocicleta, apuntaron con el arma al miembro de Justicia y Paz cuando salió a reclamar por Orlando. Lo montaron en la motocicleta vía municipio de Chigorodó. Comunicado por C. Justicia y Paz el 16.10.2005[ii].

La estrategia de la JUDICIALIZACIÓN de las víctimas de la persecución consiste en que las personas perseguidas por sus ideas políticas son acusadas por el Estado con montajes judiciales, presentadas en los medios de comunicación como insurgentes y, después, puestos en libertad por falta de pruebas. Algunos son asesinados por sicarios después de su liberación.

Remitida por la ONG Soldepaz.Pachakutti de Asturias nos llega un descarado caso de judicialización de perseguidos políticos. Juan José Ramírez Vélez, reinsertado del M19 y establecido en España desde el año 2000, con la condición de asilado, es vinculado por la Fiscalía en 6 procesos distintos por delitos de secuestros masivos, homicidios, hurtos, fuga de presos y otros; todos ellos cometidos tras su llegada y permanencia en España.

Las AMENAZAS a líderes sindicales y militantes de la izquierda son una forma de callar las protestas y denuncias contra determinadas políticas. Amnistía Internacional denunciaba que el 22 de septiembre de 2005 se envío a las oficinas de la C.U.T. en Neiva, Departamento de Huila, una carta dirigida a Mario Jesús Castañeda y firmada por el Bloque Central Bolívar de las A.U.C. (grupo teóricamente en “proceso de paz”) Reproducimos fragmentos: “Hoy estamos recordándole que desde hace tiempo nos molesta con su grosería atacando al gobierno… revolucionarios sindicalistas como usted que son gusanos habladores calumniadores contra cada gobierno que tenemos … seguiremos actuando … de manera efectiva en la zona … que no dejaremos hasta verla en paz y libre de gente como ustedes … Se va, se calla o actuamos.[iii]

El 13 de octubre de 2005 los paramilitares enviaron a la oficina del Parlamentario Alexander López Maya (Ex Pte. del Sindicato de Empresas Públicas de Cali – SINTRAEMCALI) un correo amenazándole a él y a destacados dirigentes que han denunciado públicamente a los autores de violaciones de derechos humanos en la región. Previamente, el 18 de agosto de 2005, Wilson Anep Torres, asesor del Parlamentario Alexander López fue abordado por sujetos en un vehículo Toyota color blanco y le dijeron: “Mira decile al hijueputa de Alex que se cuide …”. El 24 de agosto de 2005 un sujeto abordó a la secretaria de Alexander al salir de su residencia en Cali que la llamó por su nombre y le dijo: “… decile a Alex que se cuide porque tiene los días contados…”

El 25 de agosto de 2004 fue denunciada la Operación Dragón, cuyo objetivo era exterminar líderes políticos, sociales, sindicales y defensores de Derechos Humanos en el Valle del Cauca. Plan dirigido por oficiales activos y en retiro de la Fuerza Pública actuando por contrato suscrito con la Financiera Energética Nacional, por orden de la Superintendente de Servicios Públicos Eva María Uribe Tobón. En la agenda personal del Teniente Coronel Julián Villate Leal aparecen relacionados varias veces los nombres de las personas que están amenazadas. Pese a múltiples pruebas, hasta el 14 de octubre de 2005, fecha del comunicado de las organizaciones sociales de la región, no se conoce apertura de investigación.[iv]


[i] Asesinado Indígena Movilización Suroccidente Colombiano. Publicado el 19.05.2006 en http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=22597

[ii] Desaparecido afrodescendiente del Curvarado. Publicado comunicado de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz el 16.10.2005 en http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=221

[iii] Amenazas contra Mario Jesús Castañeda. Denuncia Amnistía Internacional. Fuente: www.ddhh-colombia.org

[iv] Amenazan nuevamente a dirigentes políticos, sociales, sindicales y defensores de derechos humanos del Valle del Cauca. Comunicado firmado por Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), Sindicato de Trabajadores de las empresas municipales de Cali (SINTRAEMCALI), C.U.T., Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Calí, 14-10-2005. Fuente: www.ddhh-colombia.org

viernes 28 de septiembre de 2007

2.3. VIOLACIÓN DE DDHH DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DURANTE MANDATO DE URIBE (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), los grupos paramilitares han sido responsables del 80 % de los casos resueltos de asesinatos de líderes sindicales. En su informe de marzo de 2004, el Comité sobre Libertad de Asociación de la O.I.T. denunció que existe una “intolerable situación de impunidad”[1]. Los registros de las Centrales Obreras muestran que, desde hace 20 años hasta la fecha de la visita de la Misión de Alto Nivel de la O.I.T, más de 2.500 sindicalistas fueron asesinados y que el 99,44% de los casos están impunes[2].

El Área de Derechos Humanos y Laborales de la Escuela Nacional Sindical (ENS) de Colombia afirma en su informe sobre la violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos – 2004[3] respecto a la impunidad que “En información suministrada por el observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República […] se señala que desde 1992 se encuentran en etapa de juicio 40 casos. Los acusados han recibido condena en 19 casos […] Sin embargo, […] según registros del Banco de Datos de la Escuela Nacional Sindical desde 1992 hasta la fecha se han registrado 1.981 homicidios contra trabajadores sindicalizados en el país.”

En la tabla publicada en el informe sobre la violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos – 2005 de la ENS (donde no se incluyen los crímenes cometidos contra comunidades indígenas, rurales, estudiantes y militantes de oposición, sólo sindicalistas) se registran 772 asesinatos entre 2000 y 2005. Se aprecia un giro táctico en la modalidad de violencia, ya que los asesinatos de sindicalistas estaban rompiendo el cerco mediático con la solidaridad internacional de muchas centrales del mundo y su publicidad resultaba difícil de compaginar con el proceso de legitimación e impunidad de los paramilitares.

Violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad
de los y las sindicalistas en Colombia - 1 Enero a 31 diciembre de 2000 a 2005

Tipo de violación

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Amenazas

180

234

190

296

445

260

Homicidios

135

198

184

91

94

70

Atentados sin muerte

13

24

17

20

6

7

Desaparición

17

12

9

6

7

3

Allanamiento

1

1

-

12

3

1

Detención

37

8

11

49

77

56

Hostigamiento

2

13

19

54

17

32

Secuestro

24

41

27

7

5

6

Desplazamiento

155

70

2

91

33

8

Tortura

2

1

1

-

1

1

Total

566

602

460

626

688

444

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos, Escuela Nacional Sindical.

El informe reconoce disminución en el número de homicidios, pero detecta un aumento de los hostigamientos y amenazas. Advierte que las amenazas se trasladan al núcleo familiar. Estas formas de violencia llaman menos la atención de organismos internacionales y son menos publicitadas; lo que favorece el proceso de impunidad que se intenta con la Ley 975 de 2005; y consiguen el mismo efecto (que el sindicalista no haga reivindicaciones laborales o denuncias o se marche de la ciudad por miedo a que le maten a un ser querido). También aumentan las detenciones arbitrarias (sin orden judicial) y los procesamientos como formas de camuflar la persecución (bajo montajes y utilizando, normalmente, el testimonio de personas “reinsertadas”). El esquema suele ser hostigamiento, detención, acusación de insurgente, proceso y puesta en libertad por falta de pruebas, por último la víctima puede ser asesinada. Por citar un ejemplo: “La ejecución del sociólogo y docente Alfredo Correa de Andreis, quien había sido detenido el 17 de Junio por agentes del DAS acusado de rebelión con base en testimonios de reinsertados y quien a finales de julio fue absuelto por falta de pruebas. Posterior a su liberación fue asesinado en la ciudad de Barranquilla.”

Profesor y Sociólogo Alfredo Correa de Andreis

Presuntos responsables del total de violaciones
contra los sindicalistas en el año 2005

RESPONSABLES Y PRESUNTOS RESPONSABLES

Nº DE CASOS

%

Organismos Estatales

80

18

Grupos Paramilitares (F. irregulares)

91

20,5

Guerrillas

4

0,9

Delincuencia común

9

2,03

No identificado

173

39,19

Sin datos.

86

19,3

Presuntos Responsables Total de violaciones contra trabajadores sindicalizados en Colombia.

1 de enero a 31 de diciembre de 2004

RESPONSABLES Y PRESUNTOS RESPONSABLES

Nº DE CASOS

%

Organismos Estatales

85

12,35

Grupos Paramilitares (F. irregulares)

105

15,26

Guerrillas

6

0,87

Empleador

4

0,58

Delincuencia común

13

1,89

No identificado

337

48,55

Sin datos.

138

20,5

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS


Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS

Es importante comentar este repunte en la responsabilidad de los Organismos del Estado como autores o presuntos autores de las violaciones de DDHH de sindicalistas, coincidiendo con el periodo en que se intenta dar impunidad a los paramilitares (Ley 975 de 2005), motivo por el que, según el informe de la ENS, dichos grupos han cambiado a modalidades de violencia menos publicitadas que el homicidio de un sindicalista. También, tras los escándalos del DAS, se puede pensar que es la expresión de la lógica paramilitar dentro del aparato del Estado.

Para terminar con estos informes de la ENS comentar la especial violencia contra las mujeres sindicalizadas: “la violencia ejercida contra las mujeres sindicalizadas está revestida de una fuerte carga semántica, en la cual los victimarios recurren a una serie de prácticas simbólicas y perversas para degradar a la víctima y explotar todo el contenido simbólico que culturalmente se ha depositado en el cuerpo de la mujer, para asegurarse de esa manera el terror colectivo que ocasiona dicho trato despiadado”.

Como ejemplo de lo anterior mencionamos el caso de Adriana Francisca Padilla, profesora sindicalizada en Educadores Unidos del Magdalena, que el 29 de octubre de 2005 recibió 2 impactos de bala en su cuerpo embarazada de 8 meses, muriendo ella y su bebe. Otras 9 profesoras sindicalizadas fueron asesinadas en 2005.

Cuando hablamos de miles de trabajadores/as sindicalistas asesinados/as puede no ser adecuado mencionar casos concretos, aunque hacerlo es una forma de humanizar las frías estadísticas, por ello haremos mención a un hombre de 47 años con 4 hijos que estuvo desplazado en España como medida para proteger su vida ante las amenazas. Fue acogido por la O.N.G. Asturiana Soldepaz Pachakutti a finales de 2004. Se trata de Luciano Romero Molina, Ex – Secretario de Derechos Humanos del SINALTRAINAL (sindicato de la industria Alimentaria), ex – empleado de Nestlé de Colombia, S.A. contra la que cursó demandas en Valledupar. Tenía medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana. Tras volver a Colombia fue secuestrado el 10 de septiembre de 2005 y el 11 de septiembre fue encontrado su cuerpo amarrado de pies y manos, con signos de tortura y con 40 heridas de armas cortopunzantes[iv].

Foto de Luciano Romero

Citamos el caso Pedro Jaime Mosquera, como ejemplo del método de persecución del Estado. Había sufrido 17 detenciones arbitrarias en 2 años y acusado del delito de rebelión buscó refugio en Venezuela, pero su hermano fue arrestado sin orden judicial (la persecución se volvió contra su familia). Era el vicepresidente de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y su cadáver apareció con signos de tortura el miércoles, 6 de octubre de 2004, en la frontera de Colombia y Venezuela[v].

Foto de Pedro Jaime Mosquera.

[1] Web de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), “Consideraciones sobre la protección internacional de los solicitantes de asilo y los refugiados colombianos – 2005. http://www.acnur.org/pais/index.php?accion=tema&id=2&iso2=CO.

[2] “Misión de Alto Nivel de la O.I.T. recomienda presencia permanente en Colombia”. Publicado por la Fundación Madrid Paz y Solidaridad www.ddhh-colombia.org. Email: ddhh-madrid@usmr.ccoo.es. Tfno: 915063083.

[3] Escuela Nacional Sindical http://www.ens.org.co/informe.htm

[iv] Soldepaz.Pachakutti (Asturias): Asesinato de Luciano Enrique Romero Molina. Publicado en Web de Union Network Internacional (Asociación internacional de Sindicatos. contact@union-network.org) http://www.union-network.org/uniindep.nsf/f0fa5a094742095ac125680000253538/ad166d3e0eb2d7f2c125708200289af2?OpenDocument y en Web de SINALTRAINAL: http://www.sinaltrainal.org/Textos/lucianoromero.htm.

[v] Comunicado de Asociación Campesina de Arauca Asesinato del Vicepresidente Pedro Jaime Mosquera. Publicado en Web de ONG Sodepaz: http://www.sodepaz.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2300

2.2.2. OTRAS DENUNCIAS DE MASACRES DE FUERZAS IRREGULARES Y PÚBLICAS EN ZONAS RURALES DURANTE MANDATO DE URIBE (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

La Central Unitaria de Trabajadores (C.U.T.) en comunicado de 22 de abril de 2005 denuncia la masacre de 12 jóvenes asesinados con tiros de gracia, con edades que oscilaban entre 15 y 21 años. Eran estudiantes y desempleados de la Comuna 5 en Buenaventura[i].

A continuación reproducimos fragmentos de un artículo de Alfredo Molano, periodista de “El Espectador”:

“Sólo en el presente año (2005) han asesinado 66 indígenas, 11 han desaparecido; miles desplazados y 10 pueblos fumigados con glifosato, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). …Los Kankuamos que habitan en la Sierra Nevada por el lado de Valledupar, en los últimos 12 años han sido asesinados 240 miembros de la comunidad. La ONIC acusa de los crímenes a los paramilitares (37,9%), a la Fuerza Pública (24,0 %), a las guerrilla (15,2 %) y a otros sin identificar (22,7%). La guerra irregular tiene una lógica… sembrar el terror para obligar a la gente a desplazarse y dejar la tierra libre para ser reapropiada… Hace un año se reunió en Chile, el National Intelligence Council (N.I.C) de EE.UU., un organismo especializado en inteligencia estratégica, para pensar en la América Latina del 2020,… Cito al NIC: “la emergencia de movimientos indigenistas políticamente organizados puede representar un riesgo para la seguridad regional” Los territorios indígenas son – por Constitución – inalienables,… el TCL tiene cláusulas dirigidas a erosionar o suprimir esas garantías constitucionales”[ii].

El día 5 de agosto de 2004 fueron ejecutados extrajudicialmente a manos del Ejército colombiano (Batallón Revéiz Pizarro): Héctor Alirio Martínez (Pte. de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), Leonel Goyeneche (miembro de la Junta Directiva de la CUT – Central Unitaria de Trabajadores – Arauca) y Jorge Prieto (miembro de la Junta Directiva de ANTHOC – Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia – y de la CUT), líderes históricos de Arauca. Los 3 tenían medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A.

Fotos de Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto.

En el mismo operativo se detuvo a los dirigentes Samuel Morales, Pte. de la C.U.T. de Arauca y Raquel Castro, miembro de la Asociación de Educadores de Arauca[iii]. Desde prisión Raquel escribe una carta desgarradora a 18 de febrero de 2005; en esas fechas celebraría sus 20 años de docente, recuerda su experiencia como Presidenta de una filial de la Asociación de Educadores de Arauca durante 10 años y su compromiso en la educación para la Paz y la Libertad como Rectora de un Colegio Agropecuario Rural del Arauca. Reproducimos el final de la carta:

“(…) por una denuncia pública a la ferocidad e inclemencia del conflicto armado, por guiar los valores humanos en los niños, niñas y jóvenes estudiantes, por ofrecer una mano de consuelo a las madres que lloran a sus hijos, (...), por estar junto a los que se unen y luchan por la dignidad de sus familias, (…), por no soportar las injusticias, (…), por no callar el exterminio de la expresión social, los atropellos y la miseria humana (…). Por eso estoy en las rejas de las cárceles del régimen de la Seguridad Democrática (…) pretenden silenciar las voces del sufrimiento …” [iv].

En el marco de la Operación Borrasca del Ejército Nacional con tropas de la Brigada XVIII, Brigada Movil nº5 del Batallón 43 de Contraguerrilla “Héroes de Tarazá”, del Revéis Pizarro y del Navas Pardo, aparecieron centenares de paramilitares en el área rural de Tame el día 19 de mayo de 2004, establecieron retenes que impedían entrar o salir a la población. En 24 horas asesinaron a 12 personas, incluido un menor. Hay cadáveres degollados y otro en Cravo Charo descuartizado. Hay información no confirmada de 15 personas degolladas cerca de la vereda Botalón. Los caseríos enteros del municipio de Tame quedaron despoblados por el pánico. Ni la Cruz Roja, ni la Defensoría del Pueblo habían podido entrar en la zona[v].

Recomendamos el documento La Estrategia Integral del Paramilitarismo en el Magdalena Medio” (Sindicato SINALTRAINAL – Septiembre 2002): Descárgalo aquí: http://www.sinaltrainal.org/Textos/parasmagda2004.pdf

[i] Comunicado C.U.T. 22.04.2005. www.ddhh-colombia.org

[ii] Artículo prensa: “¿Guerra preventiva?” por Alfredo Molano Bravo “El Espectador” http://www.elespectador.com/historico/2005-09-04/contenido_MI-595.htm. Avenida El Dorado No. 69 – 76, Bogotá C/marca 00000. Colombia. Tfno:(571) 4 23 23 00 Fax: (571) 4 23 23 00 Email: internet@elespectador.com

[iii] Radio Nizkor, 06.08.2004. http://www.radionizkor.org/colombia/index.html#narcos1

[iv] Carta de Raquel Castro, presa política. www.ddhh-colombia.org

[v] S.O.S ARAUCA. Paramilitares en área rural de Tame. 12 personas asesinadas”, publicado el 22.05.2004 en http://colombia.indymedia.org/news/2004/05/13190_comment.php

2.2.1. ALGUNAS DENUNCIAS DE MASACRES DE FUERZAS IRREGULARES Y FUERZAS PÚBLICAS EN ZONAS RURALES - MANDATO DE URIBE (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

La Fundación Madrid Paz y Solidaridad y la Fundación Paz y Solidaridad del Sindicato CC.OO. en Canarias como integrantes de La Red de Alerta, Denuncia y Seguimiento de Violaciones de DDHH a Sindicalistas Colombianos,[i] comunica que la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga informó de lo siguiente: los días 4 y 5 de diciembre de 2005 un grupo de 200 hombres armados se presentaron como integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas bajo el mando de alias Jorge 40 (grupo que se había comprometido en el cese de hostilidades y beneficiado por la impunidad proporcionada por el Gobierno Uribe tras la negociación), en las veredas La Más Verde y Nuevo Horizonte. Allí cometieron todo tipo de atropellos contra la población civil, retuvieron a un número indeterminado de personas, de las cuales 22 se encontraron asesinadas con armas de fuego y corto punzantes (signos de tortura). Cinco cadáveres fueron levantados por el ejército nacional y trasladados a la cabecera urbana de Curumaní. Los otros 17 cadáveres se quedaron, por lo menos, 5 días a la intemperie, sin que autoridad policial o judicial realizara esfuerzo de recuperación e identificación. Los paramilitares no encontraron oposición alguna de fuerza pública y mantuvieron a los pobladores retenidos y bloqueados hasta el 7 de diciembre de 2005, después se retiraron[ii].

La Red de Alerta, Denuncia y Seguimiento de Violaciones de DDHH a Sindicalistas Colombianos denuncia una masacre contra la comunidad indígena Wayúu de la Guajira, Colombia. El 18 de abril de 2004 llegaron a la comunidad de bahía Portete un grupo de hombres armados. Reproducimos literalmente el testimonio de un testigo: “maltratándonos y violando a nuestras hijas, torturando a niños para que hablaran donde se encontraban sus padres, (…), ellos no les creían a los niños, por eso los mataban o se los llevaban (…) estamos preocupados por encontrar nuestros hijos desaparecidos” En algunas partes de la comunidad se encontraron miembros de los cuerpos de los niños. Se computan hasta el momento del informe 12 muertos y 30 desaparecidos. Los habitantes de la comunidad, unas 580 personas de diferentes clanes, abandonaron su territorio, sus animales y pertenencias por miedo. Al parecer ni el Alcalde de Uribia, ni el Gobernador de la Guajira se pronunciaron sobre estos hechos que no han tenido trascendencia mediática[iii].

Soldepaz.Pachakutti, ONG asturiana, nos remitió un informe de la Delegación Asturiana adscrita a la Veeduría Electoral Internacional para las elecciones colombianas de 12 de marzo de 2006 donde destacamos estas denuncias a la Fiscalía: Puerto Toledo (Departamento del Meta). La Comunidad denuncia que por el río Guejar bajaron 10 cadáveres que recogieron y están sin identificar. La Comunidad de Kankuamos denuncian que durante el Gobierno del Pte. Uribe, 112 Kankuamos fueron asesinados, señalando al Grupo Paramilitar de Jorge 40 como responsable. También denuncian que 22 indígenas se encuentra presos víctimas de montajes. La Comunidad de Casanare denuncia que la fiscalía no ha iniciado procedimiento para el esclarecimiento de la desaparición de más de 60 personas, 91 según datos de la Defensaduría. Comunidades de Ciudad Bolívar denuncian la muerte de más de 170 jóvenes en 2005 de edades comprendidas entre 12 y 19 años a manos de grupos paramilitares con complicidad de Policía. Marta Giraldo denuncia el asesinato de su padre, ejecutado extrajudicialmente por tropas del Batallón de Alta Montaña nº3 de Rodrígo Llorera en una finca próxima a Chipichapa el sábado, 4 de marzo de 2006. Denuncia la manipulación del cadáver y la escena del crimen, la prohibición de llegar al lugar a familiares y abogados hasta 12 horas después del crimen. ORIVAC (ORGANIZACIÓN REGIONAL INDÍGENA VALLE DEL CAUCA) denuncia una masacre acaecida el 17 de septiembre de 2001 en Ladrillo y Palmira, cerca de Pradera, una familia entera, detenida, torturada y ejecutada (incluido menor de edad); la comunidad responsabiliza al Bloque Calima de los Paramilitares – Alias Roger – y denuncian la impunidad[iv].

Wilson David, representando a la Comunidad de Paz de San José Apartado, Departamento de Antioquia, Colombia, visitó varias instituciones en Asturias, entre ellas a la ONG Soldepaz-Pachakutti. Mostró un documental titulado “Hasta la última piedra” que narra crímenes recientes en la Comunidad de Paz constituida en 1997 como iniciativa autónoma de población civil que rechaza cualquier relación con actores armados (ejército, paramilitares y guerrilla). Las estrategias militares y paramilitares han perseguido sistemáticamente a sus integrantes bajo el argumento de enfrentar a la guerrilla de las FARC. Han sufrido amenazas, bloqueo económico, falsas acusaciones, torturas, desapariciones y masacres. 170 personas de la Comunidad han sido asesinadas con impunidad total. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en escrito dirigido al Vicepresidente de la República con fecha 26 de febrero de 2005 acusa a miembros de la Brigada XI del Ejército Nacional de la muerte de 7 campesinos que fueron amenazados, detenidos arbitrariamente, torturados, asesinados y enterrados en dos fosas, entre ellos Luis Eduardo Guerra, Defensor de DDHH de la Comunidad de Paz.

El 15 de abril de 2006 las tropas de la brigada móvil nº12 del Ejército Nacional masacran a 10 campesinos (incluidos 3 menores) en la Vereda Sanza, Municipio de San Juan de Arama, Meta. Según informaron las Juntas de Acción Comunal el operativo tuvo como objetivo una vivienda aledaña a la Escuela de Puerto Nubia. Se escuchó una fuerte explosión y ráfagas de ametralladora y fusil. Allí se alojaban 50 civiles: niñas, niños, adultos y mayores. Personas heridas salieron fuera a pedir el cese del fuego, pero siguieron disparando. El ejército bloqueó la zona, hasta el 27 de abril en horas de la tarde ni siquiera la delegación de las Juntas de Acción Comunal de las Veredas Costa Rica y Sardinata que habían solicitado el ingreso de la Cruz Roja Internacional, habían podido entrar[v].

Civiles armados actuando como Autodefensas de los Llanos asesinaron a 3 campesinos (incluida una madre de 5 hijos) el día 5 de enero de 2006 en el caserío de Matabambú, Jurisdicción de Puerto Toledo, Municipio Vista Hermosa, Departamento del Meta, a lo que hay que sumar varios heridos. Está acción criminal sucede a 5 minutos de un retén militar de tropas del Batallón de Contraguerrilla Nº 17 “Motilones” de la Brigada Móvil Nº 2. Los paramilitares en el casco urbano impedían el desplazamiento de pobladores y mantenían retenidos a varios. A las 5:30 p.m. miembros de la Comisión de Seguimiento a los Derechos Humanos del Río Guejear fueron al reten del Ejército a 200 metros del caserío, comunicaron al Teniente García al mando de tropas adscritas al Batallón Nº42 de la Móvil nº 4 la presencia de los paramilitares, pero éste afirmó que no se comprometía a brindar seguridad. Militares bajo su mando advirtieron que lo mismo que ocurrió en Matabambú va a ocurrir en Puerto Toledo. La señora Rosabel Rincón desapareció tras ser obligada a bajarse de un vehículo de servicio público en un retén de cíviles armados, encapuchados y uniformados en la estrategia paramilitar. Se había desplazado a la zona para saber de su hija: Marilyn Martinez Rincón, detenida en Santo Domingo. La Comisión Justicia y Paz informó sobre los hechos al Programa Presidencial de Derechos Humanos. También habían desaparecido Norberto Lujan y Ecelino Pineda Peña. Los detenidos en Santo Domingo fueron dejados en libertad todos en Vista Hermosa (8 personas)[vi].


[i] Denuncias de la Red Alerta Sindical Colombia. Fundación Madrid Paz y Solidaridad. ddhh-madrid@usmr.ccoo.es Tfno: 915063083 Fax: 915062325. Web: www.ddhh-colombia.org. C/ Sebastián Herrera, 12, 1º 28012 Madrid. España.

[ii] Minga ratifica ante la comunidad nacional e internacional la denunciada masacre de civiles en Curumani (Cesar) por parte de paramilitares de "jorge 40” http://www.colectivodeabogados.org/article.php3?id_article=381

[iii] “Paramilitares asesinaron 12…Wayúu de Bahía Portete” publicado en http://colombia.indymedia.org/news/2004/05/12596.php

[iv] Soldepaz.Pachakutti Informe de la Delegación Asturiana. http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2006_1/2informe_colombia.pdf

[v] Corporación Reiniciar: masacre de 10 campesinos. http://colombia.indymedia.org/news/2006/04/41478.php

[vi] Denuncia difundida por Comité de Seguimiento a los Derechos Humanos de las Juntas de Acción Comunal del sector del Río Guejar, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Fensuagro, Corporación Reiniciar, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz el 5 de enero de 2006. Asesinados 3 campesinos en Matabambú … http://colombia.indymedia.org/news/2006/01/36951.php

2.1. ASESINATOS DE MIEMBROS DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA DURANTE PRIMER MANDATO DE URIBE (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

Los crímenes y la persecución contra miembros de la U.P. continúan. Durante el Gobierno de Álvaro Uribe más de 150 militantes de la U.P. han sido víctimas de homicidios o desapariciones. Sigue la impunidad con humillación para las víctimas. Se impidió trasladar a Bogotá el cadáver de Alirio Silva, líder regional de la U.P. asesinado el 1 de marzo de 2004 en la región de Putumayo. Según las autoridades había que esperar a una autopsia especial para comprobar que no era un “cadáver bomba preparado por la guerrilla”[i]. Entre otros casos, Carlos Arturo Díaz y Carlos Arciniegas Niño, ambos militantes comunistas fueron torturados y asesinados en diciembre de 2005[ii]. Higinio Baquero Mahecha de 26 años con esposa y 3 hijos menores, militante de la U.P., del Partido Comunista Colombiano y de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos “Reiniciar” fue asesinado el 12 de abril de 2006 por sicarios en Bogotá. Su abuela Beatriz Montero fue concejal de la U.P. en el municipio de Lejanías; su padre, Higinio Baquero, dirigente de la U.P. y del P.C.C. tras sufrir amenazas se exilio en Quito y fue asesinado hace 2 años. “Reiniciar” señala a los grupos paramilitares que andan impunes con el gobierno Uribe. La familia procedía del Departamento del Meta, donde la U.P. y el Partido Comunista llegaron a tener el 30% del electorado. “Reiniciar” ha denunciado sólo en dicho departamento más de 1.500 asesinatos de miembros del Partido Comunista y U.P. Centenares de familias tuvieron que abandonar todas sus pertenencias y huir de Meta[iii]. Foto de Higinio Baquero Mahecha (militante de UP asesinado).

En el año 2004 el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos recibió en Tenerife a Jahel Quiroga Carrillo, Directora de “Reiniciar”, también amenazada de muerte por los paramilitares, compañera del asesinado, el cual era responsable de su seguridad. Jahel nos mostró un documento audiovisual titulado “Baile Rojo” (nombre de plan de exterminio). Nos indicó que han aportado evidencias sobre la existencia de 5 planes de exterminio: Esmeralda (1988) y Retorno (1993) para eliminar secciones regionales de la U.P; Operación Cóndor en 1985 (de ámbito latinoamericano con asesoría de EE.UU.), Baile Rojo en 1986 y Golpe de Gracia en 1992 (de ámbito nacional para acabar con cargos públicos, candidatos y dirigentes de U.P.).

El 9 de febrero de 2004, el Gobierno de Álvaro Uribe, a través de una declaración del Vicepresidente de la República, Francisco Santos, expresó su disposición para buscar una solución amistosa en el litigio del Caso 11.227 de la CIDH (por los asesinatos de más de 3500[iv] colombianos vinculados a la U.P.), pero el mismo funcionario elude la responsabilidad del Estado afirmado que “los crímenes serían obra del narcotráfico”. En la actualidad “Reiniciar” y los familiares de las víctimas, ante la continuidad de los crímenes y la actitud del Presidente Uribe, han dado por finalizada la fase de solución amistosa. Con el gobierno de Uribe muchos crímenes vienen precedidos de persecución por organismos del Estado. Suelen acusar sin pruebas o con falsos testimonios a militantes de la izquierda de ser colaboradores de la guerrilla, cuando quedan absueltos los liberan y, posteriormente, son asesinados por paramilitares. Varios colectivos nos han expresado su preocupación por la detención el 7 de agosto de 2006 de Víctor Oime[v] (exalcalde de Cartagena de Chairá por la U.P), su esposa y su hijo Arístides (acogido por el Programa Asturiano de Derechos Humanos en el mismo grupo del sindicalista asesinado Luciano Romero 2004/2005).

Foto de Liliana Gaviria.

Magnicidio político: Liliana Gaviria, hermana del candidato y ex presidente César Gaviria fue asesinada junto a uno de sus escoltas en abril de 2006 en la ciudad de Desquebradas, zona controlada por el paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Previamente, Cesar Gaviria había acusado al gobierno de Uribe de complicidad con los paramilitares y escuadrones de la muerte de San José de Ralito, criticado duramente la ley que les da impunidad y el cogobierno de entidades públicas como el DAS, el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) y otros institutos.


También se tiene amenazado a Alvaro Leyva y se ha eliminado a miembros del POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO (coalición que agrupa a diversas organizaciones de centro y de izquierdas)[vi], como Rafael Pérez y Rafael Cala, asesinados en Barrancabermeja en noviembre de 2005. Antes de culminar el presente informe recibimos noticia de que los Senadores del Polo Democrático Alternativo denunciaron ante el Senado que se ha puesto en marcha un plan de intimidación y exterminio en contra de los dirigentes del POLO en el suroccidente colombiano. Denunciaron los asesinatos de: Julián Andrés Hurtado, representante estudiantil al consejo académico de la Universidad del Valle y militante del PDA (04-10-06, ciudad de Cali); Rafael Guerrero (06-10-06, Monterrey, Valle del Cauca), miembro del comité de campaña presidencial de Carlos Gaviria en el Valle; y el abogado Javier Enrique Ruiz (agosto 06), integrante de la mesa de unidad del P.D.A. y miembro de los comités de campaña. Arturo Franco, dirigente del P.D.A. en Tulúa sufrió atentado impactado con armas de fuego dentro de la sede el 05.10.06. Denunciaron la desaparición de: Nelson Pérez del Comité Permanente por los Derecho Humanos de Buga (desde el 05.08.06) y Walter Álvarez Ossa del mismo municipio (desde 17.08.06), ambos miembros del P.D.A. Todos los hechos tienen como supuestos autores a grupos paramilitares. También denuncian la intimidación y amenazas sufridas por organizaciones juveniles, indígenas y la Mesa del P.D.A. en Florida.

[i] El Genocidio de la Unión Patriótica. Por Iván Castro y Claudia Girón Ortiz, Le Monde diplomatique, Mayo de 2005, nº 614. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/genocidio.html

[ii] Web de la Red de Defensores No Institucinalizados Colombia. http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=257 y de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”: http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/ATAQUES_2006_pronunciamiento_defensoras-es_17may2006-1.pdf

[iii] Denuncia Pública de Corporación Reiniciar. http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=290

[iv] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.1. Pag. 53. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

[v] http://www.colectivodeabogados.org/article.php3?id_article=662

[vi] Artículo de Horacio Duque para ARGENPRESS.info Liliana Gaviria, un magnicidio político

martes 25 de septiembre de 2007

2.FRAGMENTOS DE INFORMES SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE EL GOBIERNO DE A. URIBE (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

A modo de introducción, cabe mencionar el informe de Médicos Sin Fronteras publicado en Abril de 2006 bajo el título: “vivir con miedo: el ciclo de la violencia en Colombia”[i]. Cito textual: “Durante la última década, la tasa anual de homicidios ha sido aproximadamente de 60 por 100,000 habitantes. En el 2000, la tasa mundial promedio era de 8.8 por 100,000 habitantes… El grupo de edad más afectado son los hombres entre 15 y 44 años. El Ministerio colombiano de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) registran una tasa de homicidios de 221 por 100,000 para hombres en ese rango de edad. El porcentaje de mujeres víctimas de la violencia también ha aumentado durante los últimos 20 años. La violencia es la principal causa de muerte para las mujeres entre 15 y 39 años (17 por 100,000), matando dos veces más mujeres que la segunda causa de muerte —las complicaciones durante el embarazo y el parto. En cuando a los niños, la violencia es la segunda causa de muerte entre las edades de 5 y 14 años. La violencia es sin duda el problema de salud pública más urgente en el país…”

Añade que
“De acuerdo con un informe reciente de la Conferencia Episcopal y CODHES (Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) aproximadamente tres millones de colombianos fueron desplazados a la fuerza entre 1995 y 2005. El gobierno colombiano fija esta cifra en cerca de 1.7 millones… Ha huido gente del 87% de todos los municipios del país” Estas personas que huyen de sus pueblos por sufrir masacres, asesinatos, amenazas, … y las que se quedan tienen graves problemas de salud física y mental derivados del miedo y la ansiedad constantes.

El informe 2002/2006 sobre “Situación de DDHH y Derecho humanitario”[ii] publicado por la Comisión Colombiana de Juristas con estatus consultivo ante la ONU y filial de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra registró entre julio de 2002 y junio de 2006 (periodo coincidente con el primer mandato de Uribe) 20.102 asesinatos y desapariciones por violencia sociopolítica. 8.810 en combates (conflicto armado) y 11.292 en contexto ajeno al combate (en domicilio, calle, puesto de trabajo, …). De las muertes ajenas a combates se conoce el autor o presunto autor genérico en 6.406 casos, siendo la responsabilidad atribuida directa o indirectamente al Estado en el 75,15% (4.815 muertes o desapariciones). Achacando 908 víctimas a Fuerzas regulares del Estado y 3.907 a fuerzas irregulares, paramilitares que actúan con apoyo o tolerancia de las fuerzas regulares. Por otro lado, se atribuye 1.591 víctimas a las guerrillas (el 24,83 %). En el primer mandato de Uribe el promedio anual de asesinatos cometidos directamente por agentes del Estado aumentó en un 92 % según el citado informe.


[i] Informe de Médicos Sin Fronteras –Abril del 2006:“Vivir con miedo: el ciclo de la violencia en Colombia” http://www.msf.org/source/countries/americas/colombia/2006/report/Vivir_Con_Miedo.pdf

[ii] Informe 2002/2006 Colombia, Situación de DDHH y Derecho Humanitario. Autor: Comisión Colombiana de Juristas. http://www.coljuristas.org/index.htm

1.CONTEXTO HISTÓRICO. EL TERRORISMO DE ESTADO PARA ELIMINAR LA OPOSICIÓN SOCIAL Y POLÍTICA (DOSSIER DD. HH. COLOMBIA)


En Colombia la violencia es un fenómeno histórico y socio – político, impuesto por la clase dominante para defender privilegios e intereses. Los sectores populares no han hecho sino resistir a la violencia de las elites[i], desde la resistencia indígena a la conquista española, pasando por la protesta de los Comuneros del Socorro[ii], hasta la gesta liderada por Simón Bolívar, también víctima de la intolerancia de la oligarquía. En 1825, tras 14 años de guerra, Bolívar comenzó a concretar su ideario político decretando, como mando supremo de la recién nacida República del Perú: la igualdad de los ciudadanos como base de la constitución de la república, legislando el trabajo y el reparto de tierras para los indios, la educación uniforme y general para el pueblo como obligación del gobierno y otras normas que asustaron a los sectores privilegiados. Además, en 1826 Bolívar convoca la primera conferencia hemisférica, el congreso de Panamá, para caminar hacia la unidad latinoamericana. Por ello sufre un atentado el 25 de septiembre de 1828 en Bogotá. Los conspiradores eran santanderistas[iii], contrarios a la unidad. La tuberculosis le hace renunciar al poder en 1830. El Mariscal Sucre, presidente del Congreso Admirable[iv], que compartía su ideario político fue asesinado en junio de 1830 por los mismos conspiradores que le percibían como sucesor de Bolívar. Tras la muerte de Bolívar, sus enemigos disuelven la Gran Colombia (1831) en Nueva Granada (después Colombia), Venezuela y Ecuador[v].

La historia de Colombia está llena de sangre de quien exija justicia social, derechos y libertades. En 1914, en Bogotá, asesinaron al caudillo liberal Rafael Uribe, quien afirmaba que “el liberalismo debía beber en las canteras del socialismo”. En la década de 1920, los movimientos sindical, campesino e indígena sufrieron exterminio y represión. Un ejemplo es la “Masacre de las Bananeras” (o de Santa Marta). El 6 de diciembre de 1928 trabajadores de la United Fruit Company, después de un mes de huelga, acudieron en masa (hombres, mujeres y niños) a reunirse con el gobernador del Magdalena en la estación de Ciénaga. El ejército estaba emplazado en el sitio. Tras horas de espera, las fuerzas armadas dieron orden de desalojo y, después de 5 minutos, el General Cortés Vargas dio la orden de abrir fuego. En telegrama enviado el 16 de enero de 1929 del Consulado de EE.UU. en Santa Marta a la Secretaria de Estado indicaban que los muertos excedían de 1.000. El Gral. explicó que dio la orden para evitar una invasión de EE.UU. en defensa del personal estadounidense de la United. En el Senado, el líder de una facción izquierdista del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán denunció la masacre y replicó al Gral. que esas balas debían dirigirse contra el supuesto invasor.

Gaitán, elegido representante de la cámara en 1928, consiguió el apreció de los sectores populares. Desde el Partido Liberal abogó por la reforma agraria y el fin del latifundio. Tanto Gaitán como el Partido Comunista Colombiano (PCC) desde 1947 denunciaban que el Ejército y bandas de “pajaros” (matones pagados por latifundistas que más tarde por su relación con el ejército les llamarán Paramilitares) estaban asesinando a campesinos. Ospina Pérez, conservador, había ganado las presidenciales, pero en las elecciones al Congreso del 16 de marzo de 1947 Gaitán, liderando al Partido Liberal, logra mayoría absoluta y se convierte en candidato presidencial. El 9 de abril de 1948 fue asesinado[vi]. Su muerte provocó una movilización general y espontánea del Pueblo (el bogotazo). Primero Ospina y, después, Laureano Gómez (que sucede a su compañero de partido tras unas elecciones sin contrincante liberal) desatarán una ola de terrorismo y asesinatos que alcanzará la cifra de 300.000 víctimas en 5 años (1948 – 1953)[vii]. Otros autores hablan de 200.000[viii]. Los liberales gaitanistas son perseguidos a muerte y terminan creando guerrillas para resistir, igualmente los militantes campesinos del Partido Comunista. El Gral. Gustavo Rojas Pinilla da un golpe al conservador Laureano Gómez, cuando éste impulsaba un proceso de reforma constitucional para dotarse de poderes dictatoriales. En un principio Rojas Pinilla tiene apoyo de sectores conservadores y liberales, pero al formar una tercera fuerza política sustentada en una alianza de trabajadores, clases medias y militares (Movimiento de Acción Popular) se ganó el odio de los partidos tradicionales que usarán sus periódicos en una oposición feroz. Rojas ofrece a los liberales gaitanistas una amnistía que aceptan y se incorporan legalmente a la vida política. Meses después cientos de líderes y mandos guerrilleros liberales desmovilizados, como Guadalupe Salcedo (1957), son asesinados[ix].

La guerrilla comunista de origen campesino no creyó en la amnistía de Rojas Pinilla y mantuvo la resistencia armada.

Cuando la Asamblea Nacional Constituyente con mayoría de partidarios de Rojas lo reeligió en abril de 1957, la oposición pasó a un plano más agresivo. Ante la amenaza de la nueva fuerza política, jefes liberales y conservadores pactan repartirse el poder en partes iguales y alternarse en la presidencia. En mayo de 1957 una junta militar se hace con el poder y Rojas renuncia para evitar violencia. La Junta reforma la Constitución para que los partidos tradicionales se alternen en el poder durante 12 años, pero realmente serán 16[x], unidos en el llamado Frente Nacional. Rojas se exilia.

En 1964 el gobierno del Frente Nacional, declara zonas de subversión comunista a las comunidades campesinas de Marquetalia, Villarrica, Río Chiquito, El Pato y El Guayabero. El ejército lanza contra ellas una gran operación de exterminio con 16.000 soldados, dentro del Plan LASO del Pte. Johnson de EE.UU. La represión hizo crecer a la guerrilla, constituyendo los grupos dispersos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP, 27.05.1964) con un mando central y un programa político cuyo eje principal es el reparto de la tierra[xi]. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es otra guerrilla izquierdista fundada por el sacerdote Camilo Torres Restrepo que muere en combate en 1965. Rojas vuelve del exilio en 1962 y funda ANAPO (Alianza Nacional Popular) y tras presentarse el 19 de Abril de 1970 a las presidenciales denunció fraude. Algunos de sus partidarios fundan el M – 19 en 1974 (Movimiento 19 de abril, en alusión a las elecciones fraudulentas) que adopta tácticas de guerrilla urbana.

Durante la década de los 60 y los 70 continuaron los asesinatos selectivos y masacres de dirigentes del Partido Comunista y la Unión Nacional de Oposición (UNO)[xii].

El 28 de marzo de 1984 el gobierno de Belisario Betancur firmó los acuerdos de la Uribe con la dirección de las FARC-EP. Se pacto reformas políticas, sociales y económicas y el cese de hostilidades, también condiciones para que los guerrilleros desmovilizados pudieran ejercer libertades políticas. Está esperanza de paz y libertad entusiasmó a muchas personas de la izquierda colombiana, campesinos, intelectuales, sindicalistas, militantes de distintos partidos y guerrilleros desmovilizados dieron la cara públicamente para presentar un movimiento político de izquierdas: la “Unión Patriótica (U.P.)”. Los hacendados pusieron fuerte oposición al diálogo gobierno – guerrilla. Creció el paramilitarismo y la guerrilla se retiró a sus zonas de control acusando al ejército de no cumplir el alto el fuego. La U.P. creyó en el compromiso del gobierno de respeto a las libertades públicas, pero entre mediados de 1985 y 1986 fueron asesinadas por paramilitares y Fuerzas Armadas 206 personas vinculadas a la U.P.: 3 miembros del Congreso de la República; 1 diputado; 11 concejales; un magistrado; dos candidatos a corporaciones públicas; 7 presidentes, 37 dirigentes y 17 activistas de Juntas Patrióticas; 69 militantes de base; 24 exguerrilleros (desmovilizados) y 34 simpatizantes de la U.P. Desde 1985 hasta la actualidad hay fuentes que computan más de 5000 personas asesinadas por su vinculación a U.P. [xiii], el Catedrático y Director del Semanario Voz, Carlos A. Lozano Guillén, invitado por el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos a las jornadas sobre el neoliberalismo en América Latina celebradas en Tenerife en 2004, denunció en una publicación del año 2000 más de 3.500 asesinatos[xiv] de dirigentes y militantes de U.P. También el desplazamiento o exilio forzado de una cifra indeterminada de su base social. La Oficina del Ombudsman en un informe especial señaló que de los numerosos actos violentos cometidos contra la U.P. entre 1985 y 1992, tan sólo en 4 casos la justicia colombiana había dictado sentencias condenatorias. Impunidad Total. Los sobrevivientes y familiares de asesinados y desaparecidos de la U.P. han tenido que recurrir a instancias internacionales. La Comisión Interaméricana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) ha admitido el caso 11.227 donde examina este proceso de exterminio a solicitud de la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas.

Posteriormente, otras negociaciones entre gobierno y guerrilla siempre han sido saboteadas por sectores de ultraderecha (fuerzas armadas, terratenientes, narcoparamilitarismo …). Por ejemplo, cuando Andrés Pastrana en 1999 dialoga con las FARC – EP sobre construcción de un Estado Democrático y Social, protección de Derechos Humanos, reforma agraria y reforma judicial (lucha contra narcotráfico y corrupción), entre otros asuntos, acuerdan la realización de un Foro Internacional con representantes de gobiernos europeos, Centroamérica, el Vaticano y los EE.UU. sobre medio ambiente y cultivos ilícitos, incluyendo una visita a Cartagena de Chairá, municipio propuesto por la FARC – EP para experiencia de erradicación de cultivos ilícitos. Para las FARC – EP dichos cultivos son un drama social en muchas zonas rurales donde los campesinos sólo tienen ese medio de vida por lo que su erradicación requiere la existencia de alternativas. La cúpula militar, el Departamento de Estado de EE.UU., el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y la SIJIN (Seccional de Policía Judicial) se opusieron al Foro planificado para el 29 y 30 de mayo de 2000. A mediados de mayo asesinaron a Elvia Cortés en Chiquinquirá con un collar bomba. Inmediatamente el Director de Policía Nacional, Rosso J. Serrano y el Ministro de Defensa, Luís F. Ramírez, a través de los medios de comunicación, se lo atribuyeron a las FARC – EP, que no opera en dicha zona como reconocieron las autoridades locales y habitantes. La guerrilla desmintió rápidamente la acusación. Más tarde la Dirección Nacional del CTI, la familia de Doña Elvia y el propio Fiscal Alfonso Gómez Méndez, afirmaron que no había ningún indicio que involucrara a las FARC. El Alto Comisionado de Paz, Camilo Gómez hizo una tajante declaración reconociendo que las FARC-EP eran ajenas al crimen. El Gobierno terminó reconociéndolo[xv], pero por la exigencia del Dpto. de Edo. de EE.UU. suspendió el Foro sobre cultivos ilícitos. Pastrana anunció el Plan Colombia (3 batallones antinarcóticos, entrenados y equipados por fuerzas especiales de EE.UU, 60 helicópteros y 1300 millones de dólares para gasto militar). Las negociaciones de Paz entre el Gobierno y las FARC se rompieron el 20 de febrero de 2002.

Rompiendo el ciclo histórico de liberales y conservadores, el independiente Álvaro Uribe llega a la Presidencia el 26 de mayo de 2002. Sus opositores denuncian la entrega del control de entidades públicas a los grupos narcoparamilitares, beneficiados con leyes que les dan impunidad mientras siguen cometiendo crímenes.

[i] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.1. Pag. 51. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

[ii] La insurrección de los comuneros fue un levantamiento armado gestado en el Virreinato de la Nueva Granada en los años 1780 y 1781 como consecuencia de la imposición de nuevos impuestos para financiar la guerra de España contra Inglaterra. Marcharon 6000 personas desde la ciudad de El Socorro hacia Santa Fe (hoy Bogotá), por el camino se agregaron voluntarios llegando a 15000. Las autoridades se vieron obligadas a negociar, rebajaron los impuestos y accedieron a sustituir en ciertos cargos a españoles por latinoamericanos. El Virrey incumplió lo pactado y mandó un regimiento para aplastar la sublevación. Entre los cabecillas fusilados estaba José Antonio Galán, quien había declarado la libertad de los esclavos en las minas de Malpaso. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Insurrecci%C3%B3n_de_los_comuneros.

[iii] Partidarios del General Francisco José de Paula Santander, hijo del terrateniente Juan Agustín de Santander. Lucho junto a Bolívar por la Independencia de la Nueva Granada, pero terminó enfrentándose a él. Cuando Bolívar convoco el congreso de naciones hispanoamericanas en Panamá, Santander invitó a los Estados Unidos, hecho que disgustó a Bolívar. Santander lideró a un sector que estaba por la disolución de la Gran Colombia. Fuente: http://www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/personajes/santander.html

[iv] Será el último Congreso de la Gran Colombia. Era un Congreso Constituyente que se reunió entre el 20 de enero y el 11 de mayo de 1830 en la ciudad de Bogotá para elaborar una Constitución y salvar la unidad. Estaba presidido por Antonio José de Sucre. Mientras se desarrollaba el proceso de desmenbramiento de la Gran Colombia, desconociendo José Antonio Páez a la autoridad de Bogotá. Fuente: http://www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/congresos/congadmi.html.

[vii] “Colombia: Terrorismo de Estado, Narcotráfico e Imperio versus Pueblo y Guerrilla” Autor: Miguel Cruz Santos, Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Socialista de Puerto Rico. Publicado en Revista Globalización. Publicación mensual de Economía, Sociedad y Cultura - ISSN 1605-5519- http://www.rcci.net/globalizacion/2003/fg309.htm

[viii] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.1. Pag. 53. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

[x] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.1. Pag. 55. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

[xi] “Colombia: Terrorismo de Estado, Narcotráfico e Imperio versus Pueblo y Guerrilla” Autor: Miguel Cruz Santos, Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Socialista de Puerto Rico. Publicado en Revista Globalización. Publicación mensual de Economía, Sociedad y Cultura - ISSN 1605-5519- http://www.rcci.net/globalizacion/2003/fg309.htm

[xii] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.5. Pag.119. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

[xiii] El Genocidio de la Unión Patriótica. Por Iván Castro y Claudia Girón Ortiz, Le Monde diplomatique, Mayo de 2005, nº 614. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/genocidio.html

[xiv] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.1. Pag. 53. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

[xv] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – nov 2000. Cap.8. Pag. 189. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

jueves 20 de septiembre de 2007

SUMA Y SIGUE LA VIOLENCIA DEL ESTADO COLOMBIANO. EL EJÉRCITO ASESINA A UNA ESTUDIANTE Y A UN CAMPESINO


Suma y sigue la violencia del Estado colombiano, de sus fuerzas regulares e irregulares (paramilitares) contra la población. Volvemos a recordar las escalofriantes cifras del informe 2002/2006 de la Comisión Colombiana de Juristas[1] donde se señala al Estado como responsable o presunto responsable del 75,15 % de los asesinatos en contextos ajenos al combate (908 víctimas de las fuerzas regulares y 3.907 víctimas de los paramilitares, fuerzas irregulares que actúan con la tolerancia o apoyo de fuerzas del Estado). La mayoría de las víctimas son campesinos asociados, indígenas y sindicalistas, aunque también hay miembros de la oposición política al Uribismo y del movimiento estudiantil.

Pero desde junio de 2006 (limite del informe) hasta la actualidad la lluvia de asesinatos, detenciones y amenazas no cesa. Ahora nos toca hacer eco de la denuncia de la RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO "FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES"[2] que a 4 de agosto de 2007 informa que “militares colombianos integrantes de la III Brigada del Ejército, pertenecientes a la fuerza de tarea Cisneros, sin ningún tipo de advertencia o solicitud de identificación, dispararon indiscriminadamente ráfagas de fusil contra dos indefensos ciudadanos colombianos, resultando asesinada Katherine Soto Ospina, estudiante de la Universidad del Valle de Ciencias Sociales y agredido con múltiples heridas de proyectil Rolando Quintero Ramírez, Técnico Electricista. Después de capturado el sobreviviente por el Ejercito se dilató su atención médico quirúrgica por 13 horas. Para atenuar el crimen de Estado el Jefe de Estado Mayor de la III Brigada, Coronel Oscar López, señaló que tenían información de inteligencia que indicaba la presencia de insurgentes de las FARC – EP.

La mencionada Red en referencia a la continua violencia de Estado en el Suroccidente Colombiano destaca la existencia de los puertos y corredores del Megaproyecto de Intercomunicación de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), especificados en el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) conocido como "Arquímedes", los proyectos contenidos en los documentos COMPES y la apropiación de los recursos naturales, genéticos y de la biodiversidad existente en el corredor biológico del pacifico como factores que explican dicha violencia del Estado para acabar con la resistencia de las comunidades y organizaciones civiles de la zona.

También debemos hacernos eco de otras 2 denuncia de la Comisión de Seguimiento de los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario del Sector de Ariari[3], la del asesinato del campesino José Genaro Pachón (con CC. Nº 17.280.956) en la vereda Buena Vista del municipio de Puerto Rico (Meta) el 27 de julio de 2007 y el fallido atentado en la ciudad de Villavicencio contra Héctor Torres, integrante de la Comisión de Derechos Humanos. A José Genaro le asesinó el Ejército cuando trabajaba, el Coronel Murcia Cano le comunicó a miembros de su comunidad que en un enfrentamiento habían abatido a un guerrillero para referirse al mencionado campesino. En cuanto a Héctor Torres, el día 31 de julio de 2007, civiles armados que se identificaron como paramilitares de las Águilas Negras (grupo armado de ultraderecha), asaltaron su lugar de residencia en Villavicencio, encañonaron a los presentes y preguntaron por Héctor. Salvó la situación el hecho de que uno de los integrantes de la familia se tiró por el Balcón y dio aviso a los vecinos, llamaron a la policía y se pudo evitar una tragedia. Como Héctor Torres hay muchos dirigentes sociales del Meta que viven bajo el terror constante, sin que el Gobierno despliegue las medidas necesarias para garantizar su vida.

¿Por qué no es noticia el terrorismo de Estado de Colombia?, ¿Si el Estado y los paramilitares que han actuado con su tolerancia e incluso colaboración son autores o presuntos autores de 4.815 asesinatos en 4 años de Gobierno Uribe (computándose sólo los casos donde existe información) por qué está información no tiene trascendencia en los medios occidentales, donde si “informan” casi diariamente sobre Cuba o Venezuela?

La Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia quiere aportar su grano de arena para romper este cerco mediático y solicita que se difunda este comunicado en todos los medios posibles.

rcanddhhcolombia@gmail.com

[1] Comisión Colombiana de Juristas, organización filial de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra: http://www.coljuristas.org/inicio.htm

[2] Comunicado de la RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO "FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES publicado en http://colombia.indymedia.org/news/2007/08/70474.php

[3] Comunicado de la Comisión de Seguimiento de los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario del Sector de Ariari: Carrera 7ª No.17-01 Oficina 415 Tel. 2839387. comunidadesbajoariari@yahoo.es